El recorte de brocha gorda no es equitativo
El grueso del ajuste del gasto de las administraciones tiene efectos indiscriminados. No se salvan salud o educación. Los expertos reprochan a los Gobiernos no haber fijado prioridades
El sector de la dependencia se concentró en noviembre por las deudas de la Administración. / CRISTÓBAL MANUEL
Cada época tiene sus símbolos e iconos. Los del periodo de opulencia fueron las grúas que poblaban el skyline de las ciudades o la urbanización de Seseña, que se convirtió en la capital del fiasco inmobiliario. El icono que mejor define la crisis de hoy lo constituyen unas tijeras, esas que los indignados han sacado a la calle para denunciar los efectos de la austeridad, que han sido dispares dependiendo de las comunidades: quirófanos cerrados, aumento de tasas universitarias, incremento de las listas de espera o rebajas salariales de los empleados públicos.
En general, las Administraciones han decidido soltar lastre a través de un tijeretazo en el gasto para equilibrar sus cuentas en lugar de buscar ingresos. Y cuando lo han hecho, han decidido subir tasas y precios públicos. La cuestión de la equidad no es baladí, sobre todo porque los recortes se producen tras una época de bonanza en la que se agrandaron las desigualdades. Según la OCDE, en España, el 10% de la población más rica tiene unos ingresos 11,9 veces más grandes que el 10% más desfavorecido. Visto el malestar que han suscitado esos recortes, ¿se han realizado de forma equitativa? Aunque la subida del IRPF que ha anunciado el Gobierno es para todos, el resultado no es el mismo en todas las comunidades, ya que incluye un tramo autonómico que hace que varíe varias décimas según la residencia. Galicia y Baleares han optado por cobrar 10 euros para renovar la tarjeta sanitaria. En Cataluña, se exigirá un euro por cada medicamento despachado con receta.
España se comprometió con Bruselas a reducir el déficit público del 11,1% de 2009 al 3% en 2013, lo que equivale a 80.000 millones de euros si la economía sigue estancada. Para 2012, al haber rebasado el 8% de desviación, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, estima que deberá recortar el gasto en 16.500 millones. Una cantidad que podría incluso acabar dando el salto a los 36.500 millones. La tarea de adelgazamiento debe compartirla con las comunidades autónomas, las gestoras del corazón del Estado del bienestar, que gestionan sanidad, educación y servicios sociales. El Ejecutivo apunta contra ellas como contra un alumno díscolo: planea aprobar en marzo una ley por la que se exija el control previo por parte del Ejecutivo de los Presupuestos de las comunidades, según reveló el ministro de Economía, Luis de Guindos, en una entrevista al Financial Times. La idea no ha gustado ni a vascos ni a catalanes, que creen que sería invasor y coartaría la autonomía de estas comunidades.
El presidente catalán, Artur Mas, un día antes de saber esta medida, ya veía venir los reproches y dijo que le parecía “una majadería” que se trate a las comunidades “como menores de edad”. Precisamente la comunidad que preside ejerció de avanzadilla de los recortes. Solo dos días después de las elecciones del 20-N, Mas avanzó su cuarto plan de austeridad desde 2009. Entre estos programas para drenar el déficit está el tijeretazo del 10% del gasto presupuestario de 2011, que traspasó las líneas rojas que en su momento se impuso el tripartito: sanidad, educación, protección social e innovación.
Tras los planes del Gobierno central —que, entre otras medidas, rebajó el sueldo de los funcionarios el 5% y subió el IVA— y después de Cataluña, todas las comunidades han ido elaborando sus planes de austeridad. Dependiendo de su situación económica, unos han sido más duros que otros. Castilla-La Mancha puso en marcha un plan para recortar gastos por 1.850 millones a través de una reducción del gasto presupuestario del 20% y ya ha anunciado que, siguiendo el modelo de la Comunidad de Madrid, se traspasará la gestión de la sanidad pública al sector privado. Esta opción también está dentro de los planes de Cataluña, aunque con otra fórmula: se dividirían los ambulatorios y hospitales en 20 paquetes y se crearían sociedades mixtas con capital público y privado para gestionarlos. El vicepresidente de la Generalitat valenciana, José Ciscar, anunció el jueves un decreto ley que contempla medidas “muy duras” de recorte para los próximos dos años: un ahorro total de 1.057 millones de euros. 238 millones de euros se obtendrán de subir los impuestos. 440 millones procederán del recorte en el gasto sanitario y 379 millones, del apartado de personal.
