Las cárceles son los psiquiátricos de Estados Unidos
Hace cuatro años había tres veces más población con algún trastorno en prisión que en el hospital, ahora, son 10 veces más, según un informe nacional
CAROLINA GARCÍA Washington 10 ABR 2014 - 20:43 CET
El aumento de los enfermos psiquiátricos en las cárceles de Estados Unidos ha sido continuo en las últimas décadas, desde el cierre de cientos de hospitales en los años setenta, medida que comenzó bajo la presidencia de Jimmy Carter y que se justificó por la falta de presupuesto. La situación ha ido dejando a muchos de los pacientes abandonados, deambulando por las calles, sin casa, sin tratamiento y sin empleo, convirtiéndose en diana fácil para terminar en prisión. Pero la subida del número de reclusos con alguna enfermedad mental ha sido alarmante en los últimos cuatro años.
Si en 2010, había tres veces más población con este tipo de enfermedades en las cárceles que en los hospitales, ahora, en 2014, son 10 veces más los enfermos mentales que llenan las celdas del país que los que son atendidos en centros médicos especializados, según revela un informe nacional. Aproximadamente, el 5% de la población total estadounidense padece alguna enfermedad mental grave, según un informe elaborado por el Departamento de Salud de EE UU.
Se estima que las prisiones y cárceles acogen a 356.268 enfermos mentales, mientras que los hospitales psiquiátricos atienden a 35.000, según concluye el informe, denominado Treatment of Persons with Mental Illness in Prisons and Jails: A State Survey (Tratamiento de Personas con Enfermedad Mental en cárceles y prisiones: un estudio estatal) y elaborado por Treatment Advocacy Center, grupo que promueve el acceso al tratamiento psiquiátrico a nivel nacional y que está ubicado en Arlington (Virginia), y la National Sheriffs Association.
“Hoy en 44 Estados de EE UU, la gente que padece una enfermedad psiquiátrica vive en las cárceles o prisiones”, explica el estudio, que revisa las políticas correctivas para el tratamiento de enfermedades mentales en los Estados y condados del país. Según sus conclusiones, este tipo de tratamiento no es accesible y los reclusos abandonan la cárcel más enfermos que cuando entraron, entre otras razones, “por el excesivo uso de las celdas de aislamiento”.
Como ejemplo, en las prisiones del Distrito de Columbia se dan muchos suicidios, continúa el informe, “a pesar de los esfuerzos de la ciudad por mejorar sus servicios”. “La calidad del tratamiento psiquiátrico es mediocre, debido al excesivo número de personas con este tipo de enfermedades sin hogar y al gran número de reclusos que las padecen”. En Virginia, la prisión más grande estatal que acoge a 3.006 reclusos, cerca de un 15% -451 reclusos- sufre un trastorno mental.
Las cárceles definen la enfermedad mental por el hecho de que un prisionero requiera medicación por presentar problemas que “pueden variar, desde la depresión, hasta el padecimiento de esquizofrenia -alteración grave de la percepción y descripción de la realidad-, o trastorno bipolar, también conocido como enfermedad maníaco-depresiva, y que se caracteriza por experimentar cambios de ánimo inusuales, según la definen los Institutos Nacionales de Salud (NIH)”. Pero en la misma categoría también se incluye a aquellos reclusos con problemas de comportamiento, tanto consigo mismos como con los demás.
Los expertos en salud mental, informa The Washington Post, aseguran que las cárceles no están provistas ni del equipo ni de los recursos necesarios para tratar las enfermedades mentales, a pesar de que muchos de los que los padecen acaben “entre rejas”. “El mayor problema es que las comunidades no cuentan con las herramientas necesarias para cuidar a estos enfermos”. Por su parte, un portavoz de prisiones, JoEllen Smith, asegura que ofrecen a estos reclusos los recursos necesarios.
Aunque el problema no se refiere solo a aquellos que están internos en las cárceles, sino también a aquellos que habiendo cumplido su condena, salen de nuevo a las calles, sin casa, sin empleo y sin nadie que les proporcione tratamiento. “Un círculo vicioso que requiere más atención por parte del Gobierno”, solicitaban hace varios meses diversas asociaciones en NPR.
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