El paciente con enfermedad mental tiene derecho a que se le proteja, pero también a que se respete su libertad

Pamplona (29/06/2012) - Pablo Ojer

Expertos del ámbito médico y judicial debaten en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, en Pamplona, la capacidad de los enfermos mentales ante la ley

Determinar la capacidad que tiene el enfermo mental para poner en marcha su protección, tanto desde un punto de vista legal como médico, es una de las labores más importantes a las que se enfrentan los profesionales de la Psiquiatría. En muchas ocasiones, el psiquiatra se ve obligado por la urgencia a decidir sobre esta cuestión y ante una decisión difícil es importante que argumente sus razones.

Con esta premisa, Pamplona acoge el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, en el que están presentes psiquiatras, médicos, profesionales del ámbito judicial, etc. El lema de este año es "Psiquiatría, capacidad y ley".

Tal y como aseguró el director de Salud Mental de departamento de Salud del Gobierno de Navarra, Víctor Peralta, en la sesión inaugural del Congreso, "las enfermedades mentales son algo tremendamente complejo y esto refleja la necesidad de abordarlas desde un punto de vista interdisciplinar e intersectorial".

Responsabilidad del médico

Uno de los primeros profesionales que tratan a los pacientes con algún tipo de enfermedad mental son los médicos y se encuentran con importantes dificultades, tal y como aseguró la doctora María Teresa Fortún, presidenta del Colegio de Médicos de Navarra. "Muchas de las problemáticas que ustedes van a analizar en este Congreso se ven en todos los servicios médicos, como los enfermos que no quieren aceptar un tratamiento, las interacciones con los medicamentos, la influencia de las enfermedades mentales en algunas patologías orgánicas...", recordó la doctora Fortún.

Al mismo tiempo, incidió en la importancia que tiene que el ámbito judicial cuente con expertos en Psiquiatría "para valorar situaciones difíciles que pueden hacer que la balanza vaya hacia a un sitio o hacia otro en la decisión judicial".

Limitaciones

Se trata de proteger los derechos de los pacientes, pero como recordó el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM), Juan José Rodríguez Sendín, también hay que tener en cuenta a terceros. Por ello, Sendín considera que los médicos tienen cuatro limitaciones a la hora de tratar las enfermedades mentales: Los legales que dictaminan qué capacidad tiene un paciente para ejercer determinadas labores. La práctica clínica, "la capacidad que debemos de tener aquellos que tenemos contacto con nuestros pacientes porque son los que determinan qué es peligroso y qué no lo es, no sólo de cara al propio paciente sino también para terceros". El tercer límite sería la ética, ya que existe el derecho de confidencialidad y hay que tener en cuenta qué se puede decir y qué no se puede decir. Y finalmente se encontraría el sentido común del profesional que trata al paciente.

La importancia de la formación

Para ejercitar ese sentido común necesario para diagnosticar el grado de enfermedad que tiene el paciente y, por lo tanto, su capacidad, el profesional debe de estar bien formado. Y esta formación debe de ser multidisciplinar. Como afirmó el director de Salud Mental de Navarra, "sólo hay que echar un vistazo al extenso programa de este congreso para observar los múltiples aspectos de la evaluación de la capacidad con sus correspondientes repercusiones asistenciales y legales".

Entre los distintos aspectos que se están tratando en el Congreso que durará hasta el viernes destaca la incapacitación civil, la capacidad de testar o la capacidad parental y los litigios de custodia. También se estudiarán nuevos instrumentos jurídicos de autoprotección. Todo ello se analiza desde un punto de vista médico-legal y desde un punto de vista jurídico.

Se trata, en definitiva, de que los distintos profesionales amplíen sus conocimientos no sólo en el ámbito que les corresponde, sea judicial o médico, sino también en los demás ámbitos para que puedan tener una perspectiva más amplia que les permita diagnosticar la capacidad de cada paciente de forma más eficaz y, por consiguiente, las decisiones legales que se tomen sobre ese paciente garanticen tanto su protección como su libertad.