REACCIONES | Sanidad
Crece la lista de CCAA que se oponen al nuevo copago
- Valencia admite que no hay tiempo para establecer los mecanismos de pago
- Muchos advierten que la medida apenas recaudará y penaliza a los crónicos
- El PSOE ha pedido la comparecencia de Ana Mato en el Congreso
Si la semana pasada las asociaciones de pacientes, las sociedades de pacientes, Andalucía (PSOE), Cataluña (CiU), País Vasco (PNV) y Castilla y León (esta última gobernada por el PP) manifestaron su oposición al nuevo copago de fármacos hospitalarios aprobado por el Gobierno, este lunes la lista de comunidades contrarias a la medida no ha dejado de crecer. Por su parte, el PSOE ya ha pedido la comparecencia de Ana Mato en el Congreso para que aclare la medida.
Por ahora, el único que se ha declarado abiertamente a favor ha sido el presidente madrileño, Ignacio González, quien ha dicho que su Gobierno "seguirá los acuerdos" que se adopten a nivel estatal en materia de "copago" farmacéutico hospitalario, al tratarse de una cuestión donde la Comunidad de Madrid no tiene "capacidad" de regular.
Por su parte, la última región en oponerse a la decisión del Gobierno de cobrar una parte de los fármacos que se dispensan en las farmacias de los hospitales (para pacientes ambulatorios, no ingresados) ha sido Navarra, cuyo Parlamento ha aprobado una declaración institucional por la que exige al Gobierno de España que, "bajo ningún pretexto, imponga el copago farmacéutico hospitalario que se ceba de forma injusta contra enfermos especialmente graves".
El texto, presentado por el Partido Socialista Navarro ha contado con el apoyo de todos los grupos de la cámara (UPN, PSN, Bildu, Aralar-NaBai e I-E) a excepción de los populares. En su declaración, el Parlamento de Navarra "rechaza la aplicación del copago farmacéutico hospitalario que se ceba de forma injusta contra enfermos especialmente graves, a quienes lejos de amparar se desampara ante situaciones especialmente traumáticas".
Por su parte, fuentes de la Generalitat valenciana (gobernada por el PP) han reconocido que "no será posible" poner en marcha dicha medida antes del 1 de octubre, tal y como prevé el BOE. El ejecutivo que dirige Alberto Fabra ha admitido en declaraciones a Europa Press, que este nuevo copago impuesto por el Gobierno central "no es prioritario en cuanto a la sostenibilidad del sistema".
También desde Castilla y León, el consejero de Sanidad, Antonio Sáez le ha recordado a su compañera de partido que la nueva medida no generará ahorros al sistema mientras "afectará a pacientes que necesitan y deben seguir haciendo esos tratamientos".
De hecho, el presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, José Luis Poveda, ya señaló el pasado viernes a ELMUNDO.es que la medida no cumple ni un objetivo recaudatorio ni uno disuasorio, al afectar a 157 fármacos que se dispensan en el hospital para patologías crónicas como el cáncer, la hepatitis C, la esclerosis múltiple o la artritis reumatoide.
El conseller catalán de Sanidad, Boi Ruz, no se ha mostrado tajantemente en contra de aplicar la medida, pero sí ha anunciado que su departamento estudiará medidas para compensar a los pacientes con menos recursos.
Como el consejero vasco, Jon Darpón, son muchas las voces que critican además que la medida se haya aprobado sin suficiente debate previo ni negociación con los agentes implicados.
Todo ello ha llevado al PSOE a pedir la comparecencia de la ministra de Sanidad, Ana Mato, ante el Congreso de los Diputados para aclarar los efectos que tendrá la medida. Además, el grupo socialista le preguntará sobre el mismo asunto en la sesión de control al Gobierno del próximo miércoles.
El próximo 1 de octubre, en la Comisión de Farmacia que reúne a Gobierno y comunidades, las regiones opositoras tendrán la primera oportunidad de expresarle su malestar a la ministra.
Por ahora, el único que se ha declarado abiertamente a favor ha sido el presidente madrileño, Ignacio González, quien ha dicho que su Gobierno "seguirá los acuerdos" que se adopten a nivel estatal en materia de "copago" farmacéutico hospitalario, al tratarse de una cuestión donde la Comunidad de Madrid no tiene "capacidad" de regular.
Por su parte, la última región en oponerse a la decisión del Gobierno de cobrar una parte de los fármacos que se dispensan en las farmacias de los hospitales (para pacientes ambulatorios, no ingresados) ha sido Navarra, cuyo Parlamento ha aprobado una declaración institucional por la que exige al Gobierno de España que, "bajo ningún pretexto, imponga el copago farmacéutico hospitalario que se ceba de forma injusta contra enfermos especialmente graves".
El texto, presentado por el Partido Socialista Navarro ha contado con el apoyo de todos los grupos de la cámara (UPN, PSN, Bildu, Aralar-NaBai e I-E) a excepción de los populares. En su declaración, el Parlamento de Navarra "rechaza la aplicación del copago farmacéutico hospitalario que se ceba de forma injusta contra enfermos especialmente graves, a quienes lejos de amparar se desampara ante situaciones especialmente traumáticas".
Por su parte, fuentes de la Generalitat valenciana (gobernada por el PP) han reconocido que "no será posible" poner en marcha dicha medida antes del 1 de octubre, tal y como prevé el BOE. El ejecutivo que dirige Alberto Fabra ha admitido en declaraciones a Europa Press, que este nuevo copago impuesto por el Gobierno central "no es prioritario en cuanto a la sostenibilidad del sistema".
También desde Castilla y León, el consejero de Sanidad, Antonio Sáez le ha recordado a su compañera de partido que la nueva medida no generará ahorros al sistema mientras "afectará a pacientes que necesitan y deben seguir haciendo esos tratamientos".
De hecho, el presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, José Luis Poveda, ya señaló el pasado viernes a ELMUNDO.es que la medida no cumple ni un objetivo recaudatorio ni uno disuasorio, al afectar a 157 fármacos que se dispensan en el hospital para patologías crónicas como el cáncer, la hepatitis C, la esclerosis múltiple o la artritis reumatoide.
El conseller catalán de Sanidad, Boi Ruz, no se ha mostrado tajantemente en contra de aplicar la medida, pero sí ha anunciado que su departamento estudiará medidas para compensar a los pacientes con menos recursos.
Como el consejero vasco, Jon Darpón, son muchas las voces que critican además que la medida se haya aprobado sin suficiente debate previo ni negociación con los agentes implicados.
Todo ello ha llevado al PSOE a pedir la comparecencia de la ministra de Sanidad, Ana Mato, ante el Congreso de los Diputados para aclarar los efectos que tendrá la medida. Además, el grupo socialista le preguntará sobre el mismo asunto en la sesión de control al Gobierno del próximo miércoles.
El próximo 1 de octubre, en la Comisión de Farmacia que reúne a Gobierno y comunidades, las regiones opositoras tendrán la primera oportunidad de expresarle su malestar a la ministra.
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