“Tendré que vender la casa para que mi madre pueda estar en una residencia”
La negativa de la Generalitat a pagar por los nuevos dependientes deja a sus familias en una situación límite. El recorte deja un millar de afectados
Con una ceguera derivada de la diabetes que arrastra desde hace años, las secuelas de un infarto aún patentes y una parálisis del diafragma que le obliga a depender permanentemente de una máquina de respiración artificial, María Teresa Querol, de 81 años y dependiente moderada de grado II, es, junto a varios centenares de ancianos, uno de los rostros que se esconden detrás del último tijeretazo de la Generalitat a la ley de dependencia. La decisión del gobierno catalán de suspender, durante agosto y septiembre, las prestaciones económicas para pagar residencias a nuevos dependientes y los ingresos asociados a estas ayudas ha trastocado, todavía más, la delicada economía de la familia Querol. Tras pedir un crédito de 10.000 euros para afrontar el coste de una plaza privada, su hija, Iolanda Monfort, ya se plantea vender la casa.
La imperiosa necesidad de ingresar a la anciana en una residencia obligó a la familia a localizar un geriátrico privado mientras aguardaba la concesión de una plaza pública. Ante una lista de espera de 17.000 personas y 18 meses de demora media para acceder a una residencia de la Generalitat, la familia de María Teresa solicitó la prestación económica vinculada (PEV), para sufragar temporalmente una parte del ingreso de la mujer en el geriátrico privado. Paralelamente, Iolanda pidió también un crédito de 10.000 euros para afrontar el coste de la plaza que, en total, ascendía mensualmente a cerca de 2.000 euros. “Calculaba que con el crédito y la ayuda económica, que iba a ser de 400 euros, podríamos hacer frente a los 24 meses que tardarían, según nuestros cálculos, en concederle una plaza pública”, explica Iolanda.
Sin embargo, las cuentas y los cálculos de la familia se quedaron en nada tras el escueto comunicado que colgó el Departamento de Bienestar Social y familia en su web hace unos días para informar de la suspensión temporal de las PEV. El nuevo hachazo a los servicios sociales se cebaba esta vez con las prestaciones económicas que ayudan a sufragar plazas privadas a los dependientes que no encuentran una habitación en las residencias públicas. La Generalitat achacó la medida a “la deficiente financiación por parte de la Administración del Estado”, a la que acusa de abonar solo el 20% del gasto en dependencia. El Ministerio de Sanidad, por su parte, negó la versión del Ejecutivo catalán y aseguró estar al día con los pagos para financiar la ley de dependencia.
En medio del cruce de acusaciones, la consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, salió al paso de las críticas e insistió en que se trataba de “una medida transitoria”. La versión de la consejera chocó con la publicación de la circular interna que enviaron desde la Generalitat a los trabajadores sociales, en la que se especificaba que “no se puede garantizar que esta medida no se prolongue en el tiempo”. Munté, que evitó cuantificar el ahorro que supondrá la medida para las arcas catalanas, calculó que la decisión podría afectar a 500 dependientes. Por su parte, la patronal de residencias ACRA fue más allá y elevó la cifra de implicados al millar de ancianos, el doble de lo previsto por el Gobierno catalán. Según su presidenta, Cinta Pascual, la Generalitat se ahorraría, como mucho, 1,5 millones de euros con la nueva medida.
Iolanda Monfort reconoce que la noticia del nuevo tijeretazo la pilló por sorpresa y desestabilizó de nuevo la situación económica de la familia. “Con el grado de dependencia de mi madre, estaba segura de que no tardarían en concederle la PEV. Si ahora se congelan estas ayudas, no sé qué voy a hacer”, confiesa. La hija de María Teresa desconfía del carácter temporal del último recorte en dependencia. “No me creo que sólo sean dos meses. La verdad, como esto siga así, yo no podré pagar la residencia. Voy a tener que vender la casa y espabilarme porque el banco ya no me deja más dinero”, lamenta.
