Las comunidades se resisten a aplicar el copago hospitalario

La medida entró en vigor hace seis meses, pero ninguna región quiere implantarla

MARÍA R. SAHUQUILLO / ELENA G. SEVILLANO Madrid 17 ABR 2014 - 23:05 CET

Fármacos para el cáncer o la hepatitis son candidatos a llevar un copago hospitalario. / M. ZARZA

Las comunidades llevan seis meses mirándose de reojo para ver cuál es la primera en aplicar el polémico copago de fármacos hospitalarios. Ningún responsable político quiere dar el pistoletazo de salida para implantar la medida aprobada por el Gobierno, que dicta que el usuario debe abonar una parte de 42 medicamentos que se ofrecen en las oficinas de los hospitales. La regulación no gusta, da igual el color político. Así que, medio año después de que entrara en vigor la norma, de obligado cumplimiento como el Ministerio de Sanidad insiste en recordar, las comunidades se resisten. Los ciudadanos solo pagan por los fármacos hospitalarios —un 10%, con un tope de cuatro euros por envase— en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuyos sistemas sanitarios dependen directamente del departamento que dirige Ana Mato.

Pero el fracaso de la medida también es patente allí. Pese a que Sanidad insiste en que se está cobrando sin problemas a unos 160 pacientes al mes, la realidad es que el sistema no se ha implantado como el ministerio planeó. Los Gobiernos autónomos de ambas ciudades han anunciado iniciativas para que el coste del copago por estos fármacos —generalmente productos muy caros indicados para el tratamiento de patologías como el cáncer, la artritis o la hepatitis— no repercuta de manera directa en el paciente. “Es injusto que los enfermos crónicos paguen aunque sea una mínima parte”, ha criticado el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, del Partido Popular. La ciudad (de unos 85.000 habitantes), va por la segunda convocatoria de subvenciones para enfermos afectados, a las que dedicará unos 15.000 euros al año.

La de Imbroda, que no tiene reparos en censurar de manera directa la normativa, no es la única oposición popular. Aunque las del resto sean críticas más veladas —en público, porque en privado más de uno define la medida como “impopular”—, Extremadura y Castilla-La Mancha, ambas gobernadas por potentes barones del PP —José Antonio Monago y María Dolores de Cospedal—, han anunciado que cuando la implanten también se compensará a los enfermos. “Extremadura sigue definiendo la fórmula legal que permita hacer frente a la medida sin trasladar el coste a los ciudadanos. Mientras no se tenga clara no se implantará”, apunta una portavoz del departamento de Salud. De la misma manera lo hará Madrid.

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También hay comunidades que están luchando de manera activa contra la regulación. Castilla y León (también del PP) la ha recurrido a los tribunales. Como Asturias, Canarias, Andalucía, Asturias y País Vasco, que llevan largo tiempo criticando la medida que definen como “ridícula” e “injusta”. “Ataca la equidad y castiga a las personas más vulnerables”, ha insistido el consejero asturiano, Faustino Blanco.

El resto de autonomías se escudan en dudas técnicas para no implantar la medida: cómo establecer un sistema informático adecuado, cómo facturar... “Ese cobro es un proceso complejo y hoy por hoy no se puede aplicar”, expone una portavoz de la Comunidad Valenciana. Aunque la razón que la mayoría aduce para explicar la tardanza —debía entrar en vigor en octubre— es la equidad entre autonomías. “Cantabria no implantará la aportación del usuario en farmacia hospitalaria hasta que lo hagan las demás comunidades, por razones de igualdad entre los ciudadanos”, dicen en esa autonomía.

Así, lo que parecía un retraso va adquiriendo tintes de rebelión a una normativa estatal. “La ley hay que cumplirla. Se tardará más o menos, pero las comunidades están en camino”, insiste Agustín Rivero, director general de Cartera Básica de Servicios y Farmacia del Ministerio de Sanidad. Apunta también que la medida se ideó por razones de “equidad”, para asimilar a los pacientes crónicos que retiran su medicación de las boticas —por la que pagan un porcentaje— con quienes lo hacen de las farmacias hospitalarias. Una equidad que, sin embargo, no será tal si hay comunidades que ayudan a sus ciudadanos a afrontar esos pagos y otras que no. “La medida nada tiene que ver con el ahorro”, añade Rivero.

José Luis Poveda, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, recuerda no obstante que los copagos se implantan por dos razones: disuadir del mal uso o ahorrar. Un ahorro que, en este caso, sería ínfimo: un 0,1% de la factura del gasto en medicamentos, según sus cuentas. Sobre todo para los efectos que podría acarrear. “Son fármacos para personas con enfermedades crónicas o muy graves. Si dejasen el tratamiento por no poder costearlo supondría un menoscabo importantísimo para su salud”, ha dicho la consejera Andaluza, María José Sánchez Rubio. Un argumento similar al que desarrolló Castilla y León en su recurso judicial contra este copago, en el que decía que podía generar un “deterioro de la prestación sanitaria”