Bandazos ante la malnutrición
El informe del Síndic de Greuges sobre las carencias alimentarias de los niños crea conflicto entre diferentes consejeros de la Generalitat
Antía Castedo / Ivanna Vallespín Barcelona 22 SEP 2013 - 22:28 CET1
“En Cataluña no hay un problema de malnutrición infantil derivado de la crisis, pero aumentaremos las becas comedor para subsanarlo”. Este ha sido, en síntesis, el contradictorio mensaje emitido por la Generalitat tras el informe del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, en el que alertaba sobre 50.000 niños catalanes que no ingieren suficientes proteínas procedentes de la carne y el pescado. Mientras el consejero de Salud, Boi Ruiz, se ha dedicado a sembrar dudas sobre el informe por no ajustarse al “método científico”, la titular de Enseñanza, Irene Rigau — que evita valorar el informe— ha aumentado las becas comedor, apremiada por la oposición, administraciones locales, colegios y entidades sociales. La homóloga de ambos en Bienestar y Familia, Neus Munté, ha admitido que hay familias con serias dificultades para alimentar de forma equilibrada a sus hijos.
Las contradicciones que han rodeado el debate sobre el tema —sensible e incómodo— han alcanzado a la Sociedad Catalana de Pediatría. Tras poner en duda en un primer momento los datos del síndic, los pediatras rectificaron y exigieron medidas. Fueron las afirmaciones de esta sociedad científica las utilizadas por Boi Ruiz para restar importancia al problema. “Para decidir si hay personas malnutridas, no vale una encuesta”, zanjó el consejero. Boi Ruiz no cree que los datos del informe puedan utilizarse como evidencia. El síndic se ha basado en la encuesta de Condiciones de Vida y Hábitos de la Población de Cataluña (2011), realizada entre otros por el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat). En esa encuesta se pregunta a los padres si pueden permitirse dar de comer a sus hijos carne o pescado al menos una vez cada dos días. El resultado es que 50.000 menores de 16 años no ingieren suficientes proteínas de esos alimentos. Ribó ha consultado a numerosas entidades que trabajan con menores en situación de pobreza.
Para Ruiz, los resultados del trabajo no reflejan la realidad, por lo que no tomará ninguna “medida excepcional”, salvo estar “alerta”. La ex consejera de Salud socialista durante el gobierno tripartito (2003-2010), Marina Geli, sostiene que Ruiz “no ha asumido el liderazgo” que le corresponde en este tema, a pesar de que es su consejería la que cuenta con los “instrumentos necesarios” para diagnosticar y prevenir el problema. “Es una cuestión de salud pública y desigualdades”, aseguró.
Además de la malnutrición, el síndic ponía de manifiesto la existencia de niños (750, una cifra mucho menor) con códigos diagnósticos relacionados con la pobreza y la desnutrición. Según el consejero de Salud, “la mayoría” de esos casos se deben a alguna enfermedad genética o adquirida que impide asimilar bien los nutrientes.
La confusión aumentó cuando Ribó explicó que esos datos sobre desnutrición se los envió la vicepresidenta del Gobierno, Joana Ortega, extraídos de las historias clínicas que maneja el Instituto Catalán de la Salud (ICS). Tanto el síndic como los pediatras han solicitado al Departamento de Salud que clarifique la información tras una reunión que mantuvieron el martes pasado y que ha servido para que ambas instituciones den por cerrada la polémica. Para más embrollo, en el mismo informe de Gobernación, Ribó recibió datos incorrectos del Departamento de Enseñanza. Rigau aseguró “no haber aplicado recortes en la concesión de becas comedor en los últimos cursos”, y añadió que en el último curso se destinaron 32 millones y se concedieron 64.000 ayudas. Lo que obvió la consejera es que esta partida era muy superior hace tres años, cuando rondaba los 40 millones.
Rigau ha navegado entre dos aguas. Por un lado, ha evitado confirmar los datos del informe. Por otro, anunció que este curso aumentaría la partida destinada a becas comedor en 1,8 millones. Lo hizo después de comprometerse a ello en el Parlament a finales de junio, donde mantuvo un agrio debate con el portavoz de ICV-EUiA, Joan Herrera. Rigau se negó a tomar medidas para combatir los posibles casos de malnutrición, como las adoptadas por Andalucía, que decidió garantizar tres comidas diarias a los menores sin recursos. "Una bolsa con un bollo, un embutido envasado, una magdalena y un zumo. Si a eso usted le llama tres comidas, yo no”, simplificó. La consejera llegó a achacar el problema a una cuestión puramente cultural: "Si algún niño va a la escuela sin desayunar, los servicios sociales deberían mirar cuál es la cultura familiar”.
La responsable de Enseñanza también ha descartado hacer un estudio para conocer la magnitud del problema. El Ayuntamiento de Barcelona lo hizo y detectó 2.865 niños en la ciudad con deficiencias alimentarias. Rigau considera que los menores en riesgo de malnutrición son los que ya piden la beca comedor. Enseñanza no ha querido facilitar esa cifra, pero si se tiene en cuenta que solo en el Vallès Occidental y el Baix Llobregat los consejos comarcales han concedido 64.000 y rechazado 7.000, el número podría rondar los 80.000 en Cataluña. La cifra superaría la del criticado informe.
Rigau también ha evitado cargar sobre sus hombros toda la responsabilidad en este asunto aduciendo que “el comedor escolar solo supone el 9% de las comidas que hace el niño durante el año. Hace falta una acción transversal porque la mayoría de días no son lectivos”. Lo que sí ha hecho la consejera, junto con el Departamento de Bienestar Social, es elaborar un protocolo de actuación ante "eventuales situaciones de dificultad en la alimentación". Un texto genérico, según algunos expertos, que no da indicaciones a los profesores para detectar casos. En este protocolo quedó fuera el departamento de Boi Ruiz. Ninguno de los tres consejeros tendrá que comparecer en el Parlament, a pesar de que la oposición lo pidió, gracias a los votos de CiU y ERC.
Algunos gobiernos, como el de Andalucía o el de Canarias, han afrontado el tema. “Los servicios sociales y las escuelas detectaron un problema real, derivado de la crisis. Había dos posibilidades: mirar a otro lado o tener valentía y afrontarlo”, afirma Miguel Ángel Vázquez, portavoz de la Junta de Andalucía.
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