La FADSP pide reformas para mejorar la coordinación entre niveles, pero incide en que las UGC tienen un objetivo privatizador

Madrid (21/02/2014) - Redacción

La Federación advierte que con el modelo de Unidades de Gestión Clínica del Ministerio "se pervierte y desacredita el concepto de gestión clínica para modificar la situación del personal sanitario", que debería dejar de ser estatutario y pasar a ser laboral

En el sistema sanitario español se plantea la necesidad de poner en marcha reformas que mejoren la coordinación de los recursos y niveles asistenciales, que estimulen la implicación y participación de los trabajadores sanitarios en la gestión de los procesos, que mejoren la racionalidad con instrumentos basados en la evidencia, y que reduzcan el poder de los gestores hospitalarios, ha argumentado la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que ha reiterado que "sin embargo el Ministerio de Sanidad pretende utilizar la creación de Unidades de Gestión Clínica (UGC) para desmantelar y privatizar el sistema sanitario público".

La FADSP ha reiterado que el sistema sanitario español "no se caracteriza por un despilfarro de recursos, sino más bien por lo contrario: nuestro gasto sanitario es bajo (en 2011 el gasto sanitario total era del 17,7 por ciento sobre el PIB y de 8.508 $ ppc per cápita, frente al 9,3 por ciento y 3.322, respectivamente, del promedio de la OCDE) con resultados en salud buenos, que nos colocan en el quinto puesto mundial en eficiencia y el primero de Europa. Evidentemente existen espacios de mejora que deben de investigarse", señala.

Para la FADSP, aunque el SNS es "uno de los más integrados a nivel internacional", tiene problemas que afectan a su eficiencia.

Entre estos problemas, explica, están la aparición de múltiples especialidades y super-especialidades; el fraccionamiento de las áreas de actividad que dificultan una atención integral, integrada y racional; la paralización de la Ley General de Sanidad, que atribuía a la Atención Primaria la función de eje del sistema y de gestión de los procesos asistenciales; la descoordinación de la AP con la Hospitalaria; la paralización del desarrollo de las Áreas de Salud descentralizadas y con capacidad de gestión sustituidas por las Gerencias Únicas (absorción de la AP por los hospitales); el escaso desarrollo del trabajo en equipo; el atraso de la aplicación de la Medicina basada en la evidencia con guías clínicas y protocolos y otros instrumentos racionalizadores; la ausencia de incentivos profesionales adecuados; la falta de planificación; o los recortes presupuestarios (de 70.464 millones de euros en 2009 a menos de 60.000 millones de euros presupuestados para 2014).

Pero la solución a estos problemas, incide la FADSP, no es el modelo de UGC que defiende Sanidad, que busca "fragmentar los centros sanitarios en múltiples entidades empresariales con autonomía plena para gestionase aplicando las diferentes fórmulas de gestión privada (Ley 15/97), presupuesto propio y capacidad para comprar y vender sus servicios creando un mercado interno sometido a las leyes de la competencia".

Otros objetivos

Con ello se conseguiría, además, dar entrada en los centros públicos a capital y proveedores privados; someter y controlar a los profesionales sanitarios; laboralizar al personal privándole de las garantías del Estatuto Marco para controlar sus decisiones clínicas, reducir sus salarios, eliminar su estabilidad y condiciones laborales; romper la unidad vinculándoles a diferentes empresas con múltiples condiciones laborales; hacer cómplice al personal de la políticas de recortes asistenciales a los ciudadanos permitiéndoles quedarse con una parte de los ahorros generados en los procesos asistenciales.

Y también, cambiar el modelo sanitario público, universal, accesible y redistributivo establecido por la Ley General de Sanidad, eliminando los actuales Servicios y sustituyéndolos por entidades empresariales controladas por gerentes dotados de una gran capacidad de decisión y orientadas al beneficio personal; acabar con el modelo comunitario basado en entidades territoriales y nieles asistenciales coordinados desde la Atención Primaria y con participación social; y transformar la AP en la 'portera' del sistema para seleccionar pacientes y patologías de acuerdo a los intereses empresariales de las UGC controladas desde los hospitales.

Todo ello, a juicio de la FADSP, permitirá "avanzar en la privatización de la provisión con financiación mixta, una parte a través de los presupuestos y otra por los copagos. Se pervierte y desacredita así el concepto de gestión clínica para modificar la situación del personal sanitario, se liga la Gestión Clínica a cambios del régimen jurídico de los centros, se fragmenta el sistema público y se da entrada al sector privado".

Consecuencias y oposición

Entre las consecuencias que estos cambios traerían, la FADSP destaca "un previsible aumento del gasto sanitario innecesario, ya que las unidades deberán dotarse de un aparato burocrático administrativo para gestionar los recursos como empresas autónomas, mientras que el sector privado buscará maximizar beneficios promoviendo el uso intensivo de las tecnologías", y "la pérdida de calidad, seguridad y de acceso a los servicios para la ciudadanía, especialmente de los pacientes aquejados de patologías no rentables económicamente para estas Unidades de Gestión Clínica".

La FADSP llama a la unión profesional, articulando una alianza "lo más amplia posible" para "frenar este proyecto", creando "un clima de rechazo profesional y social en contra de estas UGC, informando y demostrando la pérdida de derechos y de calidad de la atención para la gran mayoría de ciudadanos y profesionales".

Y también habla de "convocar medidas de movilización social y profesional que exijan la retirada de las Unidades de Gestión Clínica".