Las Juntas de Álava dicen ‘no’ a la cesión de datos para permitir el copago
El PNV se abstiene, entre críticas en contra de la "invasión de competencias"
La decisión no tendrá repercusión a efectos prácticos
Ania Elorza Vitoria 25 JUN 2012 - 11:20 CET
Las Juntas Generales de Álava se han plantado esta mañana, durante su pleno ordinario, en contra de la cesión de datos de renta de los contribuyentes de la provincia al Gobierno central, un traslado de información necesario para que a partir del 1 de julio se pueda poner en marcha el sistema de copago, que varía en función de la renta de cada ciudadano y que, sin estos datos, resulta imposible de materializar. El parlamento provincial ha rechazado la convalidación del real decreto del Gobierno central y la modificación de la normativa tributaria alavesa para permitir el cruce de datos pertinente. Pero, a efectos prácticos, no tiene ninguna repercusión, ya que en el tiempo en el que ha estado en vigor el decreto aprobado por la Diputación el 12 de junio para permitir el traslado de esta información el equipo de De Andrés ya ha remitido los datos al Gobierno central.
Con el único voto a favor del PP, la abstención del PNV, y el voto en contra de PSE, Bildu y EB, todos los grupos de la oposición han censurado con dureza el real decreto del Ejecutivo de Mariano Rajoy con medidas de recorte en el sistema sanitario público. Unas medidas que, tal y como ha anunciado el Gobierno vasco, serán anuladas por medio de un decreto que se aprobará en los próximos días, como es el caso del copago o de la asistencia a inmigrantes empadronados. El decreto también asumirá las medidas positivas del real decreto, como la que afecta a los parados de larga duración. Solo con el copago farmacéutico, el Departamento de Sanidad ha calculado que se ahorrarían 33 millones de euros al año, una cantidad que las arcas públicas vascas deberán asumir con este decreto.
Los grupos han discrepado con el PP, que ha asegurado que la convalidación es una medida de obligado cumplimiento. Desde Bildu, Gorka Ortiz de Guinea ha asegurado que con el copago los vascos tendrían que pagar por las deudas sanitarias de otras comunidades, como la de Valencia, y ha señalado que “decretos como este nos convencen cada vez más en que necesitamos un marco propio”. “Dentro del Estado español lo que nos queda es el recorte, la pérdida de derechos”, ha resumido después.
El juntero socialista Josu López Ubierna ha recordado que el pasado lunes todos los grupos de la oposición sacaron adelante una moción en la que se recogía la exigencia al equipo del diputado general, Javier de Andrés, que respetara las competencias autonómicas y la normativa sanitaria vasca y que rechazara medidas de copago. López Ubierna ha criticado que “se nos quiere vender la medida como el sistema para garantizar la sostenibilidad”, un paquete de iniciativas que en realidad son “perversas, interesadas y generadoras de incertidumbre”. “No es una medida de ahorro, es una mera medida recaudatoria, es intimidatoria”, ha dicho, para quienes tienen que hacer uso de la sanidad. En este mismo sentido, Nerea Gálvez (EB) ha hecho un llamamiento a no “vender” a los ciudadanos del territorio histórico alavés con una convalidación como la que la Diputación planteaba.
El PNV ha considerado la convalidación como el paso para permitir “una invasión de las competencias exclusivas” y la jeltzale Covadonga Solaguren ha alertado de que este paso “supone un retroceso de 30 años”. El PP ha defendido que se trata de un real decreto que busca “mejorar la equidad mediante una fórmula más justa”.
Con el único voto a favor del PP, la abstención del PNV, y el voto en contra de PSE, Bildu y EB, todos los grupos de la oposición han censurado con dureza el real decreto del Ejecutivo de Mariano Rajoy con medidas de recorte en el sistema sanitario público. Unas medidas que, tal y como ha anunciado el Gobierno vasco, serán anuladas por medio de un decreto que se aprobará en los próximos días, como es el caso del copago o de la asistencia a inmigrantes empadronados. El decreto también asumirá las medidas positivas del real decreto, como la que afecta a los parados de larga duración. Solo con el copago farmacéutico, el Departamento de Sanidad ha calculado que se ahorrarían 33 millones de euros al año, una cantidad que las arcas públicas vascas deberán asumir con este decreto.
Los grupos han discrepado con el PP, que ha asegurado que la convalidación es una medida de obligado cumplimiento. Desde Bildu, Gorka Ortiz de Guinea ha asegurado que con el copago los vascos tendrían que pagar por las deudas sanitarias de otras comunidades, como la de Valencia, y ha señalado que “decretos como este nos convencen cada vez más en que necesitamos un marco propio”. “Dentro del Estado español lo que nos queda es el recorte, la pérdida de derechos”, ha resumido después.
El juntero socialista Josu López Ubierna ha recordado que el pasado lunes todos los grupos de la oposición sacaron adelante una moción en la que se recogía la exigencia al equipo del diputado general, Javier de Andrés, que respetara las competencias autonómicas y la normativa sanitaria vasca y que rechazara medidas de copago. López Ubierna ha criticado que “se nos quiere vender la medida como el sistema para garantizar la sostenibilidad”, un paquete de iniciativas que en realidad son “perversas, interesadas y generadoras de incertidumbre”. “No es una medida de ahorro, es una mera medida recaudatoria, es intimidatoria”, ha dicho, para quienes tienen que hacer uso de la sanidad. En este mismo sentido, Nerea Gálvez (EB) ha hecho un llamamiento a no “vender” a los ciudadanos del territorio histórico alavés con una convalidación como la que la Diputación planteaba.
El PNV ha considerado la convalidación como el paso para permitir “una invasión de las competencias exclusivas” y la jeltzale Covadonga Solaguren ha alertado de que este paso “supone un retroceso de 30 años”. El PP ha defendido que se trata de un real decreto que busca “mejorar la equidad mediante una fórmula más justa”.
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