Nuevo revés para Marta Vera al anular los tribunales la jubilación forzosa de 19 médicos de Osasunbidea

Pamplona (18/02/2014) - N. Garay

• El Servicio de Salud les obligó a dejar sus puestos pese a gozar de prórroga para trabajar hasta los 70 años

• El fallo reconoce que habían consolidado ese derecho al pedirlo antes de la ley que lo anuló

• Las jubilaciones forzosas fueron aprobadas dentro un paquete de medidas dirigidas al ahorro del gasto público

Los problemas se le acumulan a la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Marta Vera. A las quejas y movilizaciones de los facultativos contra la reforma sanitaria emprendida por su departamento se suma ahora una sentencia que anula la jubilación forzosa de 19 médicos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Así, un total de 19 médicos jubilados a la fuerza han ganado su primera batalla en los tribunales frente al Gobierno de Navarra. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Pamplona ha admitido el recurso interpuesto por los facultativos contra la orden foral que les retiró del servicio activo tras haberse acogido a una prórroga que les permitía seguir en sus puestos hasta los 70 años.

El fallo considera que los facultativos habían consolidado este derecho al haber solicitado la prórroga antes de la aprobación, en junio de 2012, de la norma foral que obliga a los funcionarios a dejar sus puestos cumplidos los 65 años. Salud debería ahora readmitirlos y abonarles las retribuciones no percibidas, sin embargo, la sentencia será previsiblemente recurrida por el Gobierno ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) y puede terminar en el Tribunal Constitucional.

Ahorro gasto público

Las jubilaciones forzosas fueron aprobadas dentro un paquete de medidas dirigidas al ahorro del gasto público. Más de 40 médicos se han visto afectados por esta medida desde la aprobación de la ley, y la mayoría han acudido a los tribunales, entre ellos los 19 que han ganado el recurso contra la Orden Foral 569/2012, de 22 de noviembre.

Uno de los facultativos que recurrió la medida es Ignacio Moriones, ex jefe del Servicio de Cirugía Cardiaca en el antiguo Hospital de Navarra, a quien el Gobierno también había concedido la prórroga para trabajar hasta los 70 años. El juzgado de lo Social nº1 de Pamplona falló, en septiembre de 2013, en su favor, ya que Moriones tenía un contrato laboral y no era personal funcionario, por lo que, según la sentencia, no le afectaba la ley de jubilaciones forzosas. El fallo consideraba que extinguir su contrato constituía un despido improcedente, puesto que el Gobierno foral no tiene competencia en legislación laboral -esta corresponde al Estado- y, por consiguiente, no puede regular la jubilación forzosa del personal laboral. La sentencia recordaba que la situación laboral de Moriones estaba regulada por el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo del Personal Laboral, que permite trabajar hasta los 70 años, y no por el Estatuto Básico del Empleado Público, como el personal funcionario y estatutario. El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea fue condenado a pagar al ex jefe 265.771 euros o a tener que readmitirlo, lo que finalmente hizo.

Abre la puerta a otros casos

La situación de Moriones, sin embargo, es diferente a la de los 19 médicos, que se habían acogido al derecho a prórroga recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público. Estos confían en que si el Gobierno apela su caso llegue al Tribunal Constitucional. Si Alto Tribunal les diera la razón, se abriría una vía para que todos los funcionarios que han sido retirados en las mismas condiciones tuvieran que ser reincorporados, lo que no es previsible dado que atendiendo a los plazos del Alto Tribunal muchos de ellos ya habrían alcanzado los 70 años, o bien a que se les tuviera que abonar los sueldos que dejaron de percibir durante los años en que no se les ha permitido trabajar, según explicaron fuentes de la representación legal.

Los tribunales de otras comunidades autónomas han dado la razón a funcionarios afectados por las jubilaciones forzosas, pero en esos casos los demandantes no iban contra normas con rango de ley, como sucede en el caso de Navarra.