Marihuana contra el tráfico de drogas
Uruguay es pionero en regular la producción, cultivo y venta de cannabis
Alejandra S. Inzunza / José Luis Pardo Montevideo 3 AGO 2013 - 18:39 CET
Manifestación a favor de la legalización de la marihuana en Montevideo, en 2012. / EFE / Iván Franco
Nelly Santos vio a su hijo Daniel llegar a casa cabizbajo, con la gorra tapándole la cara y los ojos enrojecidos. Ella sabía que lo habían descubierto fumando marihuana en la puerta del instituto. Lo primero que le pasó por la cabeza a esta enfermera de 57 años fue: “Va camino a la perdición”. Había escuchado rumores de personas que se volvían locas, se convertían en criminales, y arruinaban su vida por consumirla.
En pocos segundos, sin embargo, cambió de actitud. Lo abrazó y le dijo: “Espero que lo dejes pronto. Pero si no, esta es tu casa, tu refugio”. Fue el primer contacto de Nelly con el cannabis, hace ya 15 años. Al poco tiempo, un 31 de diciembre, el día de su cumpleaños, le daba la primera calada a un porro, que le pasaba Daniel.
En su modesta casa en las afueras de Montevideo, Nelly guarda hoy en tarros la producción de marihuana de su última cosecha. Hace tres años, se convirtió en auto-cultivadora, una de los cerca de 5.000 que calcula la Junta Nacional de Drogas (JND) hay en el país –la Asociación de Estudios del Cannabis de Uruguay (AECU) sube la cifra a 12.000--. “Primero le permití a Daniel fumar en casa para protegerlo de la calle. Me daba miedo lo que le podía pasar. Quería alejarlo de las bocas de humo (puntos de venta de droga), así que empezamos a plantar”.
Una lógica similar a la que empleó Nelly para proteger a su hijo del tráfico de drogas, es la que está a un paso de asentarse en Uruguay. El proyecto de ley aprobado esta semana en el Congreso de los Diputados pretende dejar atrás la política prohibicionista y debilitar al narcotráfico a través de la regulación de la producción, consumo y venta de la marihuana. “Desde 2010 ya teníamos un proyecto promovido por algunos diputados que hacía referencia al auto-cultivo. Después se le dio un tratamiento de seguridad con la idea de combatir al narcotráfico y sacar una porción de su mercado. Es una forma de dividir su incidencia y que no se forme un Estado paralelo como se ha establecido en otros países”, explica el químico y diputado Julio Battistoni, miembro del Frente Amplio, la coalición de partidos en el Gobierno. El proyecto prevé que el Estado otorgue licencias para la producción y distribución, que cada cultivador posea un máximo de seis plantas, la creación de clubes de cannabis con hasta 45 miembros y 99 plantas y que cada usuario tenga derecho a 40 gramos mensuales para el consumo propio que podrá adquirir en las farmacias.
En Uruguay, a diferencia de la mayor parte de América Latina, el mercado de la marihuana representa casi el 80 % del total de las drogas y un negocio de unos 30 millones de dólares, según la JND. Hace ya varios años que diversos grupos de usuarios –que la JND cifra en 120.000- y auto-cultivadores exigían al Gobierno la regularización de esta droga. La ley vigente, aprobada en 1974, durante la dictadura militar, permite el consumo de marihuana y otras drogas, pero la producción y la venta están prohibidas.
En 2009, la policía allanó la casa de Juan Vaz, 46 años, y le encontró un cultivo. Después de ser condenado a dos años y cuatro meses y pasar 11 meses en prisión, fundó la Asociación de Estudios del Cannabis de Uruguay (AECU), que ha sido uno de los grupos de presión que han abierto el debate. “Cuando conoces la cárcel no quieres que vaya nadie. A mi hijo le expliqué que es como Mordor, del Señor de los Anillos, pero aquí los orcos se comen a los orcos”, apunta Vaz. Desde entonces, su asociación, con la ayuda de varios abogados, ha asesorado a 22 auto-cultivadores detenidos.
