Dos años a la espera de baremos nacionales de priorización de pacientes

Sanidad no termina de presentar un borrador de norma de garantía de demora y priorización. Las autonomías han ido legislando con gran variabilidad y los expertos ven todavía fallos.

Laura G. Ibañes. Madrid | laura.gutierrez@diariomedico.com | 08/06/2015 00:00

Autor: Ministerio de Sanidad

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Hace tan sólo unos días que un juzgado extremeño condenó a la Administración autonómica por una mala gestión de las listas de espera de Cirugía tras constatar que una paciente inicialmente calificada como prioridad 1, y por tanto con espera máxima de 30 días, sufrió una demora mayor hasta las pruebas de preoperatorio y fue, posteriormente, recalificada con prioridad normal y espera máxima de 180 día.

El caso evidencia una larga discusión sobre la inclusión o no del tiempo de preoperatorio en el cómputo global de la espera, una cuestión que cada autonomía contabiliza a su libre albedrío. Pero también sobre qué criterios deben primar para la inclusión en la lista de espera más allá del tiempo y el escaso o excesivo margen de maniobra del médico para priorizar un paciente sobre otro.

Los expertos coinciden en que el baremo de priorización debería incluir aspectos que afectan al paciente como su situación social o laboral, pero ser sólo orientativos

Todas estas cuestiones aspiraban a haberse resuelto con un decreto nacional, que anunció hace ahora casi dos años el Ministerio de Sanidad, y que pretendía homogeneizar los tiempos máximos de espera entre autonomías y establecer criterios de priorización no sólo clínicos sino también sociales o laborales. Dos años después, buena parte de las autonomías han revisado sus legislaciones de garantías máximas de espera y establecido cierta priorización de pacientes más o menos graves, pero nada se sabe de aquella prometida norma nacional, y la proximidad de las eleccionesn combinada con la ausencia de gobiernos autonómicos, en plena formación, hacen prever que no habrá nuevos avances en esta norma.

Ramón Cunellera, director técnico de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria, explica al respecto que, "aunque ya ha habido experiencias para trazar baremos de priorización de pacientes en lista de espera, estos baremos deberían ser siempre orientativos y no forzar legalmente a su cumplimiento sino servir sólo de estándar, porque los hospitales y los servicios deben tener margen de gestión de su propia lista de espera y, además, la situación del paciente va cambiando durante la espera por lo que no puede acogerse sin más a una fórmula".

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Cunillera opina que estos baremos serían, en cualquier caso, útiles y que deberían incluir aspectos sociales y laborales del paciente porque esos aspectos "influyen también en el paciente y en los costes".

Capacidad de gestión
A falta de la generalización de esos baremos, según explica, cada hospital y cada servicio cuentan con bastante capacidad de gestión de su lista sin más límite que el cumplimiento de los tiempos máximos de garantía que se hayan establecido en cada autonomía y que difieren tanto en la demora máxima permitida como del tipo y el número de intervenciones protegidas. Cunillera recalca, con todo, que "la lista de espera es propiedad de cada hospital y de cada servicio", en un intento de explicar que tampoco puede gestionarse por cada médico ni de forma arbitraria o poco transparente.

Recalca que "en los tres últimos años se ha hecho un esfuerzo importantísimo para reducir las listas de espera pese a los recortes presupuestarios. Y ahora podemos decir que las listas están en niveles de 2010 y creo que es difícil que puedan reducirse más". Con todo, advierte de que la propia existencia de las listas es necesaria para poder organizar los quirófanos.

Desde la Asociación Española de Cirujanos, Victoriano Soria, explica que "existe todavía una gran variabilidad entre autonomías", y cierta laxitud legal, de forma que "la prioridad alta de operar antes de un mes, la media (demora de uno a tres meses) o la prioridad baja (de 3 a 6 meses. Son criterios general pero no una norma, de modo que no fuerza a cumplirse en la práctica (el circuito para intervenciones por neoplasias va por otro camino).

A estos problemas, Soria añade que también existe variabilidad en la gestión de la lista de espera, ya que puede gestionarse por cada cirujano, por cada unidad funcional, servicio de cirugía o el propio servicio autonómico de salud, según los casos.

Por ello apunta que sería conveniente que la demora contara desde que el cirujano determina la necesidad de operar y el tipo de prioridad del paciente. Esta prioridad, además de criterios clínicos, debería incluir otros como la repercusión que la enfermedad tiene sobre el paciente o su situación laboral, por ejemplo, criterios que no suelen tenerse en cuenta.

En caída

Tras el fuerte incremento de las listas de espera en 2012 y 2013, las estadísticas muestran fuertes caídas a lo largo de 2014, coincidiendo, como suele ser habitual, con la reducción de demoras previa a las elecciones autonómicas. Con todo, en los dos últimos años ha habido muchos cambios que afectan a las cifras y a la gestión, con nuevas normas, entre otras, en Galicia, Cataluña y Castilla y León.

¿Debe influir la baja laboral en la demora?

La reforma de la Ley de Mutuas hace tan sólo unos meses abrió la puerta, no sin polémica, a la utilización de recursos sanitarios ociosos de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para agilizar las listas de espera del sistema sanitario público, en un intento de colaborar con ello a la reducción de la duración de las bajas laborales.
La medida, que todavía no se ha puesto en marcha (precisaría concertación de la propia mutua), abrió en su momento un debate todavía no cerrado sobre si debe o no priorizarse al paciente de baja laboral sobre el paciente que no ha causado baja.