Los facultativos cántabros se plantan ante los cambios en el complemento de dispersión geográfica
Santander (21/11/2013) - Nerea Garay
• En el baremo, por ejemplo, ya no se consideran como avisos a domicilio los registrados durante las horas de guardia en las que no están operativos los servicios de urgencias de Atención Primaria o los desplazamientos de un consultorio a otro
• Los profesionales afectados por la medida se han dirigido al SCS y a Hacienda para mostrar su descontento y no descartan convocar una asamblea a finales de mes
Además, el Servicio Cántabro de Salud, liderado por la "popular" Maria José Sáenz de Buruaga, ha incluido también cambios en el complemento de dispersión geográfica con un kilometraje arbitrario, según la queja de algunos afectados, al rebajar de forma significativa el importe que cobraban los facultativos.
Por ejemplo, según han explicado, en el baremo ya no se considera como avisos a domicilio los registrados durante las horas de guardia en las que no están operativos los servicios de urgencias de Atención Primaria (SUAP) o los desplazamientos de un consultorio a otro.
Los profesionales que más se verán afectados por estas modificaciones serán los que trabajan en las zonas alejadas y de montaña con dispersión G3 y G4, que tienen que realizar cada año miles de kilómetros con sus coches particulares, ya que los de la empresa solo están reservados para las llamadas de Urgencia o el personal de los SUAP, pero no para la plantilla de los equipos de primaria, que hacen a diario visitas a domicilio de enfermos. Los facultativos de zonas urbanas con escasos recorridos están incluidos en los grupos G1 y G2.
3.000 euros anuales
El descenso está provocando gran malestar, ya que la pérdida puede acercarse a los 3.000 euros al año. Los sindicatos cántabros denuncian que las cantidades son distintas incluso dentro del G4 en función de los kilómetros realizados, pero la media se aproxima a los 3.000 euros anuales para los médicos integrados en el G4, -unos cien-, cantidad que se reduciría ahora a unos 1.750 euros.
Hacienda tiene en su poder también la sentencia del TSJ cántabro 227/2010, de 26 de febrero, que recoge que debe existir "constancia individualizada de cada desplazamiento con especificación de su número y fecha en que se han realizado por periodos mensuales, tras la consulta de la memoria de actividades del centro, el listado de guardias, y demás documentación del registro de actividades correspondiente".
En este sentido, los profesionales afectados dudan de que este último punto sea legal, porque el listado de visitas a domicilio incluye los nombres de los pacientes, lo que vulneraría, en su opinión, la Ley de Protección de Datos.
Por de pronto los facultativos ya se han puesto en contacto con el Servicio Cántabro de Salud y también con Hacienda para mostrarles su descontento. Tampoco descartan convocar una asamblea a finales de mes.
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