Trabas administrativas impiden el acceso de los sin papeles a la sanidad
El Sergas notifica facturas a usuarios extranjeros pese a existir un programa de asistencia gratuita
Carta en la que Sanidade urge el pago a un inmigrante si no acredita falta de recursos en unos días.
El 30 de agosto de 2012 el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se desmarcó de su propio partido y, oponiéndose a la norma del Ministerio de Sanidad que imponía la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, dio un paso al frente para anunciar que Galicia continuaría prestando asistencia a los sin papeles que acreditasen su carencia de recursos y su empadronamiento. Feijóo, que realizó el anuncio la misma semana en la que hizo público el adelanto electoral, estimó en unas 9.000 personas los beneficiados de la medida. Un año después, el Sergas envía a la mayoría de sin papeles a los que atiende en Urgencias una notificación con el importe de los gastos de los servicios que han utilizado. Les da 10 días, antes de enviarles la factura, para que certifiquen su derecho a la prestación gratuita, aunque no especifica de qué forma deben hacerlo. La mayoría de los inmigrantes irregulares ha optado por renunciar a la sanidad.
El Programa Galego de Protección Social da Saúde Pública con el que Feijóo garantizó “la cobertura sanitaria a todos los inmigrantes irregulares” es, en opinión de las ONG que asesoran al colectivo, “claramente disuasorio y pone en riesgo la salud de muchas personas”. Los enfermos son advertidos en la recepción de los hospitales de que si no tienen cartilla deberán abonar los servicios y los que pese a ello deciden seguir adelante reciben a los pocos días en sus casas una notificación conminándolos a pagar, salvo que “presenten una certificación que justifique su derecho a la asistencia sanitaria” o “una tarjeta sanitaria europea para el periodo en que se prestó la asistencia”.
Apenas 1.200 inmigrantes sin papeles —de los 3.000 que habitualmente utilizan los servicios sanitarios públicos y de los 9.000 asentados en Galicia— se inscribieron este primer año, según daros del Sergas, en el programa estrella de la protección sanitaria española. “No nos informan, en todas partes nos dicen que tenemos que pagar y eso nos echa para atrás, porque no tenemos dinero”, explica Zamfira, rumana con residencia en Ordes, la situación.
La vivió de primera mano cuando en febrero acompañó a su cuñada, con una infección de mama, a un centro del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago y en recepción le advirtieron de que “si no tenía papeles le cobrarían”. “Mi cuñada, que no tiene papeles, quiso dar la vuelta a casa; estaba más preocupada por el dinero que por su salud”, relata. Pero Zamfira la obligó a someterse a las pruebas. “Le dije que a ver cómo le iban a cobrar si no tiene dinero, que lo primero era su vida; acabé casi arrastrándola”. Ingresó en Urgencias y le realizaron varias pruebas. A los 15 días recibieron la notificación de la factura: 1.500 euros. No llegaron a pagar: “No podríamos haberlo hecho”. Zamfira se entrevistó con la asistente social del Ayuntamiento que la puso en contacto con Médicos del Mundo a quienes entregaron la documentación y la ONG gestionó su inclusión en el programa de protección de la Xunta. Funcionó in extremis.
“No informan a la gente de que al menos en Galicia no pueden cobrarnos; solo nos dicen que tenemos que pagar y nos meten miedo; si no hubiera sido por mí, mi cuñada se habría ido a casa y se habría muerto”, detalla Zamfira una actuación institucional que representantes de las ONG integradas en la plataforma que vela por los derechos de los inmigrantes —SOS Sanidade Pública de Galicia , Asociación Galega de Medicina Familiar, Médicos do Mundo y Foro Galego de Inmigración— tildan de “medida disuasoria” del uso de los recursos de la red sanitaria pública por los sin papeles. “No se puede decir que el Sergas esté incumpliendo el decreto del programa asistencial, pero desde luego no lo está poniendo fácil”, sostienen representantes de estas organizaciones consultados por este diario.
En Médicos del Mundo aseguran que gestionan numerosos casos como el de la cuñada de Zamfira. Y esos, dicen, “son los de final feliz”. “Hay una gran cantidad de inmigrantes que no llega a utilizar los servicios sanitarios, disuadidos por el anuncio de que se les cobrará, y acaban poniendo en riesgo sus vidas”, sostiene un portavoz de esta ONG. El Sergas insiste en que intenta por todos los medios conseguir la inclusión de los sin papeles en el programa pero no explica por qué no les envía, en lugar de la contundente notificación de la factura, o junto a ella, las indicaciones para darse de alta en el programa.
