El Gobierno de Madrid no ve "competente" al juzgado que ha suspendido cautelarmente la externalización de hospitales en Madrid
Madrid (05/09/2013) - Redacción/E.P.
• El consejero de Sanidad de la CAM, Javier Fernández-Lasquetty, cree que el juez que paralizó el proceso atendiendo el recurso de Afem vierte opiniones de índole personal y le va a trasladar que las resoluciones que paraliza están ya ejecutadas
• AMYTS espera que la nueva suspensión cautelar del proceso sea "el principio del fin"; la FADSP pide la dimisión de Lasquetty; y el PSOE afirma que ya nadie duda que se va a paralizar definitivamente
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha asegurado este miércoles que, en opinión del Gobierno regional, el Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Madrid no es "competente" para tomar la decisión de suspender cautelarmente el proceso de externalización de seis hospitales en la región, estimando un recurso de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem).
En rueda de prensa en la sede de la Consejería, Lasquetty ha mostrado su "absoluta sorpresa" ante la última decisión de este juzgado pues considera que es "completamente incomprensible" que un juzgado "vuelva a tratar exactamente lo mismo que trató el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), un órgano superior, en el mes de julio".
El consejero ha añadido que si el Juzgado número 4 es competente o no será algo que lo tendrá que decidir el propio TSJM, "que ya se pronunció sobre otros recursos" y ha insistido en que como cree que es el TSJM el competente para decidir, este Juzgado debería haberse inhibido y remitirle la causa.
"Son dos decisiones judiciales que nos dicen lo contrario. Esto sencillamente es incompresible para nosotros, para los ciudadanos y para los profesionales de la Sanidad", ha indicado Lasquetty, quien ha apuntado que la decisión sobre este recurso "corresponde, no a un juzgado sino al TSJM, porque el juzgado no es competente". En este punto, ha añadido que esto no lo piensa el Gobierno madrileño sino la propia Fiscalía.
Además, Lasquetty ha indicado que, a su juicio, el juez no emite en su auto "en distintos puntos de las reflexiones" opiniones de tipo jurídico sino de "tipo político o personal". Según el consejero, son unos posicionamientos totalmente "respetables" como los de cualquier ciudadano pero "impropios por parte de cualquier juzgado".
Resoluciones ejecutadas
El servicio jurídico de la Consejería está estudiando la decisión judicial y, en función de ella, la Comunidad va a tomar dos iniciativas. Por un lado, va a enviar un oficio al juez Carlos Gómez (juzgado número 4) informándole de que las resoluciones que suspende ya han sido "completamente ejecutadas" y va a interponer un recurso ante el TSJM. Lo harán "con carácter inmediato sin agotar los plazos que la ley permite", ha indicado.
Preguntado si con esta decisión, las concesionarias tienen que paralizar los trabajos ya iniciados tras la adjudicación, Lasquetty ha precisado que lo único que van a hacer y "lo más rápido posible" es dirigirse al magistrado para explicarle que las tres resoluciones que suspende, y que son las referentes a las emitidas en el mes de abril y junio sobre el concurso para la gestión indirecta, están "completamente ejecutadas".
"Lo que leemos en el auto es que se suspenden tres resoluciones y le vamos a poner de manifiesto que esas resoluciones ya han completado todo su recorrido", ha insistido Lasquetty, quien ha enfatizado que el juez no se pronuncia sobre el fondo y que si "quiere decir algo más" al respecto tendrá que añadirlo en otro auto "con claridad".
En este punto, ha explicado que hasta el momento las concesionarias están haciendo el trabajo preparatorio previo de cómo se van a organizar y que, según le consta, han "avanzado por muy buen camino con los profesionales". Ha precisado que aunque los contratos no estén firmados con las empresas, lo que tiene "efectos jurídicos" es la resolución de la adjudicación definitiva, ejecutada ya.
La posición del PSOE
Por su parte, el líder del PSM, Tomás Gómez, ha afirmado que ya nadie duda de que el proceso se va a paralizar definitivamente. Los socialistas madrileños exigen a Ignacio González que paralice definitivamente la privatización sanitaria y saque de los hospitales de los madrileños a las empresas privadas que se han establecido en ellos sin tener contrato.
