Guerra cultural por el aborto
El debate sobre la interrupción del embarazo y los anticonceptivos se reabre en EE UU
Una marea legislativa trata de limitar derechos
Protesta contra el aborto el pasado enero en Washington. / KEVIN LAMARQUE (REUTERS)
La píldora anticonceptiva se empezó a comercializar en Estados Unidos en 1961. Nueve años después, un congresista republicano de Tejas defendía que el Gobierno federal debía subvencionar su coste a las mujeres sin recursos. "Debemos extraer todo sensacionalismo de este asunto para que no pueda ser utilizado por militantes sin conocimiento suficiente sobre la naturaleza de este programa y que lo utilizan como una plataforma política". Hablaba George H. W. Bush y, poco más tarde, el presidente republicano Richard Nixon firmaría la ley.
Han pasado casi 40 años y Estados Unidos vive una "guerra de culturas" que enfrenta a demócratas y republicanos, a mujeres y grupos religiosos, a progresistas y conservadores, en torno al aborto y la contracepción. El debate, lejos de estar enterrado, ha recobrado fuerza gracias a una avalancha de leyes que restringen el acceso a la interrupción del embarazo en términos de libertad religiosa. El bando contrario defiende ampliar la cobertura sanitaria de manera que más mujeres tengan acceso a métodos anticonceptivos y pruebas médicas. Y en el último vértice del triángulo quedan millones de mujeres cuya salud sexual y reproductiva depende de normativas que limitan derechos adquiridos hace mucho tiempo.
Legalizado en 1973, el aborto ha estado presente en todas y cada una de las citas electorales norteamericanas. Pero desde 2009 las manifestaciones de rechazo se han radicalizado especialmente gracias al ascenso del Tea Party y la campaña electoral para las elecciones legislativas del año después. La victoria del Partido Republicano ayudó a abrir el camino a nuevas normativas y en 2011 se batió el récord de leyes estatales que limitaban el derecho al aborto. Por primera vez, 15 Estados contaban con una cámara legislativa y un gobernador que rechazaban abiertamente la interrupción del embarazo. "El debate ha dado a los republicanos la oportunidad de hablar de algo que no sea la economía, justo cuando una pequeña mejora empieza a aliviar a Obama", dice Jessica Arons, directora del Programa de Salud y Derechos de la Mujer del Center for American Progress.
Durante los últimos 18 meses, EE UU ha discutido desde el momento en que el feto puede ser considerado una persona hasta cómo alejar a las mujeres de la posibilidad de abortar. Los ciudadanos de Colorado rechazaron una ley por la que una mujer embarazada hubiera sido considerada como dos personas desde el momento de la fertilización. Aquella legislación, que convertía a un zigoto en una persona legal, también hubiera prohibido numerosos métodos anticonceptivos empleados como tratamiento médico. Misisipi intentó aprobar la ley que fracasó en Colorado, con el mismo éxito, en 2010, por lo que diversos Estados optaron por una estrategia diferente: la disuasión. Desde Tejas hasta Virginia, más de 20 Estados exigen a las mujeres someterse a una ecografía antes de abortar.
En Tejas, la ley obliga además a recibir una descripción del feto por parte del médico, que explicará su tamaño y si ha desarrollado las extremidades, así como escuchar el latido de su corazón. Solo aquellas mujeres que puedan certificar que han sido víctimas de una violación o incesto, o en el caso de que el feto sufra malformaciones, estarán exentas de oír la descripción. En Utah, el gobernador republicano firmó una ley que obliga a las mujeres a esperar 72 horas para abortar desde el momento en que el procedimiento es aprobado por un médico. En Dakota del Sur, una ley similar está paralizada por los tribunales. Y en Tenessee, apenas dos días después de que se aprobaran nuevas restricciones en Utah, anunciaban un proyecto de ley que haría públicos los nombres de los doctores que practiquen abortos.
"Lo que estamos viendo es que la derecha más radical ha utilizado a las mujeres como vía de escape porque no tienen ni idea de qué hacer para solucionar la situación económica ni cómo crear empleo", dice Erin Matson, vicepresidenta de la Organización Nacional de Mujeres, en Washington. "Han decidido recurrir a los derechos de las mujeres, eliminándolos, y así atraer a un tipo de votante conservador".
