Baleares y Galicia cobran 10 euros por renovar la tarjeta sanitaria
Las consejerías lo consideran una tasa y no un copago
En Baleares se supone que se paga por unas mejorías que no existen todavía
A. M. / E. DE B. Palma de Mallorca / Madrid 3 ENE 2012 - 12:24 CET18
Hospital de Palma de Mallorca. / TOLO RAMÓN
El Gobierno de Baleares (PP) empezó el día 2 de enero a cobrar 10 euros a cada usuario de la sanidad pública que renueve su tarjeta sanitaria. Es una medida con una intención recaudatoria,para compensar las carencias presupuestarias. Su implantación ha sido descrita como un avance de servicios digitales para el ciudadano porque el carné incorporará un chip, una banda magnética y una fotografía del titular que facilitará el acceso al historial. También ha empezado a hacerlo el Gobierno gallego, aunque en este caso no será obligatoria la renovación de las tarjetas, sino que solo se pagará si se deteriora o extravía.
Pero aunque el cobro ya se aplica, los ciudadanos baleares, de momento, pagarán por una tarjeta provisional, idéntica a la ya existente, porque hasta el mes de mayo no estarán disponibles las nuevas con las características anunciadas como justificación a su implantación. La izquierda en la oposición, PSOE y PSM, atacaron la innovación y el cobro del soporte en el debate presupuestario al entender que era un paso hacia un futuro copago sanitario, extremo que niega el Gobierno del PP.
El Servicio de Salud de las Islas Baleares, Ibsalut, indica que el nuevo sistema implantado “permitirá lucharcontra el fraude” al facilitarse la identificación del paciente con el uso de una tarjeta personal e intransferible. Desde la consejería de Salud y el grupo parlamentario del PP se ha insistido en las últimas semanas en los episodios de uso fraudulento de los documentos sanitarios, citándose el caso de una misma tarjeta que fue usada en un mismo año en cinco partos.
La presidenta de la asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, afirmó que el hecho de cobrar 10 euros por la nueva tarjeta es "anticonstitucional, injusto e insolidario". Es una medida "vergonzosa, propia de un estado inquisitorio y dictatorial". El Gobierno de Baleares, en su plan de recortes y ajustes, anuló el departamento y la figura del Defensor del Paciente autonómico.
Flores afirmó que la medida de cobrar 10 euros supone implantar el copago en la comunidad y, además, ha criticado que se vaya a llevar a cabo "con la patética excusa de controlar el fraude". Flores equipara la acción a la anunciada en Cataluña por la Generalitat de cobrar un euro por receta.
En la campaña de promoción del Gobierno de Baleares -y como prueba de que el objetivo último es recaudar dinero ya para las comunidades- se resalta que las personas que tengan una tarjeta con una vigencia posterior al 31 de diciembre de 2012 y que la renueven durante este año se beneficiarán de una reducción del 50% de la cuota y tendrán que pagar cinco euros. En la misma acción IbSalut ha remarcado que consignar datos falsos a la tarjeta sanitaria o su uso indebido o fraudulento implicará su anulación.
Un portavoz del Ibsalut recalcó esta mañana que el cobro corresponde a una tasa por la expedición del documento, y que, como tal, estaba incluido en los presupuestos de la comunidad. Lógicamente, quien tenga que renovar ahora la tarjeta no deberá pagar de nuevo cuando, a partir de mayo, esté en vigor la nueva.
Por su parte, una portavoz del Ministerio de Sanidad se limitó a indicar que se trata de un caso que entra dentro de las competencias de las comunidades. Se da el caso, además, de que la nueva directora general de Sanidad, Pilar Farjas,era la consejera de Galicia cuando esta comunidad aprobó una medida similar a pesar de que figuras destacadas del PP, como la actual ministra de Fomento y exministra de Sanidad, Ana Pastor, la criticaran.
