El Gobierno anuncia para finales de mes una reforma sanitaria “estructurada y contrastada” en la que se contempla una redefinición de la cartera de servicios para evitar abusos
Madrid (11/04/2012) - E.P./ Redacción
De los 10.000 millones de euros que prevé ahorrar el Gobierno, se calcula que el recorte en Sanidad será de unos 7.000 millones y el resto corresponderá a educación, sin embargo, las medidas y el ahorro que se pretenden conseguir en materia de Sanidad con el nuevo Programa Nacional de Reformas no se concretarán hasta que la ministra de Sanidad, Ana Mato, se reúna con las comunidades autónomas el próximo 18 de abril, en la reunión del Consejo Interterritorial
Tras la noticia del Ejecutivo de la puesta en marcha de un nuevo paquete de reformas en Sanidad y educación, con las que se prevé ahorrar 10.000 millones de euros en ambas materias, el PP calcula que el ahorro en Sanidad a través de medidas para lograr una mayor racionalización del gasto, la eliminación de duplicidades y una mejor eficiencia en la gestión de los servicios públicos estará en torno a los 7.000 millones de euros, correspondiendo el resto a educación.
Así pues, aunque no se han concretado las medidas ni qué ahorro corresponderá a cada departamento, y desde el gabinete de la ministra se insiste en que hasta que no se reúna con las comunidades autónomas en el próximo Interterritorial, que se ha anunciado para el próximo 18 de abril, "no hay nada cerrado", algunas fuentes estiman que el recorte en Sanidad será de un 60 o 70 por ciento. Un ahorro que se conseguirá con la puesta en marcha de propuestas como una cartera básica de servicios, manteniendo el número de patologías que ahora se atienden, pero modificando la gestión, siendo más objetivos a la hora de aplicar los tratamientos y marcando prioridades; una tarjeta sanitaria única en toda España; la receta electrónica; el pago de las medicinas en función de la renta; un mayor control del turismo sanitario, controlando más a aquellas personas de otros países que acuden a España para someterse a operaciones e intervenciones quirúrgicas; recudir el transporte sanitario siempre que la situación del paciente lo permita o una central de compras centralizada. De hecho, esta última medida podría suponer un ahorro de hasta el 10 por ciento de esos 7.000 millones.
En este sentido, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado hoy que "de aquí a dos semanas" se tendrá una reforma de la Sanidad "estructurada y contrastada" con las comunidades autónomas, y en la que se incluirá una redefinición de la cartera de los servicios básicos para hacerla más "racional y más adecuada" y hacerlo en cooperación con los expertos.
Asimismo, Montoro ha subrayado que la reforma sanitaria "está bastante avanzada" y aunque no ha detallado cómo se producirá ese ahorro, ya que tiene que discutirse con las comunidades autónomas, sí ha indicado que una de las maneras de conseguirlo es "combatiendo los abusos" que se cometen sobre el sistema sanitario. Entre estos abusos, el ministro ha mencionado el que cometen los europeos que vienen a España a hacer uso de la Sanidad gratuita porque en sus países de origen tienen que pagar por ella, o el que se produce con las recetas y los medicamentos. "Se va a definir el catálogo de servicios, la tarjeta sanitaria única y también, cómo los extranjeros usan ese servicio, ya que hay europeos que vienen a España a utilizar servicios que no les prestan sus respectivos países", ha sentenciado.
En todo caso, Montoro ha señalado que se trata de una "reforma ambiciosa" que "no va sólo sobre la idea elemental de lo que sería un copago", medida que, por otra parte, ha dicho que ya existe en España, y ha asegurado que los ajustes en Sanidad y educación "no están dirigidos a calmar a los mercados", sino que forman parte de la agenda reformista del Gobierno. "Estamos cumpliendo un calendario y las reformas seguirán. A final de verano, estarán ya todas preparadas y aprobadas", ha añadido el ministro.
En otro orden de cosas, Montoro ha reconocido que a España se la ve desde fuera como un "problema" y al Estado de las autonomías como un "pozo sin fondo", por lo que ha insistido en la necesidad de poner en él "orden y disciplina". "Yo creo en la austeridad y en el equilibrio presupuestario. No creo en el déficit como motor de crecimiento económico", ha subrayado.
Además, Luis de Guindos se ha vuelto a pronunciar hoy, en el Forum Europa, sobre la reforma sanitaria y ha apostado por los recortes para garantizar un sistema público universal y sostenible. "El principal enemigo de la Sanidad pública es el que se niega a hacer recortes", ha matizado.
De Guindos ha recordado que ha habido muchos retrasos en los pagos y que partidas como las de Sanidad están suponiendo problemas en las comunidades para cumplir los objetivos de déficit y, por otra parte, ha negado que la reforma responda a una situación "específica o excepcional" de la inquietud de los mercados y ha asegurado que estaba prevista "prácticamente desde el primer día". "Las reformas de la Sanidad y de la educación son ineludibles, pero no para ahorrar 10.000 millones, sino para garantizar la calidad de estos servicios a largo plazo", ha apuntado. También, De Guindos ha avanzado que las dos reformas se aprobarán en las próximas semanas, y a lo largo del mes de abril, y que serán presentadas por los ministros de cada ramo "muy, muy rápido", ha concluido.
