“He estado dos años sin atención”
Unos 150.000 sin papeles superan 12 meses sin sanidad normalizada
La póliza para cubrirles aún no tiene fecha
Las ONG denuncian problemas constantes
Cecilia Asuko Sami llegó a España en 1981 desde Malabo (Guinea Ecuatorial). No tenía pensado quedarse, pero tres de sus hermanos vivían en Madrid, el país le gustó y poco a poco fue hilando un trabajo con otro: limpiadora, camarera, cuidadora de ancianos. Trabajó a temporadas durante 26 años. Siempre sin contrato. En 2007, en una de sus estancias en Guinea, fue al médico. Llevaba tiempo encontrándose mal, le faltaba el resuello y se mareaba. No supieron decirle qué tenía, así que volvió a España. En Madrid, los médicos le diagnosticaron que un virus le había dañado el corazón y que necesitaba un trasplante. Un año después, en 2008, se sometía a la intervención que le salvó la vida. Desde entonces y hasta ahora, esta mujer de 51 años, menuda y de ojos grandes, debe tomar una decena de fármacos al día y necesita control médico. Seguimiento que no ha tenido durante casi dos años. En 2012, cuando le hubiera tocado la visita con el cardiólogo, se le caducó la tarjeta sanitaria y la Administración no se la renovó por la próxima entrada en vigor del real decreto que, desde hace un año, excluye a los inmigrantes irregulares —como ella, que ha perdido la residencia legal— de la sanidad pública normalizada. Su caso ha sido denunciado por ONG como Médicos del Mundo y la Red Acoge, y, por fin, dos años después, el lunes pasado consiguió una revisión. Ella no sabe si fue por mediación o presión de estas organizaciones, pero sí que está mucho más aliviada.
Como Cecilia, desde el pasado 3 de septiembre, unos 150.000 sin papeles mayores de 18 años solo tienen derecho a la atención de urgencias, parto y posparto. La nueva ley, además, ha creado un panorama desequilibrado entre autonomías: algunas, como Asturias, Andalucía o País Vasco, han decidido seguir garantizando la asistencia a estas personas; pero en otras, como Madrid o Castilla-La Mancha, las barreras para acudir a una consulta o conseguir la medicación son grandes.
Cecilia ha vivido trampeando en el centro de salud que le correspondía cuando tenía tarjeta. “A veces en la ventanilla hay una persona que me conoce y que me tramita las recetas. Luego compro las medicinas que puedo en la farmacia, aunque cada vez me ponen más pegas porque hay que ir con la tarjeta y yo no tengo. Tengo que mentir y decir que aún no me la han mandado”, explica. El resto de la medicación la consigue —siempre con receta— en una entidad social que tiene un programa de donación de fármacos. Al mes paga unos 180 euros, gracias a la ayuda de sus hermanos. “Son medicinas muy caras. Si tuviera que pagarlas enteras me moriría... No entiendo cómo el Gobierno, después de pagar un trasplante, que es carísimo, lo echa ahora todo a perder. He estado meses así”, lamenta Cecilia, que además se enfrenta ahora a una orden de expulsión del país.
Pese a que cada mes las ONG envían a la Administración casos como este, el Ministerio de Sanidad y las autonomías que aplican a rajatabla el decreto —Madrid, Castilla-La Mancha, Baleares, Cantabria, La Rioja, Aragón— aseguran que no hay desasistencia. Insisten en que la atención urgente está garantizada. Aunque este tipo de asistencia puntual poco resuelve a Vladimir, ucranio de 35 años y con asma, o a Clementina, chilena de 75 años que además de una angina de pecho espera desde hace casi dos años una operación de rodilla. “Cuando me desactivaron la tarjeta sanitaria llevaba esperando un año; no he vuelto a tener noticias...”, relata la mujer, que llegó a España hace 17 años.
