La Sanidad será gratuita en Cantabria para inmigrantes irregulares con menos de 532 euros de ingresos mensuales
Santander (14-16/09/2013) - E.P.
Un total de 1.528 extranjeros han regularizado su situación, casi un 32% de los 4.810 a los que se retiró la tarjeta sanitaria hace un año
Paralelamente, el Gobierno de Cantabria establecerá un convenio especial de acceso a la Sanidad pública, mediante el pago de 60 euros mensuales para los menores de 65 años y 157 para los mayores de esa edad, dirigido a los denominados "rentistas" -españoles que no trabajen pero tengan ingresos superiores a los 100.000 euros-, los europeos y los nacionales de terceros países que voluntariamente lo quieran suscribir para ser atendidos por el sistema público durante su estancia en Cantabria, en las mismas condiciones que los asegurados.
La vicepresidenta y consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga ha repetido en varias ocasiones que durante este año ninguna persona ha quedado desasistida y ningún inmigrante irregular se ha visto privado de asistencia sanitaria en Cantabria por no disponer de recursos económicos.
El 13 de septiembre de 2012, Sanidad retiró la tarjeta sanitaria a 4.819 inmigrantes irregulares mayores de 18 años, de los que casi el 32 por ciento, 1.528, han regularizado un año después su situación -según los datos aportados por la consejera-, "la inmensa mayoría tras darse de alta en la Seguridad Social", con lo que cotizan y pagan impuestos como todos los españoles".
La titular de Sanidad ha puntualizado que "es más que probable" que un elevado número de los 3.282 restantes haya retornado a su país de origen. Según ha señalado, la Sanidad cántabra ha prestado desde en este último año 9.069 asistencias sanitarias a no asegurados, 5.754 en atención primaria -el 56% a menores de 18 años, colectivo fuera de facturación-, y 3.315 en atención especializada.
La consejera ha destacado que si el paciente extranjero irregular carece de ingresos suficientes, no abona la asistencia recibida, corriendo el coste de la misma a cargo del sistema público. Ello requería un complejo proceso de cruce de datos a través de los Servicios Sociales para determinar la existencia o no de ingresos que a partir de octubre no será necesario en el caso de los inmigrantes sin recursos que soliciten su inclusión en el programa de protección social de salud pública.
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