Aumento del 3,6% en el presupuesto para políticas sanitarias

Se sitúa en 4.001,52 millones de euros, destinados también a programas de sus organismos autónomos de carácter sanitario y los realizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Redacción | dmredaccion@diariomedico.com | 04/08/2015 14:26

Los Presupuestos Generales del Estado, aprobados la semana pasada y que se han presentado este lunes, recogen una aumento del 3,6 por ciento del gasto en políticas sanitarias, situándose en en 4.001,52 millones de euros, destinados también a programas de sus organismos autónomos de carácter sanitario y los realizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Por su parte, la Estrategias de Salud cuentan con una dotación de 3,44 millones. Al fomento de la donación y el trasplante de órganos así como la mejora de los Sistemas de Información Sanitaria, se destinan 3,35 millones mientras que al desarrollo de sistemas públicos digitales y otros desarrollos de aplicaciones digitales en el ámbito sanitario, cuentan con 4,76.

Además, en 2016 se va a poner en marcha un programa de reasentamiento y reubicación de personas susceptibles de protección internacional, con una dotación de 1,75 millones de euros.

Sin embargo, el volumen más importante de recursos de política corresponde a las entidades que conforman el Mutualismo Administrativo, que asignan a la asistencia sanitaria de su colectivo un total de 2.164,04 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,5 por ciento respecto al año anterior. El Ministerio de Defensa aporta, además, créditos por importe de 130,72 millones de euros, destinados a la financiación de la asistencia hospitalaria prestada a través de los diferentes hospitales militares.

Tratar a presos con hepatitis C
En otro sentido, los Presupuestos contemplan también una partida de 20 millones de euros para los productos farmacéuticos destinados a tratar a presos contagiados con el virus de la hepatitis C, que se enmarcan dentro de las políticas penitenciarias. Es más, diversas organizaciones han denunciado recientemente que en algunas comunidades autónomas, como Asturias, Castilla y León y la Comunidad de Madrid no estaban suministrando el tratamiento contra la enfermedad a los presos.

De hecho, el pasado mes de abril, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado tumbó una moción del PSOE, apoyada por el resto de grupos de la oposición, que exigía al Gobierno que el Plan Nacional de la hepatitis C contase con un presupuesto específico para garantizar el tratamiento con los medicamentos innovadores a la población reclusa en España.

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