Radiografía a... El nuevo Convenio de Asistencia Sanitaria, que entra en vigor el 1 de enero
Octubre de 2013 - Carmen Villodres
Las mutualidades de funcionarios dependientes del Gobierno se encuentran en plena discusión del nuevo Convenio de Asistencia Sanitaria con las compañías aseguradoras, tras la ruptura unilateral por parte de la Administración del concierto, aún vigente hasta el 31 de diciembre, con estas aseguradoras. La preocupación del sector es patente ya que el nuevo Convenio congela el presupuesto y las primas, además de aplicar los mismos recortes y copagos que ya se han introducido en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Se calcula que el nuevo Convenio de Asistencia Sanitaria será publicado en el BOE a finales de octubre, ya que tendrá que entrar en vigor el 1 de enero de 2014
Antes de que fuera anunciada la congelación del presupuesto y de las primas entre las mutuas de funcionarios dependientes del Gobierno y las compañías aseguradoras, éstas últimas habían mostrado su preocupación por la viabilidad del modelo MUFACE y, en menor medida, por las otras dos mutualidades, ISFAS y MUGEJU, en las que están inscritos los funcionarios militares y guardias civiles y los funcionarios judiciales, respectivamente. El punto de inflexión lo vivieron, cuanto menos con suspicacia e inquietud, cuando el pasado mes de junio la Administración anunciaba que no activaba la cláusula que preveía la prórroga de dos años del convenio vigente en la actualidad; lo que significaba la congelación de la prima actual y el rechazo de la subida prevista en un 1,5 por ciento para 2014. Esa subida del uno y medio por ciento, prevista para compensar el aumento de la inflación, ya había sido comprometida por el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, en una carta remitida a la organización Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-F).
Tras la preocupación inicial las alarmas sonaron cuando comenzaron las negociaciones entre la Dirección General de MUFACE y las principales compañías aseguradoras. La única persona optimista ante los términos del nuevo Convenio de Asistencia Sanitaria era el director general de MUFACE, Gustavo E. Blanco.
Algunas reticencias y los desacuerdos con el nuevo modelo
Según Eliseo Moreno, consejero general de MUFACE, el borrador que anda circulando por las aseguradoras, y que ha provocado que algún dirigente de una compañía haya puesto en duda si seguirá prestando sus servicios a los funcionarios no es el documento definitivo pero sí asegura que se le acerca bastante.
De todas formas, el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas ha emitido recientemente una nota de prensa en la que se deja claros algunos términos que analiza Eliseo Moreno. Aunque la nota del Ministerio defiende que el nuevo concierto mantiene las mismas prestaciones sanitarias que el actualmente en vigor y que, incluso, en muchos aspectos mejora las prestaciones y las homogeniza, la mayoría de los representantes de las aseguradoras se muestran renuentes.
Eliseo Moreno se muestra especialmente reticente con la aplicación del cobro de los medicamentos hospitalarios. Considera que puede llegar a ser un problema, "puesto que conlleva una administración tan compleja que puede generar más gastos que beneficios".
Algunas novedades
En cuanto a las novedades destaca la adaptación de los medios de las entidades privadas al colectivo protegido en cada localidad en lugar de a la población total censada, fuera o no de MUFACE, como es el criterio que se aplica con el actual convenio.
También es novedosa la asistencia transfronteriza, para adaptarse a las normas europeas, y la estructuración de los cuadros médicos, lo que significa, en líneas generales, que hay que situar más médicos donde más funcionarios mutualistas haya y viceversa. Para ello, explicita, que se han establecido cuatro niveles de asistencia. En este punto existe una reticencia generalizada ya que se desconoce cómo se aplicará en la práctica.
Sí que está bien valorada en general y es reconocida como una medida que viene a rellenar un hueco importante el hecho de que cuando un funcionario mutualista necesite ser atendido en una especialidad inexistente en donde se encuentre esta asistencia corra a cargo de la Administración
En contraposición, destaca Eliseo Moreno, que una de las partidas más interesantes que ha desaparecido en el nuevo Convenio es el Fondo de Garantía para Casos Graves (un fondo que garantizaba la equidad y la solidaridad entre las compañías y que venía a compensar a las que tuvieran más casos graves). Al parecer y, según el director general de MUFACE, Gustavo Blanco, esto ha ocurrido porque las compañías aseguradoras no se han puesto de acuerdo entre sí. Hay que recordar que las compañías aseguradores que actualmente trabajan con MUFACE son Asisa, Adeslas, DKV, Sanitas y el Igualatorio de Cantabria.
Antes de que se precipitaran los acontecimientos, el IDIS y el CSI-F habían organizado unas jornadas el pasado mes de febrero en las que se alertaba y se trataba de llamar la atención sobre la crisis del actual modelo MUFACE y exponían a las claras que el modelo podría colapsarse si no se adoptaban diversas medidas de choque. Naturalmente, estas medidas poco tenían que ver con el plan que la Administración acaba de poner sobre la mesa. Y en algunos conceptos son, incluso, contrarias. Y estas son las principales razones y propuestas que en su día expusieron el IDIS, el CSI-F y Adeslas, en presencia del director general de MUFACE, Gustavo Blanco, que se sentó a la mesa invitado por el IDIS y el CSI-F, como organizadores del evento.
Luís Mayero, vicepresidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) y delegado de Asisa en Madrid, destacó que 2.339.000 funcionarios tienen la posibilidad de elegir cada año entre el sistema privado y el público y que en dicha elección prevalece en un 84,3 por ciento los que se deciden por la provisión privada, mientras que un 15,7 por ciento lo hace por la pública, según datos de 2011 que son los últimos de que se dispone.
