El parlamento navarro decide recurrir al TC el decreto de reformas sanitarias

Aunque por una vía distinta, parlamentaria y no gubernamental, Navarra se sumó ayer a Andalucía y País Vasco y recurrirá al TC contra el decreto nacional de reformas sanitarias. Así lo ha decidido la cámara navarra, sin el apoyo de UPN, que gobierna en minoría. La consejera Marta Vera dice que, hasta que no se pronuncie el TC, acatará la ley.

José A. Plaza | 28/06/2012 00:00

El Consejo Interterritorial finalizó, tal y como informó diariomedico.com, con la confirmación de que País Vasco y Andalucía, y en cierto modo Cataluña, tienen frentes cada vez más abiertos contra el Gobierno por culpa, en gran medida, del real decreto nacional de reformas. Se suma ahora un cuarto invitado, Navarra, que llevaba tiempo debatiéndose entre dudas ante el real decreto y discursos aceptando su cumplimiento.

El pleno del Parlamento foral ha decidido presentar recursos de inconstitucionalidad contra varios artículos de los reales decretos nacionales que contemplan recortes en sanidad y educación. La iniciativa se ha aprobado con el voto a favor de PSN, NaBai, Bildu e I-E y la negativa del PPN.

Sí educación, no sanidad

La postura de UPN ha quedado dividida, ya que ha dado el sí al recurso contra el decreto en educación y el no al sanitario, alegando que éste no invade competencias autonómicas. El portavoz de UPN, Carlos García Adanero, se ha explicado así: "Aunque el real decreto no se ha hecho como se debería hacer, no hay invasión competencial; hay que basar los recursos al Constitucional en criterios jurídicos".

La consejera navarra, elegida por el anterior Gobierno UPN-PSN, dice que, hasta ver qué decide el TC, acatará la norma porque no invade competencias.

El recurso del Parlamento navarro se sumaría a los ya anunciados por los Gobiernos de Andalucía y País Vasco; Cataluña está estudiando si lo presenta tras el visto bueno de su Consejo de Garantías Estatutarias. Con todo, el ejemplo navarro es algo distinto, ya que la decisión del Parlamento se ha tomado en contra de la decisión del partido que ahora gobierna en minoría, UPN (tras la ruptura del pacto con el PSN). De esta forma, parece descartado un recurso del Ejecutivo regional al estilo de lo hecho por los Gobiernos andaluz y vasco.

La opinión de la consejera navarra, Marta Vera (elegida por UPN cuando existía el Gobierno de coalición, pero sin afiliación política) es clara; según han confirmado a DM fuentes de su departamento, tres informes jurídicos dejan claro que el real decreto nacional no invade competencias sanitarias autonómicas, por lo que Vera cree que "hasta que no se pronuncie el Constitucional, acatamos la norma como de obligado cumplimiento". La Consejería maneja un cuarto informe, realizado por sus servicios jurídicos, que abre la vía a una posible incostitucionalidad por la forma en la que fue tramitada la norma: como real decreto, y no como proyecto de ley, lo que habría dado pie a enmiendas parlamentarias.

Desfinanciaciones

Este póker de disensiones, comandado por País Vasco y Andalucía, ha contado con una nueva muesca por parte de la Consejería de Sanidad vasca, que ha reiterado, en forma de hoja de ruta para sus médicos y usuarios, que no piensa aplicar las modificaciones del copago farmacéutico introducidas a escala nacional por el real decreto 16/2012. Cataluña, que ha optado por el euro por receta, también quiere mantenerse al margen de la aplicación de este nuevo copago.

El último foco de enfrentamiento tiene como protagonista el listado de fármacos desfinanciados (ver DM del 28-06-2012), que según dijo Mato "estará cerrado en unos días y entrará en vigor a principios de agosto". Aunque la ministra dijo al término del Interterritorial que todas las autonomías habían colaborado en el proceso de elección de medicamentos desfinanciados, Rafael Bengoa y María Jesús Montero, consejeros vasco y andaluza, alzaron la voz diciendo que apenas habían tenido acceso al listado y pidieron tiempo para analizar lo apropiado de la medida y los posibles ahorros que generaría (458 millones, según Sanidad).

En este sentido, según informa C. Díaz, Asturias se ha sumado a su postura; el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, reconoce que las revisiones del nomenclátor "son útiles", pero critica la premura con la que se ha hecho: "No hemos tenido tiempo para hacer un análisis válido y tomar posición". Su idea es valerse de un trámite de audiencia para "hacer alegaciones al listado".