"Que salgan de lo que es de todos. Que salgan de los hospitales públicos de Madrid", afirmaba el dirigente socialista tras manifestar su satisfacción por el auto del Juzgado Contencioso Administrativo nº 4 de Madrid que vuelve a paralizar el proceso de privatización de seis hospitales en la región a instancias de un recurso presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem).
"Hoy es un buen día para los madrileños y para los españoles", aseguraba Gómez, quien ha felicitado a los médicos de la Comunidad de Madrid "porque han tenido una gran victoria, no para los médicos sino para la sociedad madrileña" y ha afirmado que "nos sentimos muy orgullosos de nuestros médicos no sólo porque cuidan de nosotros cuando nos curan sino porque han cuidado de nosotros también paralizando este proceso".
A juicio del líder del PSM, la paralización del proceso de privatización, y por lo tanto de desmantelamiento del sistema sanitario público en Madrid, "es probablemente la mejor noticia con la que podemos empezar el curso político" y supone un nuevo varapalo judicial importante para el Gobierno de Ignacio González. Se trata de la segunda vez que un tribunal suspende cautelarmente este proceso "y eso pone de manifiesto, y el auto lo refleja claramente, lo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo los socialistas, los médicos, los pacientes, la sociedad madrileña: que es un proceso irregular, que no se ajusta a ley, que supone el desmantelamiento del sistema sanitario público en Madrid", algo, añadía Gómez que "no quiere nadie".
Por eso, tal y como se manifestó en el Debate sobre el Estado de la Región, si Ignacio González y su Gobierno pretenden seguir adelante con ese oscuro proceso, que lo paralicen ahora y lo presenten en su próximo programa electoral, pero a día de hoy que lo deje... "Hoy con más razones que nunca lo reiteramos, porque además hay más procesos judiciales en marcha", ha subrayado Gómez, quien ha recordado que aún están pendientes de resolución acciones en el Tribunal Constitucional, en el juzgado contencioso administrativo o en la Comisión Europea.
La afirmación del consejero Lasquetty de que la Comunidad recurrirá esta decisión, ha llevado a Tomás Gómez a afirmar que "no pueden golpearse cien veces con el mismo muro", para sentenciar: "Nadie duda que se va a paralizar definitivamente, ahora o dentro de quince días".
Por su parte, la secretaria de Política Social, Trinidad Jiménez, ha expresado la satisfacción del Partido Socialista: "Entre todos, vamos a conseguir detener la privatización de la Sanidad madrileña", ha dicho.
La responsable de Sanidad del PSOE ha destacado que esta nueva paralización "es el resultado de un trabajo conjunto en defensa de nuestro modelo de Sanidad público y universal, que ha demostrado ser eficiente, equitativo y de calidad para todos los ciudadanos". En su opinión, es un "nuevo varapalo judicial" ante una decisión adoptada no sólo sin ningún tipo de consenso "ni profesional, ni social, ni político" y en contra de la mayoría de los madrileños.
Finalmente, Jiménez ha recordado que el objetivo de la privatización de la Sanidad en Madrid "no es hacer sostenible nuestro Sistema Nacional de Salud", como esgrime el Partido Popular. "El PSOE cree que este cambio de modelo sanitario busca hacer posible un espacio claro y prestigiado para la Sanidad privada y el beneficio económico de algunos".
La esperanza de AMYTS; la FADSP pide dimisiones
La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) se ha felicitado por la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid. Según AMYTS, el proceso de privatización puesto en marcha por el Gobierno de Ignacio González ha concitado el "rechazo frontal de la totalidad" de los profesionales sanitarios de la región y de un "numerosísimo sector de la población que llegó a respaldar con más de un millón de firmas su oposición a esta expropiación de la Sanidad pública".
AMYTS recuerda los numerosos recursos presentados contra esta medida y destacada que es motivo de satisfacción que prosperen algunos, "dado que representa el triunfo de la razón y el derecho sobre la obcecación privatizadora del Gobierno de la Comunidad de Madrid, alimentada exclusivamente por su ideología hiperliberal que busca acabar con todo vestigio del Estado de Bienestar".
La asociación ha mostrado su confianza en que los juzgados marquen "el principio del fin de este proceso injusto, carente de legalidad, no justificado.
