Médicos de Cataluña logra que el Defensor del Pueblo estudie la constitucionalidad de la reforma laboral

Médicos de Cataluña informó ayer que el Defensor del Pueblo ha admitido a trámite su petición (formulada a principios de marzo) de que estudie la posible inconstitucionalidad de la reforma del mercado de trabajo aprobada por el Gobierno central el pasado 10 de febrero.

Redacción | 12/04/2012 00:00

En el pliego de alegaciones de la solicitud, el sindicato destaca como inconstitucionales varios apartados de tres artículos de la reforma laboral sobre contratación, negociación laboral y despido: el artículo 4.3, que establece, con carácter fijo, un período de prueba de un año para los contratos de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, sin dejar margen a la negociación colectiva; el 14.1, que impone una decisión arbitral si no hay acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, en caso de que la dirección de la empresa decida no aplicar las condiciones de trabajo (jornada, horarios, turnos, remuneraciones) recogidas en el convenio por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción; el 18, que determina, como causas para el despido colectivo, la disminución de ingresos o ventas de la empresa en dos trimestres, o los cambios en los sistemas y métodos de trabajo, en la demanda de servicios y en los medios de producción, y el 18.7, que elimina el derecho a los salarios de tramitación en los casos de despido improcedente en que la empresa opte por la indemnización, aunque mantiene este derecho para los casos de readmisión.

Para la central esos apartados suponen, sobre todo y con carácter general, la quiebra del derecho fundamental a la negociación colectiva y la pérdida del control de la autoridad laboral en los casos de despidos colectivos.

El Consejo de Garantías Estatutarias, organismo de carácter consultivo que depende de la Generalitat, también ha considerado "inconstitucionales" varios artículos de la reforma laboral del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy.

El Defensor del Pueblo, según el sindicato, ha aceptado igualmente estudiar la posible inconstitucionalidad del recorte del 50 por ciento del complemento de productividad variable (DPO) que perciben los facultativos del Instituto Catalán de la Salud (ICS), prevista en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2012, y que se aplicará a partir de este mismo mes con efecto retroactivo sobre el 2011.