También, el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, ha calificado esta medida de "señal muy importante" para los mercados y ha reconocido que el Ejecutivo tiene ahora que negociar con las comunidades autónomas cómo llevar a cabo el recorte en Sanidad y educación. Además, Floriano ha adelantado que el objetivo del Gobierno es "evitar duplicidades y racionalizar el gasto para reducir el déficit" que, según ha señalado, "es la clave para la financiación". Del mismo modo, ha manifestado que el recorte del gasto de los Presupuestos Generales del Estado no perjudicará a las personas con más dificultades y ha enfatizado que, en cualquier caso, el ahorro extra de 10.000 millones de euros no afectará a la calidad de la Sanidad y la educación.
Al respecto, el PP ha querido dejar claro que el ahorro anunciado "no es un recorte adicional" a los Presupuestos Generales del Estado, sino que es el resultado de otras reformas que el Gobierno piensa rematar con las comunidades autónomas. Así lo ha precisado el portavoz del grupo Popular, Alfonso Alonso, en rueda de prensa en el Congreso, remarcando que los presupuestos siguen su camino y que, al margen de ese recorrido, el Ejecutivo está trabajando con las comunidades para llevar a cabo unas reformas que ya anunció el presidente del Gobierno.
Copago progresivo
Respecto a si se establecerá una especie de copago progresivo, Montoro ha indicado que el ministro de Economía, Luis de Guindos, lanzó una "idea general" al apuntar un nivel de rentas de 100.000 euros a partir del cual habría que pagar por la Sanidad.
"Ese nivel puede ser utilizado, pero estamos en estudio de todo esto, porque no es tan sencillo hacer cambios de esta envergadura", ha precisado el titular de Hacienda.
Por su parte, el responsable de Sanidad y Asuntos Sociales del Partido Popular, José Ignacio Echániz, ha explicado que la posibilidad de que las rentas más altas paguen más o la tasa de un euro por receta, impuesta por la Generalitat de Cataluña, son propuestas que se encuentran "encima de la mesa" para acabar con el déficit en Sanidad.
"En las próximas semanas, con el liderazgo de la ministra de Sanidad, Ana Mato, todos los consejeros autonómicos tenemos la responsabilidad de poner encima de la mesa nuestra fórmula para atajar la caída de los ingresos", ha señalado Echániz.
Asimismo, ha explicado que el objetivo es intentar que la decisión final sea adoptada por todos, "de manera homogénea y universal", y se tome entre todas las comunidades autónomas.
Por otra parte, el responsable de Sanidad y Asuntos Sociales del PP ha explicado que, solamente en el presupuesto General del Estado de 2012, el Gobierno va a tener que pagar 29.000 millones de euros en los intereses. "Con no tener este nivel de deuda de déficit seríamos capaces de no tener deudas en el ámbito sanitario", que ronda los 16.000 millones, como ha recordado, y, añade que "podríamos tener holguras para financiar mucho mejor la Sanidad".
Reacciones políticas
Ante el anuncio de Mariano Rajoy de los recortes en Sanidad y educación, las reacciones se han sucedido, en este sentido, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha exigido explicaciones al presidente del Gobierno por el "intolerable" anuncio del recorte extra y la sucesión de "mentidos y desmentidos", lo que supone, según su criterio, "la mejor manera de perder credibilidad a chorros". Una comparencia que también han pedido el grupo de la izquierda plural IU-ICV-CHA y BNG y que si bien el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, no ha solicitado formalmente también la apoya puesto que ve con "alarma", como ha declarado, el recorte de 10.000 millones de euros. Sin embargo, el portavoz del grupo popular, Alfonso Alonso, ha enfriado la exigencia de una comparecencia monográfica del presidente del Gobierno recalcando que Rajoy no va a variar su agenda parlamentaria y que seguirá sometiéndose al control parlamentario en el Senado y en el Congreso.
Así pues, en rueda de prensa, Valenciano ha censurado que en unas pocas horas el Ejecutivo haya dado versiones diferentes respecto de los ajustes que tenía previsto acometer en Sanidad y educación para al final conocer, a través de una "escueta" nota de prensa, que lo que se propone es un ajuste de 10.000 millones de euros que, en su opinión, el actual modelo "no soporta" y que, además, "tal y como van las cosas, será difícil que no toque el bolsillo de los españoles".
En este contexto, la dirigente socialista ha pedido al Gobierno "seriedad" y "responsabilidad" sobre estos asuntos de máxima importancia y sensibilidad para la sociedad, más aún en una situación de crisis como la que vive nuestro país. "La educación y la Sanidad pública son dos líneas rojas infranqueables porque dan cohesión al país y, por tanto, no se aceptará un recorte sobre el que aún se desconoce si está recogido o no en los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio", ha planteado Valenciano.
Al hilo Valenciano ha apuntado que si se quieren fórmulas de ahorro "se sienten todos a dialogar" ya que "lo que no queremos es que por la puerta de atrás se cambie el sistema sanitario, y aunque el PP tenga mayoría absoluta no tiene cheque en blanco para cambiarlo", según ha matizado.
Por su parte, el portavoz socialista en el Senado, Marcelino Iglesias, ha censurado la "improvisación" y la "falta de coordinación" del Gobierno de Mariano Rajoy en el anuncio de estas reformas puesto que se ha realizado, como ha recordado, a través de una nota de prensa una semana después de presentar los Presupuestos Generales del Estado.
