Una comisión maratoniana y descafeinada
La investigación parlamentaria de los escándalos sanitarios acaba sin atisbo de autocrítica entre los cargos cuestionados
David Vidal, concejal de la CUP, critica la “impunidad” de los comparecientes
El director de Antifraude, única voz que cuestionó algunos contratos sanitarios
Antía Castedo Barcelona 3 AGO 2013 - 01:52 CET1
Una instantánea sintetiza el espíritu que ha prevalecido, salvo excepciones, en la comisión de investigación parlamentaria sobre las irregularidades en la sanidad catalana que finalizó este lunes. Un octogenario Ramón Bagó —exalcalde de Calella por CiU, presidente del grupo Serhs y directivo del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC)— se dirige con gesto displicente al diputado de ICV, David Compañón. El parlamentario intenta acorralar al empresario, investigado por la Oficina Antifraude y la fiscalía, con preguntas sobre los contratos obtenidos por sus empresas en Badalona, donde Serhs se hizo con un negocio de 12 millones de euros de forma irregular, según una comisión de investigación municipal. Bagó ni se inmuta. Sortea el envite, evita entrar al detalle de las corruptelas halladas y pasa al ataque: todo se debe a una campaña para “destruir” el sistema sanitario, dice.
Pocas veces, si es que vuelve a suceder algún día, desfilarán por el Parlament tantos altos cargos y figuras clave de la sanidad catalana, en el punto de mira por una serie de escándalos destapados en el último año y medio, y que han provocado la imputación de algunos de sus responsables, entre ellos Carles Manté, exdirector del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) y del expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) Josep Prat. Ambos han comparecido —el primero, acompañado de su abogado—, al igual que el expresidente del CSC y exalcalde de Reus Josep Abelló, la exconsejera de Salud socialista Marina Geli, y el actual consejero, Boi Ruiz. Pero la comisión ha sido, como mínimo, descafeinada. Y no por la falta de preguntas de los diputados asistentes, que buscaban poner algo de luz en el cúmulo de cobros, contratos y adjudicaciones irregulares que ahora investigan fiscales y jueces. Los comparecientes, sin embargo, han evitado una y otra vez responder a las cuestiones más comprometedoras, ayudados por un formato que a menudo jugaban a su favor. Todo ello ha impedido el menor atisbo de autocrítica en un ambiente general de indulgencia.
“Ha prevalecido un discurso único de defensa del modelo, como si el resto quisiéramos atacarlo, sin que nadie haya reconocido errores”, argumenta Marc Vidal, diputado de ICV. “No ha servido para nada”, abunda Marian Rodríguez, de la Plataforma de Afectadas por los Recortes Sanitarios (PARS). Los partidos políticos deben ahora preparar las conclusiones, que se aprobarán en octubre.
Arropados por representantes del Departamento de Salud, que los recibieron a las puertas de la sala, los comparecientes ejercieron una defensa a ultranza del sistema y criticaron, en ocasiones con gran dureza, a los medios que, como EL PAÍS, han destapado informaciones comprometedoras.
En el caso de los contratos de 50,85 millones de euros obtenidos por Serhs en hospitales y consorcios financiados por la Generalitat pero gestionados por CSC, este “no tenía capacidad para decidir sobre las contrataciones”, según Jaume Raventós, ex director general del ente. El resto de comparecientes ligados a este organismo municipalista siguieron la misma línea argumental. “Nunca, nunca, nunca, he recibido ningún trato de favor”, remarcó luego Bagó.
No opinó lo mismo Daniel de Alfonso, director de la Oficina Antifraude de Cataluña y buen conocedor de este caso, investigado por el organismo y cuyas conclusiones ha enviado a la fiscalía. De Alfonso marcó la única línea discordante en todos los comparecientes y sorprendió a muchos cuando declaró, sin dar señales de duda, que las relaciones entre Bagó y el CSC fueron una “situación de libro de concurrencia de intereses públicos y privados”. “¿Hay conflicto de intereses? Claro que lo hay”, se respondió a sí mismo. “¿Hay incompatibilidad? Por descontado”.
Para los representantes de la sociedad civil que han seguido la comisión desde el principio, esta empezó coja. “Quien tiene la mayoría puede vetar las comparecencias”, recuerda Rodríguez. CIU y PSC votaron juntos para impedir la presencia de más de 80 ex altos cargos, gerentes, concejales y expertos propuestos por el resto de partidos para arrojar luz sobre los distintos escándalos. Por ejemplo, entre la treintena de comparecientes no figuró ni un solo representante de los comités de empresa de los hospitales afectados.
Tampoco han ayudado las sesiones maratonianas, de hasta ocho horas, forzadas porque los partidos decidieron que había que liquidar las comparecencias entre los meses de junio y julio o el hecho de que cada diputado contaba con solo cinco minutos para hacer preguntas. “No creo que la comisión haya cambiado la opinión de nadie”, manifiesta Alba Vergès, diputada de ERC. “Pero sí ha servido para conocer las debilidades del modelo”.
