Consenso en que la pericial debe prestigiarse

Jueces, abogados y forenses ven necesario regular la labor del perito.

Soledad Valle | soledad.valle@unidadeditorial.es | 10/06/2013 00:00

La pericial médica no es una cuestión pacífica. Es más, se podría decir que es un tema que preocupa mucho a los profesionales dedicados al Derecho Sanitario, incluyendo aquí a jueces, forenses, peritos y abogados, a juzgar por los enconados debates que genera en los encuentros jurídico-sanitarios.

La actividad pericial médica debería estar regulada legalmente, y a los profesionales que la ejercen se les debería poder exigir una responsabilidad profesional por mala praxis en el ejercicio de esta actividad. Estas son las dos conclusiones claras del último Foro Sanidad y Derecho celebrado en el Hospital La Paz, de Madrid, en el que intervinieron los abogados Carlos Sardinero y Miguel Ángel Juaranz; Santiago Martínez-Vares, magistrado del Tribunal Supremo, nombrado por el Consejo General del Poder Judicial nuevo miembro del Tribunal Constitucional; Inés Huerta, magistrada del TSJ de Madrid; María Isabel Lloro, médico forense en excedencia; Santiago Delgado, médico perito y forense en excedencia, y el letrado de los servicios jurídicos del Hospital La Paz Filiberto Chuliá, que intervino como moderador.

Hubo acuerdo entre los asistentes en la necesidad de "prestigiar la pericial médica", admitiendo que para ello es necesario reformar la actividad, regularla. Ese informe de valoración es una pieza fundamental del juicio, según admitieron los dos magistrados presentes. Por otro lado, la jurisprudencia del Supremo obliga al juez a someter los informes periciales a la sana crítica que, desde el punto de vista práctico, se puede traducir en la necesidad de argumentar por qué una determinada sentencia se fundamenta en una pericial y no en otra: "El juez tiene que decir por qué considera fiable la valoración, por qué considera que el perito está diciendo la verdad", apunta Martínez-Vares. Recordar estas obligaciones pone en evidencia que no siempre se cumplen, como también pueden ser más habituales de lo deseable los informes periciales elaborados sin la imparcialidad y el soporte científico exigible: "Es lamentable ver algunas periciales...", afirmó la juez Huertas, para quien la solución pasaría por que el Consejo General del Poder Judicial creara un cuerpo de peritos que asesoraran a los jueces en los aspectos más técnicos.

En esta misma idea insistió Delgado, aunque asumiendo que las reformas judiciales recientes apuntan en la dirección contraria, "en convertir esto en una justicia americana, donde no haya forenses y todo sean periciales privadas".

El abogado Sardinero, que defiende a pacientes, abrió otra línea de debate, apuntando la necesidad de que éstos informes se ratifiquen ante el juez, es decir, se sometan a las preguntas de las partes.

Según el letrado, este contraste se ha suprimido en algunas secciones de la Sala Contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, algo que la magistrada Huertas justificó asegurando que "las periciales privadas entran en el proceso judicial por vía documental y se le da traslado a la otra parte, abriéndose un plazo de diez días para hacer aclaraciones o ampliaciones".

Posturas enfrentadas
Asumiendo que esta diferencia de posturas entre jueces y abogados son difíciles de conciliar, Juaranz planteó la inexplicable dificultad de establecer un diálogo entre médicos y abogados alrededor de una pericial, cuando "los médicos se reúnen para celebrar sesiones clínicas y acordar abordajes de una patología", defendiendo así la necesidad de diálogo para encontrar la verdad.

Por último, también se apuntó la conveniencia de que existiera un servicio de Medicina Legal y Forense en todos los hospitales para asesorar a los sanitarios, una idea que contó con el apoyo de la mayoría de los ponentes y a la que la forense en excedencia Lloro puso el pero de que la labor de estas unidades fuera preventiva para evitar el riesgo de ahondar en una medicina defensiva.

La unanimidad, en todo caso, se estableció en la urgencia de aprobar una regulación de la actividad pericial.

El Código Deontológico ampara al médico a no actuar como testigo-perito

La Ley de Enjuiciamiento Civil recoge la figura del testigo-perito (artículo 370.4), rompiendo así la distinción entre la función asistencial y la pericial del profesional. La observación de esta norma aprobada en 2000 preocupa al psiquiatra, según reconoce Alfonso Sanz, miembro de la Comisión de Psiquiatría Legal de la Asociación Española de Psiquiatría Privada (Asepp), que apunta: "Mientras el encargo de pruebas periciales a los psiquiatras ha crecido relativamente, ha sido exponencial el crecimiento de citaciones como testigo y, más recientemente, como testigo-perito".

Estas citaciones se producen en juicios por violencia doméstica, disputas sobre custodia de menores o procesos de incapacitaciones, entre otros. El dilema del profesional surge cuando, sin pretenderlo, se ve obligado a violar la intimidad de su paciente en sus respuestas a las preguntas judiciales. Entonces, Sanz aconseja que "cuando el psiquiatra acude ante el tribunal debe recordarle que, en virtud de lo que establece su código deontológico, está obligado a guardar secreto, pidiendo que se le exima de testificar, si así lo considera, o, en su caso, puede solicitar ser dispensado del deber de secreto". El artículo 62.8 del Código recoge: "El médico no debería prestarse a actuar como testigo-perito".