Rafael Sotoca, uno de los responsables de la organización Médicos del Mundo, insiste en que no son ejemplos aislados. Afirma que la atención a los sin papeles no está en absoluto garantizada, que los casos se resuelven poco a poco y gracias a la atención de los médicos objetores y a las presiones de ONG como la suya; y que el gran problema para los excluidos es el seguimiento médico y el acceso a la medicación. “Solo conocemos una pequeña parte de lo que está ocurriendo. Seguro que muchos casos no llegan a nosotros”, abunda Inés Díez de Frutos, de Red Acoge —una de las entidades que ayuda a Cecilia—, que asegura que el embrollo desatado por el decreto está provocando también desatención en urgencias, a menores y embarazadas; situaciones teóricamente cubiertas.
También un informe del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, órgano consultivo adscrito al Ministerio de Trabajo, da cuenta de desasistencias de ese tipo. Problemas motivados, apuntan los expertos y varios funcionarios, por la falta de información de los centros de salud, los hospitales y de los profesionales que atienden. Ejemplo de ello, apunta Sotoca, es que a pesar de que la ley recoge que los sin papeles pueden acudir a urgencias, en muchos centros no se les identifica como tal y se les da una factura con el coste de su atención. Una factura que, según las Administraciones, se emite desde hace años a todo aquel que vaya sin documentación —español o extranjero— y que no deben abonar. A la chilena Clementina le dieron una hace unos meses. “Luego la trabajadora social nos dijo que no teníamos que pagar, pero lo hacen para meternos miedo, para que no volvamos...”, dice.
Solo urgencias. Baleares, Cantabria, La Rioja, Madrid, Murcia, Aragón y Castilla-La Mancha acatan la norma del Ministerio de Sanidad. Allí los sin papeles mayores de 18 años solo tienen derecho a acudir al hospital por patologías urgentes —también a la asistencia al parto y posparto—. Eso dificulta el seguimiento médico. También supone una barrera para acceder a los fármacos, que tienen que cubrir al 100%.
Paraguas sanitario. Andalucía y Asturias optaron por desobedecer el decreto del Gobierno. Estas dos autonomías no desactivaron las tarjetas sanitarias de los sin papeles. Allí se garantiza la atención y los fármacos financiados. El coste de estos en Asturias, por ejemplo, se cubre con los fondos de los programas de inclusión.
Tarjeta especial. País Vasco y Navarra han aprobado decretos para garantizar la atención. En estas dos comunidades los sin papeles que soliciten el nuevo documento que les garantiza la asistencia tienen que llevar un año empadronados en la región. Cataluña también emplea un sistema similar, aunque el trámite de la tarjeta sanitaria es tan complicado que, según las organizaciones sociales, dificulta el acceso. La Generalitat catalana, además, pone límites a la atención: solo aquellos que lleven un año empadronados tienen derecho a la atención especializada.
Normas de cobertura. También algunas comunidades del PP han creado vías de atención, aunque con condiciones. Se exige un mínimo de empadronamiento a los extranjeros y también que tramiten la solicitud como personas sin recursos. Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia usan ese sistema. Sin embargo, pese a esta vía, se han detectado casos de desatención.
Facturas disuasorias. En la mayoría de las autonomías (excepto aquellas que desobedecen el decreto) los hospitales emiten facturas a los ciudadanos que acuden a urgencias sin tarjeta sanitaria o sin documento acreditativo; sean españoles o extranjeros. El sistema, que rige desde hace años y que se emplea porque no toda la asistencia se cubre por la Administración pública (cuando es un accidente, por ejemplo, lo debe cubrir la mutua), no se ha modificado tras el decreto del Gobierno, a pesar de que son muchos los extranjeros que llegan ahora sin tarjeta sanitaria. Estas facturas o compromisos de pago, que en realidad no se abonan, actúan, según denuncian los trabajadores de los servicios sociales, como un elemento disuasorio. Provocan que algunos de los enfermos no vuelvan al centro sanitario.