Además, Iglesias ha calificado de "disparate" este recorte anunciado por la Moncloa y ha insistido en que el PSOE sigue rechazando la ley que desarrolla el Pacto de Estabilidad sellado entre populares y socialistas en la pasada legislatura al entender que los primeros han "incumplido" lo pactado. "El PSOE está de acuerdo con la estabilidad pero no con déficit cero, que no deja capacidad de maniobra a los gobiernos", ha argumentado.
También, el líder de UDC y portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran, ha instado al Ejecutivo que en lugar de recortar 10.000 millones en Sanidad y educación, lo haga en la "superestructura" del Estado y ha asegurado que "no se transmite una sensación positiva cuando se recortan servicios básicos por parte del Estado".
En este contexto, Duran ha recordado que el Gobierno "no tiene" competencias ni en Sanidad ni en educación, y ha abogado porque ni Cataluña ni ninguna otra autonomía deban recortar en esta materia.
También ha realizado declaraciones al respecto la diputada y secretaria de Política Social socialista, Trinidad Jiménez, quien ha afirmado que el PP y el presidente del Gobierno están dando un "espectáculo lamentable" con las "políticas de ajuste".
Para Jiménez, "lo primero que tiene que hacer el Gobierno es actuar con seriedad y esto significa que si tiene que hacer algún tipo de ajuste que lo haga de manera clara, explícita y cuantificada". En su opinión, "se están lanzando mensajes contradictorios con los recortes, sin decir cómo, ni cuándo ni para qué, y se está mandando un mensaje contraproducente a los mercados, dando la sensación de caos e incertidumbre".
En cuanto a las medidas concretas en Sanidad, Jiménez ha explicado que el PSOE no va a apoyar iniciativas que supongan un "ataque directo" al sistema público de salud y, en concreto, a la propuesta sobre el pago "progresivo" del ministro de Economía, Luis de Guindos.
Desde su posición como parte del Gobierno anterior ha explicado que, a la hora de realizar presupuestos en épocas de crisis, hay que "priorizar", y ha señalado que, como ex ministra de Sanidad "ha tenido que priorizar también en el gasto y buscar fórmulas".
"De hecho las encontré y tengo una cierta legitimidad al hablar de lo que hablo porque hice una propuesta al Consejo Interterritorial que ha supuesto un ahorro de 5.000 millones de euros", ha recordado.
Además, según advierte, como oposición están poniendo propuestas en la mesa como un impuesto que con carácter finalista vaya destinado a pagar la Sanidad; una subida del impuesto alcohol y el tabaco destinada a la Sanidad; la subasta de medicamentos; y propuestas que tienen que ver con la central de compras.
Por su parte, la Comisión Europea ha acogido "favorablemente" estas nuevas medidas porque "confirman la determinación" de España de reducir el déficit, pero espera recibir los detalles de las medidas para ese ahorro "en las próximas horas".
En otro orden de cosas, el secretario general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, Antonio Cabrera, ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que los recortes en Sanidad anunciados por el Gobierno se concreten en recortes de personal o reducción de salarios a los profesionales. "El Gobierno tendrá que concretar si su política de recortes va a ir en la línea de la desarrollada este año por las comunidades autónomas, que han aplicado ajustes de jornada, bajadas de salarios y reducciones de plantilla para abaratar costes. Lo más fácil es reducir en gastos de personal y nos preocupa, pues esto sí que llevará al deterioro de las prestaciones", ha sentenciado.
También se ha pronunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien ha pedido al presidente del Gobierno que busque un pacto de Estado con el PSOE para hacer una reforma en profundidad de las administraciones públicas. Según los cálculos que ha hecho, con esa reforma se ahorrarían 48.000 millones de euros. En este marco, Aguirre ha argument¡ado que la Sanidad y la educación deberían volver al Estado."Si España lo necesita, las grandes competencias de las comunidades autónomas, desde luego la mía, la Sanidad, la educación y la justicia, pueden devolverse al Estado; y el resto, transportes y servicios sociales, a los ayuntamientos", ha apuntado.
Aguirre, quien se ha entrevistado en el Palacio de la Moncloa con el jefe del Ejecutivo, le ha planteado la necesidad de "revisar de raíz" todo el Estado de las autonomías, subrayando que este modelo se creó para integrar a los partidos nacionalistas de Cataluña y País Vasco, y sin embargo sólo han servido para encarecer el funcionamiento de las otras 15 regiones.
Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que no cree que el Gobierno vaya a hacer recortes en educación y Sanidad, sino que emprenderá "reformas en la legislación", al tiempo que se ha mostrado partidaria de reducir el gasto público de una manera "drástica". "En el caso de la Comunidad de Madrid, todo lo que se refiera a la salud y a la curación de enfermedades será universal, gratuito y de la máxima calidad, frente a otro tipo de prestaciones que se pueden revisar", ha sentenciado.
Postura de las comunidades autónomas
Del mismo modo, las reacciones de las comunidades autónomas no se han hecho esperar y, en este sentido, la consejera andaluza de Salud en funciones, María Jesús Montero, ha criticado que el Gobierno central haya anunciado un paquete de reformas en educación y Sanidad "sin ni siquiera contarlas", como ha apuntado. Así pues, a través de su cuenta en la red social Twitter, Montero ha dicho que no puede entender "cómo se hace un comunicado de Moncloa para decir esto sin más explicaciones", por lo que ha pedido "un respeto a los ciudadanos y profesionales".
Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía en funciones, José Antonio Griñán, ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de haber "roto" todos los consensos en este país, el social, el político y el institucional, y ha estimado que existen "alternativas" al anunciado "recorte" adicional de 10.000 millones de euros. Asimismo, Griñán ha recordado que en Andalucía el gasto por habitante es menor que la media "porque se ha ahorrado sin recortar derechos", y ha aludido a medidas como la financiación por principio activo de los medicamentos, a la subasta de medicamentos o a la cirugía ambulatoria. "Hemos tomado una serie de decisiones en Sanidad que han ahorrado mucho dinero y que al mismo tiempo nos han permitido conservar derechos", ha apuntado.
Desde Aragón, el departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de dicha comunidad ha mostrado su apoyo a propiciar ahorros en el sistema sanitario y ha recordado que, por su parte, ya están promoviendo la "optimización de los recursos" como la no caducidad la tarjeta sanitaria; la implantación "real" de la receta electrónica; la implantación del historial clínico digitalizado; un "seguimiento exhaustivo" de la programación, los tiempos de ocupación de quirófanos y suspensión de intervenciones programadas; la puesta en marcha de la central de compras de material sanitario y farmacéutico y la creación de unidades de "excelencia hospitalaria", donde, una vez creada la cartera básica de cada hospital, se integrarán los servicios duplicados y se agruparán en una sola unidad que sea competitiva a nivel nacional, como la creación del Instituto Oncológico y el Instituto de Neurociencias, tal y como han informado desde el departamento de Sanidad aragonés.
Sin embargo, la Chunta Aragonesista (CHA) ha rechazado este el recorte y ha exigido al Gobierno de Aragón que pelee por la calidad de la educación y Sanidad públicas de la comunidad autónoma. "Cada vez que el PP dice que estemos tranquilos, tenemos que echarnos a temblar", ha afirmado la portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Nieves Ibeas, en relación a las declaraciones del responsable de Sanidad y Asuntos Sociales del PP, Ignacio Echániz, de que los ciudadanos pueden estar "tranquilos" porque no va a haber recortes. Al hilo, Ibeas ha opinado en una nota de prensa que "están desmantelando el estado del Bienestar a marchas forzadas" y ha argumentado que el anuncio de Rajoy, diez días después de la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, "significa que esas cuentas son un fraude".
Por su parte, el portavoz parlamentario del PP vasco, Antón Damborenea, ha manifestado que el ajuste anunciado por el Gobierno del PP en Sanidad y educación, "podría afectar al País Vasco, al igual que puede afectar a todas las comunidades autónomas, pero no a servicios básicos que reciben los ciudadanos". En este sentido, Damborenea ha señalado que "habrá que ver en qué se materializa".
No obstante, ha señalado que, dentro del apartado de Sanidad, "hay otras muchas cosas que son Sanidad porque están en este departamento pero que no responden exactamente a lo que son los servicios públicos que reciben la gente", ha apuntado.
En concreto, se ha referido a sociedades paralelas a los propios organismos autónomos o formas de gestionar el dinero público "distintas a como se ha hecho hasta ahora", según ha manifestado. Así, Damborenea cree que se puede "gestionar mejor", sobre todo, en estas épocas de crisis económicas que en otras "parecía que sobraba el dinero y las cosas se hacían un poco a lo grande o contratando de forma diversa".
"No es lo mismo que cada hospital haga sus compras a que todo eso se centralice y se consigan precios más baratos para lo mismo", ha añadido.
Por otra parte, ante la medida de amnistía fiscal impulsada también por el Gobierno del PP, Damborenea ha señalado que "habría que empezar diciendo que, en principio, aquí ya hay amnistía fiscal".
Al hilo, el consejero de Sanidad del País Vasco, Rafael Bengoa, ha asegurado que el Gobierno vasco no se plantea "de ninguna forma" aplicar "recortes de prestaciones" y, además, ha advertido de que "los grandes problemas" del sistema de salud no se resuelven con "centralización" ni con "la varita mágica" del copago. En este sentido, ha asegurado que "la Sanidad es de una complejidad enorme" que requiere "hacer cosas muy complejas" para asegurar su sostenibilidad.
"Sería la primera vez en la historia de la democracia que se le pega un tijeretazo a los servicios a los que tenemos acceso los españoles que financiamos la Sanidad a través de los impuestos", ha subrayado.
"Tenemos mucho que enseñarles a Montoro, De Guindos y a la ministra Mato sobre qué ideas harían que el sistema de salud fuera sostenible", ha asegurado, apuntando que "las ideas no están en los globos sonda que se puedan estar lanzando desde Madrid, sino en aquellos que hemos estado gestionando la sanidad en los últimos tres años".
El consejero vasco ha resaltado, además, que se está "perdiendo tiempo" en el tema del copago porque "no resuelve los grandes problemas de la Sanidad" y ha asegurado que la solución radica en medidas como la que se están aplicando en el País Vasco, con una inversión en una línea tecnológica para no duplicar pruebas o el control de los crónicos a domicilio.
Desde La Rioja, el presidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz, ha advertido hoy de que "como hemos vivido, no vamos a poder vivir", ante el anuncio del Gobierno central de los recortes, y ha asegurado que "hay que poner los pies en el suelo y ajustarse el cinturón sin que se quiebren los pilares básicos del bienestar".