Las mayores debilidades
Recuerda el vicepresidente del IDIS que en 2010 fue aprobado un plan de ajuste que implica la reducción del gasto de personal público del 4 por ciento hasta este 2013, a lo que hay que unir, precisa, que la Oferta de Empleo Público (OEP) sufrió un recorte del 87 por ciento, lo que se tradujo en pasar de 15.084 plazas en 2009 a 1.984 en 2010. Y refiriéndose a lo ocurrido en 2011 dio los siguientes datos: "la OEP fue de 2.781 plazas, limitando la tasa de reposición de efectivos al 10 por ciento como ya ocurrió el año anterior".
Para respaldar que el mutualismo administrativo supone un ahorro con respecto a la sanidad pública, aseguró que la prima per cápita de MUFACE se situó en 2010 en 706 euros, o sea un 41 por ciento más barata que la del SNS que ascendió a 1.187 euros, y que la siniestralidad de los mutualistas, sin repercutir los gastos de estructura de las aseguradoras, ascendió al 100,53 por ciento de la prima.
En cuanto a la capacidad de empleo del mercado sanitario privado lo situó en 234.049 profesionales, de los cuales el 32 por ciento son médicos.
Un modelo con 33 años de eficacia demostrada
Como fortaleza del actual modelo señaló los 33 años de eficacia en su funcionamiento, la alta satisfacción mostrada por los funcionarios, su contribución a la sostenibilidad del SNS y su capacidad para generar una actividad económica de 1.414 millones de euros al año.
Como debilidades del modelo expuso que el mutualista puede elegir cada año entre el SNS y la provisión privada y que ,incluso, el mutualista puede cambiar varias veces de entidad aseguradora en el mes de enero, con lo que la compañía no puede consolidar su cartera de clientes; otro factor que debilita al sistema, según Mayero, es que los presupuestos anuales de las aseguradoras son cerrados, lo que se traduce en que estas continúan dando el servicio aunque hayan superado su presupuesto; otro punto flaco referido es que se dan más prestaciones que en la Sanidad pública "porque no es posible utilizar mecanismos de control del gasto" por lo que cree "que el techo asistencial debería ser el del SNS". Las demoras significativas en aplicar la nueva normativa de reducción de gastos, como puede ser la reproducción asistida, o el copago de ambulancias, sería otro de los factores a corregir.
Por si todo ello fuera poco, el vicepresidente del IDIS aseguró que el gasto sanitario público crece con mayor rapidez que la financiación de las mutualidades aseguradoras, cuyo desfase se situó en un 50 por ciento. Por último, aseguró que el colectivo pierde beneficiarios jóvenes, lo que significa perder a personas con una menor demanda de servicios y con patologías menos complejas, que dejan de compensar el mayor coste de los de edades más avanzadas.
La apertura de MUFACE a nuevos colectivos
En el capítulo de las propuestas el vicepresidente del IDIS, Luis Mayero, expuso, entre otras, la necesidad de consolidar políticamente el modelo, despejar las dudas sobre su continuidad y consolidar la financiación, eso sí, manteniendo la calidad de los servicios.
Juan Abarca, secretario general del IDIS, insistió especialmente en la necesaria ampliación del sistema a nuevos colectivos mediante la incorporación de los interinos a los cuerpos que ya están integrados, con el objetivo de compensar la falta de concursos de oposición e incorporar a los funcionarios de la CC.AA., circunstancias que vendrían a reducir la edad media del asegurado.
Finalmente, el IDIS como colectivo se pregunta: Si hay un modelo que funciona ¿Por qué dejarlo caer?"
La crisis ocasiona un aumento de 40.000 nuevos jóvenes beneficiarios
Eliseo Moreno, secretario nacional de Acción Sindical de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) y consejero general de MUFACE, indicó que las cuentas de la mutua se han visto reducidas en más de 1.000 millones de euros a lo largo de los últimos cinco años, concretamente en el período que va de 2.009 a 2013. Esta caída la atribuyó a la reducción de las aportaciones del Ministerio de Hacienda, a la utilización del remanente de tesorería y a la congelación de las ofertas de empleo público- este último punto tal como había señalado Luís Mayero con anterioridad-, circunstancias todas que, junto con la reducción de la natalidad, habían mermado la entrada de nuevos beneficiarios.
No obstante, el secretario nacional de Acción Sindical de CSI-F, Eliseo Moreno, apuntó a que se ha producido un fenómeno curioso, y es que en 2012 y como consecuencia de la crisis económica y el consiguiente regreso de muchos jóvenes al hogar de sus progenitores y, por tanto, a la protección de la mutualidad, se ha producido un aumento de beneficiarios, tras cuatro años de bajada continuada. El mencionado aumento se elevó a 40.000 nuevos beneficiarios en 2012.
Pormenorizando, Eliseo Moreno matizó que las aportaciones obligatorias de Hacienda se han ido reduciendo de manera paulatina hasta llegar a los actuales presupuestos de 2013 en el que la caída ha sido del 16,9 por ciento; "circunstancia que ha hecho necesaria la utilización creciente del remanente de tesorería como fórmula para cuadrar el presupuesto y lo que supone la utilización de 1.000 millones de euros en los últimos cinco años". Todo ello ha llevado consigo la supresión de diversos programas de ayudas adicionales para la dependencia, programas de becas y estudios y al recorte del subsidio de jubilación que pasa de más de 15 millones de euros en 2011 a unos 4 millones de euros.
Las desigualdades y la falta de equidad entre las diversas comunidades autónomas, cuyos "disparatados precios" por prestar un mismo servicio- queja que es una constante en los más diversos colectivos- fueron señaladas como una de las causas que ponen al sistema en un brete; como ejemplo valga el caso de que una colecistectomía laparoscópica cuesta en Madrid 4.528 euros, mientras que en Andalucía tiene un coste de más de 6.000 euros, cuando el coste medio es de 3.045 euros. Sin embargo, este apartado muy contestado por las aseguradoras no ha sido enmendando en el nuevo concierto.