Ni ella ni Cecilia ni Vladimir han pensado en suscribir la póliza —convenio, lo han llamado— que el Gobierno ha creado para personas que no tienen derecho a asistencia. Creen que los 60 euros al mes para menores de 65 años y 157 para mayores es caro. Además, solo incluye el acceso a la cartera básica de servicios. No da derecho a los fármacos financiados, ni al transporte sanitario no urgente o a las prótesis. Aunque, como explican fuentes de la dirección general de Farmacia y Cartera de Servicios del Ministerio de Sanidad, las comunidades pueden, con sus fondos, “complementar y mejorar” lo que dan.
El polémico convenio —póliza Mato, lo llama la oposición— está tardando en llegar. Un año después de que se haya hecho efectiva la exclusión sanitaria, las comunidades no la han puesto en marcha. Y aunque las condiciones del convenio entraron en vigor ayer, tampoco tienen una fecha límite para hacerlo. Son las autonomías quienes desarrollarán su sistema y quienes recaudarán las cuotas que, según estima Sanidad, podrían interesarse en suscribir unas 90.000 personas.
Las organizaciones, mientras, dudan de que los sin papeles lo contraten. “Es injusto, pero además, han puesto un precio prohibitivo”, apunta Díez de Frutos. Médicos del Mundo recuerda que la sanidad se financia a través de los impuestos tanto directos (que los extranjeros habrían aportado en el caso de que hubieran trabajado antes de quedarse sin empleo y, por ello, sin tarjeta sanitaria) como indirectos (que estarían sufragando a través del IVA y otras tasas al consumo). Por ello, dicen, a estas personas se les estaría obligando a pagar dos veces por la atención sanitaria. “Es perverso. Y lo que es peor, están lanzando un mensaje de que los inmigrantes son grandes consumidores de recursos, y que o pagan por ellos o se tienen que marchar”.
De hecho, el nuevo modelo de aseguramiento sanitario se anunció por parte del Gobierno como una herramienta para impedir que turistas extranjeros se aprovecharan del sistema público español. Querían frenar el llamado turismo sanitario que poco tiene que ver con el limitado uso —así lo muestran los estudios— de la sanidad que hacen los inmigrantes en España: una población más joven y, por tanto, más sana que la media. Con la nueva norma, que retira la asistencia a los extranjeros en situación irregular —o que pretende cobrársela— el Gobierno aspiraba a ahorrar 917 millones al año, según la memoria económica de Sanidad.
Las organizaciones no solo critican la nueva póliza Mato. Creen, además, que se ha trazado con unas condiciones —exige un año de empadronamiento, por ejemplo— disuasorias. “Es improbable que alguien la contrate. Es cara en comparación con la privada”, dice Vladimir Paspuel, presidente de la asociación de ecuatorianos en España Rumiñahui.
Sin embargo, la póliza no ha inquietado ni interesado lo más mínimo a las que serían su competencia natural: las compañías de seguros sanitarios privados. “Ni nos afecta ni le hemos prestado demasiada atención”, afirman fuentes de una de las mayores empresas del ramo. Las compañías aseguran que no han notado ningún tipo de demanda específica.
Es difícil comparar precios porque los seguros privados varían por edad, sexo o si se contrata una póliza familiar, pero algunos extranjeros en situación irregular ya las han contratado. Es el caso del colombiano Siskander Huerta, de 45 años y diabético. Él ha optado por suscribir un seguro familiar con su esposa y sus hijos —su esposa sí tiene papeles—. Paga 130 euros al mes. “Aunque las tirillas para medir el azúcar y la insulina no están cubiertas, así que sigo teniendo muchos problemas y me las tengo que seguir ingeniando para conseguirlas”, explica. Los seguros, comenta además, tienen periodos de carencia.
Alpha Pam, el senegalés de 28 años que murió el pasado 21 de abril en Mallorca de tuberculosis, se ha convertido en el triste símbolo de las consecuencias de la exclusión sanitaria. Consiguió que un centro de atención primaria le derivara a un hospital, y que le vieran en urgencias, pero su pista se pierde después. Hasta que falleció. Todo ello con el agravante de que la enfermedad que sufría, una tuberculosis, está considerada de declaración obligatoria y, como una medida de salud pública, sujeta a atención. Una atención que no tuvo.
