ver fotogaleríaCarlos Ramos, médico, se movilizó para evitar la supresión del helicóptero de urgencias de la sierra Norte de Madrid. / SANTI BURGOS
Siete personas corrientes que desafiaron a las altas instancias
JOSEBA ELOLA Madrid 8
Como David contra Goliat, los protagonistas de este reportaje se enfrentaron al poder por las causas en las que creían
Siete batallas contra Goliat
Historias de ciudadanos que no dudaron en desafiar a altas instancias por algo en lo que creían
ver fotogaleríaRoberto Irimia, portavoz y uno de los fundadores de la plataforma que ha frenado una tala masiva de árboles en Sarria, Lugo, en el río Sarria. / XOSÉ MARRA
Son de los que no se callan, ni se quedan quietos. Gente a la que le gusta actuar cuando se enfrenta a una injusticia. Ciudadanos que, desde su actividad profesional o, simplemente, desde su conciencia cívica, intentaron cambiar las cosas sin que les intimidara el tamaño del rival en la batalla. Estos son tan solo algunos casos de personas que decidieron, en un momento determinado, alzar la voz.
» Roberto y sus vecinos contra la tala de árboles del Malecón.
Roberto Irimia recibió las pasadas navidades la visita de Nieves, una amiga de la infancia, que quedó estupefacta al ver la escabechina de árboles que se estaba preparando en Sarria, a 33 kilómetros de Lugo. El Ayuntamiento ya había puesto en marcha la tala de 178 alisos (93, según las autoridades municipales) que aparecían marcados con una cruz en el malecón de la ciudad. Al poco, en el bar A Travesía dos Soños, este licenciado en Historia de 49 años, que regenta una agencia de viajes, puso en marcha, junto a otras tres personas, una organización ciudadana para parar las obras que se avecinaban: la Plataforma Sarriana polo Río.
Se descargaron el proyecto de la web de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y, según relata, no tardaron en comprobar que, además de talar árboles, la obra implicaba la destrucción de un estribo de un puente medieval sobre el que pasa el Camino francés a Santiago, además de derribar dos puentes centenarios y cercenar una isla fluvial. En teoría, todo ello respondía a la necesidad de encauzar un río que se desborda. “Pero en realidad se trataba de un plan de embellecimiento del río que no solucionaba los problemas de encauzamiento”, dice Irimia, cofundador y portavoz de la plataforma.
A sus 49 años, Roberto Irimia es de los que no se calla, lo tienen claro en el pueblo. “Saben que soy una persona combativa, por eso me pusieron de portavoz”, argumenta. El año pasado ya puso en marcha una recogida de firmas para la conservación de un monumento medieval, la Torre Fortaleza. “Alguno dirá que soy una mosca cojonera, pero yo sé qué modelo de pueblo quiero para mis hijos”.
En Sarria, a uno de los puentes del proyecto lo llaman el puente de los hermanos Calatrava: por ser la típica obra faraónica que no pega ni con cola; y por el dúo cómico de los años sesenta-setenta. “Es una barbaridad, además de un desastre”, dice Irimia, que explica que la obra es otro atropello urbanístico más de los que se estilan en este país. De ahí que la plataforma apostara por un modelo de resistencia ciudadana que ha incluido manifestaciones, uso activo de las redes sociales y acciones de vecinos que se encadenaron a los árboles para evitar la tala.
El alcalde, José Antonio García, dice que no se trata de ningún atropello urbanístico, que las obras son para paliar las inundaciones y que es un proyecto que cuenta con todos los permisos legales.
Una quincena de árboles han caído, pero la tala está en estos momentos paralizada cautelarmente por el juzgado. La denuncia presentada por los vecinos causó efecto. “Ojalá fuéramos El Gamonal”, dice Irimia en alusión a la plataforma que en Burgos consiguió paralizar unas polémicas obras, “por la solución final que consiguieron”. En esas están los vecinos. Intentando parar lo que consideran un despropósito municipal.
» El médico que salvó el helicóptero de emergencia.
Lo llaman la hora de oro. O los 20 minutos de platino. Es ese corto lapso que separa la vida de la muerte cuando una persona ha tenido un accidente. Si se llega a tiempo al lugar en que han ocurrido los hechos y se traslada al paciente rápidamente al quirófano, hay esperanza.
El médico Carlos Ramos tiene bien presente este concepto. De ahí que decidiera encabezar una lucha decidida para salvar uno de los dos helicópteros de emergencias en la Comunidad Autónoma de Madrid, el que da servicio a la zona norte.