“Cuando vienen personas que están imputadas, piensan más en su situación jurídica que en explicarse”, afirmó Jordi Terrades, del PSC, que acusó a Prat de crear una “sociedad de socorro mutuo” con Carles Manté, quien recibió 13.000 euros al mes durante cuatro años por trabajos de “consultoría estratégica” a través de Innova, el hólding de empresas municipales de Reus. El ayuntamiento de esta localidad considera que Manté nunca realizó esos trabajos.
Prat, imputado por seis delitos por su gestión al frente de Innova, se presentó con su abogado y no quiso contestar a ninguna pregunta delicada con el pretexto de que su caso se encontraba bajo secreto de sumario. No se olvidó, sin embargo, de lanzar una amenaza velada: “Si por casualidad alguien está contento con mis silencios, que tenga en cuenta también que no durarán mucho tiempo”, dijo.
El arquitecto del hospital Sant Joan de Reus contratado por Prat, Jorge Batesteza, fue detenido por la Guardia Civil solo un mes después de comparecer en esta comisión, acusado de cobrar al menos 387.000 euros injustificados del Ayuntamiento de Reus entre junio de 2007 y septiembre de 2010. Bastesteza también facturó a Innova 160.000 a través de una empresa propia. En su comparecencia, le valió con repetir que los contratos eran por tareas diferentes.
Xavier Crespo, que debía aclarar las irregularidades en una filial de la Corporación de Salud del Maresme y la Selva detalladas en el llamado 'informe Crespo' realizado por el síndico Agustí Colom, optó por presentarse a sí mismo como víctima. Otro de los protagonistas, el hasta hace poco gerente del Sant Pau, Xavier Pomés, cargó contra el Patronato de Fundaciones del Departamento de Justicia de la Generalitat. “No tienen ni idea”, afirmó.
David Vidal, edil de la CUP que primero denunció las irregularidades en Reus y que ha seguido la comisión de forma exhaustiva, cree que ha reinado la “impunidad”. “Es indigno de una institución democrática”, critica.
El último en transmitir el mensaje repetido de que todo funciona bien fue el propio consejero Ruiz, que lo hizo con una enrevesada fórmula. “Hay que demostrar que lo que parece es lo que es. Yo creo que no lo es”. El diputado de Ciutadans, José Manuel Villegas, lamentó “no haber oído ningua autocrítica”.
El informe Crespo, que la Sindicatura de Cuentas ocultó, detallaba pagos irregulares de 1,3 millones en los hospitales de Blanes y Calella. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas anunció que investigaría el caso tras las informaciones de este periódico.
Varios exdirectivos del Hospital de Sant Pau están imputados por adjudicaciones, contratos y pagos fuera de la normativa. El exgerente, Xavier Pomés, ha acusado de inacción al Protectorado de Fundaciones, dependiente del Departamento de Justicia.
Carles Manté, exdirector del CatSalut, cobró 720.000 euros de Innova, dirigida por Josep Prat. Ambos están imputados por seis delitos (entre ellos malversación, estafa y tráfico de influencias) en un juzgado de Reus y han comparecido en la comisión.
La empresa CRC causó pérdidas millonarias a la Fundación Instituto de Alta Tecnología, controlada por los hospitales Clínic, Mar y Vall d’Hebron.
Pocas veces, si es que vuelve a suceder algún día, desfilarán por el Parlament tantos altos cargos y figuras clave de la sanidad catalana, en el punto de mira por una serie de escándalos destapados en el último año y medio, y que han provocado la imputación de algunos de sus responsables, entre ellos Carles Manté, exdirector del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) y del expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) Josep Prat. Ambos han comparecido —el primero, acompañado de su abogado—, al igual que el expresidente del CSC y exalcalde de Reus Josep Abelló, la exconsejera de Salud socialista Marina Geli, y el actual consejero, Boi Ruiz. Pero la comisión ha sido, como mínimo, descafeinada. Y no por la falta de preguntas de los diputados asistentes, que buscaban poner algo de luz en el cúmulo de cobros, contratos y adjudicaciones irregulares que ahora investigan fiscales y jueces. Los comparecientes, sin embargo, han evitado una y otra vez responder a las cuestiones más comprometedoras, ayudados por un formato que a menudo jugaban a su favor. Todo ello ha impedido el menor atisbo de autocrítica en un ambiente general de indulgencia.
“Ha prevalecido un discurso único de defensa del modelo, como si el resto quisiéramos atacarlo, sin que nadie haya reconocido errores”, argumenta Marc Vidal, diputado de ICV. “No ha servido para nada”, abunda Marian Rodríguez, de la Plataforma de Afectadas por los Recortes Sanitarios (PARS). Los partidos políticos deben ahora preparar las conclusiones, que se aprobarán en octubre.
