La consejera de Salud de Andalucía niega que se haya obligado al hospital a quitar la sonda a una enferma · ELPAÍS.com

La consejera de Salud de Andalucía niega que se haya obligado al hospital a quitar la sonda a una enferma · ELPAÍS.com: La consejera de Salud de Andalucía niega que se haya obligado al hospital a quitar la sonda a una enferma
Montero aclara que en el Paloma Blanca, de Huelva, se ha aplicado "con normalidad" la ley autonómica de muerte digna.- La enferma estaba en un estado de inconsciencia irreversible

EMILIO DE BENITO / EFE - Madrid / Sevilla - 24/08/2011

La delegación de la Consejería de Salud en Huelva se puso en contacto ayer con el hospital Blanca Paloma de Huelva, para que le retirara la sonda nasogástrica que le pusieron a una mujer el 4 de agosto. La mujer tiene el cerebro destrozado por un infarto cerebral desde el 26 de julio. El 4 de agosto la sondaron y su hijo, José Ramón Páez, había reclamado al centro el retiro de la sonda. "La habían convertido en una máquina de bombear sangre. Y eso puede ser viable técnicamente, pero no es admisible ni humano", decía ayer a este periódico el hijo por teléfono antes de conocer la intervención de la Junta. Este periódico intentó sin éxito conseguir la versión del hospital.

María Jesús Montero, consejera de Salud, ha negado hoy, sin embargo, que se obligase al hospital Blanca Paloma, de Huelva, concertado con el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Montero ha explicado que bastó "una aclaración" sobre la aplicación de la ley autonómica de muerte digna de 2010 para solucionar la situación.

Esta norma estipula que "toda persona tiene derecho a rechazar la intervención propuesta por los profesionales sanitarios, tras un proceso de información y decisión, aunque ello pueda poner en peligro su vida". La norma se redactó después del caso de Inmaculada Echevarría, la mujer que tuvo que batallar meses hasta que en 2007 la Junta aceptó quitarle el respirador del que dependía desde hacía 11 años. Después vinieron las leyes de Aragón y Navarra. Este año, el Gobierno ha enviado un proyecto de ley similar al Congreso, pero no va a dar tiempo a tramitarlo antes de las elecciones del 20 de noviembre.

"La aplicación de la ley de muerte diga se está haciendo con total normalidad en todos nuestros centros sanitarios, pero si alguna persona entiende que no se respetan sus derechos o tiene algún obstáculo para poder desarrollarlos tiene a su disposición todos los mecanismos para pode reclamarlos y, entre ellos, dirigirse a la propia Administración", ha indicado la consejera hoy.

Pese a la ley autonómica, al representante de la mujer no le ha sido fácil que respetaran su voluntad y la de su madre. "Ella no quería vivir amarrada a unos tubos. Decía que había disfrutado mucho de la vida", afirma con la voz entrecortada José Ramón Páez.

Montero ha recordado hoy que tanto los centros como los profesionales sanitarios tienen 'la obligación' de conocer esta ley, "de obligado cumplimiento tanto en centros públicos como privados". Además, ha recordado que los centros hospitalarios "son los responsables" de arbitrar los mecanismos para el cumplimiento de la ley de muerte digna y ha recomendado que aprueben protocolos de actuación para agilizar este tipo de actuaciones y no demorar las peticiones de los pacientes o de sus familiares.

Ha sido casi un mes "de drama", dice el hijo. "El 26, cuando se iba a levantar, a mi madre le dio un infarto cerebral y se cayó". En urgencias del hospital le hicieron un TAC, y "nos dijeron que tenía todo el cerebro afectado, que no sentía nada, y que en este estado no la iban a sondar para no martirizarla". Pero el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva derivó a la mujer al concertado Blanca Paloma, y ahí la situación cambió. "El 29 de julio el médico nos dijo que había que sondarla, que con los sueros solo no era bastante", relata el hijo. Él intentó oponerse, porque sabía que "no era lo que ella quería". "Hasta las mujeres que la cuidaban -dos desde que en mayo se había roto la cadera- se ofrecieron a testificarlo", afirma.

El 4 de agosto, el médico "nos dio un ultimátum". "Nos dijo que no alimentarla estaba castigado por el Código Penal, lo que es mentira. Que si yo no quería, la mandaba a casa. Yo estaba muy confuso, y cedí", recuerda el hijo. Pero luego lo pensó mejor. Buscó ayuda en la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), de la que había leído por el caso de Carmen Pérez, la mujer que está en una residencia de Leganés en una situación similar. Volvió al centro, pero el médico que había atendido en primer lugar a su madre estaba de vacaciones, y el sustituto, aunque le ha dado la razón, no tomó la decisión que le pedían. "No quiero dejarlo mal. El centro es excelente y los cuidados también, solo me quejo de que no quisieron hacerme caso", dice el hombre ahora que ya sabe que la Junta ha intervenido.

En su lucha, lo más que consiguió fue que le ofrecieran cambiarla de centro. "Pero mi madre no es una caja para que la tenga para arriba y para abajo", se queja. Cuando vio que de palabra no conseguía nada, con la ayuda de DMD formuló una reclamación por escrito. La presentaron en el centro ayer por la mañana. También la enviaron ante la Junta.

"Lo terrible es que haya que recurrir a estos medios, con cartas y amenazas con sacarlo en la prensa, cuando lo único que se pide es un derecho", comentó ayer Luis Montes, el médico de Leganés que fue injustamente acusado de practicar eutanasias y que ahora preside DMD.

A media tarde de ayer, le retiraron la sonda a la mujer. Aliviado por hacer la voluntad de su madre, a José Ramón Páez ya solo le queda acompañarla hasta el final.

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