Antonio Fernández-Campa, secretario general de Sanidade, sostiene que la factura “solo se remite a los sin papeles que utilizan las urgencias”. Y justifica esta actuación destacando que “en urgencias no se hacen trámites administrativos y ahí no consta si el extranjero puede o no costearse el servicio” hospitalario. Aunque en aquellas a las que ha tenido acceso este diario no consta, Fernández-Campa asegura que en la notificación con el importe de la factura que envían “se incluyen las indicaciones para que se inscriban en el programa” que exime de pagar los servicios sanitarios cumpliendo unos mínimos requisitos: la acreditación de una estancia de seis meses en Galicia, carecer de recursos tanto en España como en el país de origen y no tener posibilidad de acceder a la sanidad por otra vía. Afirma que está celebrando reuniones con las ONG para conseguir la adscripción del mayor número de inmigrantes al programa.
El secretario general de la consellería, Antonio Fernández-Campa, asegura que hacen esfuerzos para que los sin papeles se inscriban en el programa social que les garantiza el acceso gratuito y atribuye el escaso éxito de esta medida estrella de Feijóo al “recelo a ofrecer documentación a la Administración” de los extranjeros irregulares y sin recursos. En cualquier caso, asegura que a partir de ahora se les dará cita solo “si se anotan en el programa”.
Cuando, en septiembre del año pasado, Sanidade comenzó a pedir contra reloj —ofreció un plazo de seis meses a los sin papeles para inscribirse en el programa, aunque después lo fue ampliando— los trámites para garantizar su cobertura sanitaria, la plataforma integrada por las ONG denunció que la propuesta de Feijóo que suavizaba la norma estatal solo escondía “un claro interés electoral”. “Si no fuera así, las condiciones serían más sencillas”, argumentaron.
Un año después, a la vista del escaso éxito del programa social y de las notificaciones que reciben los usuarios conminándolos a acreditar en 10 días su situación o a pagar la factura, creen que el Sergas está poniendo en marcha medidas disuasorias para el acceso a la asistencia de la red hospitalaria pública. Los afectados tienen la misma sensación y se preguntan si no hay una fórmula más sencilla que les permita proteger su salud, prácticamente el único de los bienes con el que cuentan para intentar poner en marcha sus vidas lejos de sus países de origen.
El Programa Galego de Protección Social da Saúde Pública con el que Feijóo garantizó “la cobertura sanitaria a todos los inmigrantes irregulares” es, en opinión de las ONG que asesoran al colectivo, “claramente disuasorio y pone en riesgo la salud de muchas personas”. Los enfermos son advertidos en la recepción de los hospitales de que si no tienen cartilla deberán abonar los servicios y los que pese a ello deciden seguir adelante reciben a los pocos días en sus casas una notificación conminándolos a pagar, salvo que “presenten una certificación que justifique su derecho a la asistencia sanitaria” o “una tarjeta sanitaria europea para el periodo en que se prestó la asistencia”.
Apenas 1.200 inmigrantes sin papeles —de los 3.000 que habitualmente utilizan los servicios sanitarios públicos y de los 9.000 asentados en Galicia— se inscribieron este primer año, según daros del Sergas, en el programa estrella de la protección sanitaria española. “No nos informan, en todas partes nos dicen que tenemos que pagar y eso nos echa para atrás, porque no tenemos dinero”, explica Zamfira, rumana con residencia en Ordes, la situación.
La vivió de primera mano cuando en febrero acompañó a su cuñada, con una infección de mama, a un centro del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago y en recepción le advirtieron de que “si no tenía papeles le cobrarían”. “Mi cuñada, que no tiene papeles, quiso dar la vuelta a casa; estaba más preocupada por el dinero que por su salud”, relata. Pero Zamfira la obligó a someterse a las pruebas. “Le dije que a ver cómo le iban a cobrar si no tiene dinero, que lo primero era su vida; acabé casi arrastrándola”. Ingresó en Urgencias y le realizaron varias pruebas. A los 15 días recibieron la notificación de la factura: 1.500 euros. No llegaron a pagar: “No podríamos haberlo hecho”. Zamfira se entrevistó con la asistente social del Ayuntamiento que la puso en contacto con Médicos del Mundo a quienes entregaron la documentación y la ONG gestionó su inclusión en el programa de protección de la Xunta. Funcionó in extremis.
