Brasil aprueba una polémica ley a favor de las víctimas de violación
Los grupos religiosos creen que la nueva norma abre la puerta a la flexibilización del aborto
Juan Arias Río de Janeiro 2 AGO 2013 - 05:17 CET
Una manifestante por la libertad sexual, en Río de Janeiro durante la visita papal. / David Fernández (EFE)
La mujer que haya sido objeto de violencia sexual contará con la protección del Estado gracias a una ley aprobada por el Congreso, que la presidenta Dilma Rousseff ha sancionado este jueves sin vetos.
Varias confesiones religiosas se habían reunido con la mandataria brasileña pidiendo que vetara algunos puntos de la ley ya aprobada por el Parlamento. Consideraban que la nueva norma abría una puerta a la legalización del aborto, ya que a partir de ahora los médicos de la Seguridad Social estarán obligados a informar a la mujer víctima de violencia sexual de su derecho a abortar si se encuentra embarazada.
La ley ofrece a la mujer violada la posibilidad de usar lo que el texto llama “profilaxis del embarazo”, la llamada píldora del día siguiente. Los grupos religiosos argumentan que cualquier mujer podría presentarse para poder abortar legalmente diciendo que ha sido objeto de violencia sexual o de “relación sexual no consentida”, como reza la ley, que no exige otras pruebas que la palabra de la supuesta víctima de estupro.
La ministra de Cultura, Marta Suplicy, que ha sido una abanderada en la lucha por las libertades en materia sexual desde hace 20 años, ha afirmado que la ley pretende solo poner en práctica una “política pública de protección a la mujer” y no enfrentarse a las confesiones religiosas.
El jurista católico Ives Sandra Martins, por contra, ha tachado la ley de ambigüa. “Ahora cualquier mujer que desee abortar puede llegar a un hospital pública y decir 'he sido violada' y los médicos estarán obligados a realizar el aborto so pena de ser castigados”, ha afirmado.
El ministro de Sanidad, Alexandre Padilha, ha hecho saber que la idea del Congreso pretende ofrecer “un trato humanizado y respetuoso a las víctimas de violación”. De hecho, la ley prevee ofrecer ayuda psicológica y de profilaxis a todos los ciudadanos de cualquier edad en materia de enfermedades sexualmente transmisibles, como hepatitis viral y VIH.
Hasta el último momento, la prensa había especulado con que Dilma Rousseff modificaría usando su derecho a veto algunos de los puntos de la ley, sobre todo porque los líderes religiosos le habían recordado días atrás que ella se había comprometido ante ellos, durante la campaña presidencial, a “no legalizar el aborto”. En aquella ocasión, la entonces candidata a la presidencia de la República se había comprometido a dejar el tema del aborto en manos del Congreso, sin entrar en el asunto. Y así lo ha hecho.
Varias confesiones religiosas se habían reunido con la mandataria brasileña pidiendo que vetara algunos puntos de la ley ya aprobada por el Parlamento. Consideraban que la nueva norma abría una puerta a la legalización del aborto, ya que a partir de ahora los médicos de la Seguridad Social estarán obligados a informar a la mujer víctima de violencia sexual de su derecho a abortar si se encuentra embarazada.
La ley ofrece a la mujer violada la posibilidad de usar lo que el texto llama “profilaxis del embarazo”, la llamada píldora del día siguiente. Los grupos religiosos argumentan que cualquier mujer podría presentarse para poder abortar legalmente diciendo que ha sido objeto de violencia sexual o de “relación sexual no consentida”, como reza la ley, que no exige otras pruebas que la palabra de la supuesta víctima de estupro.
La ministra de Cultura, Marta Suplicy, que ha sido una abanderada en la lucha por las libertades en materia sexual desde hace 20 años, ha afirmado que la ley pretende solo poner en práctica una “política pública de protección a la mujer” y no enfrentarse a las confesiones religiosas.
El jurista católico Ives Sandra Martins, por contra, ha tachado la ley de ambigüa. “Ahora cualquier mujer que desee abortar puede llegar a un hospital pública y decir 'he sido violada' y los médicos estarán obligados a realizar el aborto so pena de ser castigados”, ha afirmado.
El ministro de Sanidad, Alexandre Padilha, ha hecho saber que la idea del Congreso pretende ofrecer “un trato humanizado y respetuoso a las víctimas de violación”. De hecho, la ley prevee ofrecer ayuda psicológica y de profilaxis a todos los ciudadanos de cualquier edad en materia de enfermedades sexualmente transmisibles, como hepatitis viral y VIH.
Hasta el último momento, la prensa había especulado con que Dilma Rousseff modificaría usando su derecho a veto algunos de los puntos de la ley, sobre todo porque los líderes religiosos le habían recordado días atrás que ella se había comprometido ante ellos, durante la campaña presidencial, a “no legalizar el aborto”. En aquella ocasión, la entonces candidata a la presidencia de la República se había comprometido a dejar el tema del aborto en manos del Congreso, sin entrar en el asunto. Y así lo ha hecho.
.png)
No hay comentarios:
Publicar un comentario