Aunque se prevé que la ley entre en vigor a finales de año, ya existen seis clubes de cannabis –actualmente ilegales-. Vaz y sus socios además, celebraron en mayo la segunda Copa Cannábica, una competición en la que expertos de varios países catan marihuana y premian las mejores muestras. La cultura del cannabis en Uruguay, asegura Vaz, se empezó a organizar hace unos 10 años y con la nueva ley, calcula, los cultivadores llegarán hasta los 25.000.
Es común pasear por algunas de las plazas de Montevideo y que en el aire se respire un intenso olor a marihuana. “Yo a la plaza del Entrevero le llamo el paseo del cannabis”, ironiza Battistoni, que pasa todos los días por ahí camino de su oficina. Pero a pesar de los movimientos pro-cannabis, de la voluntad del Ejecutivo y de esta escena costumbrista, un 63% de los uruguayos están en contra de la ley, según la última encuesta divulgada esta semana por la consultora Cifra.
En la cámara de los diputados el proyecto salió adelante por la mayoría absoluta del Frente Amplio -el resto de partidos se oponían, aunque no al auto-cultivo-, e incluso en las filas de la coalición hubo quien tuvo fuertes críticas. “La marihuana es una bosta”, declaró Darío Pérez, diputado y médico, antes de votar favorablemente. Algunos estamentos importantes como la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay, no obstante, dudan de la distribución de la marihuana por no “ser un producto de salud registrado” en el Ministerio de Salud Pública. "Somos los responsables de todos los productos de la salud registrados en el MSP; como esto no se trata de un producto de la salud no entra en la órbita de nuestra competencia profesional. Es como un peluche”, ha apuntado su secretario, Eduardo Savio. La ONU, a través de la Junta Internacional de la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), emitió un comunicado en el que expresaba su “preocupación” por la aprobación del proyecto. El texto aseguraba que viola la Convención sobre Narcóticos de 1961, de la que Uruguay es parte y afirmaba que podrá tener “graves consecuencias en la salud y el bienestar de la población y para la prevención del uso de marihuana entre los jóvenes".
El Gobierno uruguayo, sin embargo, ha llegado a una conclusión diferente a Naciones Unidas y al resto de América Latina, y ha emprendido el camino de la legalización. “Últimamente he reflexionado mucho sobre el delito. Yo sé que plantar es ilegal pero no me siento una delincuente”, reflexiona Nelly, “aunque cada vez que pasa un coche patrulla por mi calle se me sale el corazón del pecho”. Parece que ahora se le concederá su deseo: “Yo solo quiero plantar en paz”.
En pocos segundos, sin embargo, cambió de actitud. Lo abrazó y le dijo: “Espero que lo dejes pronto. Pero si no, esta es tu casa, tu refugio”. Fue el primer contacto de Nelly con el cannabis, hace ya 15 años. Al poco tiempo, un 31 de diciembre, el día de su cumpleaños, le daba la primera calada a un porro, que le pasaba Daniel.
En su modesta casa en las afueras de Montevideo, Nelly guarda hoy en tarros la producción de marihuana de su última cosecha. Hace tres años, se convirtió en auto-cultivadora, una de los cerca de 5.000 que calcula la Junta Nacional de Drogas (JND) hay en el país –la Asociación de Estudios del Cannabis de Uruguay (AECU) sube la cifra a 12.000--. “Primero le permití a Daniel fumar en casa para protegerlo de la calle. Me daba miedo lo que le podía pasar. Quería alejarlo de las bocas de humo (puntos de venta de droga), así que empezamos a plantar”.
Una lógica similar a la que empleó Nelly para proteger a su hijo del tráfico de drogas, es la que está a un paso de asentarse en Uruguay. El proyecto de ley aprobado esta semana en el Congreso de los Diputados pretende dejar atrás la política prohibicionista y debilitar al narcotráfico a través de la regulación de la producción, consumo y venta de la marihuana. “Desde 2010 ya teníamos un proyecto promovido por algunos diputados que hacía referencia al auto-cultivo. Después se le dio un tratamiento de seguridad con la idea de combatir al narcotráfico y sacar una porción de su mercado. Es una forma de dividir su incidencia y que no se forme un Estado paralelo como se ha establecido en otros países”, explica el químico y diputado Julio Battistoni, miembro del Frente Amplio, la coalición de partidos en el Gobierno. El proyecto prevé que el Estado otorgue licencias para la producción y distribución, que cada cultivador posea un máximo de seis plantas, la creación de clubes de cannabis con hasta 45 miembros y 99 plantas y que cada usuario tenga derecho a 40 gramos mensuales para el consumo propio que podrá adquirir en las farmacias.
