Progresividad fiscal, "lo más justo" para financiar la sanidad

El Comité de Bioética catalán recomienda que la sanidad pública se financie a través de los impuestos y con una orientación finalista para poder garantizar la equidad en el acceso a las prestaciones.

Carmen Fernández. Barcelona | carmenfer@diariomedico.com | 02/09/2013 00:00

El principio de justicia en el sistema sanitario es el título del último informe del Comité de Bioética de la Generalitat de Cataluña, que por primera vez aborda este asunto porque "vivimos tiempos de crisis económica, de restricciones de los presupuestos públicos y de recortes en la atención sanitaria. Este contexto está afectando al modelo de sanidad pública de nuestro país y tenemos la responsabilidad de reflexionar sobre las consecuencias que estos cambios pueden tener sobre la necesaria equidad".

El grupo que ha elaborado el documento, coordinado por Angel Puyol y Marc Antoni Broggi, aporta media docena de recomendaciones tras tres años consecutivos de polémicos recortes presupuestarios del Gobierno de Artur Mas (CiU) en la Generalitat y de los no menos contestados ajustes y medidas restrictivas adoptados por la ministra de Sanidad, Ana Mato (PP).

Concluye, en concreto, que "el sistema más justo de financiación de la sanidad es el que parte de la progresividad fiscal, también y sobre todo en una época de crisis económica. Si hay que aumentar la contribución de los ciudadanos al sistema sanitario, es más justo y equitativo que el pago se haga a través de los impuestos y con una orientación finalista". Considera que los recortes lineales y copagos mal diseñados desde el punto de vista de la garantía de la equidad, "son de difícil aceptación y no se justifican diciendo simplemente que son inevitables".

Evaluación de políticas
Ante la incertidumbre por los efectos que están teniendo los recortes en la salud especialmente de la población más desfavorecida, propone "crear un organismo público e independiente que evalúe de manera vinculante las intervenciones sanitarias y las que tienen influencia en la salud para que se mantengan o se mejoren los objetivos de equidad, eficiencia y seguridad del sistema sanitario público".

Sobre la exclusión del sistema de enfermos que no tienen la condición oficial de ciudadanos (o pertenecen a países con los que no hay convenio de prestaciones sanitarias) afirma: "Es evidente que la exclusión por ciudadanía rompe el principio de equidad definido como acceso igual por igual necesidad médica". Y describe esta paradoja: "Si somos coherentes con la exclusión de los que no son ciudadanos y extendemos esta exclusión tanto al sistema sanitario como al de los servicios sociales, rozamos la inhumanidad; y si atendemos las necesidades sociales graves pero no las enfermedades de los individuos que no son ciudadanos, caemos en una contradicción sobre lo que significa la justicia difícil de justificar".

Uso mercantil
El grupo de bioética autonómico rechaza igualmente el uso mercantil de la salud porque en los países en los que no se potencia la sanidad pública no sólo se contribuye a una pérdida de equidad en el acceso sino que "también se provoca un aumento de las desigualdades injustas en salud". También apela a que los gobernantes, profesionales de la salud, instituciones sanitarias, industria farmacéutica y de productos sanitarios, pacientes y familiares y asociaciones de enfermos asuman sus respectivas responsabilidades en el mantenimiento y fomento de la equidad en la atención sanitaria.

El grupo, en el que sobresalen expertos como Francesc Borrell, Marius Morlans y Nuria Terribas, muestra asimismo su preocupación por el uso abusivo del adjetivo insostenible en sanidad: "Poner el acento en su coste excesivo mientras se minimizan los principales valores que lo sustentan sólo contribuye a su descalificación global, pasando por alto que el sistema público es uno de los más justos y eficientes. Es también cuestionable la tendencia a preferir el ahorro inmediato y la recaudación fácil, como se está haciendo con la aplicación de recortes lineales y de copagos, a (...) reformas que permitan a la vez ahorrar y mejorar la calidad".

Preguntas que no pueden esperar más

El copago y el euro por receta han reducido la factura farmacéutica, pero falta saber de dónde se está recortando. Así lo ha recogido un informe de la Universidad Pompeu Fabra y el Centro de Investigación Económica y Salud de Cataluña refiriéndose a la necesidad "urgente" de evaluar los efectos de estas reformas financieras, para asegurarnos que no se busca "el ahorro inmediato y la recaudación fácil".

El antecedente: un informe ministerial de 2010

En 2010, siendo Trinidad Jiménez la titular del Ministerio de Sanidad y Política Social, la Comisión para reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España (grupo interdisciplinar creado en 2008 por la Dirección General de Salud Pública) elaboró un documento titulado Avanzando hacia la equidad. Propuestas de políticas e intervenciones para reducir las desigualdades en salud en España, en el que se recogen 27 recomendaciones principales y 166 específicas divididas en 5 apartados. En el relativo a los servicios sanitarios, las recomendaciones más destacadas son: asegurar la correcta aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en situación de Dependencia; garantizar la plena universalización de la atención sanitaria para todos los residentes en España, con una cobertura del cien por cien, e incluir en todos los planes de salud y planes directores estatales, autonómicos y locales objetivos específicos de disminución de desigualdades en el estado de salud y en el acceso, calidad y efectividad de los servicios sanitarios.