Un cambio legal difícil de justificar

Mejorar los controles de tráfico es otra vía a la que se podría acudir para reducir la siniestralidad en las carreteras, sin comprometer derechos fundamentales de las personas.

José Ramón Díez. Profesor de Derecho de la UNED. | 23/09/2013 00:00

La Fiscalía parte de la idea de que la modificación que propugna estaría respaldada por los pronunciamientos del Tribunal Constitucional dictados en su día como consecuencia del contenido del artículo 383 Código Penal, tras su última reforma. La cuestión, muy debatida y polémica, resolvió que, como contrapartida a los riesgos circulatorios y teniendo en cuenta que corresponde a los poderes públicos la labor de velar por la vida y seguridad de los ciudadanos, éstos no pueden negarse a los controles de alcoholemia y drogas.

Sin embargo, este reconocimiento del Constitucional es un supuesto muy distinto al de obligar a un facultativo a revelar datos de la intimidad de un paciente, máxime cuando la propia normativa de tráfico ya exige controles psicológicos específicos para poder tener el carné o para renovarlo. Cuestión bien distinta es si sería conveniente que en estos controles existiera un médico especialista.

Teniendo esto en cuenta, faltaría uno de los requisitos de proporcionalidad que se exigen para afectar a un derecho fundamental, en este caso, es el juicio de necesidad. Toda vez que con controles adecuados, que son los ya establecidos, y a lo sumo incorporando médicos especialistas al efecto, se puede conseguir el resultado pretendido por la Administración, sin obligar con ello a revelar datos de salud del paciente.

El paciente cuando da el consentimiento para que un facultativo acceda a su intimidad lo hace bajo la premisa de que se trata de un dato confidencial. Ese consentimiento lo es únicamente para su propia asistencia y no para que se ceda a terceros o a las administraciones. De lo contrario, se podría producir el efecto adverso: que las personas conscientes de alguna anomalía psíquica no acudan a su diagnóstico o tratamiento por temor a perder el carné de conducir. Por último, la Fiscalía pretende introducir dicha modificación en una ley ordinaria, lo que pudiera constituir un vicio de inconstitucionalidad ya que las cuestiones que afectan a derechos fundamentales exigen su desarrollo por ley orgánica.