El Gobierno acota los colegios profesionales y cambia su regulación
El anteproyecto limita la colegiación obligatoria a profesiones sanitarias, jurídicas y a las técnicas que exijan visado
El País Madrid 2 AGO 2013 - 15:45 CET
Revisar la ley de servicios profesionales y las normas que regulan los colegios profesionales ha sido desde hace años una de las exigencias más repetidas desde Bruselas. El Gobierno ha presentado hoy, tras la reunión del Consejo de Ministros, cómo ha decidido abordar los cambios: según ha resumido el minsitro de Economía Luis de Guindos se reduce el número de profesiones con colegiación obligatoria y se regula el funcionamiento de esos colegios profesionales.
La nueva normativa también introducen cambios en las profesiones reguladas que han levantado ampollas en estos sectores desde que comenzaron a circular los primeros borradores. Por ejemplo, Guindos ha reconocido que se elimina la incompatibilidad entre las profesiones de abogado y procurador, algo que criticaron duramente los segundos.
Según el anteproyecto de ley de colegios y servicios profesionales, solo las profesiones sanitarias (médicos, fisioterapeutas, podólogos, dentistas, enfermeros...), del ámbito judicial (como los abogados) y aquellas profesiones técnicas que exigen visados, como la arquitectura, mantendrán la obligación de pertenecer a un colegio profesional para ejercer. Estos colegios profesionales, sin embargo, deberán diferenciar las cuotas que cubren los servicios obligatorios y aquellas que hacen referencia a servicios complementarios, que no son exigibles.
En cuanto a esos colegios profesionales de obligada existencia, deberán cumplir unas nuevas condiciones. Entre otras cosas, se regulará el acceso de familiares de la directiva como empleados, se impulsará un código deontológico y se exigirá la existencia de órganos disciplinarios independientes a los de la gestión, para que puedan ejercer control sobre esta. Además, se "clarifica" el regimen económico de cada colegio, siendo obligatorio diferenciar a qué se destinan las cuotas y qué servicios son de obligada suscripción. Además, se establecerá la existencia de cuotas bonificadas para desempleados, será obligatorio que sus cuentas sean auditadas, que la información de cuentas y cuotas sea accesible a través de Internet y se "refuerza la participación democrática" en su funcionamiento. Según Guindos, se trata de ampliar "La transparencia y el buen gobierno".
La reforma incluye además, cambios en la regulación de los servicios profesionales. "La norma pretende evitar las barreras existentes para el acceso a ciertas profesiones", según ha explicado el ministro Guindos. Así, se establece que debe haber libre acceso a actividades profesionales, excepto si hay motivos de interés general para exigir antes una formación determinada.
Así, por ejemplo, si se trata de empleos que exigen titulación universitaria o de formación superior (relacionados con el ámbito sanitario, transporte, educación, ingenierías o arquitectura), se establecerá por ley estatal la regulación concreta en cada caso.
Guindos también ha especificado que se elimina la incompatibilidad entre las profesiones de abogado y procurador. Ha señalado que habrá un tiempo de transición, y que, al tiempo, se eliminan actuales aranceles de procuradores.
La nueva normativa también introducen cambios en las profesiones reguladas que han levantado ampollas en estos sectores desde que comenzaron a circular los primeros borradores. Por ejemplo, Guindos ha reconocido que se elimina la incompatibilidad entre las profesiones de abogado y procurador, algo que criticaron duramente los segundos.
Según el anteproyecto de ley de colegios y servicios profesionales, solo las profesiones sanitarias (médicos, fisioterapeutas, podólogos, dentistas, enfermeros...), del ámbito judicial (como los abogados) y aquellas profesiones técnicas que exigen visados, como la arquitectura, mantendrán la obligación de pertenecer a un colegio profesional para ejercer. Estos colegios profesionales, sin embargo, deberán diferenciar las cuotas que cubren los servicios obligatorios y aquellas que hacen referencia a servicios complementarios, que no son exigibles.
Los colegios obligatorios deberán diferenciar las cuotas de servicios obligatorios de aquellas de servicios complementarios
En cuanto a esos colegios profesionales de obligada existencia, deberán cumplir unas nuevas condiciones. Entre otras cosas, se regulará el acceso de familiares de la directiva como empleados, se impulsará un código deontológico y se exigirá la existencia de órganos disciplinarios independientes a los de la gestión, para que puedan ejercer control sobre esta. Además, se "clarifica" el regimen económico de cada colegio, siendo obligatorio diferenciar a qué se destinan las cuotas y qué servicios son de obligada suscripción. Además, se establecerá la existencia de cuotas bonificadas para desempleados, será obligatorio que sus cuentas sean auditadas, que la información de cuentas y cuotas sea accesible a través de Internet y se "refuerza la participación democrática" en su funcionamiento. Según Guindos, se trata de ampliar "La transparencia y el buen gobierno".
7.000 millones por el cambio de norma
Según el Gobierno, una vez los cambios aplicados a los servicios profesionales entren en vigor, podría suponer un impacto económico muy elevado: Guindos ha cifrado en 7.000 millones el crecimiento de la economía a medio y largo plazo tras modernizar un sector "relevante, importante y dinamizador de la economía".La reforma incluye además, cambios en la regulación de los servicios profesionales. "La norma pretende evitar las barreras existentes para el acceso a ciertas profesiones", según ha explicado el ministro Guindos. Así, se establece que debe haber libre acceso a actividades profesionales, excepto si hay motivos de interés general para exigir antes una formación determinada.
Así, por ejemplo, si se trata de empleos que exigen titulación universitaria o de formación superior (relacionados con el ámbito sanitario, transporte, educación, ingenierías o arquitectura), se establecerá por ley estatal la regulación concreta en cada caso.
Guindos también ha especificado que se elimina la incompatibilidad entre las profesiones de abogado y procurador. Ha señalado que habrá un tiempo de transición, y que, al tiempo, se eliminan actuales aranceles de procuradores.
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