Aragón, Valencia, Baleares y Cantabria devuelven la sanidad a los inmigrantes

Las regiones cambian sus leyes para cubrir la asistencia que negó el Real Decreto de 2012

SERGIO LILLO Santander 17 AGO 2015 - 18:53 CEST

Manifestación por la sanidad gratuita universal en Valencia el pasado abril. / MÓNICA TORRES

El cambio de Gobierno en algunas autonomías tras las elecciones de mayo ha propiciado que varios miles de personas en España tengan de nuevo acceso a la sanidad gratuita. Con el Real Decreto-Ley 16/2012, el Ejecutivo nacional dejó fuera de la asistencia sanitaria a unas 870.000 personas, sobre todo inmigrantes en situación irregular. Ahora, Valencia, Baleares, Aragón y Cantabria han modificado su legislación para incluir en sus Sistemas de Salud a aquellos que se quedaron fuera en 2012.

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Este movimiento responde al pacto al que llegaron todas las formaciones políticas a excepción del PP y Ciudadanos el pasado 10 de marzo para restablecer el derecho a la salud a todos aquellos que vivan en España.

Los inmigrantes irregulares que lleven tres meses empadronados en Cantabria tendrán derecho a utilizar el sistema sanitario público autonómico desde este martes. El Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla ha publicado este lunes en el Boletín Oficial una orden de la Consejería de Sanidad que recupera la sanidad universal y gratuita en la región.

Con esta normativa se deroga el Programa de Protección Social de la Salud Pública aprobado por el anterior Gobierno del PP en 2013, que establecía un plazo de 183 días de empadronamiento y un límite de ingresos equivalente al IPREM (532,51 euros al mes) para tener acceso al servicio sanitario gratuito. Ahora, aquellos que lo soliciten tendrán una tarjeta identificativa que les dará pleno acceso a la atención sanitaria únicamente en Cantabria durante dos años prorrogables si siguen en la misma situación.

Las nuevas condiciones para los inmigrantes se limitan a llevar tres meses empadronados en España

Las nuevas condiciones a cumplir por los solicitantes se reducen a llevar tres meses empadronados (90 días) —por debajo de este período se considera turista al extranjero—. No se exigen ingresos mínimos. Desde el mismo momento en que se presente la documentación en los centros de atención primaria, se tendrá acceso a la asistencia sanitaria. “No supone un aumento en los presupuestos porque los inmigrantes suelen ser jóvenes y sanos, aunque coyunturalmente tengan algún problema”, asegura a EL PAÍS Mª Luisa Real, consejera de Sanidad de Cantabria.

Desde el Ejecutivo central, a través del Real Decreto-Ley 16/2012, se limitó el acceso de los inmigrantes irregulares a la sanidad pública: solo podían acudir a los servicios de urgencias y en situaciones de embarazo, parto o posparto. Los irregulares menores de 18 años son tratados como españoles. Las férreas condiciones del Decreto dejaron fuera no solo a inmigrantes, sino a personas con nacionalidad española que no fueran trabajadores o pensionistas, estuvieran cobrando algún subsidio, hubieran agotado la prestación de desempleo y estuvieran apuntados en el paro, fueran cónyuges o hijos hasta los 26 años o no llegaran a un nivel máximo de ingresos.

Cantabria, la última en sumarse a la iniciativa

Cantabria se suma así a Aragón, Baleares y Valencia, que ya han aprobado en los últimos meses documentos que posibilitaban la atención primaria gratuita y prestación farmacéutica a los inmigrantes irregulares.

La Generalitat Valenciana fue el primer Gobierno salido de las urnas de las últimas elecciones de mayo que anunció la extensión de la asistencia sanitaria a todos los empadronados en su territorio. El Ejecutivo de Ximo Puig (PSPV y Compromís) ha estimado que serán 30.000 los beneficiados. Las únicas condiciones para acceder a la cobertura serán llevar tres meses empadronados en un municipio de la comunidad autónoma, no tener un seguro privado, ni ser nacional de un país que tenga firmado un acuerdo con España que le obligue al pago. La tarjeta identificativa se obtendrá en el centro de salud.

En Baleares, el nuevo Ejecutivo liderado por Francina Armengol (PSOE y Mès) incluyó en el sistema de salud pública balear el pasado 17 de julio a unos 15.000 extranjeros que residen irregularmente en las islas. Estos tendrán una tarjeta identificativa con la que podrán recibir atención sanitaria completa.

Aragón, desde el pasado 13 de agosto, también se encaminó hacia la asistencia sanitaria universal para todos los ciudadanos de la Comunidad. El Departamento de Sanidad de la Junta trasladó a todos los centros de atención primaria y especializada las instrucciones para extender la cobertura sanitaria en la región de manera inmediata.

El Consejo de Gobierno recomendó tal acción el 29 de julio. Sebastián Celaya, consejero de Sanidad del Ejecutivo aragonés aseguró que "nos parece un derecho fundamental". Las condiciones para acceder a la cobertura total del Servicio Aragonés de Salud son que los beneficiarios lleven al menos tres meses empadronados en la Comunidad y que no tengan condición de asegurado por ninguna otra Administración o que no puedan exportar el derecho de asistencia sanitaria desde su país de origen. Además, sus ingresos deben ser inferiores en dos veces y media el IPREM anual (menos de 16.000 euros anuales). La duración es de doce meses prorrogables, si se mantienen las condiciones.

En el caso aragonés, cuando la persona solicita el documento se le da otro provisional con el que puede ser atendido hasta tener el definitivo. Idéntico proceso al que siguen cuando cualquier otro ciudadano pide la tarjeta sanitaria.

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, propone devolver la asistencia sanitaria en atención primaria a los inmigrantes. Pero tras su reunión con los responsables autonómicos de Sanidad el pasado 30 de julio, Alonso dejó claro que su propuesta consiste en entregar un documento para el médico de familia a aquellos inmigrantes que lleven más de un año empadronados en España. Solo tendrían derecho a esa asistencia en su Comunidad de residencia y pagarían el 40% de los gastos en medicamentos.