Tres preguntas sobre la reforma sanitaria

Los portavoces de sanidad de los principales partidos de la oposición hacen ahora balance

M. R. S. / E. G. S. Madrid 17 ABR 2014 - 20:46 CET

La reforma sanitaria emprendida por el Gobierno cumple dos años. Los portavoces de sanidad de los principales partidos de la oposición hacen ahora balance. José Martínez Olmos, del PSOE; Gaspar Llamazares, de IU y Conxita Tarruella, de CiU, son muy críticos con el cambio. Además, los tres temen que lleguen nuevas regulaciones que sigan recortando derechos en la sanidad pública.

José Martínez Olmos (PSOE): "No ha servido para hacer más sostenible el sistema"

Pregunta. ¿Cuál es su balance de la reforma sanitaria?

Respuesta. Tremendamente negativo. Se ha excluido a cientos de miles de personas de la atención sanitaria, y eso no solo les perjudica a ellos sino a toda la comunidad; además, el Gobierno ha acabado también con el derecho a la sanidad por el hecho de ser español. Y no podemos obviar que la reforma ha agrandado la brecha entre las comunidades autónomas. y el Ministerio de Sanidad es incapaz de cohesionar.

Además, desde el punto de vista de la economía, la reforma no ha servido para hacer más sostenible el sistema. Sigue teniendo déficit. En 2012 ese déficit fue de 9.000 millones de euros, en 2013, de 7.000… Y mientras tanto, Ana Mato, la peor ministra de la democracia, como ya saben los ciudadanos tal y como se desprende de sus respuestas en las encuestas, está escondida. No da la cara. Tiene pendientes 30 preguntas parlamentarias y solo ha ido a la Comisión de Sanidad del Congreso dos veces…

P. ¿Está teniendo efectos?

R. Además de la desigualdad que ya se empieza a ver entre comunidades en elementos como la devolución de lo que supera el tope del copago farmacéutico, ya se detectando problemas para recibir atención fuera de la comunidad de residencia o para retirar la medicación de farmacias de otros lugares… Y las las organizaciones de profesionales sanitarios han alertado de que el aumento del copago farmacéutico está provocando que algunos colectivos, sobre todo enfermos crónicos o pensionistas, estén dejando de tomar sus tratamientos de manera adecuada porque tienen dificultades para pagarlos. Esto es un fracaso absoluto de una política sanitaria que no ha luchado por el sistema.

P. ¿Habrá nuevas medidas?

R. Lo más temible, como ya lo han puesto de manifiesto los colegios de médicos, es que se implanten más copagos. Tememos que lo hagan después de las elecciones europeas. Expertos en reforma fiscal han recomendado que lo hagan las comunidades autónomas. No sé lo que hará el Gobierno, pero como Ana Mato no tiene autoridad frente a las decisiones económicas. También está claro que la cartera de servicios se va a recortar. Y tememos que se sigan produciendo retrasos en la entrada en la financiación de los fármacos innovadores…

Gaspar Llamazares (IU): "Ha convertido al Ministerio de Sanidad en una delegación de Hacienda"

Pregunta. ¿Cuál es su balance de la reforma sanitaria?

Respuesta. Es más bien una contrarreforma, que además ha convertido al Ministerio de Sanidad en una delegación del Ministerio de Hacienda. Su única estrategia ha sido recortes, copagos y privatizaciones, y el resultado es un deterioro del sistema nacional de salud, como muestran los indicadores del propio sistema --con el aumento de las listas de espera, los recortes de personal--, que perciben los ciudadanos, tal y como revelan las encuestas. Ha creado, además, un desbarajuste organizativo por la política de los colectivos excluidos. Una política que además de perjudicar a este grupo, ha dejado al resto en una situación de inseguridad.

El balance, en definitiva, es catastrófico. La contrarreforma solo se aguanta porque tenemos un sistema con una dimensión y un nivel de compromiso muy importante. No han conseguido demoler el sistema, pero va a ser una tarea de titanes recomponerlo. Le han abierto vías de agua muy importantes a este transatlántico.

P. ¿Está teniendo efectos?

R. Hemos comprobado ya consecuencias del copago farmacéutico. Sabemos que se ha producido un efecto disuasorio en la retirada de los fármacos en los enfermos crónicos, en los ancianos… Las sociedades científicas ya han alertado del impacto de esta medida en enfermos de cáncer, de hepatitis C o en personas con VIH, por ejemplo. Ahora tienen la barrera de la enfermedad y una barrera económica cada vez más importante. La contrarreforma también está teniendo un efecto muy negativo sobre las personas en situación irregular, sobre todo en aquellos con enfermedades infecciosas.