Por la comunidad extremeña, el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha subrayado sobre los recortes que "habrá que tocar lo que no funcione" y ha añadido que "es momento de revisar situaciones y no pasa nada porque se revisen algunas cosas". Asimismo, Monago ha aclarado que no es partidario del copago porque la sociedad extremeña es una sociedad en que la inmensa mayoría de los ciudadanos no llega ni a los 1.000 euros, "no son ni mileuristas", ha apuntado. Sin embargo, Monago sí se ha mostrado "dispuesto a escuchar todas las medidas" que se propongan "frente al abuso y el fraude".
Así pues, aunque no se han concretado las medidas ni qué ahorro corresponderá a cada departamento, y desde el gabinete de la ministra se insiste en que hasta que no se reúna con las comunidades autónomas en el próximo Interterritorial, que se ha anunciado para el próximo 18 de abril, "no hay nada cerrado", algunas fuentes estiman que el recorte en Sanidad será de un 60 o 70 por ciento. Un ahorro que se conseguirá con la puesta en marcha de propuestas como una cartera básica de servicios, manteniendo el número de patologías que ahora se atienden, pero modificando la gestión, siendo más objetivos a la hora de aplicar los tratamientos y marcando prioridades; una tarjeta sanitaria única en toda España; la receta electrónica; el pago de las medicinas en función de la renta; un mayor control del turismo sanitario, controlando más a aquellas personas de otros países que acuden a España para someterse a operaciones e intervenciones quirúrgicas; recudir el transporte sanitario siempre que la situación del paciente lo permita o una central de compras centralizada. De hecho, esta última medida podría suponer un ahorro de hasta el 10 por ciento de esos 7.000 millones.
En este sentido, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado hoy que "de aquí a dos semanas" se tendrá una reforma de la Sanidad "estructurada y contrastada" con las comunidades autónomas, y en la que se incluirá una redefinición de la cartera de los servicios básicos para hacerla más "racional y más adecuada" y hacerlo en cooperación con los expertos.
Asimismo, Montoro ha subrayado que la reforma sanitaria "está bastante avanzada" y aunque no ha detallado cómo se producirá ese ahorro, ya que tiene que discutirse con las comunidades autónomas, sí ha indicado que una de las maneras de conseguirlo es "combatiendo los abusos" que se cometen sobre el sistema sanitario. Entre estos abusos, el ministro ha mencionado el que cometen los europeos que vienen a España a hacer uso de la Sanidad gratuita porque en sus países de origen tienen que pagar por ella, o el que se produce con las recetas y los medicamentos. "Se va a definir el catálogo de servicios, la tarjeta sanitaria única y también, cómo los extranjeros usan ese servicio, ya que hay europeos que vienen a España a utilizar servicios que no les prestan sus respectivos países", ha sentenciado.
En todo caso, Montoro ha señalado que se trata de una "reforma ambiciosa" que "no va sólo sobre la idea elemental de lo que sería un copago", medida que, por otra parte, ha dicho que ya existe en España, y ha asegurado que los ajustes en Sanidad y educación "no están dirigidos a calmar a los mercados", sino que forman parte de la agenda reformista del Gobierno. "Estamos cumpliendo un calendario y las reformas seguirán. A final de verano, estarán ya todas preparadas y aprobadas", ha añadido el ministro.
En otro orden de cosas, Montoro ha reconocido que a España se la ve desde fuera como un "problema" y al Estado de las autonomías como un "pozo sin fondo", por lo que ha insistido en la necesidad de poner en él "orden y disciplina". "Yo creo en la austeridad y en el equilibrio presupuestario. No creo en el déficit como motor de crecimiento económico", ha subrayado.
Además, Luis de Guindos se ha vuelto a pronunciar hoy, en el Forum Europa, sobre la reforma sanitaria y ha apostado por los recortes para garantizar un sistema público universal y sostenible. "El principal enemigo de la Sanidad pública es el que se niega a hacer recortes", ha matizado.
De Guindos ha recordado que ha habido muchos retrasos en los pagos y que partidas como las de Sanidad están suponiendo problemas en las comunidades para cumplir los objetivos de déficit y, por otra parte, ha negado que la reforma responda a una situación "específica o excepcional" de la inquietud de los mercados y ha asegurado que estaba prevista "prácticamente desde el primer día". "Las reformas de la Sanidad y de la educación son ineludibles, pero no para ahorrar 10.000 millones, sino para garantizar la calidad de estos servicios a largo plazo", ha apuntado. También, De Guindos ha avanzado que las dos reformas se aprobarán en las próximas semanas, y a lo largo del mes de abril, y que serán presentadas por los ministros de cada ramo "muy, muy rápido", ha concluido.
También, el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, ha calificado esta medida de "señal muy importante" para los mercados y ha reconocido que el Ejecutivo tiene ahora que negociar con las comunidades autónomas cómo llevar a cabo el recorte en Sanidad y educación. Además, Floriano ha adelantado que el objetivo del Gobierno es "evitar duplicidades y racionalizar el gasto para reducir el déficit" que, según ha señalado, "es la clave para la financiación". Del mismo modo, ha manifestado que el recorte del gasto de los Presupuestos Generales del Estado no perjudicará a las personas con más dificultades y ha enfatizado que, en cualquier caso, el ahorro extra de 10.000 millones de euros no afectará a la calidad de la Sanidad y la educación.
