sentencia publicada por Aranzadi
Anulada la comisión de evaluación de fármacos de Aragón
El TSJ aragonés admite el recurso de Farmaindustria por un defecto procedimental en la creación del órgano.
G.E. | dmredaccion@diariomedico.com | 25/06/2013 00:00
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha anulado la Orden de 22 de octubre de 2009 por la que la Consejería de Sanidad de Aragón reguló la constitución y funcionamiento de la Comisión de Evaluación del Medicamento en los hospitales del Servicio de Salud de Aragón (Salud). Esta comisión centralizada sustituyó a las comisiones de medicamentos que había en cada hospital desde que las regulara un decreto de 1987.
Alegaciones
La disposición normativa fue impugnada por Farmaindustria, que alegó dos tipos de motivos. Por un lado, consideraba que, al establecer que todo medicamento prescrito en los hospitales debe estar previamente incluido en una guía elaborada por la comisión -que puede excluir, correlativamente, el uso de determinados medicamentos- se invaden competencias estatales. Por otra parte, aducía que se había omitido el trámite de audiencia a una serie de organismos e instituciones, entre las que figuraba el Consejo Consultivo de Aragón.
Al analizar el caso, la sentencia -publicada por Aranzadi- señala que si la norma se limitara a crear "una comisión del medicamento que ayudase a los profesionales en la racionalización del gasto", no sería preciso dictamen del Consejo Consultivo, al tratarse de una cuestión meramente organizativa. Sin embargo, al imponer "la obligación de que todo medicamento que se quiera prescribir, deba estar incluido en una guía", abre un campo que "afecta a derechos de terceros.
Afecta al paciente, que puede ver limitada una determinada prestación farmacológica, afecta a los fabricantes de medicamentos y afecta a los profesionales de la medicina en la medida en que puede verse limitada su libertad de dispensación".
De esta forma, no sólo era preciso recabar el criterio del Consejo Consultivo sino dar trámite de audiencia al resto de interesados, entre los que se cuenta Farmaindustria. Esta omisión, genera la nulidad de pleno derecho, por lo que el tribunal no entra a juzgar el resto de los motivos.
Caso en Madrid
La sentencia -de la que ha sido ponente Juan Carlos Zapata Hijar- recuerda, además, que este mismo defecto en el procedimiento legal le costó a la Comunidad de Madrid, en 2010, la anulación de una orden similar que creó el Consejo Asesor de Farmacia de Madrid.
Alegaciones
La disposición normativa fue impugnada por Farmaindustria, que alegó dos tipos de motivos. Por un lado, consideraba que, al establecer que todo medicamento prescrito en los hospitales debe estar previamente incluido en una guía elaborada por la comisión -que puede excluir, correlativamente, el uso de determinados medicamentos- se invaden competencias estatales. Por otra parte, aducía que se había omitido el trámite de audiencia a una serie de organismos e instituciones, entre las que figuraba el Consejo Consultivo de Aragón.
Al analizar el caso, la sentencia -publicada por Aranzadi- señala que si la norma se limitara a crear "una comisión del medicamento que ayudase a los profesionales en la racionalización del gasto", no sería preciso dictamen del Consejo Consultivo, al tratarse de una cuestión meramente organizativa. Sin embargo, al imponer "la obligación de que todo medicamento que se quiera prescribir, deba estar incluido en una guía", abre un campo que "afecta a derechos de terceros.
Afecta al paciente, que puede ver limitada una determinada prestación farmacológica, afecta a los fabricantes de medicamentos y afecta a los profesionales de la medicina en la medida en que puede verse limitada su libertad de dispensación".
De esta forma, no sólo era preciso recabar el criterio del Consejo Consultivo sino dar trámite de audiencia al resto de interesados, entre los que se cuenta Farmaindustria. Esta omisión, genera la nulidad de pleno derecho, por lo que el tribunal no entra a juzgar el resto de los motivos.
Caso en Madrid
La sentencia -de la que ha sido ponente Juan Carlos Zapata Hijar- recuerda, además, que este mismo defecto en el procedimiento legal le costó a la Comunidad de Madrid, en 2010, la anulación de una orden similar que creó el Consejo Asesor de Farmacia de Madrid.
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