Y no podemos olvidar los recortes. Entre 40.000 y 50.000 profesionales han salido del sistema sanitario público, eso es un 10% del personal. Y las listas de espera, aunque tenemos datos muy parciales, han subido entre un 50% y un 40% en algunas comunidades. Eso demuestra que la afectación del sistema ha sido grave. No estamos en la UCI, pero estamos en planta.

P. ¿Habrá nuevas medidas?

R. El real decreto es una bomba de fragmentación, tiene efectos a corto plazo, pero se va desarrollando con más fuerza. Y si a eso le unimos que Hacienda y la UE han aflojado solo por razones electorales, la perspectiva no es buena. También es muy peligrosa la revisión de la cartera de servicios que está haciendo el ministerio. Es muy peligroso hacer por ley algo tan móvil, que debería estar pendiente de innovaciones… Y en la misma línea estamos viendo también un problema enorme en el retraso de la entrada en la financiación de los fármacos innovadores.

El Gobierno va a continuar profundizando en las políticas que se ha visto obligado a retrasar o a paralizar. Pero continuará. Aunque si hubiera un mínimo de sensibilidad de cara al Pacto de Estado por la sanidad, que estamos debatiendo ahora, debería aprovechar el auto del Tribunal Constitucional sobre el recurso de Navarra, en el que avala la atención a los extranjeros en situación irregular, para devolverles el derecho a la sanidad. El Constitucional ya lo dice: no se puede anteponer el criterio de ajuste al derecho a la salud y a los derechos humanos; un ajuste, además, que está en duda.

Conxita Tarruella (CiU): "Debe estudiarse a fondo el efecto del aumento del copago farmacéutico"

Pregunta. ¿Cuál es su balance de la reforma sanitaria?

Respuesta. El balance no puede ser positivo.Hay un antes y un después de este decreto, que cambió totalmente nuestro sistema sanitario. Ha pasado de ser de una concepción universal a una concepción de aseguramiento. Nosotros pedimos en el Congreso que se hiciera a través de un proyecto de ley, para que pudiera debatirse y pactarse, y el Gobierno se negó alegando la urgencia. Una urgencia que luego hemos visto que no era tal, porque a la hora de la verdad muchas medidas que se han demostrado equivocadas no se han puesto en marcha, como los copagos por el transporte sanitario no urgente, los dietoterápicos o los fármacos de dispensación ambulatoria…

En la próxima Comisión de Sanidad del Congreso se votarán las conclusiones de lo que podría ser un pacto por la sanidad de los grupos políticos, y el principal escollo que hay, donde no nos ponemos de acuerdo por la postura del Partido Popular, es en la universalidad de la sanidad. Nosotros defendemos que es un derecho de la ciudadanía; ellos la ven como un aseguramiento.

P. ¿Está teniendo efectos?

R. La reforma es un paso hacia atrás importantísimo. Está impidiendo que algunas personas tomen su medicación correctamente por problemas económicos. Eso debería estudiarse a fondo. Los copagos, y más en estos momentos tan complicados, pueden generar muchos problemas. También hay problemas en el acceso a los fármacos innovadores, cuya entrada en el sistema de los fármacos financiados se está retrasando mucho.

La reforma se emprendió teóricamente para ahorrar, pero no se ha ahorrado, lo que se ha hecho es obligar al ciudadano a pagar más. Me parece bien que los ciudadanos paguen por los fármacos de manera modulada en función de la renta, pero lo que no puede ser es el tipo de copago que se ha hecho. Los tramos son injustos y debería haber un tope mensual para no penalizar más a los más enfermos. La ministra Ana Mato no dice la verdad cuando dice que los discapacitados están dispensados del copago por los fármacos. Los únicos que no pagan son los grandes discapacitados. El resto tiene que pagar exactamente igual que los activos, a pesar de que el coste económico de su vida diaria es mucho más alto. Aquí no hay compensación, y sin un tope mensual muchas de estas personas no pueden tratarse como deberían.

P. ¿Habrá nuevas medidas?

R. El coste social de la reforma puede ser grande. Y mucho me temo que habrá más medidas, sobre todo en el campo de la industria farmacéutica. Medidas sin avisar, de la noche a la mañana. Y nos preocupa mucho cómo va la marcha de las políticas emprendidas por el Gobierno. Están intentando también recentralizar y tomar medidas por cosas que no son competencia suya, como temas de profesionales, de organización de servicios…