Posted: 02 Jun 2015 10:18 AM PDT
En su informe 2015 sobre DD.HH. y sociales, el CELS cuestiona a los gobiernos nacional y porteño por el incumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental. El primero, por dificultar la aplicación y el segundo, por promover la privatización.
El CELS cuestionó a los gobiernos de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto al cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental. Al primero, porque el Plan Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud mostraría “una posición ambigua, si no resistente” ante la ley, “cuya meta es el cierre de los manicomios en 2020”. Al segundo, porque “para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la política de salud mental es manicomial”, con “los modelos de segregación propios de las instituciones asilares”. En el Plan Nacional, la sustitución de los hospitales monovalentes por dispositivos con base en la comunidad, requerida por la ley, habría quedado desplazada por una “adecuación” que preservaría la institución manicomial. En la Ciudad, intentos de impulsar la atención comunitaria fueron desarticulados por el gobierno porteño, cuyo propósito sería mantener las internaciones manicomiales “tercerizándolas en servicios privados”. En la Ciudad, el 80 por ciento de los recursos en salud mental se destinaría a “los monstruos manicomiales”. Y, en todas las jurisdicciones, se vendría desestimando la persistencia de instituciones privadas que desarrollan prácticas manicomiales.
Las observaciones del CELS ocupan un capítulo de su Informe 2015 sobre derechos humanos y sociales en Argentina, según el cual el Plan Nacional de Salud Mental, elaborado por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, “no hace referencia a ninguno de los mandatos de la Ley Nacional de Salud Mental, cuya meta es el cierre de los manicomios en 2020”: “no se hace referencia directa a la sustitución de hospitales monovalentes ni a la vulneración de los derechos humanos de las personas que viven en los manicomios”, y señala una “ausencia de políticas que favorezcan la inclusión social”.
El CELS señala que el Plan plantea “una adecuación” de las instituciones monovalentes y que “concebir la sustitución indicada por la Ley de Salud Mental como mera transformación es una postura que pretende preservar estas instituciones: la ley establece sustituirlas y no transformarlas”. En el Plan, “no se nombra a los psiquiátricos monovalentes y aparecen en su lugar las expresiones ‘efectores públicos’ e ‘instituciones públicas’. De esta manera, se cambia el eje de la evaluación al ordenar sustituir lo público, en lugar de sustituir los psiquiátricos monovalentes, sean públicos o privados”, según el CELS.
Además, afirma el CELS, en el Plan se harían equivaler las categorías “incluidos en un hogar” y “en dispositivos residenciales comunitarios”, lo cual “borra las di ferencias entre situaciones bien distintas. El ‘hogar’ es una institución total basada en un paradigma que tiende a obturar la inclusión social. Proponer el pasaje de pacientes a los hogares, habilita la reproducción de las lógicas restrictivas de la libertad.” “El resultado es una posición ambigua, si no resistente, ante la obligación de implementar la ley.”
En la Ciudad de Buenos Aires, el informe denuncia “dos hechos que dan cuenta de la política pública de salud mental”. Uno de ellos es “la desarticulación del Programa de Atención Comunitaria (PAC) de Niños, Niñas y Adolescentes con Trastornos Mentales Severos”, que “había ayudado a mantener a más de trescientos niños en su medio familiar y evitar internaciones”. Un segundo hecho fue el intento de licitación de un “servicio de internación prolongada de pacientes psiquiátricos”, que vendría a mantener las internaciones prolongadas “tercerizándolas en servicios privados”. Esta licitación pudo frenarse gracias a “acciones legales de la Asesoría General Tutelar y de organizaciones de la sociedad civil”.
También señala en la Ciudad “la privación de recursos”, ya que “más del 80 por ciento del presupuesto se asigna a las cuatro grandes instituciones psiquiátricas: Borda, Moyano, Alvear y Tobar García, librando apenas un 20 por ciento para los dispositivos ambulatorios y los programas que apuntan a la reinserción en la comunidad”. “Cada año se observa un aumento de lo asignado para los hospitales monovalentes”, mientras que “se quitan recursos a dispositivos de tipo ambulatorio como los centros de salud mental y el Programa Talleres Protegidos”. Además, en los hospitales monovalentes, la distribución presupuestaria “privilegia los servicios de internación por sobre los ambulatorios”.
Se refiere también a una desfinanciación de los Cesac porteños, centros de atención primaria “en los cuales debería apoyarse la respuesta sanitaria sobre la base de la comunidad como alternativa a la internación”: sólo en cuatro de ellos aumentó el presupuesto. Y en los hospitales generales, la salud mental “ocupa menos de un uno por ciento del presupuesto y no encontramos información sobre qué implica concretamente”. En resumen, “para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la política de salud mental es manicomial y está sesgada por los modelos históricos de segregación propios de las instituciones asilares”. La caracterizan, según el CELS, “la defensa orgánica del hospital psiquiátrico y el desmantelamiento de la oferta descentralizada”. Como consecuencia, “sin una red comunitaria que despliegue la atención primaria, las personas quedan a expensas de las lógicas de una institución de poder totalitario que sostiene prácticas abusivas”.
Finalmente el CELS advierte que “la Ley Nacional de Salud Mental puede ser letra muerta si no existen prácticas institucionales que lleven adelante el proceso de transformación”. Página/12 intentó comunicarse con los ministerios de Salud de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, pero no obtuvo respuesta.
Fuente:Página 12
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