Tendrán asistencia jurídica y presunción de veracidad
Aragón reconoce por ley como autoridad al personal sanitario
Las Cortes de Aragón aprobaron ayer, en sesión plenaria, la Ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos, con el voto favorable del PP y el PAR, el apoyo parcial del PSOE y el rechazo de IU y CHA.
Europa Press. Zaragoza | 29/11/2013 00:00
Las Cortes de Aragón aprobaron ayer, en sesión plenaria, la Ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos, con el voto favorable del PP y el PAR, el apoyo parcial del PSOE y el rechazo de IU y CHA.
Los beneficiarios son los profesionales sanitarios de la red pública reconocidos legalmente como tales, los directores y subdirectores de centros sanitarios o sociales, trabajadores sociales, pedagogos, educadores y personal de gestión y servicios.
Estos profesionales serán considerados autoridad pública, tendrán asistencia jurídica y gozarán de la presunción de veracidad en los escritos que formalicen. Los funcionarios deberán colaborar con los profesionales. Se prevé la creación de mecanismos de mediación para la "resolución pacífica de conflictos".
Los profesionales víctimas de violencia contarán con apoyo psicológico, médico y la protección necesaria. La norma reconoce que los sanitarios tienen derecho a recibir un "trato adecuado" y ser valorados por usuarios, familiares y acompañantes en el ejercicio de su profesión.
Los beneficiarios son los profesionales sanitarios de la red pública reconocidos legalmente como tales, los directores y subdirectores de centros sanitarios o sociales, trabajadores sociales, pedagogos, educadores y personal de gestión y servicios.
Estos profesionales serán considerados autoridad pública, tendrán asistencia jurídica y gozarán de la presunción de veracidad en los escritos que formalicen. Los funcionarios deberán colaborar con los profesionales. Se prevé la creación de mecanismos de mediación para la "resolución pacífica de conflictos".
Los profesionales víctimas de violencia contarán con apoyo psicológico, médico y la protección necesaria. La norma reconoce que los sanitarios tienen derecho a recibir un "trato adecuado" y ser valorados por usuarios, familiares y acompañantes en el ejercicio de su profesión.
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