María Teresa es consciente de que la familia tiene dificultades económicas pero tanto su hija como sus nietos prefieren mantenerla al margen. Iolanda recuerda, temerosa de que el esfuerzo hecho no haya servido para nada, el periplo por 35 residencias catalanas hasta encontrar la definitiva en Sant Carles de Ràpita (Tarragona). Aunque lejos de su casa, en Sant Feliu de Llobregat, a 180 kilómetros, su hija asegura que María Teresa se siente bien: “Estuvo 13 años viviendo en mi casa y el otro día me dijo que hacía mucho tiempo que no vivía tan bien, y eso es porque allí tienen más tiempo para atenderla y darle todos los cuidados que necesita. Mi madre tiene derecho a pasar sus últimos años feliz y tranquila”.
La imperiosa necesidad de ingresar a la anciana en una residencia obligó a la familia a localizar un geriátrico privado mientras aguardaba la concesión de una plaza pública. Ante una lista de espera de 17.000 personas y 18 meses de demora media para acceder a una residencia de la Generalitat, la familia de María Teresa solicitó la prestación económica vinculada (PEV), para sufragar temporalmente una parte del ingreso de la mujer en el geriátrico privado. Paralelamente, Iolanda pidió también un crédito de 10.000 euros para afrontar el coste de la plaza que, en total, ascendía mensualmente a cerca de 2.000 euros. “Calculaba que con el crédito y la ayuda económica, que iba a ser de 400 euros, podríamos hacer frente a los 24 meses que tardarían, según nuestros cálculos, en concederle una plaza pública”, explica Iolanda.
Sin embargo, las cuentas y los cálculos de la familia se quedaron en nada tras el escueto comunicado que colgó el Departamento de Bienestar Social y familia en su web hace unos días para informar de la suspensión temporal de las PEV. El nuevo hachazo a los servicios sociales se cebaba esta vez con las prestaciones económicas que ayudan a sufragar plazas privadas a los dependientes que no encuentran una habitación en las residencias públicas. La Generalitat achacó la medida a “la deficiente financiación por parte de la Administración del Estado”, a la que acusa de abonar solo el 20% del gasto en dependencia. El Ministerio de Sanidad, por su parte, negó la versión del Ejecutivo catalán y aseguró estar al día con los pagos para financiar la ley de dependencia.
En medio del cruce de acusaciones, la consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, salió al paso de las críticas e insistió en que se trataba de “una medida transitoria”. La versión de la consejera chocó con la publicación de la circular interna que enviaron desde la Generalitat a los trabajadores sociales, en la que se especificaba que “no se puede garantizar que esta medida no se prolongue en el tiempo”. Munté, que evitó cuantificar el ahorro que supondrá la medida para las arcas catalanas, calculó que la decisión podría afectar a 500 dependientes. Por su parte, la patronal de residencias ACRA fue más allá y elevó la cifra de implicados al millar de ancianos, el doble de lo previsto por el Gobierno catalán. Según su presidenta, Cinta Pascual, la Generalitat se ahorraría, como mucho, 1,5 millones de euros con la nueva medida.
Iolanda Monfort reconoce que la noticia del nuevo tijeretazo la pilló por sorpresa y desestabilizó de nuevo la situación económica de la familia. “Con el grado de dependencia de mi madre, estaba segura de que no tardarían en concederle la PEV. Si ahora se congelan estas ayudas, no sé qué voy a hacer”, confiesa. La hija de María Teresa desconfía del carácter temporal del último recorte en dependencia. “No me creo que sólo sean dos meses. La verdad, como esto siga así, yo no podré pagar la residencia. Voy a tener que vender la casa y espabilarme porque el banco ya no me deja más dinero”, lamenta.
María Teresa es consciente de que la familia tiene dificultades económicas pero tanto su hija como sus nietos prefieren mantenerla al margen. Iolanda recuerda, temerosa de que el esfuerzo hecho no haya servido para nada, el periplo por 35 residencias catalanas hasta encontrar la definitiva en Sant Carles de Ràpita (Tarragona). Aunque lejos de su casa, en Sant Feliu de Llobregat, a 180 kilómetros, su hija asegura que María Teresa se siente bien: “Estuvo 13 años viviendo en mi casa y el otro día me dijo que hacía mucho tiempo que no vivía tan bien, y eso es porque allí tienen más tiempo para atenderla y darle todos los cuidados que necesita. Mi madre tiene derecho a pasar sus últimos años feliz y tranquila”.
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