Fue en octubre de 2012 cuando tuvo acceso al documento de los presupuestos de la Consejería de Sanidad para 2013 y observó que se iba a prescindir de un helicóptero. Eso no tenía por qué significar que él fuera a perder su puesto de trabajo, no; las urgencias se podrían cubrir mediante ambulancias. Pero, ¿y la hora de oro?
El viento sopla en el helipuerto de Lozoyuela y Ramos, de 52 años, con su mono azul y amarillo reflectante, se sitúa junto al helicóptero amarillo que, básicamente, incorpora el mismo equipamiento que una UVI móvil terrestre, incubadora incluida. Cuenta que este servicio comenzó a funcionar en 1996, tras el fallecimiento de una niña en Prádena del Rincón: entonces solo había una ambulancia para las emergencias.
Cuando Ramos y sus compañeros se dieron cuenta de los planes de la Consejería —que arguyó que el otro helicóptero que tiene la Comunidad cubriría las necesidades de la zona; y que se podría recurrir a una segunda aeronave bajo petición—, empezaron a recorrer los bares y comercios de la comarca, dejando en ellos hojas para recoger firmas. “La gente se implicó, funcionó el boca a boca". En 2013, se realizaron un total de 211 misiones, en 74 de las cuales su equipo estima que salvaron de forma directa la vida de la persona en peligro. Como el caso de aquel hombre que sufrió una parada cardiaca en la Bola del mundo, en la estación de Valdeski, y que pudo salvarse. En 137 de sus misiones, asegura, han contribuido a reducir secuelas funcionales graves.
Los alcaldes de la zona se sumaron a la protesta. Los apoyos crecían. Pero la Consejería de Sanidad parecía no inmutarse. Ramos se convirtió en el portavoz de la movilización porque suele ser de los que se implican. Hace tres años ya encabezó una protesta reclamando cascos y ropa ignífuga para la tripulación del helicóptero. “Lo malo es que los jefes te pueden poner en la lista negra”, explica en la sede de los bomberos de Lozoyuela, donde está basada su unidad. “Me podían haber abierto un expediente, pero no ha sucedido. Si no protestas y te quejas, te pisan”.
El 28 de febrero de 2013, cuando estaban a punto de entregar las 5.000 firmas recogidas, Ramos recibía un mensaje en su móvil. La Consejería de Sanidad daba marcha atrás. “Me dije: “No puede ser. Y lloré. Me emocioné”.
» El ciudadano que lucha por el derecho al olvido.
Cuando alguien ve algo injusto y tiene la posibilidad de hacer algo, tiene que hacerlo”, afirma la arquitecta Elena Alfaro
Mario Costeja fue Mario Costeza, con zeta, durante tres años. Entre 2008 y 2011. Todo se debió a un error de imprenta en su tarjeta de visita. Este perito judicial calígrafo, que también es experto en comunicación no verbal, decidió utilizarla, error incluido, durante aquel periodo, para evitar los problemas que se le planteaban cada vez que alguien buscaba su nombre en Google.
Fue en el año 1998 cuando, a instancias del Ministerio de Trabajo, La Vanguardia publicó la subasta de un bien que le embargaron por un impago a la Seguridad Social. La digitalización de las páginas del rotativo catalán propició que, años más tarde, cada vez que alguien buscaba su nombre, saliera la historia de su deuda, que ya estaba saldada, según explica. “Mis clientes me decían: 'si no sabes solucionar tus asuntos, no podrás solucionar los míos”. Tras solicitar de forma individual a Google que retirara de algún modo esa información de la red, con escaso éxito, invocando el derecho al olvido—cuestión de la que se acabaría convirtiendo en abanderado—, puso su caso en manos de la Agencia de Protección de Datos. Organismo que estimó que el gigante tecnológico debía retirar esa información. Pero Google recurrió ante la Audiencia Nacional, que elevó la cuestión a instancias europeas.
Costeja, de 56 años, lleva siete enfrascado en esta batalla, que aún no ha terminado. “La fuerza que me mueve es que las generaciones futuras tengan derecho a su intimidad”, dice. “Las empresas de Internet son totalitarias, yo siempre he luchado contra los totalitarismos”.
Cuenta que todo esto le ha costado dinero, aunque prefiere no precisar cuánto. “Me lo he gastado porque creo en ello”. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea aún debe pronunciarse sobre esta cuestión. El informe del Abogado General del pasado junio, paso previo al fallo europeo, venía a decir que la responsabilidad recae en la fuente que publicó la información; y que el buscador solo es responsable en parte. Se espera una resolución antes del verano; probablemente en mayo.
Desde Google, señalan que están a favor del derecho al olvido, pero que esto no debería entrañar ningún tipo de censura.
