aspectos jurídicos de la vacunación
El médico no vacunado debe indemnizar si contagia al paciente
Someterse a un tratamiento o vacunarse es un acto voluntario, asegura el magistrado César Tolosa.
Santiago Rego. Santander | 29/11/2013 10:26
El médico es libre de vacunarse o no contra determinadas enfermedades. Pero si un paciente sufre un daño, debido a un contagio por una falta de vacunación del profesional sanitario -la gripe es un buen ejemplo-, "existe un supuesto de responsabilidad de la Administración, que debe indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al paciente. Todo ello sin perjuicio de que, posteriormente, Sanidad pueda repercutir el cobro o el pago de esa indemnización en el facultativo o enfermero que, en su caso, hubiera podido ocasionar el daño".
Esta es la tesis expuesta, sin rodeos, por César Tolosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que ha participado en la I Jornada sobre Aspectos Jurídicos de la Vacunación, organizado por la Consejería de Sanidad. "La posibilidad de obligar por ley al profesional sanitario a vacunarse de la gripe o de otras enfermedades fue una opción que el legislador dejo escapar, de manera
incomprensible, en la Ley de Salud Pública [2011]. Ahora mismo, por tanto, no puede ser obligado a vacunarse nadie", ha añadido.
Para el presidente del TSJ de Cantabria, convienen no olvidar que la legislación española deja claro que tanto someterse a un tratamiento médico como vacunarse es un acto voluntario de "responsabilidad con uno mismo y con el resto de la sociedad, pero no hay ninguna normativa que obligue al sanitario o al paciente a ponerse una vacuna. Es una voluntariedad que está matizada por el ordenamiento jurídico solo en los casos en los que se den razones sanitarias de urgente necesidad, o haya que controlar enfermedades transmisibles o indicios racionales de peligro", ha agregado.
Llegado a este punto, Tolosa se preguntó en voz alta: ¿Se puede decir entonces que hay una confrontación entre el derecho individual de quien se niega a medicarse y la salud pública?. El magistrado asintió positivamente, y advirtió, pese a ello, que no era partidario de las "soluciones intermedias, como una hipotética obligación del profesional sanitario de informar al paciente de si está vacunado o no, para que éste tenga la opción de ser tratado por otro profesional si lo desea".
A juicio de Tolosa, esas soluciones intermedias suelen ser malas, y si en algún momento el legislador tratara de proteger al paciente del sanitario no vacunado, desde el punto de vista práctico esa propuesta generaría un exceso de burocracia superior a los problemas que busca resolver", ha señalado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Respecto a la situación actual de la vacunación en la población general, Tolosa ha precisado que hasta hace poco tiempo los casos sobre vacunas que llegaban a los tribunales eran, sobremanera, reclamaciones por efectos secundarios producidos por una determinada vacunación. Sin embargo, en la actualidad cada vez son más frecuentes las denuncias interpuestas por personas que reclaman que no se les administró una vacuna concreta, y que debido a esa circunstancia han contraído la enfermedad.
Se ha producido un importante cambio sociológico", ha recalcado durante su ponencia
Durante la jornada se han abordado cuestiones legales y éticas que plantean las vacunas, y la responsabilidad personal y colectiva derivada tanto del hecho de vacunarse como de la negativa a hacerlo. Aunque la vacunación es considerada uno de los mayores avances sanitarios de la historia, y aún continúa siendo la intervención en salud pública más coste-efectiva, en los últimos años han cobrado protagonismo los denominados 'movimientos antivacunas', que atribuyen a éstas efectos negativos y promueven el rechazo social hacia la vacunación. El magistrado no ha querido opinar sobre este tema, "porque lo mío es el Derecho y no la Medicina", si bien ha comentado, a título personal, que siempre estará al lado de los "estudios médicos rigurosos".