El congreso estatal de Virginia, de mayoría republicana, estudió hace unas semanas una ley que requeriría a todas las mujeres que quieran abortar someterse antes a una ecografía transvaginal, siempre que una externa no pueda producir una imagen clara del feto. Los demócratas preguntaron si obligar al médico a realizar esta prueba sin el consentimiento de la paciente equivale a exigirle que cometa un delito, ya que algunos Estados equiparan la introducción de un objeto en la vagina contra la voluntad de la mujer como una violación. El gobernador -un republicano en la lista de candidatos a la vicepresidencia- no quiso arriesgarse y obligó a retirar esta condición del proyecto de ley. Virginia aprobó finalmente una de las 24 leyes estatales que obligan a las mujeres a someterse a una ecografía antes de abortar.
Matson considera que tanto el debate actual como el endurecimiento de las leyes, con más de 92 enmiendas a regulaciones estatales del aborto, era totalmente innecesario. Pero lejos de apagarse, la polémica puede conseguir que Obama y el candidato republicano acaben debatiendo en televisión, dentro de siete meses, sobre aborto, anticonceptivos y la familia norteamericana. "Lo más sorprendente es la intensidad de los ataques que hemos escuchado. Están poniendo en duda abiertamente la necesidad de garantizar el acceso a métodos anticonceptivos", comenta.
El debate sobre el aborto y el acceso a métodos anticonceptivos ha inspirado todo tipo de declaraciones desde su intensificación hace unas semanas. El multimillonario conservador Foster Friess sugirió recuperar el método anticonceptivo que "usaban" las mujeres en su época: "Sujetaban una aspirina entre las rodillas y no era tan caro", afirmó a la cadena MSNBC. Durante el debate sobre la ley del Estado de Virginia que hubiera impuesto una ecografía transvaginal como condición previa al aborto, el delegado Todd Gilbert alegó en defensa de la legislación que "las mujeres ya habían consentido ser penetradas cuando se quedaron embarazadas".
"Desde los 80 ha servido como un instrumento para atraer a todos aquellos que están en contra de la independencia de la mujer y de su acceso al mundo labora. El aborto es un catalizador para ellos", dice Arons.
Una de las víctimas de los ataques del Partido Republicano ha sido Planned Parenthood, una organización que los conservadores han intentado retratar como el refugio donde miles de mujeres obtienen abortos y anticonceptivos pagados por todos los estadounidenses, algo que está prohibido en EE UU. El objetivo es retirar toda la financiación pública de esta institución, el mayor proveedor de cuidados médicos de todo el país para ciudadanos sin seguro. Pero la realidad es diferente: los abortos y los anticonceptivos, financiados con donaciones privadas, suponen apenas un tercio del trabajo que realiza esta ONG, que también ofrece pruebas médicas para detectar el cáncer de mama y de testículos, enfermedades de transmisión sexual, tratamientos de menopausia y planificación familiar.
Planned Parenthood recibe desde hace más de 30 años numerosas donaciones de instituciones privadas como Susan G. Komen for the Cure, la mayor organización de EE UU en la lucha contra el cáncer y también la responsable de internacionalizar el símbolo del lazo rosa, en solidaridad con pacientes de cáncer de mama. El pasado mes de septiembre, el Congreso abrió una investigación a Planned Parenthood para determinar si utiliza fondos públicos para financiar abortos. Komen utilizaría después esa excusa para congelar las donaciones.
"¿Por estar a favor del aborto merezco morir?". Es la pregunta que se hace Nikki Mackey, que con 30 años ha sobrevivido a un cáncer de mama. A las tres semanas de ser diagnosticada le practicaron una doble mastectomía. Era su única opción para sobrevivir. Sin seguro médico, Mackey tuvo que recurrir a Planned Parenthood. "Lo que están diciendo a las mujeres es que si no comparten su sistema de creencias, no merecen ser ayudadas", explica Mackey. "No puedes limitarte a salvar sólo a aquellas mujeres que no creen en la interrupción del embarazo".
En protesta contra Komen, Mackey publicó una fotografía en la página de la organización en Facebook en la que aparecía con su torso desnudo. Fue eliminada a las pocas horas, cuando Komen ya sufría una avalancha de críticas y acusaciones en las redes sociales que duraría varios días. La respuesta ciudadana hablaba no sólo del posible error de la mayor asociación en la lucha contra el cáncer, sino también cómo habían intentado derribar uno de los pilares de la sanidad en el país, con un fiel respaldo popular. En una semana, Planned Parenthood ingresó cuatro veces más que lo que Komen donaba cada año, unos 800.000 dólares (600.000 euros). Entre los donantes había políticos como el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que entregó 250.000 dólares de su bolsillo, poniendo en evidencia a una organización obligada a rectificar en cuatro días.