Pocas veces desfilarán por el Parlament tantos altos cargos y figuras clave de la sanidad catalana, en el punto de mira por una serie de escándalos destapados en el último año y medio
Arropados por representantes del Departamento de Salud, que los recibieron a las puertas de la sala, los comparecientes ejercieron una defensa a ultranza del sistema y criticaron, en ocasiones con gran dureza, a los medios que, como EL PAÍS, han destapado informaciones comprometedoras.
En el caso de los contratos de 50,85 millones de euros obtenidos por Serhs en hospitales y consorcios financiados por la Generalitat pero gestionados por CSC, este “no tenía capacidad para decidir sobre las contrataciones”, según Jaume Raventós, ex director general del ente. El resto de comparecientes ligados a este organismo municipalista siguieron la misma línea argumental. “Nunca, nunca, nunca, he recibido ningún trato de favor”, remarcó luego Bagó.
No opinó lo mismo Daniel de Alfonso, director de la Oficina Antifraude de Cataluña y buen conocedor de este caso, investigado por el organismo y cuyas conclusiones ha enviado a la fiscalía. De Alfonso marcó la única línea discordante en todos los comparecientes y sorprendió a muchos cuando declaró, sin dar señales de duda, que las relaciones entre Bagó y el CSC fueron una “situación de libro de concurrencia de intereses públicos y privados”. “¿Hay conflicto de intereses? Claro que lo hay”, se respondió a sí mismo. “¿Hay incompatibilidad? Por descontado”.
Para los representantes de la sociedad civil que han seguido la comisión desde el principio, esta empezó coja. “Quien tiene la mayoría puede vetar las comparecencias”, recuerda Rodríguez. CIU y PSC votaron juntos para impedir la presencia de más de 80 ex altos cargos, gerentes, concejales y expertos propuestos por el resto de partidos para arrojar luz sobre los distintos escándalos. Por ejemplo, entre la treintena de comparecientes no figuró ni un solo representante de los comités de empresa de los hospitales afectados.
Tampoco han ayudado las sesiones maratonianas, de hasta ocho horas, forzadas porque los partidos decidieron que había que liquidar las comparecencias entre los meses de junio y julio o el hecho de que cada diputado contaba con solo cinco minutos para hacer preguntas. “No creo que la comisión haya cambiado la opinión de nadie”, manifiesta Alba Vergès, diputada de ERC. “Pero sí ha servido para conocer las debilidades del modelo”.
De Alfonso marcó la única línea discordante y sorprendió a muchos cuando declaró que las relaciones entre Bagó y el CSC fueron una “situación de libro de concurrencia de intereses públicos y privados”.
“Cuando vienen personas que están imputadas, piensan más en su situación jurídica que en explicarse”, afirmó Jordi Terrades, del PSC, que acusó a Prat de crear una “sociedad de socorro mutuo” con Carles Manté, quien recibió 13.000 euros al mes durante cuatro años por trabajos de “consultoría estratégica” a través de Innova, el hólding de empresas municipales de Reus. El ayuntamiento de esta localidad considera que Manté nunca realizó esos trabajos.
Prat, imputado por seis delitos por su gestión al frente de Innova, se presentó con su abogado y no quiso contestar a ninguna pregunta delicada con el pretexto de que su caso se encontraba bajo secreto de sumario. No se olvidó, sin embargo, de lanzar una amenaza velada: “Si por casualidad alguien está contento con mis silencios, que tenga en cuenta también que no durarán mucho tiempo”, dijo.
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David Vidal, edil de la CUP que primero denunció las irregularidades en Reus y que ha seguido la comisión de forma exhaustiva, cree que ha reinado la “impunidad”. “Es indigno de una institución democrática”, critica.
El último en transmitir el mensaje repetido de que todo funciona bien fue el propio consejero Ruiz, que lo hizo con una enrevesada fórmula. “Hay que demostrar que lo que parece es lo que es. Yo creo que no lo es”. El diputado de Ciutadans, José Manuel Villegas, lamentó “no haber oído ningua autocrítica”.
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Antia Castedo
La fiscalía investiga las adjudicaciones desde el organismo público CSC y las empresas del grupo Serhs, presidido por Ramón Bagó, directivo del CSC. La Oficina Antifraude ha detectado un claro conflicto de intereses.El informe Crespo, que la Sindicatura de Cuentas ocultó, detallaba pagos irregulares de 1,3 millones en los hospitales de Blanes y Calella. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas anunció que investigaría el caso tras las informaciones de este periódico.
Varios exdirectivos del Hospital de Sant Pau están imputados por adjudicaciones, contratos y pagos fuera de la normativa. El exgerente, Xavier Pomés, ha acusado de inacción al Protectorado de Fundaciones, dependiente del Departamento de Justicia.
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