Hay más de 150 casos similares al de Costeja pendientes del dictamen europeo. “Quiero llevar la pelea hasta el final”, dice. “Quemar contenedores no tiene futuro, pero luchar por unos ideales, sí que es útil: es lo que más temen los políticos”.
» Dos ingenieros que descubrieron cobros energéticos indebidos.
José López, ingeniero ourensano de 48 años, puso en marcha en febrero de 2012 una empresa de sistemas de control energético junto a Alberto Estévez y otros dos socios más. Se acercaron a un par de ayuntamientos —el primero, Parada do Sil (Ourense)— y ofrecieron sus servicios para implantar mecanismos que ayudaran a regular el alumbrado público. Ahí saltó la sorpresa.
Para demostrar que sus equipos electrónicos, que actúan farola a farola, permiten un ahorro, solicitaron a los ayuntamientos que les mostraran las facturas de lo que pagaban. “Encontramos un error, pero nos pareció raro”, relata Estévez. Al revisar la legislación, en el verano de 2012, vieron que Gas Natural Fenosa cobraba a los ayuntamientos un concepto que, sostienen, la legislación dice que no se puede cobrar. En su análisis de las facturas, vieron que el error no era puntual. Se repetía varios años.
Presentaron una reclamación ante la Consellería de Industria de la Xunta. En enero de 2013, se dirigieron a la Delegación de Consumo en Ourense. “Ni siquiera la administración actuaba cuando se les argumentaba que estas compañías se llevaban un dinero que es de todos”, dice López. Acabaron plantándose ante la Comisión Nacional de la Energía hoy englobada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Extrapolando las cifras obtenidas en el análisis de las cuentas de 20 ayuntamientos, calcularon que lo pagado de más podría rondar los ocho millones de euros solo en Galicia. “No había interés en mover nada. ¿O había algún otro interés?”, se pregunta López.
Tres meses más tarde, Gas Natural Fenosa empezaba a devolver los importes correpondientes a un año amparándose en un informe interno de la CNMC, sostiene el ingeniero. “Si el ciudadano no cumple la ley, le crujen”, dice Estévez, “pero este tipo de compañías se desvían y no les pasa nada. Ahí hay mucho tomate. Alguien debería tomar cartas en el asunto”.
López y Estévez no ocultan que les mueve un interés particular en todo este asunto. Su empresa se ofrece a los ayuntamientos para revisar facturas, reclamar, y llevarse un porcentaje si la reclamación llega a buen término. “Con esta empresa nunca pensamos que al final nos acabaríamos dedicando a esto”, dice López. “Tenemos un interés mercantil, sí, pero también un interés cívico. Esto es un escándalo”.
Desde Gas Natural Fenosa señalan que solo se volvió a facturar un año porque así lo decidió la CNMC y que, en cualquier caso, la empresa no se enriqueció como consecuencia de los cobros que se realizaron en el pasado. Explican que se ha producido un cambio de criterio por parte del organismo regulador que ha permitido que los ayuntamientos afectados pudieran reclamar. Y que, de hecho, se está procediendo a la devolución en los casos detectados y ya se está aplicando la nueva normativa en las facturaciones.
También recuerdan que lo que facturan los ayuntamientos lo cobra la empresa distribuidora, en este caso, Gas Natural Fenosa, pero que esos ingresos van destinados al sistema eléctrico en su conjunto, para mejorar su eficiencia. Por lo tanto, la compañía no ingresó nada directamente como consecuencia de esos pagos, recuerdan. Y añaden que la CNMC no ha dicho que Gas Natural Fenosa haya incurrido en ninguna mala praxis.
» Dos abogados de pueblo contra el rescate a la banca.
Lo de luchar contra los grandes es algo que les viene de lejos. Allá por el año 1989, Guillermo Fernández Blanco y su hermano José Carlos ya la emprendieron contra la siderúrgica Ensidesa desde su humilde despacho de abogados. Crecieron en el barrio obrero de Trasona, a cinco kilómetros de Avilés. Cada día tenían que atravesar las instalaciones del gigante de la siderurgia por un camino público que, en la práctica, cuenta Guillermo, Ensidesa manejaba como propio. Interpusieron una querella criminal.
Han pasado 35 años de aquello y los hermanos Fernández Blanco siguen siendo, como ellos mismos dicen, dos abogados de pueblo. Pero de los que no dudan en enzarzarse con altas instancias. Su batalla en estos momentos es contra el rescate a la banca. Más concretamente, contra la Ley 9/2012 de reestructuración y resolución de entidades de crédito, contra la que han planteado un recurso ante la Audiencia Nacional.