El mutualismo administrativo ¿un privilegio de funcionarios?
Por todo ello, Eliseo Moreno propone la realización de un estudio de viabilidad con el consenso de todas las partes implicadas; potenciar los recursos destinados a la asistencia sanitaria y farmacológica; promover precios homogéneos en los servicios sanitarios que ofrecen las CC.AA.; así como reducir el diferencial de las aportaciones del Estado entre la Sanidad pública y el mutualismo al 25 por ciento, eso sí, llevándolo a la práctica de forma progresiva y como máximo en 10 años.
Frente a los que opinan que el sistema de mutualismo administrativo es un privilegio para el funcionariado, que quiere una política laboral con los privilegios del sistema público y, sin embargo, acogerse al sistema privado en lo referente a la salud, Eliseo arguye que poniendo como ejemplo el gasto farmacéutico, mientras los acogidos al régimen general aportan un 50 por ciento cuando están en activo- hasta hace bien poco aportaban cero cuando se jubilaban- y con la reforma se hace conforme al IRPF, "los mutualistas aportamos un 30 por ciento cuando estamos en activo y cuando estamos jubilados hacemos la misma aportación, justo en el período que necesitamos más medicamentos, con lo que en ese aspecto estamos discriminados con respecto al régimen general". Por estas razones, añade, vamos a trasladar a las autoridades responsables estas conclusiones "pues nos tememos, que de no hacerse nada se podrían producir graves complicaciones, lo que sería un desastre para el sistema público ya que tendría que incorporar a casi dos millones y medio de personas, ante la caída de un sistema que según las cifras oficiales, es más barato en un 40 por ciento".
MUFACE, de ministerio en ministerio
Haciendo un poco de historia hay que reseñar que la Ley 109/1963, de Funcionarios Civiles del Estado y posteriormente el Decreto 315/1964 sientan las bases para que ya en el año 1975 la ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, así como el Decreto de 1976 ,aprueben el Reglamento General de Mutualismo Administrativo. Anteriormente el panorama de los funcionarios civiles españoles era más sombrío ya que no cubría a todo el colectivo. Hay que recordar además que MUFACE ha dependido de diversos ministerios; en 2009 pasa de depender orgánicamente del Ministerio de Administraciones Públicas al Ministerio de la Presidencia, para a partir de 2010- y tras varias remodelaciones ministeriales- pasa a depender al Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, para finalmente estar adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Las peculiaridades de ISFAS
La secretaria general gerente de ISFAS, Soledad Álvarez de Miranda, está manteniendo reuniones con las dos compañías aseguradoras que trabaja para militares y guardia civil y que son Adeslas y Asisa. Uno de sus principales objetivos es el conseguir la máxima coordinación ya que en el sector existe una gran dispersión geográfica. Aunque pide discreción por las especiales características de los cuerpos a que va dirigido este aseguramiento, señala que "son muy sensibles al esfuerzo que están haciendo nuestros asegurados, un colectivo más peculiar y con más alto riesgo". Soledad Álvarez de Miranda también está plenamente convencida de que tendrán acuerdo hacia finales de Octubre.
En cuanto a la estructura, la secretaria general gerente del Instituto Social de Las Fuerzas Armadas incide en que aunque tiene unas características básicas coincidentes con MUFACE y con la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), ISFAS tiene peculiaridades, tanto en la acción protectora ante determinadas contingencias, como en los procedimientos de gestión; además el ISFAS, con 628.325 afiliados, mantiene un régimen de colaboración concertada con la Sanidad Militar, que le permite la utilización de los servicios hospitalarios militares por los titulares y beneficiarios que optan por acogerse a ese régimen.
Naturalmente, ISFAS no es ajena a la crisis y aunque las restricciones presupuestarias no han afectado a las partidas destinadas a la financiación de la asistencia sanitaria, sí que han tenido que reducir algunas carteras de servicio e incluso han modificado la estructura territorial del Instituto con la consiguiente reducción de centros y de personal. En lo referente a la asistencia sanitaria Álvarez de Miranda aclara que "incluso han experimentado un pequeño incremento, lo que ha hecho posible la actualización de las cuotas que abonará este Instituto a las entidades de seguros concertadas a lo largo de 2013, que serán de 86,45 euros por mes por cada beneficiario de 70 o más años de edad; de 69,39 euros por cada beneficiario menor de 70 años y mayor de 60 años y 58,74 para los menores de 60 años".
En cuanto a la prestación farmacéutica, suscribieron en 2011 un nuevo concierto con el Consejo General de Colegios de Oficiales de Farmacéuticos por los que se aplican nuevos procedimientos de facturación y gestión.
MUGEJU
La gerente de MUGEJU, Celima Gallego, piensa que la cartera de servicios está en la actualidad engordada y que se estaba (se está hasta 2014) ofreciendo servicios que no se prestaban en la cartera del SNS. Reconoce que se está trabajando en el borrador del nuevo concierto o convenio desde hace meses y en sintonía con las otras dos mutualidades administrativas.