Todos los recortes, que primero se plantearon como ajustes para mejorar la eficiencia, se han acabado haciendo a mansalva, casi sin piedad, ni siquiera con los servicios públicos. “Los planes de austeridad se están realizando de forma compulsiva. No se hace un análisis del coste-beneficio del recorte, sino del impacto que tendrá sobre el déficit. Si se hace un recorte en los servicios sanitarios, por ejemplo, se deberán valorar tanto sus efectos a corto plazo como a medio y largo plazo”, asegura el catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona, Antón Costas.
El Ministerio de Economía publicó en octubre el resumen de los planes de austeridad que han puesto en marcha las comunidades autónomas, salvo Cataluña y Castilla-La Mancha —cuyos programas no fueron aprobados—, Madrid y La Rioja, que presentaban unas cuentas equilibradas, y Castilla y León, que no quiso hacer público su plan. Los planes demuestran que el grueso del ajuste se está realizando a través de una reducción del gasto que en el conjunto de estas autonomías asciende a 7.600 millones.
La mayoría de estos recortes provienen de la reducción de gastos corrientes, de personal y de inversiones, pero pocas comunidades pudieron evitar ya en 2011 salvar de la poda el gasto sanitario, farmacéutico o educativo. Los expertos opinan que en 2012, cuando hayan pasado las elecciones de Andalucía, se producirá el gran recorte, que llegará a estas partidas. Aun así, un año después de que las comunidades hayan puesto en marcha sus planes de austeridad, abundan los ejemplos sobre esos ajustes “compulsivos” a los que se refiere Costas. Un ejemplo: en Galicia y Murcia los inmigrantes y los parados de larga duración se encontraron con sus tarjetas sanitarias bloqueadas. Otro: Castilla-La Mancha suprimió las ayudas económicas destinadas a mujeres maltratadas cuando abandonan las casas de acogida y dejó de pagar a los dependientes. Y uno más: Cataluña no abonó el pasado agosto la renta mínima de inserción (RMI) a sus 37.000 beneficiarios, que la recibieron hasta 15 días tarde. Y Baleares empieza a adelgazar su televisión autonómica.
La experiencia demuestra, pues, que cuando la necesidad aprieta, las Administraciones deciden echar mano de grandes partidas. El director del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de Esade y miembro del Comité de Expertos en Administración Pública de la ONU, Francisco Longo, sostiene que a los Gobiernos les resulta “más fácil el recorte de brocha gorda que tener que justificarse decisiones”.
¿Hay alternativa para no tocar esas grandes partidas? A juicio de Longo, la hay, porque los ejecutivos tienen, por ejemplo, margen para recortar algunos niveles de la Administración, como las diputaciones o los consejos comarcales de algunas comunidades. El economista y vicerrector de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, coincide. “Los Gobiernos están decidiendo recortar sueldos a altos cargos, pero su línea roja es el número de puestos de trabajo que tiene su partido político, muchos de ellos inservibles, en instituciones como los consejos comarcales”, lamenta.
El Círculo de Economía, el prestigioso foro que preside el exministro Josep Piqué, defendió la senda de la consolidación fiscal, pero pidió a las Administraciones que prioricen —que no apliquen recortes indiscriminados— y construyan un relato coherente. La tesis del Círculo era: recortes, sí, pero ¿para qué? Los recortes han llegado a los servicios básicos, lo que ha producido malestar en la sociedad. Pero además, en lo que va de crisis han aflorado comportamientos poco ejemplares: casos de corrupción, escándalos en cajas a las que se ha tenido que rescatar con fondos públicos, cobros de dietas, presencia de políticos en numerosos organismos... “Los Gobiernos piden a la sociedad su apoyo para las reformas. ¿Pero cómo lo consigues anunciando el indulto a financieros o ante expolios como los de los pensionazos de instituciones en las que han entrado fondos públicos? Eso destroza todo tipo de confianza”, plantea Antón Costas.
Y además, han abundado las incoherencias políticas. Cataluña, por ejemplo, racanea la renta mínima de inserción para ahorrar 50 millones de euros pero luego inyecta cantidades de dinero a la aerolínea Spanair. “No entiendo que los mismos que deciden recortes drásticos en la televisión pública [TV3] luego se opongan al cierre de la televisión de L’Hospitalet”, añade Longo.
El exsecretario de Estado de Economía y profesor de IESE Alfredo Pastor, en cambio, defiende las fórmulas que se están empleando para ejecutar los recortes por la “urgencia” que impone Bruselas. “Hay dos variables sobre las cuales incidir, que son los sueldos y las inversiones, y estamos viendo que se está actuando por ahí. Cuando hay que acudir a departamentos, no hay más remedio que ir a las grandes partidas, como la sanidad pública o la educación”, asegura.