Aparte de las conclusiones a las que llegue la investigación, ley y reglamento en mano, lo que ilustra este caso es la situación de desamparo en la que vive la población inmigrante sin papeles. Porque el sistema sanitario está tan burocratizado que ni siquiera la buena voluntad de algunos profesionales puede romper sus inercias. Después de una primera visita a primaria, A Pam se le envió a urgencias. Tardó un mes en acudir. ¿Culpa suya? Desde la frialdad del razonamiento de quienes tienen papeles, sí. Pero para una persona en situación irregular, con miedo a la deportación y que quizá había oído que las Administraciones tienen la obligación de emitirles factura por la atención, resulta comprensible.
Igual que el hecho de que luego no volviera al centro de salud, donde, sin tarjeta sanitaria, conseguir una cita depende de la buena voluntad del médico y de los administrativos. O que no pudiera ir al especialista por el mismo motivo. Para personas con poca información y mucho miedo, era un cóctel, como se vio, mortal.
Como Cecilia, desde el pasado 3 de septiembre, unos 150.000 sin papeles mayores de 18 años solo tienen derecho a la atención de urgencias, parto y posparto. La nueva ley, además, ha creado un panorama desequilibrado entre autonomías: algunas, como Asturias, Andalucía o País Vasco, han decidido seguir garantizando la asistencia a estas personas; pero en otras, como Madrid o Castilla-La Mancha, las barreras para acudir a una consulta o conseguir la medicación son grandes.
Cecilia ha vivido trampeando en el centro de salud que le correspondía cuando tenía tarjeta. “A veces en la ventanilla hay una persona que me conoce y que me tramita las recetas. Luego compro las medicinas que puedo en la farmacia, aunque cada vez me ponen más pegas porque hay que ir con la tarjeta y yo no tengo. Tengo que mentir y decir que aún no me la han mandado”, explica. El resto de la medicación la consigue —siempre con receta— en una entidad social que tiene un programa de donación de fármacos. Al mes paga unos 180 euros, gracias a la ayuda de sus hermanos. “Son medicinas muy caras. Si tuviera que pagarlas enteras me moriría... No entiendo cómo el Gobierno, después de pagar un trasplante, que es carísimo, lo echa ahora todo a perder. He estado meses así”, lamenta Cecilia, que además se enfrenta ahora a una orden de expulsión del país.
Pese a que cada mes las ONG envían a la Administración casos como este, el Ministerio de Sanidad y las autonomías que aplican a rajatabla el decreto —Madrid, Castilla-La Mancha, Baleares, Cantabria, La Rioja, Aragón— aseguran que no hay desasistencia. Insisten en que la atención urgente está garantizada. Aunque este tipo de asistencia puntual poco resuelve a Vladimir, ucranio de 35 años y con asma, o a Clementina, chilena de 75 años que además de una angina de pecho espera desde hace casi dos años una operación de rodilla. “Cuando me desactivaron la tarjeta sanitaria llevaba esperando un año; no he vuelto a tener noticias...”, relata la mujer, que llegó a España hace 17 años.
Rafael Sotoca, uno de los responsables de la organización Médicos del Mundo, insiste en que no son ejemplos aislados. Afirma que la atención a los sin papeles no está en absoluto garantizada, que los casos se resuelven poco a poco y gracias a la atención de los médicos objetores y a las presiones de ONG como la suya; y que el gran problema para los excluidos es el seguimiento médico y el acceso a la medicación. “Solo conocemos una pequeña parte de lo que está ocurriendo. Seguro que muchos casos no llegan a nosotros”, abunda Inés Díez de Frutos, de Red Acoge —una de las entidades que ayuda a Cecilia—, que asegura que el embrollo desatado por el decreto está provocando también desatención en urgencias, a menores y embarazadas; situaciones teóricamente cubiertas.