Adelanta que están valorando la posibilidad de introducir otro tipo de incentivos la aplicar por la calidad de la prestación o bien incentivar a aquellas entidades que asisten a grupos de miembros más numerosos o con más mutualistas de una edad elevadas o por unas determinadas patologías. Para ello se crearía una especie de fondo de compensación para esas entidades que acojan a los más frecuentadores de la asistencia sanitaria. Lo que hace pensar que esta partida vendría a sustituir al Fondo de Garantías para Casos Graves, a que se refería Eliseo Moreno. Celima Gallego reconoce que alguna compañía aseguradora le ha transmitido sus dudas sobre si seguirán colaborando con MUGEJU. Uno de los logros que más valora es que no se hayan refundido las tres mutualidades administrativas en una sola, pues cree firmemente que son mucho más eficaces para los diferentes colectivos que cada una conserve su personalidad.
Celima Gallego, General Judicial (MUGEJU) matiza que se trata de un régimen específico creado en los setenta para complementar al de Clases Pasivas y cuyo objetivo es que los empleados del Estado gocen de unos niveles de previsión social pública equiparables a los del resto de los trabajadores. Añade Celima Gallego que depende de diferentes departamentos ministeriales seguramente para reforzar las singularidades de los distintos colectivos a los que dan cobertura: los funcionarios civiles, las Fuerzas Armadas y la Administración de Justicia. Este, enfatiza la gerente de MUGEJU, no es un régimen optativo, sino un régimen especial obligatorio para todo el colectivo que presta sus servicios en la Administración de Justicia, desde la carrera Judicial y Fiscal, al Cuerpo Nacional de Secretarios Judiciales, Médicos Forenses, así como los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial, a los que también hay que unir a los que integran el Cuerpo de Letrados del Tribunal Constitucional.
Entre titulares y beneficiarios este colectivo está compuesto por 95.978 mutualistas y apunta Celima Gallego como curiosidad que está muy feminizado, ya que 58.000 de ellos son mujeres, y que es además un colectivo bastante joven, con una media de edad de 34 años de edad en el caso de los varones y 35 años en el de las mujeres. Celima Gallego lo achaca a que la oferta de empleo público para el personal de Justicia fue muy generosa en los últimos años, debido a la exigencia de personal para poner en marcha la nueva oficina judicial y satisfacer así las necesidades de crecimiento de la planta judicial, "ya que ha aumentado la litigiosidad en algunos órdenes jurisdiccionales". Por tanto, resume, continúa siendo un colectivo, como decíamos, relativamente joven, en consecuencia menos frecuentador y con un índice bajo de siniestralidad.
MUGEJU tampoco es ajeno a la crisis. El presupuesto de gastos para 2013 es de 98.563.290 euros, lo que supone una disminución de un 26,4 por ciento, es decir, 3.326.420 euros en algunas partidas en relación con el presupuesto de 2012. Y son las prestaciones sociales, precisa, las que han sufrido mayores recortes.
En cuanto la propuesta del IDIS de hacer más extensivo el sistema, Celima Gallego hace la salvedad de que en el caso del personal al servicio de la Administración de Justicia, con independencia de que presten sus servicios en órganos centrales o autonómicos, tiene sus competencias transferidas en 12 de las 17 comunidades autónomas.
Un colectivo ampliable a 300.000 ó 500.000 personas
El ex director general del Instituto de Estudios Económicos, Juan Iranzo, lo ve desde una perspectiva económica, aunque la valoración que hace es muy similar a la del CSI-F y al IDIS. Juan Iranzo consideró un acierto poner en valor la actividad que desempeña el mutualismo administrativo, puesto que deja claro el problema y se proponen soluciones.
Las propuestas de hacer más extensivo el sistema le parece muy sano porque, tanto los funcionarios de las CCAA como los interinos son más jóvenes que los que pertenecen al actual MUFACE.
Según el ex director de IEE (Instituto de Estudios Económicos) y actual miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, está contrastado que el mutualismo administrativo es un 30 por ciento más barato y que "si se incluye farmacia se podría calcular que es un 50 por ciento más barato, o quizás más".
Juan Iranzo constató que de hacer caso a las organizaciones que piden su extensión, el colectivo se podría ampliar en unas 300.000 ó 500.000 personas más, de las que se descargaría el sistema público. Y concluye con la siguiente reflexión: "para gestionar eficientemente la sanidad pública hay que optimizar la sanidad privada, ampliar el número de mutualistas, utilizar todos los recursos y gestionar eficientemente la capilaridad del sistema de farmacias".
Lo cierto es que por el momento poco se sabe de la aspiración de las compañías aseguradoras por expandirse para esquivar el progresivo envejecimiento de sus asegurados. Lo único que ha trascendido es que algunas de las aseguradoras están presionando para que se introduzca en el borrador del nuevo concierto como contrapartida a la desaparición de algunas prestaciones.
La solidaridad de los más diversos colectivos con el modelo MUFACE
No deja de resultar paradójico que cuando se muestran los temores por el posible colapso o incluso hasta la desaparición de un sistema, otros grupos pidan, no solo la continuidad del mismo modelo, sino su extensión a todos los españoles; es el caso del Libro Azul, un informe sobre el futuro de la sanidad en España, que patrocinado por el Círculo de la Sanidad, pone en negro sobre blanco que generalizar el modelo MUFACE supondría una reducción del déficit público entre 13.000 y 16.000 millones de euros.
Las Vocalías de Medicina Privada de la Organización Médica Colegial (OMC) manifestaron recientemente, a través de un comunicado, su contrariedad por la situación que se vive en la actualidad y definen el modelo MUFACE como un "sistema sanitario público, universal y gratuito, de gestión privada", que es estimado por gran parte de los profesionales y de los mutualistas. Por otro lado, apuntan que la calidad de la asistencia sanitaria está avalada por la ética y la deontología de sus profesionales, que actúan con total libertad y son elegidos independientemente por sus pacientes.
