Salud cierra un centro de mayores y abre 48 expedientes por deficiencias
Los inspectores de servicios sociales realizan 330 controles diarios en centros y domicilios
Reyes Rincón Sevilla 16 AGO 2013 - 19:40 CET
La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, presenta los datos de las inspecciones en servicios sociales. / PACO PUENTES
Los más de 2.400 controles que realizaron el año pasado los inspectores de servicios sociales de la comunidad se saldaron con la apertura de 48 expedientes sancionadores y el cierre de una residencia, en Fuente Vaqueros (Granada). Los técnicos realizaron también 74.315 visitas domiciliarias para supervisar las prestaciones de la Ley de la Dependencia. El 85% de los usuarios consideraron que la atención que reciben cubre sus necesidades básicas y el 93% de los controles sobre cuidados en el entorno familiar obtuvo informe favorable, según los datos del plan de inspecciones de 2012 que ha presentado este viernes la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero.
Los 280 inspectores de los servicios sociales de Andalucía realizaron el año pasado una media de 330 inspecciones diarias. En total, 76.696 controles (2.423 en centros y 74.173 en domicilios). La mayoría de los centros visitados son residencias de mayores públicas, concertadas y privadas, pero también centros para personas con discapacidad, drogodependencia, enfermedad mental, servicios sociales comunitarios y atención a la mujer.
Los inspectores decretaron el cierre cautelar de una residencia concertada en Fuente Vaqueros porque, según ha señalado Montero, ni las condiciones que ofrecía ni el trato que prestaba eran “adecuados”. Sus responsables intentaron obtener de nuevo los permisos para reabrir pero fueron denegados y el centro sigue cerrado.
Respecto a los 48 expedientes abiertos a centros, la casuística es variada, pero predominan los casos en los que los se detectan fallos en las condiciones “materiales” de los centros, como problemas de accesibilidad o de climatización. “Son muy minoritarios los casos más graves, de falta de atención o de higiene”, ha afirmado Montero. Tras conocer el resultado de las inspecciones a centros, la Consejería se ha marcado tres objetivos fundamentales de mejora: impulsar la implantación de sistemas de control de la calidad (solo el 21% de los centros cuentan con una certificación externa de calidad), impulsar la formación de profesionales según el modelo de gestión por competencias y la puesta en marcha de planes de autopreotección en todos los centros, explicó Montero.
En las inspecciones sobre los cuidados en el entorno familiar, los técnicos controlaron, sobre todo, que las prestaciones económicas se empleen para la finalidad con la que fueron concedidas. De los 47.155 casos analizados, 43.854 se consideraron correctos. En la mayoría de los otros 3.300, los inspectores trasladaron la situación a las delegaciones provinciales de Salud para valorar la posibilidad de cambiar la prestación. “No siempre hay mala fe” de los familiares, ha señalado la consejera, que adelantó que la Junta prepara un decreto para simplificar y agilizar los trámites para la apertura de estos centros.
Los 280 inspectores de los servicios sociales de Andalucía realizaron el año pasado una media de 330 inspecciones diarias. En total, 76.696 controles (2.423 en centros y 74.173 en domicilios). La mayoría de los centros visitados son residencias de mayores públicas, concertadas y privadas, pero también centros para personas con discapacidad, drogodependencia, enfermedad mental, servicios sociales comunitarios y atención a la mujer.
Los inspectores decretaron el cierre cautelar de una residencia concertada en Fuente Vaqueros porque, según ha señalado Montero, ni las condiciones que ofrecía ni el trato que prestaba eran “adecuados”. Sus responsables intentaron obtener de nuevo los permisos para reabrir pero fueron denegados y el centro sigue cerrado.
Respecto a los 48 expedientes abiertos a centros, la casuística es variada, pero predominan los casos en los que los se detectan fallos en las condiciones “materiales” de los centros, como problemas de accesibilidad o de climatización. “Son muy minoritarios los casos más graves, de falta de atención o de higiene”, ha afirmado Montero. Tras conocer el resultado de las inspecciones a centros, la Consejería se ha marcado tres objetivos fundamentales de mejora: impulsar la implantación de sistemas de control de la calidad (solo el 21% de los centros cuentan con una certificación externa de calidad), impulsar la formación de profesionales según el modelo de gestión por competencias y la puesta en marcha de planes de autopreotección en todos los centros, explicó Montero.
En las inspecciones sobre los cuidados en el entorno familiar, los técnicos controlaron, sobre todo, que las prestaciones económicas se empleen para la finalidad con la que fueron concedidas. De los 47.155 casos analizados, 43.854 se consideraron correctos. En la mayoría de los otros 3.300, los inspectores trasladaron la situación a las delegaciones provinciales de Salud para valorar la posibilidad de cambiar la prestación. “No siempre hay mala fe” de los familiares, ha señalado la consejera, que adelantó que la Junta prepara un decreto para simplificar y agilizar los trámites para la apertura de estos centros.
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