También un informe del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, órgano consultivo adscrito al Ministerio de Trabajo, da cuenta de desasistencias de ese tipo. Problemas motivados, apuntan los expertos y varios funcionarios, por la falta de información de los centros de salud, los hospitales y de los profesionales que atienden. Ejemplo de ello, apunta Sotoca, es que a pesar de que la ley recoge que los sin papeles pueden acudir a urgencias, en muchos centros no se les identifica como tal y se les da una factura con el coste de su atención. Una factura que, según las Administraciones, se emite desde hace años a todo aquel que vaya sin documentación —español o extranjero— y que no deben abonar. A la chilena Clementina le dieron una hace unos meses. “Luego la trabajadora social nos dijo que no teníamos que pagar, pero lo hacen para meternos miedo, para que no volvamos...”, dice.
Diferencias autonómicas
La atención a los sin papeles varía en cada autonomía. Algunas han aprobado normas para garantizar la asistencia, otras no desactivaron sus tarjetas sanitarias; el resto cumple el decreto de la exclusión a rajatabla. En esas regiones muchos de los casos se resuelven por la presión de las organizaciones o de los servicios sociales. Si es que el afectado llega a ellas.ESolo urgencias. Baleares, Cantabria, La Rioja, Madrid, Murcia, Aragón y Castilla-La Mancha acatan la norma del Ministerio de Sanidad. Allí los sin papeles mayores de 18 años solo tienen derecho a acudir al hospital por patologías urgentes —también a la asistencia al parto y posparto—. Eso dificulta el seguimiento médico. También supone una barrera para acceder a los fármacos, que tienen que cubrir al 100%.
Paraguas sanitario. Andalucía y Asturias optaron por desobedecer el decreto del Gobierno. Estas dos autonomías no desactivaron las tarjetas sanitarias de los sin papeles. Allí se garantiza la atención y los fármacos financiados. El coste de estos en Asturias, por ejemplo, se cubre con los fondos de los programas de inclusión.
Tarjeta especial. País Vasco y Navarra han aprobado decretos para garantizar la atención. En estas dos comunidades los sin papeles que soliciten el nuevo documento que les garantiza la asistencia tienen que llevar un año empadronados en la región. Cataluña también emplea un sistema similar, aunque el trámite de la tarjeta sanitaria es tan complicado que, según las organizaciones sociales, dificulta el acceso. La Generalitat catalana, además, pone límites a la atención: solo aquellos que lleven un año empadronados tienen derecho a la atención especializada.
Normas de cobertura. También algunas comunidades del PP han creado vías de atención, aunque con condiciones. Se exige un mínimo de empadronamiento a los extranjeros y también que tramiten la solicitud como personas sin recursos. Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia usan ese sistema. Sin embargo, pese a esta vía, se han detectado casos de desatención.
Facturas disuasorias. En la mayoría de las autonomías (excepto aquellas que desobedecen el decreto) los hospitales emiten facturas a los ciudadanos que acuden a urgencias sin tarjeta sanitaria o sin documento acreditativo; sean españoles o extranjeros. El sistema, que rige desde hace años y que se emplea porque no toda la asistencia se cubre por la Administración pública (cuando es un accidente, por ejemplo, lo debe cubrir la mutua), no se ha modificado tras el decreto del Gobierno, a pesar de que son muchos los extranjeros que llegan ahora sin tarjeta sanitaria. Estas facturas o compromisos de pago, que en realidad no se abonan, actúan, según denuncian los trabajadores de los servicios sociales, como un elemento disuasorio. Provocan que algunos de los enfermos no vuelvan al centro sanitario.
El polémico convenio —póliza Mato, lo llama la oposición— está tardando en llegar. Un año después de que se haya hecho efectiva la exclusión sanitaria, las comunidades no la han puesto en marcha. Y aunque las condiciones del convenio entraron en vigor ayer, tampoco tienen una fecha límite para hacerlo. Son las autonomías quienes desarrollarán su sistema y quienes recaudarán las cuotas que, según estima Sanidad, podrían interesarse en suscribir unas 90.000 personas.
