Los rostros de la reforma sanitaria
Recortando el derecho a la salud
La reforma sanitaria del Gobierno tiene consecuencias para muchos ciudadanos
Algunos quedarán directamente excluidos del sistema, para otros la sanidad será un lujo
El Gobierno busca ahorrar 7.200 millones con la reforma sanitaria / Isaac F. Calvo / El País
Un inmigrante en situación irregular enfermo de cáncer que dejará de recibir su tratamiento de radioterapia y quimioterapia. Un lesionado medular que tendrá que pagar una parte de su silla de ruedas y del transporte medicalizado que le lleva varias veces por semana a recibir su tratamiento. Una persona con un ictus que tendrá que abonar un porcentaje de los preparados nutricionales que debe recibir por sonda. Personas con nombres y apellidos que, desde el 1 de septiembre, quedan excluidas de la atención normalizada o que tendrán problemas para seguir su tratamiento médico. Estas son algunas de las consecuencias de las medidas sanitarias del Gobierno, que con el argumento de la insostenibilidad del sistema nacional de salud, ha iniciado una verdadera contrarreforma.
El proceso es equiparable, pero a la inversa, al puesto en marcha hace 26 años por el ministro socialista Ernest Lluch, que supuso la creación del sistema actual y universalizó la sanidad, aumentando la cobertura a ocho millones de personas que hasta entonces quedaban fuera del paraguas sanitario.
Así, el Gobierno establece un nuevo sistema que restringe la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, unos 153.000 en toda España, que solo podrán acudir a urgencias; crea un nuevo sistema de copago farmacéutico por el que los pensionistas, por ejemplo, tendrán que pagar por primera vez por los fármacos; un modelo que incluye también fórmulas de pago en la prestación ortoprotésica (como sillas de ruedas) o en los preparados dietoterápicos que muchos enfermos necesitan para vivir
El decreto de medidas urgentes publicado esta semana en el BOE, con el que el Ejecutivo de Mariano Rajoy piensa ahorrar 7.200 millones, supone un verdadero cambio de modelo por el que los pacientes dejan de ser ciudadanos para pasar a la condición de asegurados en el mejor de los casos. O invisibles ante el sistema, en el peor.
“Necesito las pastillas del VIH y no podré pagarlas". Chaouki Smaali, sin permiso de residencia, no tendrá acceso al tratamiento que necesita. Algo más de 10.200 euros al año. Vive en España en situación irregular. Solo puede conseguir los fármacos que necesita a través de la farmacia hospitalaria pública. Una vía que tendrá cerrada a partir del 1 de septiembre, cuando el Gobierno desactive su tarjeta sanitaria. “¿Qué haré sin asistencia sanitaria?”, se pregunta
Una cuestión de vida o muerte para Paula y Marta. Muchos enfermos necesitan tratamientos dietoterápicos para vivir. Es el caso de Paula y Marta, de ocho y 14 años. Estas niñas sevillanas padecen fenilcetonuria, una patología que les impide metabolizar las proteínas. Por eso tienen una alimentación muy restrictiva a base de frutas y verduras. El resto de nutrientes vitales lo obtienen a través de batidos y preparados que cuestan 22.000 euros al año. Sus padres no podrán pagar su tratamiento.
Contra la enfermedad. Desde los 13 años, el argelino Salam pelea contra una enfermedad de corazón. En 2003 le implantaron en Francia una válvula biológica. Ahora vive en España. No tiene papeles. La operación le ha dado la vida pero necesita revisiones y medicación que no podrá tener sin cobertura pública.
“Estoy angustiado”. Adama llego a Canarias en una patera la nochevieja de 2007. Allí, al aprender a leer le detectaron degeneración macular. Para no perder la vista se sometió a un trasplante de córnea. Necesita seguimiento médico y fármacos que no podrá pagar.
“Si dejo la medicación moriré”. Demba Diaw tiene 40 años, llegó a España desde Senegal en 2006. Tiene problemas de corazón y está en situación irregular. No sabe qué hará cuando el Gobierno desactive su tarjeta sanitaria.
