“No acepto que nadie influya en mi decisión de abortar”
Tres mujeres que han interrumpido su embarazo por distintas causas explican sus motivos para reclamar al Gobierno que no endurezca la ley
Las clínicas creen que 100.000 mujeres verían afectadas por la nueva norma
VÍDEO: ACAI
Alba tiene 17 años. Abortó sin informar a sus padres. Asegura que su madre, con profundas creencias religiosas y contrarias al aborto, se lo hubiera impedido. No tiene contacto con su padre. “Para mí, mis padres son como extraños”, asegura. La ley actual, aprobada en 2010, permite que las menores de 16 y 17 años interrumpan su embarazo sin comunicarlo en casa si informar de ello les supone un “conflicto grave”. Según los datos de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), el 10% de las chicas están en esa situación. Entre ellas, Alba, que cuenta su historia en un vídeo editado por esta entidad para reclamar al Gobierno que no endurezca la ley del aborto. El Ejecutivo de Mariano Rajoy presentará su proyecto normativo antes de final de año, en las próximas semanas. Mientras, las organizaciones de mujeres y que luchan por los derechos sexuales y reproductivos contienen la respiración y alertan del retroceso de décadas que podría suponer.
Y es que con la nueva ley, tal y como ha asegurado en varias ocasiones el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón —y como recogía el programa del Partido Popular—, chicas como Alba tendrán que contar con el permiso de sus padres para interrumpir su embarazo. “Esto podría causarles un gravísimo perjuicio a muchas jóvenes que sufren maltrato o que podrían sufrir presiones de sus familias para influir en su decisión de interrumpir su embarazo”, asegura Francisca García, presidenta de Acai. Situaciones como las que describe, dice, se vivían hasta 2010 ya que la normativa anterior exigía siempre el permiso de padres o tutores. Si tuviera que hablar de ello a su familia, Alba reconoce que recurriría al aborto clandestino “para que nadie se enterase”. Tiene clara su decisión. “No nos sentíamos preparados para tener ese fuerte compromiso con algo”, asegura en el vídeo.
En 2011, el último año del que el Ministerio de Sanidad ha publicado los datos, más de 118.000 mujeres interrumpieron su embarazo. El 89,6% de las ellas lo hizo sin alegar ninguna causa, acogiéndose al plazo de aborto libre —sin tener que dar ninguna causa— que la ley permite hasta la semana 14 de gestación. Un sistema, mayoritario en toda Europa, que el Gobierno de Rajoy quiere eliminar. El titular de Justicia ha anunciado ya que la nueva norma seguirá un modelo similar, aunque más restrictivo, al vigente desde 1985 hasta 2010, cuando el aborto era un delito salvo en tres supuestos: violación, anomalía fetal o riesgo para la salud de la madre. Con ese modelo, las 100.000 mujeres que abortan al año por causas económicas, sociales y en definitiva, personales no podrían hacerlo.
Virginia es una de ellas. Cuenta en el vídeo que sus razones fueron económicas y sociales. Pero sobre todo íntimas. Explica que no tiene trabajo ni pareja. “Madres solteras existen y seguramente saliera hacia adelante, pero el coste emocional iba a ser mayor. Por eso lo decidí. Porque no era el mejor momento”, cuenta. En 2011, según los datos del Ministerio de Sanidad, el 23% de las mujeres que interrumpieron su embarazo no tenía trabajo. Virginia afirma que su decisión fue dura. Un hijo, dice sin embargo, “más que una bendición hubiera sido un sufrimiento”.
Acai alerta también de que un pequeño pero muy dramático número de mujeres se vería afectado por la nueva ley del aborto si esta va en la línea anunciada por Gallardón: aquellas que han interrumpido su embarazo por anomalías fetales graves. Hace un año y medio el titular de Justicia apuntó que se endurecería este supuesto. Apeló a una recomendación de un comité de la ONU que instaba a España eliminar el aborto por “razón de discapacidad exclusivamente”; aunque la ley actual no habla en ningún momento de discapacidad, sino de anomalías fetales graves. El aborto por esta causa está permitido hasta la semana 22 de gestación y si dos médicos confirman el diagnóstico. Tras ese tiempo solo se permite, sin plazo, el aborto si un comité médico dictamina que hay una anomalía fetal “extremadamente grave e incurable” o “incompatible con la vida”.
Lucía es una de las 3.200 mujeres que interrumpieron su gestación antes de la semana 22 por una malformación fetal grave y que, si sigue la pauta anunciada por Gallardón, podrían quedar fuera de los supuestos permitidos por la nueva ley. Al hijo que esperaba, muy deseado, explica, le diagnosticaron síndrome de Turner. “Si llegaba a nacer podía morir en los primeros meses. Y si no moría sería una persona con muchas dificultades y una calidad de vida no muy buena”, cuenta Lucía en el vídeo editado por Acai y presentado este jueves en Madrid. “Con mucho sufrimiento y dolor decidimos no tenerlo”, dice con la voz quebrada.
