Récord de 77.689 personas en lista de espera para operarse
La bolsa de pacientes que aguardan una intervención se ha incrementado un 60% durante los años de la crisis
Oposición y sindicatos lo atribuyen a los recortes
En los seis años que van de 2008 a 2014 —los de la crisis y los recortes—, la bolsa de pacientes que aguardan una operación en los hospitales públicos madrileños se ha incrementado un 60%. Según los últimos datos disponibles —Sanidad acaba de publicar un informe trimestral—, en diciembre pasado había 77.689 personas en lista de espera, la cifra más alta de la última década. Nunca, desde que Esperanza Aguirre puso en marcha un plan específico para atajar las demoras en los quirófanos, a finales de 2004, habían sido tantas.
Este récord histórico va acompañado de otro dato significativo: casi la mitad de los ciudadanos que tienen que operarse prefieren esperar más si con ello consiguen hacerlo en su hospital público de referencia. El 49% de los pacientes en lista rechazan la primera opción que les ofrece la Consejería de Sanidad cuando les llama para darles cita. Esta primera propuesta suele ser una clínica privada. Quienes renuncian a ella, y ejercen por tanto la libertad de elección de centro que contempla la ley, son penalizados con esperas más largas. De media, un paciente que se niega a ser operado en un centro privado aguarda 10 veces más que otro que acepta.
Madrid arrastra desde 2004 un peculiar sistema de contabilidad de listas de espera que provocó que el Ministerio de Sanidad expulsara a la región del cómputo nacional en 2005. Esperanza Aguirre prometió en campaña electoral que ningún madrileño esperaría más de 30 días para operarse. Para poder cumplirlo, la Consejería de Sanidad, entonces dirigida por Manuel Lamela, ideó un sistema que consiste en esencia en que no hay una sola lista de espera, sino tres. Si un ciudadano acepta la primera opción, entra en la llamada “lista de espera estructural”, la oficial, y en su caso sí se cumple la promesa de operar en menos de 30 días. Si rechaza la derivación, entra en otra lista, sin garantía alguna de tiempo.
La tercera bolsa, la de los pacientes que la Consejería llama “transitoriamente no programables”, es la que provocó la expulsión: el paciente computa en esta lista, y no en la oficial, mientras aguarda la visita al anestesista o las pruebas preoperatorias. En el resto de España, se entra en lista oficialmente cuando el médico indica la operación. Con este truco, Madrid tiene una ventaja de unos 30 días de media.
Los datos muestran que cada vez más pacientes rechazan ser derivados a clínicas privadas. El mayor aumento se da desde lamarea blanca de protesta contra la privatización sanitaria y la degradación del servicio público que vivió Madrid a finales de 2012 y principios de 2013. En los últimos dos años el porcentaje de los que prefieren esperar ronda el 50%. “Tienen patologías que no son urgentes, como varices, cataratas, juanetes, es decir, cirugía ambulatoria”, señala la Consejería de Sanidad. “No es cierto”, replica Julián Ezquerra, secretario general del sindicato de médicos Amyts.
“Madrid intenta la derivación a la privada de forma rutinaria. Lo he vivido en mi familia. Usan incluso engaños, como decir que si aceptas una clínica privada te operan la semana siguiente, pero si esperas en tu hospital, en este caso Puerta de Hierro, son cinco meses. Luego es mucho menos”, señala Ezquerra, e insiste en que se derivan todo tipo de cirugías. El grueso de la lista de espera son casos de prótesis de traumatología, cataratas en oftalmología, y hernias, vesículas y varices en cirugía general, explica. Otras cirugías, como la cardíaca, no se derivan porque hay pocas clínicas privadas capaces de asumirlas.
Ezquerra recuerda que la población de la Comunidad de Madrid se ha reducido en estos años, por lo que las listas también tendrían que haberse acortado. Sanidad anunció en 2013 que para reducirlas crearía turnos de tarde para que abrieran los quirófanos.
“Hemos pedido saber cuántos hay, quiénes participan, cómo se pagan esas horas, pero no nos contestan. Es el secreto mejor guardado”, señala Ezquerra. Sanidad aseguró ayer que esos turnos funcionan, pero no dio más datos.
“Los recortes en personal y camas, junto con la desestructuración de la atención primaria, explican la menor actividad quirúrgica”, señala José Manuel Freire, portavoz de Sanidad del PSM. “No sabemos nada de los quirófanos de tarde”, añade, y lamenta que no se hagan estudios sobre la eficiencia y la productividad de los recursos públicos.
“Los recursos y el presupuesto han ido disminuyendo año a año”, asegura Rosa Cuadrado, de CC OO. “Y eso incide en las listas de espera. Además, la Comunidad ha seguido la política de derivar recursos y fondos a la sanidad privada con la excusa de evitar las listas. No solo no se han evitado, sino que crecen y se encarece la asistencia”, señala.
Las mamografías, en la sanidad privada
La Comunidad de Madrid no utiliza sus recursos públicos para ninguna de las 250.000 mamografías preventivas que realiza al año. Son las que se enmarcan en el programa de detección precoz del cáncer de mama Deprecam, que funciona desde diciembre de 1998, y que desde 2006 engloba a mujeres de entre 50 y 69 años. La campaña se dirige a mujeres sin síntomas, que cada 24 meses reciben una carta con la citación. Parte de las mamografías de cribado las realizan las unidades móviles de la Asociación Española contra el Cáncer (Aecc), pero el resto se contratan con clínicas privadas.
La Consejería de Sanidad aseguró ayer que la participación en el programa es gratuita y voluntaria. Respondía así a una información deeldiario.es que asegura que las mujeres que se niegan a hacerse la prueba en centros privados son excluidas del programa. Sanidad pide por escrito a los médicos de primaria que convenzan a las “reticentes” para que vayan a una de las nueve clínicas concertadas, añade.
“La negativa a realizar las mamografías en centros públicos a aquellas mujeres que se niegan a hacérselas en centros privados supone la vulneración de la legislación sobre libre elección de centro sanitario que fue aprobada por la Comunidad de Madrid y, que sepamos, sigue vigente”, aseguró ayer la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública.
Los sindicatos acusan a Sanidad de infrautilizar sus recursos. Los hospitales públicos tienen 55 mamógrafos. Algunos hacen cuatro veces más pruebas mensuales que otros, lo que indica su infrautilización en ciertos hospitales.
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