El control definitivo: su ADN en el DNI · ELPAÍS.com

REPORTAJE: vida&artes
El control definitivo: su ADN en el DNI
Los juristas rechazan la recopilación de datos genéticos con el carné de identidad, salvo sospechosos - ¿Y si hay voluntarios?
JESÚS DUVA 26/04/2011

Todos los españoles mayores de 14 años están obligados a tener el Documento Nacional de Identidad (DNI), mientras que para los menores de esa edad solo tiene carácter voluntario. Gracias al DNI, la Administración estatal dispone de un gigantesco banco de datos con millones de fotos, huellas dactilares y firmas electrónicas. La huella digital ha sido -y sigue siendo- un muy útil instrumento para identificar a las personas. Pero los avances científicos han revelado que el ácido desoxirribonucleico (ADN) que contiene la información genética de cada individuo es el más eficaz método de identificación. El ADN es la nueva huella digital del siglo XXI.

¿Podría ocurrir que la huella genética fuera incorporada en un futuro más o menos próximo al DNI? ¿Es solo ciencia-ficción la posibilidad de incluir en el actual DNI la ficha del ADN del titular? Es factible y viable, según fuentes policiales, "siempre que eso se hiciera solamente a efectos civiles, no para emplear esos datos en investigaciones criminales". Ni el Cuerpo Nacional de Policía ni la Guardia Civil se han planteado poner en marcha un sistema tan complejo. Por el momento.

La hipótesis no parece tan descabellada como para arrojarla de un plumazo a la papelera. De hecho, el jefe de policía de Rotterdam (Holanda) lanzó hace varias semanas la propuesta de crear un fichero con los datos genéticos de todos los holandeses. Ante esta iniciativa, la izquierda verde holandesa se lanzó en tromba para acusar al mando policial de querer violar los derechos constitucionales. En su opinión, las investigaciones basadas en el ADN solo pueden aplicarse para atrapar delincuentes, no para controlar a personas libres de sospecha. Por ahora, pues, la idea parece desechada. ¿Pero para siempre?

Hace bien poco, el laborista Gordon Brown, entonces primer ministro británico, convulsionó a sus conciudadanos al anunciar su intención de implantar el documento nacional de identidad y la próxima creación de pasaportes con datos biométricos del titular (huella dactilar, fotografía y digitalización del iris).

El actual Gobierno británico decidió hace un año dar marcha atrás. El Ejecutivo encabezado por el conservador David Cameron considera que el plan de su predecesor constituía "una sustancial erosión de las libertades civiles".

Pese a esos escrúpulos, Reino Unido ya dispone de un apabullante fichero de ADN, con el perfil genético de unos cinco millones de ciudadanos sospechosos. "La ley inglesa permite almacenar muestras de ADN por cualquier infracción. De esa forma se está haciendo una base de datos poblacional", denuncia Pilar Nicolás Jiménez, profesora en el País Vasco, autora del libro La protección jurídica de los datos genéticos de carácter personal.

El Ministerio del Interior español, gracias al banco de datos creado hace tres años, ya cuenta con la huella genética de 183.000 sospechosos de estar implicados en algún delito violento. Por el momento, el Gobierno español se conforma con eso: no tiene ningún proyecto formal para ampliar ese fichero a los demás ciudadanos.

Sin embargo, los policías que investigan homicidios y casos de personas desaparecidas no ocultan que para ellos sería muy útil disponer de un fichero genético de millones de españoles. Eso permitiría, por ejemplo, identificar casi en el acto a los más de 2.000 cadáveres sin nombre que reposan en cámaras frigoríficas o que han sido enterrados de forma anónima en los últimos años.

Las fuerzas de seguridad del Estado son conscientes de las reticencias que tuvieron que vencer hasta que el 9 de noviembre de 2007 se puso en marcha el banco de datos genéticos solo para fines de investigación criminal. Hasta conseguirlo tuvieron que vencer casi dos décadas de dudas y recelos por parte del Parlamento, los juristas y diversas organizaciones de derechos humanos.

Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, opina: "Ante la eventualidad de incorporar al DNI datos derivados del ADN de la persona, habrá que tener en cuenta una serie de cautelas: primero, la preservación del derecho a la intimidad; segundo, impedir la difusión de los datos (habeas data) del ADN que sean distintos de los que sirvan exclusivamente para la identificación de la persona; y tercero, que los datos que se incorporen al DNI, de acuerdo con la ley reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, sean aquellos que proporcionen exclusivamente información genética reveladora de la identidad de la persona y su sexo"

"La tendencia general es que cada vez haya más bases de datos. Pero en paralelo los ciudadanos tienen que tener capacidad para resistirse. Siempre habrá reticencias por parte de quienes defienden la privacidad", afirma Artemi Rallo Lombarte, director de la Agencia Española de Protección de Datos. La información personal de que disponen los entes estatales "debe ser solo la necesaria para la finalidad concreta a que está dirigida", recalca Rallo. "Debe ser legítima, ponderada, equilibrada y proporcional respecto a las necesidades que viene a cubrir", insiste. Porque, en caso contrario, "podría suponer algo así como matar moscas a cañonazos".

Rallo admite, no obstante, que antes de pronunciarse abiertamente a favor o en contra de la inclusión del perfil genético en el DNI habría que dilucidar una cuestión básica: ¿se haría solamente para quienes quisieran hacerlo voluntariamente o se impondría por obligación a todos los españoles?

José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo y miembro del Comité de Bioética de España, tiene "dudas" legales respecto a que se pueda obligar a todos los españoles a dar su ADN para incorporarlo al DNI o a un banco de datos similar. Recuerda que en Gales ya se ensayó tiempo atrás la confección de una base de datos con fichas biométricas de los ciudadanos y al final se abandonó el proyecto. "Era excesivo e innecesario", argumenta Martín Pallín.

Tras alertar del riesgo que conlleva un "exceso de datos en manos de la policía", Martín Pallín no se plantea tantos problemas jurídicos en el caso de que hubiera españoles que voluntariamente depositaran su ADN con el fin de ser rápidamente identificados ante futuras contingencias (muerte, accidentes muy graves, etcétera). "Si se hace una campaña en positivo, es probable que hubiera muchos voluntarios. Otra cuestión a dilucidar sería si es rentable montar un sistema público, costoso, si solo sirve para el 10% o 15% de los ciudadanos".

Ricard Martínez Martínez, profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València, y su colega Nicolás coinciden al resaltar que la ley de Protección de Datos española establece que todos los datos genéticos se consideran datos relativos a la salud. "Al ser estos especialmente protegidos, su almacenamiento solo puede hacerse con el consentimiento expreso de la persona o bien mediante una ley que lo permita", dice Martínez. Por eso, considera que la creación de un DNI que incluyera el perfil genético del titular debería hacerse mediante una ley orgánica, que requiere una aprobación por un amplia mayoría del Congreso.

El razonamiento de Martínez continúa: "La ley exige que haya una proporcionalidad respecto al fin que se pretende. Ahora, la policía dispone de la huella dactilar, la tarjeta sanitaria, el carné de conducir, el tráfico de llamadas realizadas por el individuo... ¿Si ya tiene todos esos medios de investigación, para qué necesita más?".

El profesor Martínez manifiesta una postura claramente restrictiva y considera que la creación de un fichero de todos los ciudadanos requiere "una justificación muy precisa".

Tanto la policía como la Guardia Civil creen que así se identificaría en el acto a varios miles de personas fallecidas o desaparecidas. "Efectivamente, eso es un drama para las familias, pero es un drama relativo. ¿El sacrificio que la sociedad tendría que soportar -estar fichados genéticamente- compensa el beneficio que se podría obtener de ello? ¿Cuál es el precio que tendríamos que pagar?", recalca Martínez.