Al respecto, el PP ha querido dejar claro que el ahorro anunciado "no es un recorte adicional" a los Presupuestos Generales del Estado, sino que es el resultado de otras reformas que el Gobierno piensa rematar con las comunidades autónomas. Así lo ha precisado el portavoz del grupo Popular, Alfonso Alonso, en rueda de prensa en el Congreso, remarcando que los presupuestos siguen su camino y que, al margen de ese recorrido, el Ejecutivo está trabajando con las comunidades para llevar a cabo unas reformas que ya anunció el presidente del Gobierno.
Copago progresivo
Respecto a si se establecerá una especie de copago progresivo, Montoro ha indicado que el ministro de Economía, Luis de Guindos, lanzó una "idea general" al apuntar un nivel de rentas de 100.000 euros a partir del cual habría que pagar por la Sanidad.
"Ese nivel puede ser utilizado, pero estamos en estudio de todo esto, porque no es tan sencillo hacer cambios de esta envergadura", ha precisado el titular de Hacienda.
Por su parte, el responsable de Sanidad y Asuntos Sociales del Partido Popular, José Ignacio Echániz, ha explicado que la posibilidad de que las rentas más altas paguen más o la tasa de un euro por receta, impuesta por la Generalitat de Cataluña, son propuestas que se encuentran "encima de la mesa" para acabar con el déficit en Sanidad.
"En las próximas semanas, con el liderazgo de la ministra de Sanidad, Ana Mato, todos los consejeros autonómicos tenemos la responsabilidad de poner encima de la mesa nuestra fórmula para atajar la caída de los ingresos", ha señalado Echániz.
Asimismo, ha explicado que el objetivo es intentar que la decisión final sea adoptada por todos, "de manera homogénea y universal", y se tome entre todas las comunidades autónomas.
Por otra parte, el responsable de Sanidad y Asuntos Sociales del PP ha explicado que, solamente en el presupuesto General del Estado de 2012, el Gobierno va a tener que pagar 29.000 millones de euros en los intereses. "Con no tener este nivel de deuda de déficit seríamos capaces de no tener deudas en el ámbito sanitario", que ronda los 16.000 millones, como ha recordado, y, añade que "podríamos tener holguras para financiar mucho mejor la Sanidad".
Reacciones políticas
Ante el anuncio de Mariano Rajoy de los recortes en Sanidad y educación, las reacciones se han sucedido, en este sentido, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha exigido explicaciones al presidente del Gobierno por el "intolerable" anuncio del recorte extra y la sucesión de "mentidos y desmentidos", lo que supone, según su criterio, "la mejor manera de perder credibilidad a chorros". Una comparencia que también han pedido el grupo de la izquierda plural IU-ICV-CHA y BNG y que si bien el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, no ha solicitado formalmente también la apoya puesto que ve con "alarma", como ha declarado, el recorte de 10.000 millones de euros. Sin embargo, el portavoz del grupo popular, Alfonso Alonso, ha enfriado la exigencia de una comparecencia monográfica del presidente del Gobierno recalcando que Rajoy no va a variar su agenda parlamentaria y que seguirá sometiéndose al control parlamentario en el Senado y en el Congreso.
Así pues, en rueda de prensa, Valenciano ha censurado que en unas pocas horas el Ejecutivo haya dado versiones diferentes respecto de los ajustes que tenía previsto acometer en Sanidad y educación para al final conocer, a través de una "escueta" nota de prensa, que lo que se propone es un ajuste de 10.000 millones de euros que, en su opinión, el actual modelo "no soporta" y que, además, "tal y como van las cosas, será difícil que no toque el bolsillo de los españoles".
En este contexto, la dirigente socialista ha pedido al Gobierno "seriedad" y "responsabilidad" sobre estos asuntos de máxima importancia y sensibilidad para la sociedad, más aún en una situación de crisis como la que vive nuestro país. "La educación y la Sanidad pública son dos líneas rojas infranqueables porque dan cohesión al país y, por tanto, no se aceptará un recorte sobre el que aún se desconoce si está recogido o no en los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio", ha planteado Valenciano.
Al hilo Valenciano ha apuntado que si se quieren fórmulas de ahorro "se sienten todos a dialogar" ya que "lo que no queremos es que por la puerta de atrás se cambie el sistema sanitario, y aunque el PP tenga mayoría absoluta no tiene cheque en blanco para cambiarlo", según ha matizado.
Por su parte, el portavoz socialista en el Senado, Marcelino Iglesias, ha censurado la "improvisación" y la "falta de coordinación" del Gobierno de Mariano Rajoy en el anuncio de estas reformas puesto que se ha realizado, como ha recordado, a través de una nota de prensa una semana después de presentar los Presupuestos Generales del Estado.
Además, Iglesias ha calificado de "disparate" este recorte anunciado por la Moncloa y ha insistido en que el PSOE sigue rechazando la ley que desarrolla el Pacto de Estabilidad sellado entre populares y socialistas en la pasada legislatura al entender que los primeros han "incumplido" lo pactado. "El PSOE está de acuerdo con la estabilidad pero no con déficit cero, que no deja capacidad de maniobra a los gobiernos", ha argumentado.
También, el líder de UDC y portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran, ha instado al Ejecutivo que en lugar de recortar 10.000 millones en Sanidad y educación, lo haga en la "superestructura" del Estado y ha asegurado que "no se transmite una sensación positiva cuando se recortan servicios básicos por parte del Estado".