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Publica (ADSP) de Madrid entiende que la nueva paralización judicial del proceso de privatización de los hospitales madrileños es "una buena noticia porque permite detener este proceso tan negativo para la Sanidad Publica".
Para la Asociación, el proceso "de privatizaciones" está "lleno de irregularidades y anomalías", y por ello pide la dimisión inmediata del consejero de Sanidad de la CAM, Javier Fernández-Lasquetty, y de su equipo directivo en la Consejería.
En rueda de prensa en la sede de la Consejería, Lasquetty ha mostrado su "absoluta sorpresa" ante la última decisión de este juzgado pues considera que es "completamente incomprensible" que un juzgado "vuelva a tratar exactamente lo mismo que trató el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), un órgano superior, en el mes de julio".
El consejero ha añadido que si el Juzgado número 4 es competente o no será algo que lo tendrá que decidir el propio TSJM, "que ya se pronunció sobre otros recursos" y ha insistido en que como cree que es el TSJM el competente para decidir, este Juzgado debería haberse inhibido y remitirle la causa.
"Son dos decisiones judiciales que nos dicen lo contrario. Esto sencillamente es incompresible para nosotros, para los ciudadanos y para los profesionales de la Sanidad", ha indicado Lasquetty, quien ha apuntado que la decisión sobre este recurso "corresponde, no a un juzgado sino al TSJM, porque el juzgado no es competente". En este punto, ha añadido que esto no lo piensa el Gobierno madrileño sino la propia Fiscalía.
Además, Lasquetty ha indicado que, a su juicio, el juez no emite en su auto "en distintos puntos de las reflexiones" opiniones de tipo jurídico sino de "tipo político o personal". Según el consejero, son unos posicionamientos totalmente "respetables" como los de cualquier ciudadano pero "impropios por parte de cualquier juzgado".
Resoluciones ejecutadas
El servicio jurídico de la Consejería está estudiando la decisión judicial y, en función de ella, la Comunidad va a tomar dos iniciativas. Por un lado, va a enviar un oficio al juez Carlos Gómez (juzgado número 4) informándole de que las resoluciones que suspende ya han sido "completamente ejecutadas" y va a interponer un recurso ante el TSJM. Lo harán "con carácter inmediato sin agotar los plazos que la ley permite", ha indicado.
Preguntado si con esta decisión, las concesionarias tienen que paralizar los trabajos ya iniciados tras la adjudicación, Lasquetty ha precisado que lo único que van a hacer y "lo más rápido posible" es dirigirse al magistrado para explicarle que las tres resoluciones que suspende, y que son las referentes a las emitidas en el mes de abril y junio sobre el concurso para la gestión indirecta, están "completamente ejecutadas".
"Lo que leemos en el auto es que se suspenden tres resoluciones y le vamos a poner de manifiesto que esas resoluciones ya han completado todo su recorrido", ha insistido Lasquetty, quien ha enfatizado que el juez no se pronuncia sobre el fondo y que si "quiere decir algo más" al respecto tendrá que añadirlo en otro auto "con claridad".
En este punto, ha explicado que hasta el momento las concesionarias están haciendo el trabajo preparatorio previo de cómo se van a organizar y que, según le consta, han "avanzado por muy buen camino con los profesionales". Ha precisado que aunque los contratos no estén firmados con las empresas, lo que tiene "efectos jurídicos" es la resolución de la adjudicación definitiva, ejecutada ya.
La posición del PSOE
Por su parte, el líder del PSM, Tomás Gómez, ha afirmado que ya nadie duda de que el proceso se va a paralizar definitivamente. Los socialistas madrileños exigen a Ignacio González que paralice definitivamente la privatización sanitaria y saque de los hospitales de los madrileños a las empresas privadas que se han establecido en ellos sin tener contrato.
"Que salgan de lo que es de todos. Que salgan de los hospitales públicos de Madrid", afirmaba el dirigente socialista tras manifestar su satisfacción por el auto del Juzgado Contencioso Administrativo nº 4 de Madrid que vuelve a paralizar el proceso de privatización de seis hospitales en la región a instancias de un recurso presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem).
