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TRIBUNA: Una conquista social que debemos reforzar, no frenar

TRIBUNA: Una conquista social que debemos reforzar, no frenar

Artículo de opinión del consejero de Salud y Bienestar Social con motivo del XXV aniversario de la Ley General de Sanidad de 1986


Toledo (27-4-11).- “Si no es un proyecto de todos, si al menos es un proyecto en el cual se ha teniendo en cuenta la opinión de todos”, así definió el entonces ministro de Sanidad y Consumo, Ernest Lluch, el espíritu y la letra de la Ley General de Sanidad, cuando la defendió en el Congreso de los Diputados en junio de 1985. Una norma que cumple veinticinco años de existencia y cuyo desarrollo en este último cuarto de siglo ha permitido la construcción y consolidación del Sistema Nacional de Salud como lo conocemos hoy, uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo.

No quiero decir con ello que con esta ley hubo en España un punto y aparte en materia sanitaria, porque un sistema sanitario de un país se construye siempre con puntos y seguidos, con normas que se complementan o son sustituidas por otras, con el esfuerzo y la sapiencia de profesionales de distintas generaciones o con el compromiso de autoridades públicas de épocas diferentes concienciadas en la mejora de la calidad asistencial de los españoles.

Pero sí fue aldabonazo definitivo para cimentar en España un sistema sanitario público eficiente, universal y de financiación pública. Una norma que sustituyó a la Ley de Bases de la Sanidad Nacional de 1944 con el objetivo de hacer efectivo el artículo 43 de la Constitución Española de 1978 que reconoce el derecho a la protección de salud de todos los españoles.

Y lo hizo mediante la universalización de la cobertura sanitaria, la ordenación del sector sanitario público, la articulación de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas y el desarrollo del concepto integral de salud, potenciando la atención primaria y la integración de la salud mental.

Una ley que definía por primera vez con claridad en España los derechos y deberes de los usuarios; la ordenación de las actividades privadas; la autonomía y gestión hospitalaria; la evaluación y control de calidad; las nuevas fórmulas de hospitalización; la libre elección de médico; la desmasificación de consultas; la reordenación farmacéutica; la información médica; la educación sanitaria; la salud preventiva; la participación comunitaria o la salud laboral.

Conceptos muy vigentes hoy en día y que reflejan el calado de esta ley liderada por una persona como Ernest Lluch, que por su simpatía personal, su fortaleza dialéctica, su capacidad de negociación y la firmeza de sus convicciones en la defensa de una sociedad más justa y en la libertad innegociable de las personas para decidir su futuro, le permitieron encabezar un proceso de cambio de enorme calado que hoy debemos consolidar e impulsar.

Ahora, veinticinco años después se ha abierto un debate público sobre la necesidad de reformar o sustituir la actual Ley General de Sanidad, especialmente tras el estallido de la crisis financiera y económica hace cuatro años, donde se ha puesto en duda la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, azuzado por diversas corrientes neoconservadoras que proponen en Europa la privatización de la sanidad, como ocurre en Estados Unidos.

Sostenibilidad
Ante esta corriente privatizadora, es preciso recordar que nuestra sanidad pública es una de las más eficientes del mundo, porque con una inversión sanitaria con respecto a su Producto Interior Bruto por debajo de otros países de su entorno, sus indicadores de salud están a la cabeza de la tabla mundial. Y una vez superada la crisis España, por capacidad de renta, tiene margen de crecimiento para destinar en los tres o cuatro próximos años un punto más de su Producto Interior Bruto a la sanidad a fin de mantener su calidad asistencial.

Por tanto, la sostenibilidad no debe ser el eje único que nos mueva para articular un debate sobre la mejora de la Ley General de Sanidad sino que debe centrarse también en cómo podemos mejorar el engranaje de un Sistema Nacional de Salud descentralizado como el que disfrutamos hoy para hacer frente a los retos sanitarios del siglo XXI como es el envejecimiento de la población, el mayor peso de las enfermedades crónicas e invalidantes, la adopción por la población de hábitos de vida saludables y el desarrollo más eficaz de las políticas de prevención y promoción de la salud.

Desde mi punto de vista el Sistema Nacional de Salud necesita reforzar la coordinación y la cooperación entre los servicios regionales de salud mediante un órgano de toma de decisiones compartidas y vinculantes para todas las comunidades autónomas en las materias que se consideren importantes, como pueden ser asuntos europeos, salud pública, medicamento, personal o sistema de información, entre otros. En ese sentido, puede reforzarse las competencias del Consejo Interterritorial o puede crearse un nuevo Foro de Cooperación del Sistema Nacional de Salud con estas funciones.

Además, es preciso revisar el modelo de financiación autonómica y en especial el modelo de financiación sanitaria. Se trata de precisar qué prestaciones incorpora el Sistema Nacional de Salud, qué calidad queremos garantizar para esas prestaciones y quiénes tienen derecho.

Definido el producto que ofrece el Sistema Nacional de Salud podemos estimar cuánto cuesta. Y si es público, hemos de garantizar la dotación adecuada de recursos por vía fiscal, desde la Hacienda Pública del Estado. Los fondos para sanidad deberían asignarse mediante cálculo capitativo y con transferencia de fondos finalista. No por "cesta de tributos" como en el modelo actual, ya que el derecho a la salud es igual para todos los españoles y no debe ser financiado de forma distinta en las comunidades autónomas.

Lluch dijo en esa misma intervención de la cual me he referido al principio que a un político más le vale decir al pueblo cuál es la verdad y la verdad incuestionable de este último cuarto de siglo es que Lluch con la Ley General de Sanidad de 1986 nos ha dejado como legado nuestra capacidad como país, como ciudadanos de un Estado Social y Democrático de Derecho, de continuar escribiendo con letras de oro nuestros puntos y seguidos en materia sanitaria.

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