Tres años de inhabilitación y año y medio de cárcel por una grave desatención

Dos médicos del SAS han cometido homicidio por imprudencia grave profesional por el fallecimiento de una niña de ocho años tras una operación de apendicitis.

S.Valle. Madrid | soledad.valle@unidadeditorial.es | 02/09/2013 00:00

Homicidio por imprudencia grave profesional ha sido el delito dictado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva contra el seguimiento que realizaron dos médicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a una niña de ocho años que falleció tras una operación de apendicitis. El facultativo que intervino a la menor y la supervisó las primeras 24 horas del posoperatorio ha quedado absuelto. La sentencia recoge las penas de año y medio de cárcel e inhabilitación de tres años para cada uno de los dos facultativos condenados, quienes, además, tendrán que indemnizar con 200.000 euros a los padres de la menor.

Rafael Martín Bueno ha asistido a la familia de la paciente en todo el proceso judicial que, muy probablemente, continuará, pues la sentencia admite recurso. Los hechos que se juzgan ocurrieron en la Navidad de 2005. La niña, acompañada de su madre, acudió al servicio de Urgencias de un hospital de Huelva, quejándose de dolor abdominal. A las seis de la tarde del 24 de diciembre, fue ingresada en el hospital y, una hora y media después, intervenida de una apendicitis aguda, que no registró ninguna complicación. El cirujano que la operó pautó que en el posoperatorio se le suministrara dieta blanda, paracetamol y analgésicos para el dolor, sin prescribir ningún antibiótico. La paciente quedó ingresada en la planta de Pediatría, pero bajo el control de los cirujanos de guardia.

En la madrugada del día 25, la niña ya tuvo fiebre y se trató con paracetamol. A las nueve de la mañana de ese mismo día, el cirujano que la intervino terminó su guardia. El médico que le sustituyó, que ha sido condenado, recibió un primer aviso del personal de la planta de Pediatría de que la paciente tenía fiebre y dolores fuertes. Autorizó por teléfono que se le suministrara la medicación pautada para el dolor, sin ver a la menor. La situación no mejoró y en la madrugada del 26 de diciembre, el cirujano se acercó a la habitación, donde le informaron de que había tenido varias diarreas y vómitos.

Diagnosticó "sospecha de gastroenteritis". También se acercó a ver a la paciente la pediatra de guardia, condenada en el juicio, que reiteró el diagnóstico del cirujano. Ninguno de los dos médicos, ante el cuadro que presentaba la menor, ordenaron pruebas complementarias. La niña falleció en la mañana del 27 de diciembre, cuando, ante el agravamiento de su estado, se le realizaron análisis que determinaron "una peritonitis supurativa difusa con gran cantidad de líquido libre". Se intentó una intervención de urgencia, sin éxito.

El cirujano que estaba de guardia en ese momento fue imputado en el proceso, pero falleció antes de que se celebrara el juicio. Según el juez, la falta de nexo causal entre la actuación facultativa y el fallecimiento de la paciente "no se puede afirmar al tratarse de una situación médica tan claramente omisiva". Y afirma que "la relación causal existe desde el momento que se incurrió en un error de diagnóstico y se omitieron pruebas complementarias". La condena se centra en una falta de supervisión de la paciente.