"Hoy es un buen día para los madrileños y para los españoles", aseguraba Gómez, quien ha felicitado a los médicos de la Comunidad de Madrid "porque han tenido una gran victoria, no para los médicos sino para la sociedad madrileña" y ha afirmado que "nos sentimos muy orgullosos de nuestros médicos no sólo porque cuidan de nosotros cuando nos curan sino porque han cuidado de nosotros también paralizando este proceso".
A juicio del líder del PSM, la paralización del proceso de privatización, y por lo tanto de desmantelamiento del sistema sanitario público en Madrid, "es probablemente la mejor noticia con la que podemos empezar el curso político" y supone un nuevo varapalo judicial importante para el Gobierno de Ignacio González. Se trata de la segunda vez que un tribunal suspende cautelarmente este proceso "y eso pone de manifiesto, y el auto lo refleja claramente, lo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo los socialistas, los médicos, los pacientes, la sociedad madrileña: que es un proceso irregular, que no se ajusta a ley, que supone el desmantelamiento del sistema sanitario público en Madrid", algo, añadía Gómez que "no quiere nadie".
Por eso, tal y como se manifestó en el Debate sobre el Estado de la Región, si Ignacio González y su Gobierno pretenden seguir adelante con ese oscuro proceso, que lo paralicen ahora y lo presenten en su próximo programa electoral, pero a día de hoy que lo deje... "Hoy con más razones que nunca lo reiteramos, porque además hay más procesos judiciales en marcha", ha subrayado Gómez, quien ha recordado que aún están pendientes de resolución acciones en el Tribunal Constitucional, en el juzgado contencioso administrativo o en la Comisión Europea.
La afirmación del consejero Lasquetty de que la Comunidad recurrirá esta decisión, ha llevado a Tomás Gómez a afirmar que "no pueden golpearse cien veces con el mismo muro", para sentenciar: "Nadie duda que se va a paralizar definitivamente, ahora o dentro de quince días".
Por su parte, la secretaria de Política Social, Trinidad Jiménez, ha expresado la satisfacción del Partido Socialista: "Entre todos, vamos a conseguir detener la privatización de la Sanidad madrileña", ha dicho.
La responsable de Sanidad del PSOE ha destacado que esta nueva paralización "es el resultado de un trabajo conjunto en defensa de nuestro modelo de Sanidad público y universal, que ha demostrado ser eficiente, equitativo y de calidad para todos los ciudadanos". En su opinión, es un "nuevo varapalo judicial" ante una decisión adoptada no sólo sin ningún tipo de consenso "ni profesional, ni social, ni político" y en contra de la mayoría de los madrileños.
Finalmente, Jiménez ha recordado que el objetivo de la privatización de la Sanidad en Madrid "no es hacer sostenible nuestro Sistema Nacional de Salud", como esgrime el Partido Popular. "El PSOE cree que este cambio de modelo sanitario busca hacer posible un espacio claro y prestigiado para la Sanidad privada y el beneficio económico de algunos".
La esperanza de AMYTS; la FADSP pide dimisiones
La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) se ha felicitado por la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid. Según AMYTS, el proceso de privatización puesto en marcha por el Gobierno de Ignacio González ha concitado el "rechazo frontal de la totalidad" de los profesionales sanitarios de la región y de un "numerosísimo sector de la población que llegó a respaldar con más de un millón de firmas su oposición a esta expropiación de la Sanidad pública".
AMYTS recuerda los numerosos recursos presentados contra esta medida y destacada que es motivo de satisfacción que prosperen algunos, "dado que representa el triunfo de la razón y el derecho sobre la obcecación privatizadora del Gobierno de la Comunidad de Madrid, alimentada exclusivamente por su ideología hiperliberal que busca acabar con todo vestigio del Estado de Bienestar".
La asociación ha mostrado su confianza en que los juzgados marquen "el principio del fin de este proceso injusto, carente de legalidad, no justificado.
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Publica (ADSP) de Madrid entiende que la nueva paralización judicial del proceso de privatización de los hospitales madrileños es "una buena noticia porque permite detener este proceso tan negativo para la Sanidad Publica".
Para la Asociación, el proceso "de privatizaciones" está "lleno de irregularidades y anomalías", y por ello pide la dimisión inmediata del consejero de Sanidad de la CAM, Javier Fernández-Lasquetty, y de su equipo directivo en la Consejería.
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