"La política no tiene lugar en el debate sobre la salud, todos los ciudadanos merecen ser atendidos", afirma Mackey. "No volveré a colaborar con Komen. Solo imaginar que alguien pueda morir por esta enfermedad, en un momento en el que hay tantas personas sin seguro médico y que dependen de organizaciones como ésta... Se equivocaron completamente".
"Todavía nos preguntamos por qué el Partido Republicano ha decidido que esto es un problema en este momento, estamos hablando de una crisis prefabricada", comenta Matson. "Los métodos anticonceptivos son ampliamente aceptados por la población, sabemos que un 99% de las mujeres los han utilizado alguna vez a lo largo de sus vidas. Los políticos no se dan cuenta de que están alienando a un sector del electorado más independiente. Es un suicidio electoral".
La experta en legislación sobre aborto recuerda que los conservadores han apostado por centrar el debate en un asunto que, más allá de la polémica, cuenta con amplio respaldo en la sociedad. Un 51% de los norteamericanos respalda la legalidad del aborto en cualquier circunstancia, mientras que un 26% considera que sólo es legal en determinadas condiciones, según una encuesta de Gallup. Por otro lado, el aborto y otros asuntos sociales como el matrimonio homosexual siguen siendo los temas que menos preocupan a los votantes de cara a noviembre de 2012.
Sin embargo, tanto los candidatos republicanos como Obama han asumido importantes riesgos electorales en este terreno. El presidente, percibido como más favorable a los intereses de las mujeres, se jugó el importante voto católico al anunciar que obligaría a las empresas y organizaciones religiosas a ofrecer a sus empleadas seguros que cubran el coste de los anticonceptivos. La página We The People, donde los ciudadanos hacen peticiones públicas a la Casa Blanca, recogió en pocos días casi 50.000 firmas relacionadas con la polémica. La solicitud para que Obama eliminara este mandato superó las 29.000 firmas, mientras que otra petición para que el presidente se mantenga firme cuenta con casi 23.000 apoyos.
Las organizaciones católicas argumentaron que la exigencia inicial violaba su libertad de expresión, a pesar de que 28 Estados ya cuentan con esta legislación. El 65% del electorado respaldaba la idea del presidente y, entre los católicos, el 58% está de acuerdo. El porcentaje asciende al 55% de la población general, el 62% de las mujeres, el 65% de los jóvenes entre 18 y 29 años y el 73% de los demócratas. Aún así, Obama corrigió su postura para exigir a las compañías de seguros médicos, y no a las empresas, que cubran esos gastos, por lo que crea una cobertura prácticamente universal de anticonceptivos en EE UU. El presidente afirmó entonces que "las iglesias realizan muchas veces una mejor labor de ayuda a las comunidades que lo que nunca podría hacer el Gobierno", pero también enfatizó que "la salud de las mujeres nunca debería depender de quienes son, para quién trabajan o cuánto dinero ganan".
Obama logró que instituciones tan influyentes como la Asociación Católica de Salud, la Universidad de Notre Dame y la Asociación de Colegios y Universidades Jesuitas le respalden, aunque siete Estados preparan una demanda porque consideran que el mandato viola su libertad religiosa.
En el bloque de candidatos republicanos, todos han blandido el argumento religioso como una de sus bazas para derrotar al presidente demócrata, al que acusan de ser "la mayor amenaza" contra la libertad religiosa de los norteamericanos y advierten, como hizo el senador por el estado de Florida Marco Rubio, que "los derechos constitucionales seguirán bajo acecho mientras el Gobierno esté a cargo de la atención sanitaria". En otras ocasiones, los aspirantes han radicalizado sus posturas en lo que parece una competición para encontrar al político más conservador de los cuatro. Mitt Romney ha abandonado su defensa del aborto para rechazarlo; Rick Santorum, que acaba de retirar su candidatura, defendió que incluso las víctimas de una violación deben dar a luz a sus bebés porque siguen siendo "regalos de Dios", independientemente de las circunstancias en que fueran concebidos.
Como resultado, el voto femenino se ha ido alejando de estos candidatos. El 40% de los votantes declaró en una encuesta de Public Policy Polling que no votarían a Mitt Romney porque había prometido eliminar la cobertura gratuita de anticonceptivos para mujeres. En el caso del electorado católico, el 46% también dejaría de votar por Romney, frente a un 28% que sí votaría por él por la misma razón. Solo entre las mujeres, el exgobernador ha perdido 18 puntos desde que pronunciara su oposición al aborto.
Para los expertos, el debate carece de sentido y habla de una falta de argumentos, sobre todo por parte de los políticos republicanos. Según Matson, "lo que quieren los votantes es que se hable de economía, de soluciones. Esta es una batalla bastante estúpida en la que invertir fuerzas".
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