Las organizaciones, mientras, dudan de que los sin papeles lo contraten. “Es injusto, pero además, han puesto un precio prohibitivo”, apunta Díez de Frutos. Médicos del Mundo recuerda que la sanidad se financia a través de los impuestos tanto directos (que los extranjeros habrían aportado en el caso de que hubieran trabajado antes de quedarse sin empleo y, por ello, sin tarjeta sanitaria) como indirectos (que estarían sufragando a través del IVA y otras tasas al consumo). Por ello, dicen, a estas personas se les estaría obligando a pagar dos veces por la atención sanitaria. “Es perverso. Y lo que es peor, están lanzando un mensaje de que los inmigrantes son grandes consumidores de recursos, y que o pagan por ellos o se tienen que marchar”.
De hecho, el nuevo modelo de aseguramiento sanitario se anunció por parte del Gobierno como una herramienta para impedir que turistas extranjeros se aprovecharan del sistema público español. Querían frenar el llamado turismo sanitario que poco tiene que ver con el limitado uso —así lo muestran los estudios— de la sanidad que hacen los inmigrantes en España: una población más joven y, por tanto, más sana que la media. Con la nueva norma, que retira la asistencia a los extranjeros en situación irregular —o que pretende cobrársela— el Gobierno aspiraba a ahorrar 917 millones al año, según la memoria económica de Sanidad.
Las organizaciones no solo critican la nueva póliza Mato. Creen, además, que se ha trazado con unas condiciones —exige un año de empadronamiento, por ejemplo— disuasorias. “Es improbable que alguien la contrate. Es cara en comparación con la privada”, dice Vladimir Paspuel, presidente de la asociación de ecuatorianos en España Rumiñahui.
Sin embargo, la póliza no ha inquietado ni interesado lo más mínimo a las que serían su competencia natural: las compañías de seguros sanitarios privados. “Ni nos afecta ni le hemos prestado demasiada atención”, afirman fuentes de una de las mayores empresas del ramo. Las compañías aseguran que no han notado ningún tipo de demanda específica.
Es difícil comparar precios porque los seguros privados varían por edad, sexo o si se contrata una póliza familiar, pero algunos extranjeros en situación irregular ya las han contratado. Es el caso del colombiano Siskander Huerta, de 45 años y diabético. Él ha optado por suscribir un seguro familiar con su esposa y sus hijos —su esposa sí tiene papeles—. Paga 130 euros al mes. “Aunque las tirillas para medir el azúcar y la insulina no están cubiertas, así que sigo teniendo muchos problemas y me las tengo que seguir ingeniando para conseguirlas”, explica. Los seguros, comenta además, tienen periodos de carencia.
Con información de Jaime Prats.
Exclusión y miedo
Alpha Pam. / efe
Aparte de las conclusiones a las que llegue la investigación, ley y reglamento en mano, lo que ilustra este caso es la situación de desamparo en la que vive la población inmigrante sin papeles. Porque el sistema sanitario está tan burocratizado que ni siquiera la buena voluntad de algunos profesionales puede romper sus inercias. Después de una primera visita a primaria, A Pam se le envió a urgencias. Tardó un mes en acudir. ¿Culpa suya? Desde la frialdad del razonamiento de quienes tienen papeles, sí. Pero para una persona en situación irregular, con miedo a la deportación y que quizá había oído que las Administraciones tienen la obligación de emitirles factura por la atención, resulta comprensible.
Igual que el hecho de que luego no volviera al centro de salud, donde, sin tarjeta sanitaria, conseguir una cita depende de la buena voluntad del médico y de los administrativos. O que no pudiera ir al especialista por el mismo motivo. Para personas con poca información y mucho miedo, era un cóctel, como se vio, mortal.
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