Llombart anuncia que la nueva ley de salud reconocerá la condición de autoridad pública a los médicos

Valencia (11/06/2014) - E.P.

El objetivo, asegura el conseller de Sanidad valenciano, es dotarlos de "mayor protección en los momentos de tensión" que se puedan generar en el ejercicio de sus funciones

El conseller valenciano de Sanidad, Manuel Llombart, ha anunciado, en el "Fórum Europa. Tribuna Mediterránea", que la nueva ley de Salud de la Comunidad Valenciana, que prevé que se apruebe antes de diciembre, reconocerá la condición de autoridad pública a los profesionales sanitarios para dotarlos de "mayor protección en los momentos de tensión" que se puedan generar en el ejercicio de sus funciones.

Respecto a la nueva ley ha explicado que la Consejería está trabajando ya con los agentes sociales para "consensuar" este texto que permitirá "simplificar el acercamiento del valenciano a su sistema sanitario" al refundir las seis leyes actuales, un decreto legislativo y cuatro decretos, que serán derogados, en esta ley de Salud y en una norma relativa al ámbito farmacéutico.

Esta novedad se plantea reconocer la condición de autoridad pública a los profesionales sanitarios. Esta concesión les permitiría gozar de la presunción de veracidad en la constatación de los hechos acaecidos en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, supone que la agresión y otras conductas graves contra ellos sean consideradas delito de atentado contra la autoridad, que se añadirá a la existencia de otras posibles infracciones penales (falta o delito de lesiones).

Llombart ha explicado que esta ley, tras su aprobación por el pleno del Consejo, se trasladará a las Cortes y ha confiado en que sea aprobado antes de que termine el próximo periodo de sesiones, en diciembre. En cualquier caso, ha garantizado que será "un documento consensuado" con los agentes de modo que aunque no se esté "al cien por cien de acuerdo" sí que se tendrá un debate intenso que aportará novedades.

Asimismo, entre otras novedades se incorpora al texto y se actualiza "a la realidad de 2014" la atención a las drogodependencias y otros trastornos adictivos de forma que se incluirán de forma expresa las nuevas tecnologías como el teléfono móvil, Internet, videojuegos y contenidos virtuales. Además, de la ley de Salud Pública habrá un segundo cuerpo normativo sobre el ámbito farmacéutico ya que "al ser de una competencia del Estado desde la Consejería se tiene que adaptar a ella".

Por otra parte, durante su intervención ha criticado que se quiera trasladar el debate sanitario a gestión "pública o privada" cuando debe ser "darle la mejor Sanidad a los valencianos" ya que es "indudable que el cien por cien de la Sanidad es pública, gratuita, y universal con independencia del tipo de gestión".

Así, ha explicado que "unas veces se opta por la gestión directa y otras por acudir a la gestión privada" donde se entiende que resulta más beneficioso que la gestión directa en la pública.

Llombart ha explicado que la voluntad de la Consejería es "adecuar" el debate a "las necesidades que la sociedad demande" y que se está " abierto" a las concesionarias en tres puntos básicos: es "intocable" que la calidad que ofrezcan sea "al menos tan buena como el de gestión directa", que la concesión suponga "un ahorro en la administración del servicio" y que resulte asimismo "una inversión interesante para las concesionarias".

Por ello, ha criticado que mientras que Consejo "habla de buscar la mejor solución para cada problema, otro se preocupaban por el método buscando intereses partidistas". Así, ha destacado que el PP evitó con sus votos que se aprobara una iniciativa, apoyada por toda la oposición, que eliminaba la gestión público-privada sanitaria, lo que podría ser "un peligro para la sostenibilidad del sistema" porque tendría "unas graves consecuencias de manera inmediata".

Al respecto, ha señalado que la reversión de cinco departamentos de salud de gestión privada que pretendía la oposición, sería "contractualmente muy complicada y económicamente muy costosa" y además en el apartado de personal no se garantizaría que todos los profesionales pudieran ser asumidos por la administración.