El caso es que tras intensos meses en los que desde los más diversos colectivos se ha alertado de los problemas que hacen insostenible el sistema del actual mutualismo administrativo, la respuesta de la Administración ha sido la de congelar el vigente Convenio, lo que ha llevado a trabajar en uno nuevo para 2014. Todos están de acuerdo en la necesidad de cambiar el modelo para hacerlo sostenible pero el cómo atajar ese cambio despierta controversia.
Tras la preocupación inicial las alarmas sonaron cuando comenzaron las negociaciones entre la Dirección General de MUFACE y las principales compañías aseguradoras. La única persona optimista ante los términos del nuevo Convenio de Asistencia Sanitaria era el director general de MUFACE, Gustavo E. Blanco.
Algunas reticencias y los desacuerdos con el nuevo modelo
Según Eliseo Moreno, consejero general de MUFACE, el borrador que anda circulando por las aseguradoras, y que ha provocado que algún dirigente de una compañía haya puesto en duda si seguirá prestando sus servicios a los funcionarios no es el documento definitivo pero sí asegura que se le acerca bastante.
De todas formas, el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas ha emitido recientemente una nota de prensa en la que se deja claros algunos términos que analiza Eliseo Moreno. Aunque la nota del Ministerio defiende que el nuevo concierto mantiene las mismas prestaciones sanitarias que el actualmente en vigor y que, incluso, en muchos aspectos mejora las prestaciones y las homogeniza, la mayoría de los representantes de las aseguradoras se muestran renuentes.
Eliseo Moreno se muestra especialmente reticente con la aplicación del cobro de los medicamentos hospitalarios. Considera que puede llegar a ser un problema, "puesto que conlleva una administración tan compleja que puede generar más gastos que beneficios".
Algunas novedades
En cuanto a las novedades destaca la adaptación de los medios de las entidades privadas al colectivo protegido en cada localidad en lugar de a la población total censada, fuera o no de MUFACE, como es el criterio que se aplica con el actual convenio.
También es novedosa la asistencia transfronteriza, para adaptarse a las normas europeas, y la estructuración de los cuadros médicos, lo que significa, en líneas generales, que hay que situar más médicos donde más funcionarios mutualistas haya y viceversa. Para ello, explicita, que se han establecido cuatro niveles de asistencia. En este punto existe una reticencia generalizada ya que se desconoce cómo se aplicará en la práctica.
Sí que está bien valorada en general y es reconocida como una medida que viene a rellenar un hueco importante el hecho de que cuando un funcionario mutualista necesite ser atendido en una especialidad inexistente en donde se encuentre esta asistencia corra a cargo de la Administración
En contraposición, destaca Eliseo Moreno, que una de las partidas más interesantes que ha desaparecido en el nuevo Convenio es el Fondo de Garantía para Casos Graves (un fondo que garantizaba la equidad y la solidaridad entre las compañías y que venía a compensar a las que tuvieran más casos graves). Al parecer y, según el director general de MUFACE, Gustavo Blanco, esto ha ocurrido porque las compañías aseguradoras no se han puesto de acuerdo entre sí. Hay que recordar que las compañías aseguradores que actualmente trabajan con MUFACE son Asisa, Adeslas, DKV, Sanitas y el Igualatorio de Cantabria.
Antes de que se precipitaran los acontecimientos, el IDIS y el CSI-F habían organizado unas jornadas el pasado mes de febrero en las que se alertaba y se trataba de llamar la atención sobre la crisis del actual modelo MUFACE y exponían a las claras que el modelo podría colapsarse si no se adoptaban diversas medidas de choque. Naturalmente, estas medidas poco tenían que ver con el plan que la Administración acaba de poner sobre la mesa. Y en algunos conceptos son, incluso, contrarias. Y estas son las principales razones y propuestas que en su día expusieron el IDIS, el CSI-F y Adeslas, en presencia del director general de MUFACE, Gustavo Blanco, que se sentó a la mesa invitado por el IDIS y el CSI-F, como organizadores del evento.
Luís Mayero, vicepresidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) y delegado de Asisa en Madrid, destacó que 2.339.000 funcionarios tienen la posibilidad de elegir cada año entre el sistema privado y el público y que en dicha elección prevalece en un 84,3 por ciento los que se deciden por la provisión privada, mientras que un 15,7 por ciento lo hace por la pública, según datos de 2011 que son los últimos de que se dispone.
Las mayores debilidades
Recuerda el vicepresidente del IDIS que en 2010 fue aprobado un plan de ajuste que implica la reducción del gasto de personal público del 4 por ciento hasta este 2013, a lo que hay que unir, precisa, que la Oferta de Empleo Público (OEP) sufrió un recorte del 87 por ciento, lo que se tradujo en pasar de 15.084 plazas en 2009 a 1.984 en 2010. Y refiriéndose a lo ocurrido en 2011 dio los siguientes datos: "la OEP fue de 2.781 plazas, limitando la tasa de reposición de efectivos al 10 por ciento como ya ocurrió el año anterior".
Para respaldar que el mutualismo administrativo supone un ahorro con respecto a la sanidad pública, aseguró que la prima per cápita de MUFACE se situó en 2010 en 706 euros, o sea un 41 por ciento más barata que la del SNS que ascendió a 1.187 euros, y que la siniestralidad de los mutualistas, sin repercutir los gastos de estructura de las aseguradoras, ascendió al 100,53 por ciento de la prima.
En cuanto a la capacidad de empleo del mercado sanitario privado lo situó en 234.049 profesionales, de los cuales el 32 por ciento son médicos.
Un modelo con 33 años de eficacia demostrada
Como fortaleza del actual modelo señaló los 33 años de eficacia en su funcionamiento, la alta satisfacción mostrada por los funcionarios, su contribución a la sostenibilidad del SNS y su capacidad para generar una actividad económica de 1.414 millones de euros al año.