Esta mujer reconoce también que “las pocas ayudas del Estado” han influido en su decisión de interrumpir su embarazo. “Lo de la ayuda a la dependencia yo creo que es una falacia”, apunta. “El aborto es una opción muy personal de la mujer”, sigue. “El hecho de que un político, el legislador o un juez influya de alguna manera en una situación tan personal no me parece aceptable. La que voy a tener el niño soy yo y no él. Los problemas los voy a tener yo y no él”, reclama. “No acepto que nadie influya en esa decisión”.
Y es que con la nueva ley, tal y como ha asegurado en varias ocasiones el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón —y como recogía el programa del Partido Popular—, chicas como Alba tendrán que contar con el permiso de sus padres para interrumpir su embarazo. “Esto podría causarles un gravísimo perjuicio a muchas jóvenes que sufren maltrato o que podrían sufrir presiones de sus familias para influir en su decisión de interrumpir su embarazo”, asegura Francisca García, presidenta de Acai. Situaciones como las que describe, dice, se vivían hasta 2010 ya que la normativa anterior exigía siempre el permiso de padres o tutores. Si tuviera que hablar de ello a su familia, Alba reconoce que recurriría al aborto clandestino “para que nadie se enterase”. Tiene clara su decisión. “No nos sentíamos preparados para tener ese fuerte compromiso con algo”, asegura en el vídeo.
En 2011, el último año del que el Ministerio de Sanidad ha publicado los datos, más de 118.000 mujeres interrumpieron su embarazo. El 89,6% de las ellas lo hizo sin alegar ninguna causa, acogiéndose al plazo de aborto libre —sin tener que dar ninguna causa— que la ley permite hasta la semana 14 de gestación. Un sistema, mayoritario en toda Europa, que el Gobierno de Rajoy quiere eliminar. El titular de Justicia ha anunciado ya que la nueva norma seguirá un modelo similar, aunque más restrictivo, al vigente desde 1985 hasta 2010, cuando el aborto era un delito salvo en tres supuestos: violación, anomalía fetal o riesgo para la salud de la madre. Con ese modelo, las 100.000 mujeres que abortan al año por causas económicas, sociales y en definitiva, personales no podrían hacerlo.
Virginia es una de ellas. Cuenta en el vídeo que sus razones fueron económicas y sociales. Pero sobre todo íntimas. Explica que no tiene trabajo ni pareja. “Madres solteras existen y seguramente saliera hacia adelante, pero el coste emocional iba a ser mayor. Por eso lo decidí. Porque no era el mejor momento”, cuenta. En 2011, según los datos del Ministerio de Sanidad, el 23% de las mujeres que interrumpieron su embarazo no tenía trabajo. Virginia afirma que su decisión fue dura. Un hijo, dice sin embargo, “más que una bendición hubiera sido un sufrimiento”.
Acai alerta también de que un pequeño pero muy dramático número de mujeres se vería afectado por la nueva ley del aborto si esta va en la línea anunciada por Gallardón: aquellas que han interrumpido su embarazo por anomalías fetales graves. Hace un año y medio el titular de Justicia apuntó que se endurecería este supuesto. Apeló a una recomendación de un comité de la ONU que instaba a España eliminar el aborto por “razón de discapacidad exclusivamente”; aunque la ley actual no habla en ningún momento de discapacidad, sino de anomalías fetales graves. El aborto por esta causa está permitido hasta la semana 22 de gestación y si dos médicos confirman el diagnóstico. Tras ese tiempo solo se permite, sin plazo, el aborto si un comité médico dictamina que hay una anomalía fetal “extremadamente grave e incurable” o “incompatible con la vida”.
Lucía es una de las 3.200 mujeres que interrumpieron su gestación antes de la semana 22 por una malformación fetal grave y que, si sigue la pauta anunciada por Gallardón, podrían quedar fuera de los supuestos permitidos por la nueva ley. Al hijo que esperaba, muy deseado, explica, le diagnosticaron síndrome de Turner. “Si llegaba a nacer podía morir en los primeros meses. Y si no moría sería una persona con muchas dificultades y una calidad de vida no muy buena”, cuenta Lucía en el vídeo editado por Acai y presentado este jueves en Madrid. “Con mucho sufrimiento y dolor decidimos no tenerlo”, dice con la voz quebrada.
Esta mujer reconoce también que “las pocas ayudas del Estado” han influido en su decisión de interrumpir su embarazo. “Lo de la ayuda a la dependencia yo creo que es una falacia”, apunta. “El aborto es una opción muy personal de la mujer”, sigue. “El hecho de que un político, el legislador o un juez influya de alguna manera en una situación tan personal no me parece aceptable. La que voy a tener el niño soy yo y no él. Los problemas los voy a tener yo y no él”, reclama. “No acepto que nadie influya en esa decisión”.
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