El Gobierno vasco pide que se paralice el copago hospitalario y advierte de que podría recurrirlo ante los tribunales
Vitoria (25/09/2013) - E.P.
• Euskadi estima que es "imposible" aplicar esta medida desde el 1 de octubre y que generará "más gasto que ahorro"
• "Es un disparate", ha asegurado el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, quien, además critica el error capital de que le medida no fue comunicada oficialmente a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud
El Gobierno vasco reclamará la paralización cautelar del copago de los fármacos de dispensación hospitalaria, una medida que, según ha asegurado, resultará "imposible" aplicar desde el 1 de octubre -fecha fijada por el Gobierno central para su puesta en marcha- y que, además, generará "más gasto que ahorro". Esta petición será cursada a través de un recurso ante el Ministerio de Sanidad y, en caso de que este sea rechazado, se impugnará ante los tribunales de justicia.
El portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, ha realizado este anuncio durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este martes, en la que ha asegurado no compartir, "en absoluto", la orden del Ejecutivo central para empezar a cobrar un diez por ciento por los medicamentos que se dispensan en los hospitales para pacientes graves o crónicos.
Erkoreka ha denunciado que la medida "supone un disparate desde el punto de vista humano, sanitario y administrativo", además de resultar "inútil" en lo que se refiere a su supuesto carácter "disuasorio" y en la esfera "recaudatoria".
El portavoz del Gabinete de Íñigo Urkullu ha negado que la medida vaya a reducir el consumo de estos fármacos, dado que, al tratarse de productos para pacientes "graves o crónicos", éstos deberán seguir adquiriéndolos.
Además, ha advertido de que los gastos que implicará la puesta en marcha del sistema -con el consiguiente despliegue de medios técnicos y de personal- serán "superiores" al ahorro de 200.000 euros anuales en los que se ha cifrado el impacto económico de la orden ministerial en Euskadi.
"Es un disparate", ha asegurado Erkoreka, quien, además, ha criticado que la medida peca de un "defecto procedimiento evidente", dado que no fue comunicada oficialmente a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud. Este hecho, tal como ha indicado, será uno de los argumentos en los que se sustentará el recurso que interpondrá el Gobierno vasco contra la medida.
Recurso de alzada
La primera vía a la que recurrirá el Ejecutivo vasco es la administrativa, mediante la impugnación de la decisión ante la Secretaría de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad. El Gabinete de Urkullu planteará un recurso de alzada en el que pedirá que se paralice de forma cautelar la aplicación de este nuevo copago farmacéutico en Euskadi.
En el caso de que esta petición reciba una respuesta negativa, el Gobierno autonómico presentará un recurso contencioso-administrativo en los tribunales de Justicia, en el que también reclamará que se paralice de forma cautelar la orden del Ministerio de Sanidad. En una vía paralela, a través de los foros de diálogo "bilaterales y multilaterales" con la Administración central, el Ejecutivo vasco tratará de convencer a ésta de que anule la orden.
De todas formas, Erkoreka ha advertido de que será "absolutamente imposible" que el nuevo copago empiece a aplicarse en Euskadi el 1 de octubre, que es la fecha fijada por el Ejecutivo central. El portavoz del Ejecutivo ha criticado que el anuncio se haya realizado sin "la anticipación necesaria y exigible", por lo que no hay margen para adoptar las medidas "administrativas y tecnológicas" necesarias para su aplicación a partir del próximo mes.
El portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, ha realizado este anuncio durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este martes, en la que ha asegurado no compartir, "en absoluto", la orden del Ejecutivo central para empezar a cobrar un diez por ciento por los medicamentos que se dispensan en los hospitales para pacientes graves o crónicos.
Erkoreka ha denunciado que la medida "supone un disparate desde el punto de vista humano, sanitario y administrativo", además de resultar "inútil" en lo que se refiere a su supuesto carácter "disuasorio" y en la esfera "recaudatoria".
El portavoz del Gabinete de Íñigo Urkullu ha negado que la medida vaya a reducir el consumo de estos fármacos, dado que, al tratarse de productos para pacientes "graves o crónicos", éstos deberán seguir adquiriéndolos.
Además, ha advertido de que los gastos que implicará la puesta en marcha del sistema -con el consiguiente despliegue de medios técnicos y de personal- serán "superiores" al ahorro de 200.000 euros anuales en los que se ha cifrado el impacto económico de la orden ministerial en Euskadi.
"Es un disparate", ha asegurado Erkoreka, quien, además, ha criticado que la medida peca de un "defecto procedimiento evidente", dado que no fue comunicada oficialmente a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud. Este hecho, tal como ha indicado, será uno de los argumentos en los que se sustentará el recurso que interpondrá el Gobierno vasco contra la medida.
Recurso de alzada
La primera vía a la que recurrirá el Ejecutivo vasco es la administrativa, mediante la impugnación de la decisión ante la Secretaría de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad. El Gabinete de Urkullu planteará un recurso de alzada en el que pedirá que se paralice de forma cautelar la aplicación de este nuevo copago farmacéutico en Euskadi.
En el caso de que esta petición reciba una respuesta negativa, el Gobierno autonómico presentará un recurso contencioso-administrativo en los tribunales de Justicia, en el que también reclamará que se paralice de forma cautelar la orden del Ministerio de Sanidad. En una vía paralela, a través de los foros de diálogo "bilaterales y multilaterales" con la Administración central, el Ejecutivo vasco tratará de convencer a ésta de que anule la orden.
De todas formas, Erkoreka ha advertido de que será "absolutamente imposible" que el nuevo copago empiece a aplicarse en Euskadi el 1 de octubre, que es la fecha fijada por el Ejecutivo central. El portavoz del Ejecutivo ha criticado que el anuncio se haya realizado sin "la anticipación necesaria y exigible", por lo que no hay margen para adoptar las medidas "administrativas y tecnológicas" necesarias para su aplicación a partir del próximo mes.
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