Como debilidades del modelo expuso que el mutualista puede elegir cada año entre el SNS y la provisión privada y que ,incluso, el mutualista puede cambiar varias veces de entidad aseguradora en el mes de enero, con lo que la compañía no puede consolidar su cartera de clientes; otro factor que debilita al sistema, según Mayero, es que los presupuestos anuales de las aseguradoras son cerrados, lo que se traduce en que estas continúan dando el servicio aunque hayan superado su presupuesto; otro punto flaco referido es que se dan más prestaciones que en la Sanidad pública "porque no es posible utilizar mecanismos de control del gasto" por lo que cree "que el techo asistencial debería ser el del SNS". Las demoras significativas en aplicar la nueva normativa de reducción de gastos, como puede ser la reproducción asistida, o el copago de ambulancias, sería otro de los factores a corregir.
Por si todo ello fuera poco, el vicepresidente del IDIS aseguró que el gasto sanitario público crece con mayor rapidez que la financiación de las mutualidades aseguradoras, cuyo desfase se situó en un 50 por ciento. Por último, aseguró que el colectivo pierde beneficiarios jóvenes, lo que significa perder a personas con una menor demanda de servicios y con patologías menos complejas, que dejan de compensar el mayor coste de los de edades más avanzadas.
La apertura de MUFACE a nuevos colectivos
En el capítulo de las propuestas el vicepresidente del IDIS, Luis Mayero, expuso, entre otras, la necesidad de consolidar políticamente el modelo, despejar las dudas sobre su continuidad y consolidar la financiación, eso sí, manteniendo la calidad de los servicios.
Juan Abarca, secretario general del IDIS, insistió especialmente en la necesaria ampliación del sistema a nuevos colectivos mediante la incorporación de los interinos a los cuerpos que ya están integrados, con el objetivo de compensar la falta de concursos de oposición e incorporar a los funcionarios de la CC.AA., circunstancias que vendrían a reducir la edad media del asegurado.
Finalmente, el IDIS como colectivo se pregunta: Si hay un modelo que funciona ¿Por qué dejarlo caer?"
La crisis ocasiona un aumento de 40.000 nuevos jóvenes beneficiarios
Eliseo Moreno, secretario nacional de Acción Sindical de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) y consejero general de MUFACE, indicó que las cuentas de la mutua se han visto reducidas en más de 1.000 millones de euros a lo largo de los últimos cinco años, concretamente en el período que va de 2.009 a 2013. Esta caída la atribuyó a la reducción de las aportaciones del Ministerio de Hacienda, a la utilización del remanente de tesorería y a la congelación de las ofertas de empleo público- este último punto tal como había señalado Luís Mayero con anterioridad-, circunstancias todas que, junto con la reducción de la natalidad, habían mermado la entrada de nuevos beneficiarios.
No obstante, el secretario nacional de Acción Sindical de CSI-F, Eliseo Moreno, apuntó a que se ha producido un fenómeno curioso, y es que en 2012 y como consecuencia de la crisis económica y el consiguiente regreso de muchos jóvenes al hogar de sus progenitores y, por tanto, a la protección de la mutualidad, se ha producido un aumento de beneficiarios, tras cuatro años de bajada continuada. El mencionado aumento se elevó a 40.000 nuevos beneficiarios en 2012.
Pormenorizando, Eliseo Moreno matizó que las aportaciones obligatorias de Hacienda se han ido reduciendo de manera paulatina hasta llegar a los actuales presupuestos de 2013 en el que la caída ha sido del 16,9 por ciento; "circunstancia que ha hecho necesaria la utilización creciente del remanente de tesorería como fórmula para cuadrar el presupuesto y lo que supone la utilización de 1.000 millones de euros en los últimos cinco años". Todo ello ha llevado consigo la supresión de diversos programas de ayudas adicionales para la dependencia, programas de becas y estudios y al recorte del subsidio de jubilación que pasa de más de 15 millones de euros en 2011 a unos 4 millones de euros.
Las desigualdades y la falta de equidad entre las diversas comunidades autónomas, cuyos "disparatados precios" por prestar un mismo servicio- queja que es una constante en los más diversos colectivos- fueron señaladas como una de las causas que ponen al sistema en un brete; como ejemplo valga el caso de que una colecistectomía laparoscópica cuesta en Madrid 4.528 euros, mientras que en Andalucía tiene un coste de más de 6.000 euros, cuando el coste medio es de 3.045 euros. Sin embargo, este apartado muy contestado por las aseguradoras no ha sido enmendando en el nuevo concierto.
El mutualismo administrativo ¿un privilegio de funcionarios?
Por todo ello, Eliseo Moreno propone la realización de un estudio de viabilidad con el consenso de todas las partes implicadas; potenciar los recursos destinados a la asistencia sanitaria y farmacológica; promover precios homogéneos en los servicios sanitarios que ofrecen las CC.AA.; así como reducir el diferencial de las aportaciones del Estado entre la Sanidad pública y el mutualismo al 25 por ciento, eso sí, llevándolo a la práctica de forma progresiva y como máximo en 10 años.
Frente a los que opinan que el sistema de mutualismo administrativo es un privilegio para el funcionariado, que quiere una política laboral con los privilegios del sistema público y, sin embargo, acogerse al sistema privado en lo referente a la salud, Eliseo arguye que poniendo como ejemplo el gasto farmacéutico, mientras los acogidos al régimen general aportan un 50 por ciento cuando están en activo- hasta hace bien poco aportaban cero cuando se jubilaban- y con la reforma se hace conforme al IRPF, "los mutualistas aportamos un 30 por ciento cuando estamos en activo y cuando estamos jubilados hacemos la misma aportación, justo en el período que necesitamos más medicamentos, con lo que en ese aspecto estamos discriminados con respecto al régimen general". Por estas razones, añade, vamos a trasladar a las autoridades responsables estas conclusiones "pues nos tememos, que de no hacerse nada se podrían producir graves complicaciones, lo que sería un desastre para el sistema público ya que tendría que incorporar a casi dos millones y medio de personas, ante la caída de un sistema que según las cifras oficiales, es más barato en un 40 por ciento".