“No informan a la gente de que al menos en Galicia no pueden cobrarnos; solo nos dicen que tenemos que pagar y nos meten miedo; si no hubiera sido por mí, mi cuñada se habría ido a casa y se habría muerto”, detalla Zamfira una actuación institucional que representantes de las ONG integradas en la plataforma que vela por los derechos de los inmigrantes —SOS Sanidade Pública de Galicia , Asociación Galega de Medicina Familiar, Médicos do Mundo y Foro Galego de Inmigración— tildan de “medida disuasoria” del uso de los recursos de la red sanitaria pública por los sin papeles. “No se puede decir que el Sergas esté incumpliendo el decreto del programa asistencial, pero desde luego no lo está poniendo fácil”, sostienen representantes de estas organizaciones consultados por este diario.
En Médicos del Mundo aseguran que gestionan numerosos casos como el de la cuñada de Zamfira. Y esos, dicen, “son los de final feliz”. “Hay una gran cantidad de inmigrantes que no llega a utilizar los servicios sanitarios, disuadidos por el anuncio de que se les cobrará, y acaban poniendo en riesgo sus vidas”, sostiene un portavoz de esta ONG. El Sergas insiste en que intenta por todos los medios conseguir la inclusión de los sin papeles en el programa pero no explica por qué no les envía, en lugar de la contundente notificación de la factura, o junto a ella, las indicaciones para darse de alta en el programa.
Antonio Fernández-Campa, secretario general de Sanidade, sostiene que la factura “solo se remite a los sin papeles que utilizan las urgencias”. Y justifica esta actuación destacando que “en urgencias no se hacen trámites administrativos y ahí no consta si el extranjero puede o no costearse el servicio” hospitalario. Aunque en aquellas a las que ha tenido acceso este diario no consta, Fernández-Campa asegura que en la notificación con el importe de la factura que envían “se incluyen las indicaciones para que se inscriban en el programa” que exime de pagar los servicios sanitarios cumpliendo unos mínimos requisitos: la acreditación de una estancia de seis meses en Galicia, carecer de recursos tanto en España como en el país de origen y no tener posibilidad de acceder a la sanidad por otra vía. Afirma que está celebrando reuniones con las ONG para conseguir la adscripción del mayor número de inmigrantes al programa.
Nuevas condiciones y viejos recelos
C.H.
Más de 2.200 inmigrantes irregulares asentados en Galicia que cumplen los requisitos para inscribirse en el Programa Galego de Protección Social de Saúde Pública con el que Feijóo se desmarcó del recorte sanitario de Rajoy no acceden a esta prestación “por las medidas disuasorias” de la Consellería de Sanidade, en opinión de portavoces de las ONG. Y 6.000 inmigrantes más en situación irregular se quedan fuera del sistema, obligados a pagar si quieren recibir asistencia médica de la red del Sergas.El secretario general de la consellería, Antonio Fernández-Campa, asegura que hacen esfuerzos para que los sin papeles se inscriban en el programa social que les garantiza el acceso gratuito y atribuye el escaso éxito de esta medida estrella de Feijóo al “recelo a ofrecer documentación a la Administración” de los extranjeros irregulares y sin recursos. En cualquier caso, asegura que a partir de ahora se les dará cita solo “si se anotan en el programa”.
Cuando, en septiembre del año pasado, Sanidade comenzó a pedir contra reloj —ofreció un plazo de seis meses a los sin papeles para inscribirse en el programa, aunque después lo fue ampliando— los trámites para garantizar su cobertura sanitaria, la plataforma integrada por las ONG denunció que la propuesta de Feijóo que suavizaba la norma estatal solo escondía “un claro interés electoral”. “Si no fuera así, las condiciones serían más sencillas”, argumentaron.
Un año después, a la vista del escaso éxito del programa social y de las notificaciones que reciben los usuarios conminándolos a acreditar en 10 días su situación o a pagar la factura, creen que el Sergas está poniendo en marcha medidas disuasorias para el acceso a la asistencia de la red hospitalaria pública. Los afectados tienen la misma sensación y se preguntan si no hay una fórmula más sencilla que les permita proteger su salud, prácticamente el único de los bienes con el que cuentan para intentar poner en marcha sus vidas lejos de sus países de origen.
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