¿A qué se debe que nadie ponga objeciones a entregar mansamente su huella dactilar para que Interior le haga el DNI y, sin embargo, la huella genética despierta tantos recelos? "La huella dactilar no es un dato sensible, mientras que si yo doy una muestra de ADN no solo estoy fichado yo, sino que también lo están mis familiares. El ADN facilita a la vez una información de parentesco", dice la profesora Nicolás.

¿Suscitaría menos reparos si el teórico DNI que contuviera la huella genética fuera de carácter voluntario? "Bueno, antes de que una persona dé su consentimiento, deberíamos preguntarnos si este banco genético es necesario, imprescindible y proporcional con el fin que se desea alcanzar. Si la respuesta es no, la creación de este fichero ni siquiera está justificada por la voluntariedad de los ciudadanos", opina Pilar Nicolás.

Y más problemas: la ley permite hoy que un niño de 14 años pueda dar una muestra de su material biológico. Pero ¿un chico de esta edad tiene suficiente capacidad para discernir que significa hacer eso y las consecuencias que entraña esa decisión?

"Creo que habría que elevar de 14 a 18 la edad mínima para quienes estén dispuestos a ser incluidos en este fichero", sostiene Pilar Nicolás, integrante de la Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano.

Ricard Martínez pone sobre el tapete otro nuevo problema: "El consentimiento tiene que ser revocable. ¿Y qué pasaría si yo digo ahora que doy mi ADN y más tarde me arrepiento y digo que no? ¿Quién y cómo se me garantiza que esas muestras van a ser destruidas?". Él supone que "habría un cierto rechazo generalizado" entre la población a ese nuevo archivo.

Ya hay banco de datos en red en toda Europa, con millones de muestras de ADN, si bien solo están destinados a investigaciones biológicas. En Salamanca se halla el Banco Nacional de ADN, creado en 2004 con el fin de potenciar el desarrollo de la investigación en genómica. Los donantes, voluntarios, han de firmar previamente un documento de consentimiento informado.

Parece, pues, que lo que hasta hace poco sonaba a ciencia-ficción ya no lo es tanto.

Bajo la lupa del tribunal de Estrasburgo

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ya ha tenido que tomar cartas en el asunto en más de una ocasión a propósito de los bancos de datos de ADN.

Por ejemplo, este tribunal internacional falló en diciembre de 2008 que almacenar muestras de ADN de personas sin antecedentes delictivos viola sus derechos. El caso fue planteado por dos británicos, Michael Marper y un adolescente solo identificado como S. Ambos fueron arrestados en el 2001: Marper por hostigamiento y el menor por intento de robo, aunque los cargos decayeron posteriormente.

Los dos ciudadanos, cuyos casos no estaban relacionados, pidieron a la policía que retirase sus muestras de ADN y huellas digitales del fichero. Pero la policía se negó, aduciendo que los datos serían retenidos "para ayudar a la investigación delictiva". Ambos apelaron a la Cámara de los Lores, que falló que era legal mantener los datos y que no violaba los derechos humanos.

"Las muestras de ADN y las huellas digitales son vitales para la lucha contra el delito, ya que aportan a la policía más de 3.500 identificaciones mensuales", argumentó la que entonces era ministra del Interior, Jacqui Smith.

Sin embargo, el tribunal de Estrasburgo sentenció que mantener las muestras violaba el derecho de las personas a una vida privada, reconocido por la Convención de Derechos Humanos. El Reino Unido es signatario de esta convención.

"Es un resultado fantástico después de una batalla de siete años", dijo el abogado Peter Mahy, que representó a los dos demandantes. "El próximo paso es asegurarnos de que sus muestras sean destruidas", añadió.

En Inglaterra y Gales, más de 850.000 muestras de ADN de individuos sin antecedentes delictivos están en el banco de datos nacional. Eso afecta a personas detenidas y puestas en libertad, absueltas de delitos y víctimas de delitos violentos.
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