MUFACE, de ministerio en ministerio
Haciendo un poco de historia hay que reseñar que la Ley 109/1963, de Funcionarios Civiles del Estado y posteriormente el Decreto 315/1964 sientan las bases para que ya en el año 1975 la ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, así como el Decreto de 1976 ,aprueben el Reglamento General de Mutualismo Administrativo. Anteriormente el panorama de los funcionarios civiles españoles era más sombrío ya que no cubría a todo el colectivo. Hay que recordar además que MUFACE ha dependido de diversos ministerios; en 2009 pasa de depender orgánicamente del Ministerio de Administraciones Públicas al Ministerio de la Presidencia, para a partir de 2010- y tras varias remodelaciones ministeriales- pasa a depender al Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, para finalmente estar adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Las peculiaridades de ISFAS
La secretaria general gerente de ISFAS, Soledad Álvarez de Miranda, está manteniendo reuniones con las dos compañías aseguradoras que trabaja para militares y guardia civil y que son Adeslas y Asisa. Uno de sus principales objetivos es el conseguir la máxima coordinación ya que en el sector existe una gran dispersión geográfica. Aunque pide discreción por las especiales características de los cuerpos a que va dirigido este aseguramiento, señala que "son muy sensibles al esfuerzo que están haciendo nuestros asegurados, un colectivo más peculiar y con más alto riesgo". Soledad Álvarez de Miranda también está plenamente convencida de que tendrán acuerdo hacia finales de Octubre.
En cuanto a la estructura, la secretaria general gerente del Instituto Social de Las Fuerzas Armadas incide en que aunque tiene unas características básicas coincidentes con MUFACE y con la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), ISFAS tiene peculiaridades, tanto en la acción protectora ante determinadas contingencias, como en los procedimientos de gestión; además el ISFAS, con 628.325 afiliados, mantiene un régimen de colaboración concertada con la Sanidad Militar, que le permite la utilización de los servicios hospitalarios militares por los titulares y beneficiarios que optan por acogerse a ese régimen.
Naturalmente, ISFAS no es ajena a la crisis y aunque las restricciones presupuestarias no han afectado a las partidas destinadas a la financiación de la asistencia sanitaria, sí que han tenido que reducir algunas carteras de servicio e incluso han modificado la estructura territorial del Instituto con la consiguiente reducción de centros y de personal. En lo referente a la asistencia sanitaria Álvarez de Miranda aclara que "incluso han experimentado un pequeño incremento, lo que ha hecho posible la actualización de las cuotas que abonará este Instituto a las entidades de seguros concertadas a lo largo de 2013, que serán de 86,45 euros por mes por cada beneficiario de 70 o más años de edad; de 69,39 euros por cada beneficiario menor de 70 años y mayor de 60 años y 58,74 para los menores de 60 años".
En cuanto a la prestación farmacéutica, suscribieron en 2011 un nuevo concierto con el Consejo General de Colegios de Oficiales de Farmacéuticos por los que se aplican nuevos procedimientos de facturación y gestión.
MUGEJU
La gerente de MUGEJU, Celima Gallego, piensa que la cartera de servicios está en la actualidad engordada y que se estaba (se está hasta 2014) ofreciendo servicios que no se prestaban en la cartera del SNS. Reconoce que se está trabajando en el borrador del nuevo concierto o convenio desde hace meses y en sintonía con las otras dos mutualidades administrativas.
Adelanta que están valorando la posibilidad de introducir otro tipo de incentivos la aplicar por la calidad de la prestación o bien incentivar a aquellas entidades que asisten a grupos de miembros más numerosos o con más mutualistas de una edad elevadas o por unas determinadas patologías. Para ello se crearía una especie de fondo de compensación para esas entidades que acojan a los más frecuentadores de la asistencia sanitaria. Lo que hace pensar que esta partida vendría a sustituir al Fondo de Garantías para Casos Graves, a que se refería Eliseo Moreno. Celima Gallego reconoce que alguna compañía aseguradora le ha transmitido sus dudas sobre si seguirán colaborando con MUGEJU. Uno de los logros que más valora es que no se hayan refundido las tres mutualidades administrativas en una sola, pues cree firmemente que son mucho más eficaces para los diferentes colectivos que cada una conserve su personalidad.
Celima Gallego, General Judicial (MUGEJU) matiza que se trata de un régimen específico creado en los setenta para complementar al de Clases Pasivas y cuyo objetivo es que los empleados del Estado gocen de unos niveles de previsión social pública equiparables a los del resto de los trabajadores. Añade Celima Gallego que depende de diferentes departamentos ministeriales seguramente para reforzar las singularidades de los distintos colectivos a los que dan cobertura: los funcionarios civiles, las Fuerzas Armadas y la Administración de Justicia. Este, enfatiza la gerente de MUGEJU, no es un régimen optativo, sino un régimen especial obligatorio para todo el colectivo que presta sus servicios en la Administración de Justicia, desde la carrera Judicial y Fiscal, al Cuerpo Nacional de Secretarios Judiciales, Médicos Forenses, así como los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial, a los que también hay que unir a los que integran el Cuerpo de Letrados del Tribunal Constitucional.