Adiós a los tratamientos de salud mental. María tiene de 47 años. Es de Cabo Verde. Lleva 25 años en España. Ahora está en situación irregular. Después de una dura vida en la calle y de caer en el infierno de las drogas logró un trabajo gracias a Cáritas. Poco después sufrió una crisis y le diagnosticaron esquizofrenia. Necesita seguimiento médico para evitar recaídas.
El proceso es equiparable, pero a la inversa, al puesto en marcha hace 26 años por el ministro socialista Ernest Lluch, que supuso la creación del sistema actual y universalizó la sanidad, aumentando la cobertura a ocho millones de personas que hasta entonces quedaban fuera del paraguas sanitario.
Así, el Gobierno establece un nuevo sistema que restringe la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, unos 153.000 en toda España, que solo podrán acudir a urgencias; crea un nuevo sistema de copago farmacéutico por el que los pensionistas, por ejemplo, tendrán que pagar por primera vez por los fármacos; un modelo que incluye también fórmulas de pago en la prestación ortoprotésica (como sillas de ruedas) o en los preparados dietoterápicos que muchos enfermos necesitan para vivir
El decreto de medidas urgentes publicado esta semana en el BOE, con el que el Ejecutivo de Mariano Rajoy piensa ahorrar 7.200 millones, supone un verdadero cambio de modelo por el que los pacientes dejan de ser ciudadanos para pasar a la condición de asegurados en el mejor de los casos. O invisibles ante el sistema, en el peor.
Los rostros de la reforma
La reforma sanitaria cambiará la vida para muchos ciudadanos. Algunos, como los inmigrantes en situación irregular quedarán directamente excluidos del sistema. Para otros que viven una situación económica complicada, afrontar el coste de los medicamentos que necesitan para vivir convertirá la salud en un lujo. Estos son algunos de sus rostros:“Necesito las pastillas del VIH y no podré pagarlas". Chaouki Smaali, sin permiso de residencia, no tendrá acceso al tratamiento que necesita. Algo más de 10.200 euros al año. Vive en España en situación irregular. Solo puede conseguir los fármacos que necesita a través de la farmacia hospitalaria pública. Una vía que tendrá cerrada a partir del 1 de septiembre, cuando el Gobierno desactive su tarjeta sanitaria. “¿Qué haré sin asistencia sanitaria?”, se pregunta
Una cuestión de vida o muerte para Paula y Marta. Muchos enfermos necesitan tratamientos dietoterápicos para vivir. Es el caso de Paula y Marta, de ocho y 14 años. Estas niñas sevillanas padecen fenilcetonuria, una patología que les impide metabolizar las proteínas. Por eso tienen una alimentación muy restrictiva a base de frutas y verduras. El resto de nutrientes vitales lo obtienen a través de batidos y preparados que cuestan 22.000 euros al año. Sus padres no podrán pagar su tratamiento.
Contra la enfermedad. Desde los 13 años, el argelino Salam pelea contra una enfermedad de corazón. En 2003 le implantaron en Francia una válvula biológica. Ahora vive en España. No tiene papeles. La operación le ha dado la vida pero necesita revisiones y medicación que no podrá tener sin cobertura pública.
“Estoy angustiado”. Adama llego a Canarias en una patera la nochevieja de 2007. Allí, al aprender a leer le detectaron degeneración macular. Para no perder la vista se sometió a un trasplante de córnea. Necesita seguimiento médico y fármacos que no podrá pagar.
“Si dejo la medicación moriré”. Demba Diaw tiene 40 años, llegó a España desde Senegal en 2006. Tiene problemas de corazón y está en situación irregular. No sabe qué hará cuando el Gobierno desactive su tarjeta sanitaria.
Adiós a los tratamientos de salud mental. María tiene de 47 años. Es de Cabo Verde. Lleva 25 años en España. Ahora está en situación irregular. Después de una dura vida en la calle y de caer en el infierno de las drogas logró un trabajo gracias a Cáritas. Poco después sufrió una crisis y le diagnosticaron esquizofrenia. Necesita seguimiento médico para evitar recaídas.
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