El recorte de gastos es una vía para reducir el déficit. La otra pasa por aumentar los ingresos. Los Presupuestos de las comunidades de 2011 y los proyectos que hasta ahora han salido de 2012 indican que la mayoría ha optado por vender patrimonio público —edificios, viviendas protegidas y empresas— para aumentar la recaudación. Todas las comunidades suman más de 3.000 millones de euros en ventas, aunque un tercio ya proviene de las ventas previstas por Cataluña. En 2011, solo cuatro comunidades —Andalucía, Cantabria, Murcia y Extremadura— decidieron subir impuestos para paliar el hundimiento de los ingresos, de acuerdo con los planes de reequilibrio que presentaron al Gobierno. Ahora empiezan a aflorar nuevas tasas. Por receta en la farmacia o por alojarse en los hoteles, en Cataluña. La Comunidad Valenciana elimina la deducción propia por vivienda y grava más la gasolina. Pero también ahí, en la recaudación, se han producido incoherencias que pueden resultar difíciles de asumir. Cataluña reformó el impuesto de sucesiones en 2010 para que solo lo pagaran las grandes fortunas. Este año, el Gobierno de CiU lo ha eliminado casi por completo, con lo que la comunidad ha renunciado a los casi 680 millones de euros que recaudó en 2008 y 145 millones respecto al año pasado. Pocos meses después, sin embargo, decide instaurar el copago farmacéutico para recaudar 100 millones. “Yo me pensaría mucho establecer otro impuesto pero tampoco creo que sea momento de quitarlos. Incluso el IVA puede suponer una retracción del consumo que habría que analizar muy a fondo”, asegura el director del Centro PwC-IE para Innovación del Sector Público y exsecretario de Estado para la Administración Pública, Julio Gómez Pomar.
Primero lo público, luego el fraude
La subida del IRPF que anunció el Gobierno como una de sus primeras decisiones contra el déficit no estaba en muchas quinielas. No en vano, el presidente, Mariano Rajoy, señaló repetidas veces en campaña que trataría de no subir impuestos al llegar al poder. Y es lo primero que ha hecho. El presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, señaló que la medida es “claramente contradictoria” con el discurso del PP.Para justificar la decisión, Mas espera que Rajoy explique “qué se han encontrado” al llegar a La Moncloa.
El propio Mas evitó las subidas de impuestos incluso cuando el déficit apretaba. Llegó a eliminar el gravamen de sucesiones. Pero al final ha terminado por crear nuevas tasas, ante la necesidad de rebajar el déficit de 8.352 millones de euros a 2.740. También la Comunidad Valenciana ha optado por nuevas tasas. Y antes, lo hicieron los municipios. Han comenzado a crear nuevos cobros o a subir, por ejemplo, las tasas de basuras, el transporte público o el IBI.
¿Qué ocurre cuando las tijeras ya no tienen más filo y los ciudadanos no pueden cargar con más impuestos? La fórmula mágica: la lucha contra el fraude. El jueves, el Gobierno, en lugar de anunciar más impuestos como se temía, anunció un plan contra los defraudadores, que pasa, entre otras cosas, por exigir que los pagos elevados no sean en metálico para evitar el dinero negro.
El catedrático de Política Económica Antón Costas, pone como ejemplo el plan de austeridad del presidente italiano, Mario Monti. “Moderar el déficit es resultado de ajustar gastos e ingresos. Monti ha planteado un plan para ahorrar 30.000 millones en el que 12.000 de ellos proceden de los recortes de gasto y 18.000 de los ingresos, apuntando contra el sangrante fraude fiscal. Eso es más equitativo”, afirma Costas.
17 comunidades, 17 recetas anticrisis
Todas las comunidades autónomas han emprendido planes de contención del gasto. Sin embargo, en unos lugares las medidas son más drásticas que en otros.Cataluña lleva meses en la ola de los recortes. No en vano, tenía un elevado déficit que atajar (del 4,2% en 2010) y las elecciones se celebraron antes que en la mayoría de España, por lo que se decidieron los recortes antes. Han reducido profundamente el gasto en educación, sanidad, servicios sociales e infraestructuras. Han creado nuevas tasas como la del copago farmacéutico o la de pernoctación hotelera.
La Comunidad Valenciana se sumó con fuerza la semana pasada a las tijeras: solo en gasto sanitario el Gobierno de Fabra pretende ahorrarse 440 millones de euros. Otros 379 millones saldrán del personal. Se introducirá una nueva escala autonómica para el IRPF, se gravará más la gasolina y habrá más tasas para la burocracia.
Con cuentagotas se van descubriendo novedades en otras comunidades. Por ejemplo, en Baleares y Galicia se cobran 10 euros por renovar la tarjeta sanitaria. Andalucía sacó a la venta en julio 95 inmuebles, aunque la comunidad no ha encontrado comprador para todos.
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