Según explica José Carlos, el mayor de los dos, de 55 años, los ahorradores que, inducidos por el banco, adquirieron deuda subordinada, se vieron obligados, a través del tratado firmado por España ante la UE a canjear sus capitales por acciones de la entidad. “Permitieron que un organismo interviniera y se apropiara de las cuentas de la gente en el nombre de la solvencia bancaria”.
En marzo de 2013, cuenta Guillermo, el menor, de 51 años, el fondo de rescate FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) daba un plazo de apenas diez días a los titulares de la deuda para convertirla en acciones. Los que las tenían en Cajastur, denuncia, perdieron el 65% del valor de los depósitos con toda esta operación. Desde la caja no realizan declaraciones. “El Estado de Derecho ha desaparecido. La solvencia bancaria está por encima de todo. Lo que se ha hecho en este país es un ataque sin precendetes a la propiedad privada”, dice Guillermo, enervado. “Han quitado el dinero a los ahorradores”.
Los hermanos Fernández Blanco han ganado de momento 30 pleitos individuales planteados por pequeños ahorradores en los tribunales. Tienen una segunda vía abierta, penal, contra las entidades bancarias, por estafa. Pero el alcance del engaño a los ahorradores, explica, les condujo a impugnar todo el proceso ante la Audiencia Nacional el pasado mes de julio. “No somos vendedores de aspiradoras de segunda mano”, dice Guillermo, “y tampoco somos una ONG. Pero somos gente sensible que defiende los intereses de las personas y vivimos en un Estado de derecho. Cada cual debe desempeñar su papel”.
En la puerta del bajo en que tienen su despacho, junto al Ayuntamiento de Avilés, hay un cartel que reza: “Consultas gratuitas”. El recurso ante la Audiencia Nacional, aseguran, lo están pagando de su bolsillo.
» La mujer que luchó por la reutilización de los libros de texto.
El día en que Elena Alfaro vio una factura que reflejaba lo que cuestan los libros que un niño de ocho años necesita para ir al colegio, decidió que tenía que hacer algo. Corría el verano de 2012. La madre del chiquillo, procedente de una familia humilde de la localidad madrileña de Parla, se había gastado 204,5 euros. Al hijo mayor solo había podido comprarle el libro de Lengua Española, que costaba 38,70 euros. El presupuesto no daba para más.
En la familia en la que creció esta arquitecta madrileña, la reutilización de libros siempre estuvo a la orden del día. Eran 15 hermanos. Se los pasaban unos a otros con soltura. “Me di cuenta de que el sistema se había sofisticado de tal manera que ya no era posible hacer eso”, dice Alfaro en la cafetería de una céntrica tienda de libros del centro de Madrid. Y se puso manos a la obra.
Alfaro vive sin estrecheces, sus hijos van a un colegio privado y no tienen este tipo de problemas. Pero el trabajo que hace su madre en Cáritas, ayudando a familias con necesidades, le hizo tomar conciencia de una realidad que la factura de más de doscientos euros terminó de iluminar.
Puso en marcha una recogida de firmas en la página de la plataforma change.org. El 5 de septiembre ya contaba con 94.000 rúbricas. Entró en contacto con los responsables en temas de educación de los partidos políticos y halló buena receptividad en las filas de UPyD. Tanto es así que, según cuenta, le pidieron que redactara un borrador de enmienda con su propuesta para poder presentarla al debate de los presupuestos de septiembre de 2012. Ni corta ni perezosa, sin saber si aquello era una broma o si estaban poniendo a prueba su capacidad de trabajo, Alfaro llamó a gente que le pudiera ayudar: un hermano, un amigo, una funcionaria de alto nivel, el letrado de una asamblea regional. En una semana remitió su documento a UPyD.
Finalmente, su borrador encontró vía de entrada mediante una proposición no de ley que se presentó en septiembre de 2013, un año más tarde. Para entonces ya tenía 270.000 firmas digitales respaldando su lucha. “Cuando alguien ve algo injusto y tiene posibilidad de hacer algo, tiene que hacerlo”, afirma Alfaro con energía. “No hay que ser un genio, ni tener contactos. Solo hay que tener claro qué es lo que no está bien”.
El 28 de noviembre de 2013 el Congreso de los Diputados aprobaba la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que en su Disposición Adicional 5ª incorporaba su petición. El nombre de Elena Alfaro apareció en el diario de sesiones del Congreso, algo de lo que está muy orgullosa. Ahora queda que cada Comunidad Autónoma desarrolle las fórmulas que prevé la ley. Ella lo tiene claro: “Es el momento de meter un poco más de presión”.
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