Entre titulares y beneficiarios este colectivo está compuesto por 95.978 mutualistas y apunta Celima Gallego como curiosidad que está muy feminizado, ya que 58.000 de ellos son mujeres, y que es además un colectivo bastante joven, con una media de edad de 34 años de edad en el caso de los varones y 35 años en el de las mujeres. Celima Gallego lo achaca a que la oferta de empleo público para el personal de Justicia fue muy generosa en los últimos años, debido a la exigencia de personal para poner en marcha la nueva oficina judicial y satisfacer así las necesidades de crecimiento de la planta judicial, "ya que ha aumentado la litigiosidad en algunos órdenes jurisdiccionales". Por tanto, resume, continúa siendo un colectivo, como decíamos, relativamente joven, en consecuencia menos frecuentador y con un índice bajo de siniestralidad.
MUGEJU tampoco es ajeno a la crisis. El presupuesto de gastos para 2013 es de 98.563.290 euros, lo que supone una disminución de un 26,4 por ciento, es decir, 3.326.420 euros en algunas partidas en relación con el presupuesto de 2012. Y son las prestaciones sociales, precisa, las que han sufrido mayores recortes.
En cuanto la propuesta del IDIS de hacer más extensivo el sistema, Celima Gallego hace la salvedad de que en el caso del personal al servicio de la Administración de Justicia, con independencia de que presten sus servicios en órganos centrales o autonómicos, tiene sus competencias transferidas en 12 de las 17 comunidades autónomas.
Un colectivo ampliable a 300.000 ó 500.000 personas
El ex director general del Instituto de Estudios Económicos, Juan Iranzo, lo ve desde una perspectiva económica, aunque la valoración que hace es muy similar a la del CSI-F y al IDIS. Juan Iranzo consideró un acierto poner en valor la actividad que desempeña el mutualismo administrativo, puesto que deja claro el problema y se proponen soluciones.
Las propuestas de hacer más extensivo el sistema le parece muy sano porque, tanto los funcionarios de las CCAA como los interinos son más jóvenes que los que pertenecen al actual MUFACE.
Según el ex director de IEE (Instituto de Estudios Económicos) y actual miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, está contrastado que el mutualismo administrativo es un 30 por ciento más barato y que "si se incluye farmacia se podría calcular que es un 50 por ciento más barato, o quizás más".
Juan Iranzo constató que de hacer caso a las organizaciones que piden su extensión, el colectivo se podría ampliar en unas 300.000 ó 500.000 personas más, de las que se descargaría el sistema público. Y concluye con la siguiente reflexión: "para gestionar eficientemente la sanidad pública hay que optimizar la sanidad privada, ampliar el número de mutualistas, utilizar todos los recursos y gestionar eficientemente la capilaridad del sistema de farmacias".
Lo cierto es que por el momento poco se sabe de la aspiración de las compañías aseguradoras por expandirse para esquivar el progresivo envejecimiento de sus asegurados. Lo único que ha trascendido es que algunas de las aseguradoras están presionando para que se introduzca en el borrador del nuevo concierto como contrapartida a la desaparición de algunas prestaciones.
La solidaridad de los más diversos colectivos con el modelo MUFACE
No deja de resultar paradójico que cuando se muestran los temores por el posible colapso o incluso hasta la desaparición de un sistema, otros grupos pidan, no solo la continuidad del mismo modelo, sino su extensión a todos los españoles; es el caso del Libro Azul, un informe sobre el futuro de la sanidad en España, que patrocinado por el Círculo de la Sanidad, pone en negro sobre blanco que generalizar el modelo MUFACE supondría una reducción del déficit público entre 13.000 y 16.000 millones de euros.
Las Vocalías de Medicina Privada de la Organización Médica Colegial (OMC) manifestaron recientemente, a través de un comunicado, su contrariedad por la situación que se vive en la actualidad y definen el modelo MUFACE como un "sistema sanitario público, universal y gratuito, de gestión privada", que es estimado por gran parte de los profesionales y de los mutualistas. Por otro lado, apuntan que la calidad de la asistencia sanitaria está avalada por la ética y la deontología de sus profesionales, que actúan con total libertad y son elegidos independientemente por sus pacientes.
El caso es que tras intensos meses en los que desde los más diversos colectivos se ha alertado de los problemas que hacen insostenible el sistema del actual mutualismo administrativo, la respuesta de la Administración ha sido la de congelar el vigente Convenio, lo que ha llevado a trabajar en uno nuevo para 2014. Todos están de acuerdo en la necesidad de cambiar el modelo para hacerlo sostenible pero el cómo atajar ese cambio despierta controversia.
Documentación y fuentes
1. Entrevista a Luis Mayero, vicepresidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS).
2. Entrevista a Juan Abarca, secretario general del IDIS.
3. Entrevista a Eliseo Moreno, secretario nacional de Acción Sindical de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI.F) y consejero general de MUFACE.
4. Entrevista a Soledad Álvarez de Miranda, secretaria general gerente del Instituto Social de Las Fuerzas Armadas (ISFAS).
5. Entrevista a Celima Gallego, gerente de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU).
6. Entrevista al ex director general del Instituto de Estudios Económicos, Juan Iranzo.
7. EL MÉDICO INTERACTIVO.
2. Entrevista a Juan Abarca, secretario general del IDIS.
3. Entrevista a Eliseo Moreno, secretario nacional de Acción Sindical de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI.F) y consejero general de MUFACE.
4. Entrevista a Soledad Álvarez de Miranda, secretaria general gerente del Instituto Social de Las Fuerzas Armadas (ISFAS).
5. Entrevista a Celima Gallego, gerente de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU).
6. Entrevista al ex director general del Instituto de Estudios Económicos, Juan Iranzo.
7. EL MÉDICO INTERACTIVO.
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