"Las consecuencias de la vacunación o no sobre la salud individual y de la población, es lógico que planteen dudas o conflictos legales y éticos, relacionados con la libertad individual, la responsabilidad ciudadana y el derecho a la salud de uno mismo y de los demás. Por ello nada mejor que todas las partes tengan claras la obligatoriedad o no de vacunar en determinadas circunstancias, y la responsabilidad personal y social de los profesionales de la salud y de los usuarios ante la vacunación, así como la trascendencia civil o penal de estas posturas", ha observado Tolosa.
Esta es la tesis expuesta, sin rodeos, por César Tolosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que ha participado en la I Jornada sobre Aspectos Jurídicos de la Vacunación, organizado por la Consejería de Sanidad. "La posibilidad de obligar por ley al profesional sanitario a vacunarse de la gripe o de otras enfermedades fue una opción que el legislador dejo escapar, de manera
incomprensible, en la Ley de Salud Pública [2011]. Ahora mismo, por tanto, no puede ser obligado a vacunarse nadie", ha añadido.
Para el presidente del TSJ de Cantabria, convienen no olvidar que la legislación española deja claro que tanto someterse a un tratamiento médico como vacunarse es un acto voluntario de "responsabilidad con uno mismo y con el resto de la sociedad, pero no hay ninguna normativa que obligue al sanitario o al paciente a ponerse una vacuna. Es una voluntariedad que está matizada por el ordenamiento jurídico solo en los casos en los que se den razones sanitarias de urgente necesidad, o haya que controlar enfermedades transmisibles o indicios racionales de peligro", ha agregado.
Llegado a este punto, Tolosa se preguntó en voz alta: ¿Se puede decir entonces que hay una confrontación entre el derecho individual de quien se niega a medicarse y la salud pública?. El magistrado asintió positivamente, y advirtió, pese a ello, que no era partidario de las "soluciones intermedias, como una hipotética obligación del profesional sanitario de informar al paciente de si está vacunado o no, para que éste tenga la opción de ser tratado por otro profesional si lo desea".
A juicio de Tolosa, esas soluciones intermedias suelen ser malas, y si en algún momento el legislador tratara de proteger al paciente del sanitario no vacunado, desde el punto de vista práctico esa propuesta generaría un exceso de burocracia superior a los problemas que busca resolver", ha señalado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Respecto a la situación actual de la vacunación en la población general, Tolosa ha precisado que hasta hace poco tiempo los casos sobre vacunas que llegaban a los tribunales eran, sobremanera, reclamaciones por efectos secundarios producidos por una determinada vacunación. Sin embargo, en la actualidad cada vez son más frecuentes las denuncias interpuestas por personas que reclaman que no se les administró una vacuna concreta, y que debido a esa circunstancia han contraído la enfermedad.
Se ha producido un importante cambio sociológico", ha recalcado durante su ponencia
Durante la jornada se han abordado cuestiones legales y éticas que plantean las vacunas, y la responsabilidad personal y colectiva derivada tanto del hecho de vacunarse como de la negativa a hacerlo. Aunque la vacunación es considerada uno de los mayores avances sanitarios de la historia, y aún continúa siendo la intervención en salud pública más coste-efectiva, en los últimos años han cobrado protagonismo los denominados 'movimientos antivacunas', que atribuyen a éstas efectos negativos y promueven el rechazo social hacia la vacunación. El magistrado no ha querido opinar sobre este tema, "porque lo mío es el Derecho y no la Medicina", si bien ha comentado, a título personal, que siempre estará al lado de los "estudios médicos rigurosos".
"Las consecuencias de la vacunación o no sobre la salud individual y de la población, es lógico que planteen dudas o conflictos legales y éticos, relacionados con la libertad individual, la responsabilidad ciudadana y el derecho a la salud de uno mismo y de los demás. Por ello nada mejor que todas las partes tengan claras la obligatoriedad o no de vacunar en determinadas circunstancias, y la responsabilidad personal y social de los profesionales de la salud y de los usuarios ante la vacunación, así como la trascendencia civil o penal de estas posturas", ha observado Tolosa.
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