Más de un millón de euros por una mala praxis en Ginecología

La sentencia centra la mala praxis en la retirada del registro y en la falta de consentimiento informado en un parto inducido.

S.V. Madrid | 19/09/2013 17:30

El Servicio de Salud de las Islas Baleares ha sido condenado a indemnizar con 1.087.921 euros a la familia de una niña, que ahora tiene nueve años y una minusvalía reconocida del 90 por ciento debido a un sufrimiento intrauterino.

El Juzgado Contencioso número 1 de Palma de Mallorca ha dictado la sentencia millonaria, ante la que cabe recurso, porque considera probado que existió un mala praxis en la atención a la gestante, centrada en que se le retirara el registro cardiotocográfico en un parto inducido. Con esa medida se perdió el control sobre el estado del feto y de la mujer que, según apunta el fallo, sufrió un desprendimiento de la placenta y una posterior hemorragia. El equipo médico no se percató a tiempo de la situación de la gestante para poder evitar el sufrimiento fetal, que ha dejado en la menor daños irreversibles, a pesar de practicarle una cesárea urgente.

Sobre la práctica médica, el fallo apunta que la gestante, con 31 años de edad y primeriza, acudió a su consulta cuando se encontraba en la semana 41 de un embarazo que había transcurrido con normalidad. Se le citó para la inducción al parto, "por una gestación cronológicamente prolongada", tres días después de esa consulta. En la fecha indicada, la madre fue al hospital donde inicialmente la monitorizaron, y, según recoge la sentencia, transcurrido un tiempo y al considerar que el registro era normal, dejó de ser monitorizada.

La sentencia centra la mala praxis en la retirada del registro cardiotocográfico y en la falta de consentimiento informado en el parto inducido

La sentencia centra la mala praxis en la retirada del registro y, además, en la falta de consentimiento informado en un parto inducido.

Por todo ello, la jueza concede una indemnización millonaria, sólo 200.000 euros menos de lo solicitado por la familia en su demanda, elaborada por los servicios jurídicos de la Asociación El Defensor del Paciente.

En el desglose de la indemnización, la sentencia cifra en 239.000 euros los daños morales; en 382.303 euros la necesidad de ayuda de terceros y en 347.342 euros el resarcimiento por perjuicios funcionales. Además, concede 95.575 euros para que la familia pueda adquirir una vivienda con ascensor y adaptarla a las necesidades de la niña.

Consentimiento informado en parto inducido

El juzgado contencioso de Barcelona condenó al Instituto Catalán de Salud a indemnizar con 70.000 euros a los padres de un niño que sufrió una parálisis braquial en el parto. Censuró que no se informara de los riesgos de un parto vaginal inducido a una gestante fuera de cuentas.