Dependencia: se ignora en qué, y cómo, se gasta el 30% del dinero

La financiación no finalista que el Estado da a las CCAA, además del 20% finalista, y que se usaría en otros ámbitos, hace dudar del destino real de un dinero previsto para los dependientes.

José A. Plaza. Madrid | japlaza@unidadeditorial.es | 10/07/2014 00:00

Financiación pública de la dependencia en 2012 (Imserso)

VISTA:

La financiación de la dependencia sigue trayendo de cabeza a Gobierno central, autonomías y, por descontado, a los dependientes. La ley marca, desde sus inicios, que el Estado debe aportar el 50 por ciento de los fondos, y que las autonomías tienen que poner otro tanto. Esta es la teoría; la práctica genera disputas entre Gobierno, autonomías, Imserso, sindicatos y Asociación de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales (Adgss).

La realidad es ésta. El Gobierno, apoyado por el último informe del Tribunal de Cuentas, defiende a capa y espada que se cumple este reparto equitativo. En la explicación del 50 por ciento (concretamente, un 49,23) reside la polémica: sólo un 19,71, el que parte del nivel mínimo de protección, es financiación finalista, que efectivamente revierte en el abordaje de la dependencia. El 29,52 por ciento que resta hasta sumar el 49,23 parte de unos fondos, aprobados en 2009 y no finalistas, que suponen recursos adicionales "directamente vinculados al número de dependientes" que hay en cada autonomía.

¿Y los 1.200 millones?
Dicho así, puede entenderse la postura del Imserso y el Tribunal de Cuentas: el Gobierno da el dinero. Pero, indagando en el destino de esta financiación no finalista, se comprenden mejor las críticas. Nadie sabe exactamente en qué se destinan estos fondos adicionales: el dinero llega, pero se ignora en qué utiliza, y se da por hecho que no todo revierte en la dependencia.

Tanto Ministerio como sindicatos reconocen que parte del 30 por ciento de fondos no finalistas no revierten en dependencia; Sanidad aspira a aumentar la financiación mínima

No lo dice sólo la parte más crítica; también el Ministerio. Fuentes de Sanidad reconocieron ayer a DM que este 29,52 por ciento de fondos, que se traducen en unos 1.200 millones repartidos entre las autonomías (ver cuadro), pueden estar gastándose en otras partidas ajenas a la dependencia. Al no ser finalistas, las autonomías no estarían incurriendo en ilegalidad. Estas fuentes ministeriales reconocen algo que también señala el Tribunal de Cuentas: no hay manera de medir cómo gastan las autonomías el dinero para la dependencia.

A partir de aquí, caben las interpretaciones. Sanidad prefiere ver la pelota en el tejado de las autonomías, y considera que el Tribunal de Cuentas, al hablar de falta de transparencia y evaluación, deja en mal lugar a las comunidades. Éstas suelen aferrarse a una infrafinanciación endémica.
Visto así, el Ministerio reconoce dos vías obvias para desatascar esta situación: aumentar el 19,71 de nivel mínimo (la parte finalista), para asegurar que las autonomías destinan más fondos a la dependencia, o transformar en finalista (total o parcialmente) el 29,52 por ciento del presupuesto que ahora no lo es.

Ambas opciones estarían atascadas por la esperada modificación del sistema de financiación autonómico, que depende del Ministerio de Hacienda y las autonomías, y concretamente del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este futuro debate dejaría a Sanidad de manos atadas, o al menos eso alega el Ministerio, que teme que cualquier cambio en las dos citadas opciones sea luego desautorizado por el nuevo sistema de financiación autonómica, o por alguna decisión de Hacienda vinculada con el proceso.

Pendientes de Hacienda
Aun así, Sanidad admite que la manera más viable de descongestionar el sistema sería aumentar la aportación mínima finalista, algo que llevan pidiendo tiempo los gestores de servicios sociales. Si la nueva financiación autonómica, y el Ministerio de Hacienda, lo permiten, el Imserso podría elevar el porcentaje.

Sanidad dice que no puede desbloquear el problema porque depende del nuevo modelo de financiación autonómica, y deja parte de la pelota en el tejado de las regiones

Desde el lado de los sindicatos, fuentes de CCOO dijeron ayer a DM que el Tribunal de Cuentas "se ha rendido" en su último informe a las "medias verdades" del Gobierno, dando por bueno un 50 por ciento de financiación estatal "cuando la verdad es que el Gobierno sólo destina directamente la dependencia un 20 por ciento, menos incluso que hace años".

El sindicato considera que el problema no es sólo el carácter finalista, o no, de los fondos, sino que el quid de la cuestión reside en que la dependencia "no forma parte de la agenda política". En su opinión, los fondos no finalistas son sólo "una manera de mejorar la financiación global de algunas comunidades". Además, argumenta que el dinero que, en principio, iría ligado al número de dependientes, no se revisa desde 2009.

El cuadro aportado por el Imserso (con datos de 2012) desvela una importante heterogeneidad autonómica. Siempre partiendo del reparto equitativo 50-50, se desvela que sólo tres comunidades (Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha) superan el 51 por ciento de financiación, con un 73, un 63 y un 60 por ciento). La mayoría de autonomías, según Sanidad, aportaron menos de la mitad de fondos, con Galicia, Andalucía y Baleares rondando el 30 por ciento.