El gasto por habitante en sanidad y educación cae un 21% en la crisis

Pensiones y prestaciones de desempleo limitan al 10% el retroceso del esfuerzo público per cápita en el total de políticas sociales

El gasto por habitante en educación y sanidad se recorta el 20% en la crisis

El esfuerzo público per cápita en todas las políticas sociales baja un 10% de 2009 a 2013.

ALEJANDRO BOLAÑOS Madrid 4 MAY 2015 - 19:54 CEST

"El Estado del bienestar ha sufrido, sin duda, pero no se ha destruido". La conclusión expuesta este lunes por el director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Francisco Pérez, se basa en una catarata de datos; los que ha analizado el IVIE, en colaboración con la Fundación BBVA, para profundizar en qué ha pasado con el gasto público en políticas sociales durante los últimos años. Como era de prever, los ajustes presupuestarios se dejan notar, aunque de forma muy diversa: en protección social, que incluye sobre todo los pagos de prestaciones por desempleo y pensiones que gestión la Seguridad Social (aunque también políticas de dependencia, de vivienda o contra la exclusión), el gasto público real por habitante apenas bajó un 2,7% entre 2009 y 2013, último año analizado. Sin embargo, el esfuerzo público per cápita en sanidad y educación, gestionadas básicamente por las comunidades, se recortó cerca del 21% en la crisis como consecuencia de los ajustes presupuestarios.

En conjunto, el gasto real por habitante de todas las Administraciones en lo que el Ivie cataloga como "servicios públicos fundamentales" retrocede un 10,1% entre 2009 (6.933 euros per cápita) y 2013 (6.230), años en los que se concentró el recorte del gasto, habida cuenta de que los ingresos, con dos recesiones consecutivas, apenas aportaron al ajuste presupuestario pese a las subidas de impuestos. "En este periodo ha habido una voluntad política de mantener el gasto en pensiones", destacó el director del Ivie. Son derechos individuales en los que la incidencia territorial de las políticas de gasto e ingreso es mínima, como ocurre con las prestaciones por desempleo, en las que lo determinante no son las decisiones de las Administraciones, sino el número de parados con derecho a prestación en cada territorio.

El estallido de la crisis catapultó el déficit público español al 11% del PIB, y los sucesivos planes de ajuste anunciados para tratar de cumplir con lo exigido por Bruselas incluyeron también a la sanidad y la educación. El mayor tijeretazo lo anunció el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, al plantear un recorte conjunto de 10.000 millones en ambas competencias, de gestión esencialmente autonómica. Los datos del IVIE reflejan que el gobierno autonómico de Castilla-La Mancha fue el que más recortó el gasto por habitante en políticas sociales, un 30% respecto a 2009, seguido de Canarias (un 25%), Comunidad Valenciana (22,7%) y Cataluña (22,6%). Asturias, con un recorte del 6%, y Cantabria (10%) llevaron a cabo los menores ajustes.

“La intensidad del recorte tiene que ver mucho con el punto de partida de deuda y déficit. Si a todas las comunidades les ponen el mismo objetivo, quien está más lejos tiene que correr más”, explicó en conferencia de prensa el catedrático Francisco Pérez. El ejecutivo que preside la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal fue el alumno más aplicado: Castilla-La Mancha ajustó el déficit del 7% del PIB regional en 2010 al 2% en 2013. Y eso se deja notar en el gasto social.

El gobierno autónomo de Cospedal es el que más redujo el gasto per cápita en sanidad (28,5%), seguido de Canarias (un 26,6%). Una caída que contrasta con el limitado ajuste de Cantabria (un 8% menos). En educación, solo recortó más el gobierno de la Comunidad Valenciana, un 28,2%, mientras que en Castilla-La Mancha y Cataluña el ajuste fue del 26,5%. En el extremo contrario, Asturias, que elevó el gasto un 3,2%. El ejecutivo castellano-manchego vuelve a ser el que más aplicó la tijera al gasto en prestaciones sociales (dependencia, vivienda, integración social), con un recorte del 40%, mientras que en Andalucía fue del 35% y en Baleares del 32%.

Si se tiene en cuenta el gasto de todas las administraciones, las diferencias territoriales en el esfuerzo per cápita en educación alcanzan el 55% en 2013 (en País Vasco se gastan 1.224 euros por habitante, en Comunidad de Madrid, 791) y el 45% en sanidad (1.714 euros per cápita en Asturias frente a 1.182 en Andalucía). “Esas diferencias no son compatibles con la igualdad en el acceso a servicios públicos fundamentales”, subrayó el director del IVIE.

Para Pérez, la explicación básica no está en las distintas políticas aplicadas en cada comunidad o en que las necesidades (por demografía o dispersión en el territorio) varíen, sino en los recursos recibidos, donde la brecha (entre Navarra y Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia o Castilla-La Mancha) se amplía al 60%. Como otros expertos antes, el IVIE reclama cambiar la forma de calcular la financiación foral para Navarra y País Vasco, y también corregir el sistema de régimen general, que beneficia a comunidades como Cantabria.

Además, los expertos del IVIE instan a dotar fondos de reserva para sanidad y educación, como ya se hizo con las pensiones, en los tiempos de bonanza para recurrir a ellos en periodos de crisis. Y plantean que se garantice la financiación necesaria a las comunidades para preservar un objetivo mínimo en ambas partidas.