El exsecretario general de Sanidad en los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, José Martínez Olmos, que es diputado por Granada, tiene varias críticas que hacer a la medida. La primera "su coste, que puede dejar a personas fuera del sistema". "La cantidad se ha fijado de una manera arbitraria", afirma. Además, "es discriminatorio", ya que, de momento al menos, es la única comunidad que aplica esta tasa. Por último, Martínez Olmos cree que "se está utilizando la sanidad para recaudar, cuando luego no es seguro que ese dinero vaya a revertir en la atención sanitaria".
Pero aunque el cobro ya se aplica, los ciudadanos baleares, de momento, pagarán por una tarjeta provisional, idéntica a la ya existente, porque hasta el mes de mayo no estarán disponibles las nuevas con las características anunciadas como justificación a su implantación. La izquierda en la oposición, PSOE y PSM, atacaron la innovación y el cobro del soporte en el debate presupuestario al entender que era un paso hacia un futuro copago sanitario, extremo que niega el Gobierno del PP.
El Servicio de Salud de las Islas Baleares, Ibsalut, indica que el nuevo sistema implantado “permitirá lucharcontra el fraude” al facilitarse la identificación del paciente con el uso de una tarjeta personal e intransferible. Desde la consejería de Salud y el grupo parlamentario del PP se ha insistido en las últimas semanas en los episodios de uso fraudulento de los documentos sanitarios, citándose el caso de una misma tarjeta que fue usada en un mismo año en cinco partos.
La presidenta de la asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, afirmó que el hecho de cobrar 10 euros por la nueva tarjeta es "anticonstitucional, injusto e insolidario". Es una medida "vergonzosa, propia de un estado inquisitorio y dictatorial". El Gobierno de Baleares, en su plan de recortes y ajustes, anuló el departamento y la figura del Defensor del Paciente autonómico.
Flores afirmó que la medida de cobrar 10 euros supone implantar el copago en la comunidad y, además, ha criticado que se vaya a llevar a cabo "con la patética excusa de controlar el fraude". Flores equipara la acción a la anunciada en Cataluña por la Generalitat de cobrar un euro por receta.
En la campaña de promoción del Gobierno de Baleares -y como prueba de que el objetivo último es recaudar dinero ya para las comunidades- se resalta que las personas que tengan una tarjeta con una vigencia posterior al 31 de diciembre de 2012 y que la renueven durante este año se beneficiarán de una reducción del 50% de la cuota y tendrán que pagar cinco euros. En la misma acción IbSalut ha remarcado que consignar datos falsos a la tarjeta sanitaria o su uso indebido o fraudulento implicará su anulación.
Un portavoz del Ibsalut recalcó esta mañana que el cobro corresponde a una tasa por la expedición del documento, y que, como tal, estaba incluido en los presupuestos de la comunidad. Lógicamente, quien tenga que renovar ahora la tarjeta no deberá pagar de nuevo cuando, a partir de mayo, esté en vigor la nueva.
Por su parte, una portavoz del Ministerio de Sanidad se limitó a indicar que se trata de un caso que entra dentro de las competencias de las comunidades. Se da el caso, además, de que la nueva directora general de Sanidad, Pilar Farjas,era la consejera de Galicia cuando esta comunidad aprobó una medida similar a pesar de que figuras destacadas del PP, como la actual ministra de Fomento y exministra de Sanidad, Ana Pastor, la criticaran.
El exsecretario general de Sanidad en los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, José Martínez Olmos, que es diputado por Granada, tiene varias críticas que hacer a la medida. La primera "su coste, que puede dejar a personas fuera del sistema". "La cantidad se ha fijado de una manera arbitraria", afirma. Además, "es discriminatorio", ya que, de momento al menos, es la única comunidad que aplica esta tasa. Por último, Martínez Olmos cree que "se está utilizando la sanidad para recaudar, cuando luego no es seguro que ese dinero vaya a revertir en la atención sanitaria".
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