En Uruguay, a diferencia de la mayor parte de América Latina, el mercado de la marihuana representa casi el 80 % del total de las drogas y un negocio de unos 30 millones de dólares, según la JND. Hace ya varios años que diversos grupos de usuarios –que la JND cifra en 120.000- y auto-cultivadores exigían al Gobierno la regularización de esta droga. La ley vigente, aprobada en 1974, durante la dictadura militar, permite el consumo de marihuana y otras drogas, pero la producción y la venta están prohibidas.
En 2009, la policía allanó la casa de Juan Vaz, 46 años, y le encontró un cultivo. Después de ser condenado a dos años y cuatro meses y pasar 11 meses en prisión, fundó la Asociación de Estudios del Cannabis de Uruguay (AECU), que ha sido uno de los grupos de presión que han abierto el debate. “Cuando conoces la cárcel no quieres que vaya nadie. A mi hijo le expliqué que es como Mordor, del Señor de los Anillos, pero aquí los orcos se comen a los orcos”, apunta Vaz. Desde entonces, su asociación, con la ayuda de varios abogados, ha asesorado a 22 auto-cultivadores detenidos.
Aunque se prevé que la ley entre en vigor a finales de año, ya existen seis clubes de cannabis –actualmente ilegales-. Vaz y sus socios además, celebraron en mayo la segunda Copa Cannábica, una competición en la que expertos de varios países catan marihuana y premian las mejores muestras. La cultura del cannabis en Uruguay, asegura Vaz, se empezó a organizar hace unos 10 años y con la nueva ley, calcula, los cultivadores llegarán hasta los 25.000.
Es común pasear por algunas de las plazas de Montevideo y que en el aire se respire un intenso olor a marihuana. “Yo a la plaza del Entrevero le llamo el paseo del cannabis”, ironiza Battistoni, que pasa todos los días por ahí camino de su oficina. Pero a pesar de los movimientos pro-cannabis, de la voluntad del Ejecutivo y de esta escena costumbrista, un 63% de los uruguayos están en contra de la ley, según la última encuesta divulgada esta semana por la consultora Cifra.
En la cámara de los diputados el proyecto salió adelante por la mayoría absoluta del Frente Amplio -el resto de partidos se oponían, aunque no al auto-cultivo-, e incluso en las filas de la coalición hubo quien tuvo fuertes críticas. “La marihuana es una bosta”, declaró Darío Pérez, diputado y médico, antes de votar favorablemente. Algunos estamentos importantes como la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay, no obstante, dudan de la distribución de la marihuana por no “ser un producto de salud registrado” en el Ministerio de Salud Pública. "Somos los responsables de todos los productos de la salud registrados en el MSP; como esto no se trata de un producto de la salud no entra en la órbita de nuestra competencia profesional. Es como un peluche”, ha apuntado su secretario, Eduardo Savio. La ONU, a través de la Junta Internacional de la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), emitió un comunicado en el que expresaba su “preocupación” por la aprobación del proyecto. El texto aseguraba que viola la Convención sobre Narcóticos de 1961, de la que Uruguay es parte y afirmaba que podrá tener “graves consecuencias en la salud y el bienestar de la población y para la prevención del uso de marihuana entre los jóvenes".
El Gobierno uruguayo, sin embargo, ha llegado a una conclusión diferente a Naciones Unidas y al resto de América Latina, y ha emprendido el camino de la legalización. “Últimamente he reflexionado mucho sobre el delito. Yo sé que plantar es ilegal pero no me siento una delincuente”, reflexiona Nelly, “aunque cada vez que pasa un coche patrulla por mi calle se me sale el corazón del pecho”. Parece que ahora se le concederá su deseo: “Yo solo quiero plantar en paz”.
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