En este contexto, Duran ha recordado que el Gobierno "no tiene" competencias ni en Sanidad ni en educación, y ha abogado porque ni Cataluña ni ninguna otra autonomía deban recortar en esta materia.
También ha realizado declaraciones al respecto la diputada y secretaria de Política Social socialista, Trinidad Jiménez, quien ha afirmado que el PP y el presidente del Gobierno están dando un "espectáculo lamentable" con las "políticas de ajuste".
Para Jiménez, "lo primero que tiene que hacer el Gobierno es actuar con seriedad y esto significa que si tiene que hacer algún tipo de ajuste que lo haga de manera clara, explícita y cuantificada". En su opinión, "se están lanzando mensajes contradictorios con los recortes, sin decir cómo, ni cuándo ni para qué, y se está mandando un mensaje contraproducente a los mercados, dando la sensación de caos e incertidumbre".
En cuanto a las medidas concretas en Sanidad, Jiménez ha explicado que el PSOE no va a apoyar iniciativas que supongan un "ataque directo" al sistema público de salud y, en concreto, a la propuesta sobre el pago "progresivo" del ministro de Economía, Luis de Guindos.
Desde su posición como parte del Gobierno anterior ha explicado que, a la hora de realizar presupuestos en épocas de crisis, hay que "priorizar", y ha señalado que, como ex ministra de Sanidad "ha tenido que priorizar también en el gasto y buscar fórmulas".
"De hecho las encontré y tengo una cierta legitimidad al hablar de lo que hablo porque hice una propuesta al Consejo Interterritorial que ha supuesto un ahorro de 5.000 millones de euros", ha recordado.
Además, según advierte, como oposición están poniendo propuestas en la mesa como un impuesto que con carácter finalista vaya destinado a pagar la Sanidad; una subida del impuesto alcohol y el tabaco destinada a la Sanidad; la subasta de medicamentos; y propuestas que tienen que ver con la central de compras.
Por su parte, la Comisión Europea ha acogido "favorablemente" estas nuevas medidas porque "confirman la determinación" de España de reducir el déficit, pero espera recibir los detalles de las medidas para ese ahorro "en las próximas horas".
En otro orden de cosas, el secretario general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, Antonio Cabrera, ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que los recortes en Sanidad anunciados por el Gobierno se concreten en recortes de personal o reducción de salarios a los profesionales. "El Gobierno tendrá que concretar si su política de recortes va a ir en la línea de la desarrollada este año por las comunidades autónomas, que han aplicado ajustes de jornada, bajadas de salarios y reducciones de plantilla para abaratar costes. Lo más fácil es reducir en gastos de personal y nos preocupa, pues esto sí que llevará al deterioro de las prestaciones", ha sentenciado.
También se ha pronunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien ha pedido al presidente del Gobierno que busque un pacto de Estado con el PSOE para hacer una reforma en profundidad de las administraciones públicas. Según los cálculos que ha hecho, con esa reforma se ahorrarían 48.000 millones de euros. En este marco, Aguirre ha argument¡ado que la Sanidad y la educación deberían volver al Estado."Si España lo necesita, las grandes competencias de las comunidades autónomas, desde luego la mía, la Sanidad, la educación y la justicia, pueden devolverse al Estado; y el resto, transportes y servicios sociales, a los ayuntamientos", ha apuntado.
Aguirre, quien se ha entrevistado en el Palacio de la Moncloa con el jefe del Ejecutivo, le ha planteado la necesidad de "revisar de raíz" todo el Estado de las autonomías, subrayando que este modelo se creó para integrar a los partidos nacionalistas de Cataluña y País Vasco, y sin embargo sólo han servido para encarecer el funcionamiento de las otras 15 regiones.
Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que no cree que el Gobierno vaya a hacer recortes en educación y Sanidad, sino que emprenderá "reformas en la legislación", al tiempo que se ha mostrado partidaria de reducir el gasto público de una manera "drástica". "En el caso de la Comunidad de Madrid, todo lo que se refiera a la salud y a la curación de enfermedades será universal, gratuito y de la máxima calidad, frente a otro tipo de prestaciones que se pueden revisar", ha sentenciado.
Postura de las comunidades autónomas
Del mismo modo, las reacciones de las comunidades autónomas no se han hecho esperar y, en este sentido, la consejera andaluza de Salud en funciones, María Jesús Montero, ha criticado que el Gobierno central haya anunciado un paquete de reformas en educación y Sanidad "sin ni siquiera contarlas", como ha apuntado. Así pues, a través de su cuenta en la red social Twitter, Montero ha dicho que no puede entender "cómo se hace un comunicado de Moncloa para decir esto sin más explicaciones", por lo que ha pedido "un respeto a los ciudadanos y profesionales".
Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía en funciones, José Antonio Griñán, ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de haber "roto" todos los consensos en este país, el social, el político y el institucional, y ha estimado que existen "alternativas" al anunciado "recorte" adicional de 10.000 millones de euros. Asimismo, Griñán ha recordado que en Andalucía el gasto por habitante es menor que la media "porque se ha ahorrado sin recortar derechos", y ha aludido a medidas como la financiación por principio activo de los medicamentos, a la subasta de medicamentos o a la cirugía ambulatoria. "Hemos tomado una serie de decisiones en Sanidad que han ahorrado mucho dinero y que al mismo tiempo nos han permitido conservar derechos", ha apuntado.
Desde Aragón, el departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de dicha comunidad ha mostrado su apoyo a propiciar ahorros en el sistema sanitario y ha recordado que, por su parte, ya están promoviendo la "optimización de los recursos" como la no caducidad la tarjeta sanitaria; la implantación "real" de la receta electrónica; la implantación del historial clínico digitalizado; un "seguimiento exhaustivo" de la programación, los tiempos de ocupación de quirófanos y suspensión de intervenciones programadas; la puesta en marcha de la central de compras de material sanitario y farmacéutico y la creación de unidades de "excelencia hospitalaria", donde, una vez creada la cartera básica de cada hospital, se integrarán los servicios duplicados y se agruparán en una sola unidad que sea competitiva a nivel nacional, como la creación del Instituto Oncológico y el Instituto de Neurociencias, tal y como han informado desde el departamento de Sanidad aragonés.
Sin embargo, la Chunta Aragonesista (CHA) ha rechazado este el recorte y ha exigido al Gobierno de Aragón que pelee por la calidad de la educación y Sanidad públicas de la comunidad autónoma. "Cada vez que el PP dice que estemos tranquilos, tenemos que echarnos a temblar", ha afirmado la portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Nieves Ibeas, en relación a las declaraciones del responsable de Sanidad y Asuntos Sociales del PP, Ignacio Echániz, de que los ciudadanos pueden estar "tranquilos" porque no va a haber recortes. Al hilo, Ibeas ha opinado en una nota de prensa que "están desmantelando el estado del Bienestar a marchas forzadas" y ha argumentado que el anuncio de Rajoy, diez días después de la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, "significa que esas cuentas son un fraude".
Por su parte, el portavoz parlamentario del PP vasco, Antón Damborenea, ha manifestado que el ajuste anunciado por el Gobierno del PP en Sanidad y educación, "podría afectar al País Vasco, al igual que puede afectar a todas las comunidades autónomas, pero no a servicios básicos que reciben los ciudadanos". En este sentido, Damborenea ha señalado que "habrá que ver en qué se materializa".
No obstante, ha señalado que, dentro del apartado de Sanidad, "hay otras muchas cosas que son Sanidad porque están en este departamento pero que no responden exactamente a lo que son los servicios públicos que reciben la gente", ha apuntado.
En concreto, se ha referido a sociedades paralelas a los propios organismos autónomos o formas de gestionar el dinero público "distintas a como se ha hecho hasta ahora", según ha manifestado. Así, Damborenea cree que se puede "gestionar mejor", sobre todo, en estas épocas de crisis económicas que en otras "parecía que sobraba el dinero y las cosas se hacían un poco a lo grande o contratando de forma diversa".
"No es lo mismo que cada hospital haga sus compras a que todo eso se centralice y se consigan precios más baratos para lo mismo", ha añadido.
Por otra parte, ante la medida de amnistía fiscal impulsada también por el Gobierno del PP, Damborenea ha señalado que "habría que empezar diciendo que, en principio, aquí ya hay amnistía fiscal".
Al hilo, el consejero de Sanidad del País Vasco, Rafael Bengoa, ha asegurado que el Gobierno vasco no se plantea "de ninguna forma" aplicar "recortes de prestaciones" y, además, ha advertido de que "los grandes problemas" del sistema de salud no se resuelven con "centralización" ni con "la varita mágica" del copago. En este sentido, ha asegurado que "la Sanidad es de una complejidad enorme" que requiere "hacer cosas muy complejas" para asegurar su sostenibilidad.
"Sería la primera vez en la historia de la democracia que se le pega un tijeretazo a los servicios a los que tenemos acceso los españoles que financiamos la Sanidad a través de los impuestos", ha subrayado.
"Tenemos mucho que enseñarles a Montoro, De Guindos y a la ministra Mato sobre qué ideas harían que el sistema de salud fuera sostenible", ha asegurado, apuntando que "las ideas no están en los globos sonda que se puedan estar lanzando desde Madrid, sino en aquellos que hemos estado gestionando la sanidad en los últimos tres años".
El consejero vasco ha resaltado, además, que se está "perdiendo tiempo" en el tema del copago porque "no resuelve los grandes problemas de la Sanidad" y ha asegurado que la solución radica en medidas como la que se están aplicando en el País Vasco, con una inversión en una línea tecnológica para no duplicar pruebas o el control de los crónicos a domicilio.
Desde La Rioja, el presidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz, ha advertido hoy de que "como hemos vivido, no vamos a poder vivir", ante el anuncio del Gobierno central de los recortes, y ha asegurado que "hay que poner los pies en el suelo y ajustarse el cinturón sin que se quiebren los pilares básicos del bienestar".
Por la comunidad extremeña, el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha subrayado sobre los recortes que "habrá que tocar lo que no funcione" y ha añadido que "es momento de revisar situaciones y no pasa nada porque se revisen algunas cosas". Asimismo, Monago ha aclarado que no es partidario del copago porque la sociedad extremeña es una sociedad en que la inmensa mayoría de los ciudadanos no llega ni a los 1.000 euros, "no son ni mileuristas", ha apuntado. Sin embargo, Monago sí se ha mostrado "dispuesto a escuchar todas las medidas" que se propongan "frente al abuso y el fraude".
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